La constructora Quimera Holding Group intenta ponerle paños fríos a las denuncias de embargo de sus activos. Esto, por una deuda de 4 millones de dólares, producto de un préstamo de la financiera caribeña Amicorp Bank.

La empresa desestima su vinculación con la Financiera TFC. En un comunicado, Quimera aseguró que solo toma parte como accionista, mediante su subsidiaria Giant SAC. Ingresaron en 2016 y desde entonces realizaron millonarios aportes; el último del 16 de diciembre de este año, por 60 millones de soles.

A pesar de sus constantes inyecciones de capital, negaron su participación en la gestión de la financiera o en el directorio. 

En primer lugar, mostraron extrañeza por la intervención de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). En su defensa, señalaron que cuentan con valoraciones positivas de clasificadoras de riesgo externas. Asimismo, aseguran que se trataba de una firma solvente, con participación importante en créditos hipotecarios de vivienda social.

Del mismo modo, el comunicado niega que el cierre de Financiera TFC esté vinculado al embargo de Amicorp. Aseguran que las acciones de Giant en la crediticia nunca garantizaron la deuda. 

Concluyen asegurando que sacarán adelante los proyectos inmobiliarios de Quimera. Como respaldo, aluden al “aval” de sus obras anteriores.

¿Qué dice la resolución judicial de embargo a Quimera?

Si bien en la resolución judicial no dispone el embargo de acciones en Financiera TFC, sí lo hace en lo referente a Giant. La retención es sobre las acciones de Quimera y dos garantes en Giant. Además, en “los frutos, utilidades, dividendos, todo flujo de dinero, devengados” y más. Esto hasta por un monto de 60 mil dólares.

Efectivamente, en el comunicado no se niega el embargo del que son objeto las empresas Fructo, Aguasanta y Pixis.

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La SUNEDU determinó que la universidad no cumple las condiciones básicas de calidad. Pese a que se acogió a un Plan de Adecuación, no pudo demostrar que podría ofrecer una educación de calidad, de acuerdo a lo que establece la Ley Universitaria.

Según informó la SUNEDU, su Consejo Directivo tomó la decisión tras una evaluación que duró 2 años y 6 meses, e incluyó a los 29 locales de la universidad. Entre ellos, los locales de sus 17 filiales, incluyendo el local de Arequipa, en José Luis Bustamante y Rivero.

Tras esta evaluación concluyó que la Universidad Alas Peruanas no cumplió el plan de adecuación propuesto para cerrar las brechas de calidad. Por tanto, el cese de actividades, deberá producirse en el lapso de dos años, a partir del inicio del próximo semestre académico. La universidad podrá emitir grados y títulos por un periodo adicional de dos años, después de su cese definitivo.

Por último, SUNEDU informó que todos los grados y títulos emitidos por la UAP durante el proceso de cese serán inscritos por la SUNEDU en el Registro Nacional de Grados y Títulos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la ley.

Sobre la Universidad Alas Peruanas y su proceso de evaluación

La UAP es una universidad privada de naturaleza societaria. Su sede central se ubica en la provincia de Lima y cuenta con 17 filiales, ubicadas en Lima provincias, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, Lambayeque, Madre de Dios, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.

A la fecha, la UAP tiene 65 mil 78 estudiantes matriculados y reporta 80 mil 946 graduados. Su oferta académica se compone de 78 programas: 30 de pregrado, 26 de maestría, 12 de doctorado y 10 de segunda especialidad. Tiene un total de 3 mil 173 docentes.

La UAP presentó su solicitud de licenciamiento institucional el 29 de mayo de 2017. Posteriormente, la SUNEDU emitió un informe de revisión documentaria desfavorable en febrero de 2018. Entonces, requirió un Plan de Adecuación (PDA), que fue remitido por la UAP el 30 de abril de 2018.

La SUNEDU ha realizado diligencias de actuación probatoria (DAP) en todos los locales y filiales de la UAP, a fin de constatar in situ el cumplimiento de las CBC. Toda la información remitida por la Universidad Alas Peruanas y recabada en estas diligencias ha sido tomada en cuenta para tomar la decisión sobre el licenciamiento institucional.

La Superintendencia también informó que, durante su evaluación, la UAP retiró de su oferta 119 programas de estudio y se desistió de seguir brindando el servicio educativo universitario en 72 locales. Asimismo, en marzo de 2019 la SUNEDU sancionó y multó a la universidad por brindar el servicio de educación universitaria en un local no autorizado ubicado en la provincia de Bolívar (Cajamarca).

Principales incumplimientos

La evaluación integral realizada por la SUNEDU ha determinado que la UAP no cumple ninguna de las CBC que le aplican. De 44 indicadores evaluados, solamente aprobó 11. Para obtener la licencia institucional, el cumplimiento de las CBC debe constatarse en todos los locales y filiales de la universidad.

Entre los principales incumplimientos encontrados durante el proceso de licenciamiento de la Universidad Alas Peruanas, mencionan los siguientes:

• No evidenció contar con locales para brindar el servicio educativo en los términos de operatividad planificados por la propia universidad, debido a que al momento de la diligencia de actuación probatoria (cerca de cuatro meses después del plazo final propuesto por la universidad para el fin de su adecuación), el 93% de sus locales aún se encontraban en proceso de adecuación (27 de 29 locales). Asimismo, el 67% de los locales en los que se declaran obras (18 de 27 locales) contaban con un avance por debajo del 80% en su ejecución.

• La universidad no asegura una gestión adecuada para el almacenamiento y disposición final de los residuos sólidos y líquidos peligrosos que se generan en los laboratorios y talleres. El 79% de los locales declarados (23 de 29 locales) generan residuos sólidos y líquidos peligrosos, producto de sus actividades académicas; y de ellos, se evidenció durante la DAP que el 48% (en 11 de 23 locales) no contaban con un centro de acopio final o provisional. Un informe mandado hacer por la propia universidad señaló: “Se debe declarar en emergencia la infraestructura para el almacenamiento temporal de residuos sólidos de todas las sedes y filiales de la UAP”.

Condiciones sanitarias

• Sus instalaciones no cuentan con estándares mínimos de seguridad, como señalética, equipamiento, zonas seguras de evacuación, distribuciones de mobiliario, entre otras falencias. Con esto, la universidad incumple su propia normativa y pone en riesgo a la comunidad universitaria.

• La UAP no garantizó la disponibilidad del derecho de uso sobre el local de la filial Ica, al no contar con un contrato de alquiler con una duración mínima de 5 años y no presentar evidencia de su inscripción en los registros públicos. Debido a esto no puede garantizar la continuidad del servicio durante el tiempo que duren los programas académicos.

• No evidenció el cumplimiento de su Plan de Gestión Ambiental para el 2019.

• No garantizó la prestación continua (durante todo el horario de clases) del servicio de salud en todos sus locales durante el semestre 2019-II. Asimismo, se constató que dos locales conducentes a grado académico no contaban con tópico.

• La universidad no demostró contar con ambientes para docentes plenamente operativos en todos sus locales declarados. El 95% de los ambientes declarados (54 de 57) aún se encontraban en proceso de adecuación.

• La universidad no ha podido garantizar que el agua potable suministrada en todos sus locales sea apta para el consumo humano. Por ejemplo, se encontraron coliformes fecales en la muestra de agua presentada para el local de la filial Andahuaylas. Asimismo, la SUNEDU constató la falta de mantenimiento de las cisternas de agua de algunos locales.

• En la misma línea, con referencia al servicio de desagüe, la universidad declaró que en los locales de Pachacamac, Piura y Tumbes se cuenta una opción alternativa para este servicio, con pozos sépticos. Sin embargo, no presentó documentos técnicos que evidencien que esta opción alternativa.

Procedimientos

• La universidad no cumple con sus propios procedimientos para la evaluación y selección de sus proyectos de investigación. No se asegura estándares mínimos de calidad para dichos proyectos.

• La universidad destina S/ 1 253 165 en el 2019 para la implementación de Centros de Investigación, Producción y Transferencia Tecnológica; sin embargo, solo ha ejecutado el 5% de dicho presupuesto.

• El órgano de investigación en las filiales no cuenta con los recursos económicos necesarios para la ejecución de sus actividades planificadas. Esto impacta en su funcionamiento y la consecución de sus metas y objetivos.

• La universidad ejecuta únicamente alrededor del 20% de su presupuesto para investigación (2018-2019). Además, se identificó que un tercio de sus filiales ejecutan menos del 10% de dicho presupuesto.

Investigación

• En 12 de las 17 filiales de la universidad no se evidenció la culminación de algún proyecto de investigación. Más aún, durante todo el procedimiento de licenciamiento, las filiales de Huamanga y San Martín no evidenciaron la ejecución de ningún proyecto.

• Solo el 1% de sus docentes realizan actividades de investigación. Así, se identificó que, en el último semestre, 7 filiales no contaban con docentes vinculados a la investigación. Esto que no garantiza el desarrollo de una cultura de investigación a nivel institucional.

• La universidad aún registra docentes que no han obtenido el grado académico mínimo para ejercer la docencia universitaria. Tampoco han demostrado haber ejercido la docencia con anterioridad a la vigencia de la actual Ley Universitaria. Esta situación se ha constatado en la sede central y en nueve filiales.

• La Universidad no aportó evidencias de contar con procesos claros para asegurar que la renovación docente se realice en base a criterios de calidad.

• Su documento de planificación estratégica 2019-2024 carece de líneas de base y acciones estratégicas para cumplir sus objetivos, tanto para la sede como para sus filiales. Además, sus planes operativos para el año 2019 no incluyen actividades para el logro de todos los objetivos.

• Los instrumentos de gestión de calidad para el año 2019 no presentan una planificación oportuna ni consistente. Además, el personal asignado al área de calidad no cumple con el perfil establecido en la normativa de la universidad.

Planificación

• Con respecto a la admisión, la universidad no evidenció garantizar el principio de predictibilidad. No regula de manera precisa la evaluación, calificación y distribución de vacantes para la ejecución de los concursos de admisión. También se identificó que carece de información consistente sobre la cantidad de postulantes e ingresantes en los procesos realizados en los últimos dos años. Esto impacta en la capacidad de planificación del servicio.

• Carece de una planificación pertinente que garantice la ejecución de actividades para promover la empleabilidad de sus egresados y graduados, basada en un diagnóstico sobre la situación, características y necesidades de los mismos. Asimismo, la bolsa de trabajo de la universidad presenta una cantidad limitada de ofertas laborales vigentes no acorde con la cantidad de alumnos y egresados; tampoco con su oferta académica.

• Su portal de transparencia no está actualizado y la información que consigna no coincide con la presentada por la universidad a la SUNEDU.

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El sector inmobiliario en Arequipa sufre un duro revés. Grupo Quimera, un conglomerado empresarial especializado en inversiones inmobiliarias de alto valor, es objeto de embargo. 

La constructora adeuda alrededor de 2,5 millones de dólares a la financiera caribeña Amicorp Band. Con intereses y pagos asociados, la cifra superó los 4 millones de dólares. El préstamo data del 2015 y debía ser cancelado al 31 de marzo del 2017. Pero el compromiso no fue honrado y el banco recurrió a los tribunales.

El 12 de abril último, el Juzgado Civil de Islay aprobó una medida cautelar contra los bienes, derechos y acciones de Quimera. Los activos de la constructora ahora están embargados, incluidas sus oficinas comerciales.

La demanda contra la inmobiliaria se hizo extensiva a las empresas dentro del conglomerado comercial. Las afectadas son Pixis Desarrollo Inmobiliario, Fructo SAC, y Aguasanta Perú SAC. 

Bajo estas razones sociales, Quimera lleva los proyectos inmobiliarios Los Sauces de Fernandini, Quinta Palermo y Jardines del Palacio; respectivamente. Se trata de urbanizaciones en terrenos exclusivos de la ciudad, rodeadas de campiña y de valor elevado.

Quimera, vinculada a Financiera TFC

El embargo estaría relacionado al cierre de la financiera TFC. Recordemos que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) los intervino por incumplimiento de la Ley General del Sistema Financiero. Su patrimonio efectivo se redujo en más del 50% en el último año. Por tal motivo se decretó el cese de operaciones.

¿Cómo se relacionan? Sucede que los emprendimientos de Quimera recibían respaldo financiero de TFC. Situación antes vista con la también quebrada Prestaperú, que financiaba los emprendimientos de vivienda de Inmosur y Multiservisur.

Pero el nexo no termina allí. El principal accionista de TFC es Giant SAC, compañía que tiene como apoderado a Juan Carlos Córdova, el actual gerente de Quimera. Las acciones de Giant en TFC también fueron parte del embargo.

Las colaboraciones con Quimera no eran las únicas inversiones inmobiliarias de TFC. Según la SBS, la financiera tenía una cartera de 200 millones de soles en proyectos de vivienda social. Mivivienda y Techo Propio fueron advertidas, para que busquen financiación en otras entidades.

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Por esta razón, la presidenta de la Articulación de Lesbianas Feministas de Lima, Marivel Saldaña, acusa exclusión y discriminación. Tras realizarse una evaluación en los CEM de Arequipa, Lima y Trujillo, los resultados fueron poco alentadores para las mujeres que tienen una pareja del mismo sexo.

Saldaña explica que en el 2016 se oficializó el Lineamiento de Atención a la Violencia Contra las Personas LGTBI. En base a estos protocolos de actuación, se respalda que en los CEM una mujer lesbiana víctima de violencia reciba el trato adecuado, como se haría con una mujer heterosexual.

A pesar de ello, tras la evaluación hecha desde julio hasta diciembre de este año, se comprobó que existe un completo desconocimiento sobre estos protocolos de auxilio y atención a víctimas lesbianas. Es más, en algunos casos como explica Saldaña, se incurre en casos de exclusión y discriminación por la opción sexual.

“No estarían las mujeres lesbianas dentro del campo de protección (…) Algunos coordinadores han dicho abiertamente que las mujeres lesbianas no estarían incluidas en la atención de los CEM, solo es para parejas heterosexuales”

Presidenta de la Articulación de Lesbianas Feministas de Lima, Marivel Saldaña

Saldaña explica que para la atención de una mujer lesbiana que acuda al CEM, se le pide como requisito presentar la denuncia policial antes. Requisito que no es necesario al momento de atender a una víctima de violencia, pero esta norma solo la aplican se trata de mujeres heterosexuales.

Ausencia de protocolos para mujeres lesbianas

La presidenta de la Articulación de Lesbianas Feministas de Lima explica que el Plan Nacional Contra la Violencia de Género procura la atención y respaldo de toda mujer, sin distinción de opción sexual, u otro. Para demostrar la situación de las mujeres lesbianas al acudir a un CEM, se realizó la evaluación de los centros en Lima, Trujillo y Arequipa.

En el caso de Arequipa, se evaluaron los CEM de los distritos de Hunter, Cerro Colorado y Cercado. En estos Centros de Emergencia se verificó que existía un desconocimiento en cuanto a los protocolos de actuación. También de los lineamientos para atender a mujeres lesbianas. No hubo capacitación para el personal que le toque enfrentar un caso así.

Igualmente, sobre el tema de exigir a una mujer lesbiana una denuncia policial, antes de ser atendidas, se verificó que en Arequipa, dos de los tres CEM exigían este requisito. En Trujillo, tres de 5 pidieron la denuncia, y en Lima 6 de 7 CEM condicionaron la atención, si no acudían con la denuncia policial.

“Hay un tema de discriminación institucional”

Presidenta de la Articulación de Lesbianas Feministas de Lima, Marivel Saldaña

Se viene elaborando el informe sobre estos resultados, para presentarlos ante el Ministerio de la Mujer. Igualmente, Saldaña indicó que coordinarán con los Gobiernos Regionales y las instituciones pertinentes para modificar la situación actual de la atención a las mujeres lesbianas en los CEM.

Sobre la denuncia del presidente de la Junta de Fiscales, Franklin Tomy López, que acusó al gobernador regional Elmer Cáceres Llica de no asistir a las reuniones donde se evalúa el Plan de Acción 2021, destinado a la lucha contra la violencia hacia la mujer; Saldaña aclaró que la posición personal que tenga el gobernador regional sobre violencia, no tiene por qué afectar las políticas que ejecute como autoridad.

Recordó que el gobernador es elegido para impulsar políticas públicas, “si hace lo contrario, estaría discriminando a una porción de su población”.

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Chipa utilizó un cuchillo para atacar a Nancy, y también al hijo de 11 años que intentó defender a su madre. El menor de 5 años fue quien salió corriendo de la vivienda, ubicada en la calle 2 de Mayo, en Chivay.

Al momento que llegaron los efectivos policiales, Gustavo Chipa ya había huido del lugar. La víctima fue trasladada a un centro médico local, pero ante la gravedad de las heridas, fue trasladada al hospital Honorio Delgado Espinoza, junto a su hijo de 11 años, quien también resultó con lesiones.

No se conocía el paradero del acosador que casi asesina a Nancy Cornejo, a quien acusó y atacó por haber visitado a su expareja. Pero el domingo a las 16:20 horas, efectivos policiales de Chivay hallaron el cuerpo sin vida de Chipa Chambi.

El cuerpo estaba suspendido con dos chalinas en una viga de concreto que atravesaba los muros de contención del canal de regadío Majes. Este se encuentra ubicada en la zona conocida como “Molina Ccucho”, cerca de la Planta de Energía Eléctrica N°1.

El médico legista de la Fiscalía Provincial Chivay- Caylloma (Arequipa) certificó la muerte de Chipa Chambi, por asfixia mecánica por ahorcamiento.

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Así, la UNSA se convierte en la universidad con el mayor número de programas acreditados en el proceso 2019, a nivel nacional.

“Acreditar diez carreras es todo un hito. La acreditación tiene la virtud de tener un reconocimiento internacional por lo tanto los grados académicos son reconocidos gracias a que ICACIT es miembro del Acuerdo de Washington en 20 países”

Enrique Álvarez Rodrich, presidente del Consejo Directivo ICACIT

La acreditación es un proceso de evaluación de un programa profesional para determinar si cumple con los estándares internacionales de calidad. Pero la misma debe ser renovada periódicamente. De esta manera se garantiza la mejora continua de la calidad educativa, además de asegurar un modelo de acreditación orientado en resultados.

Los beneficios logrados son también el reconocimiento nacional de acreditaciones de parte del SENACE. Reconocimiento internacional de los egresados de grados académicos por los miembros del Acuerdo de Washington que facilita a los beneficiarios el registro profesional, empleo y admisión a escuelas de posgrado en el extranjero.

En algunos casos los países miembros lo toman en consideración como referencia para la equivalencia académica, al momento de emitir visas.

Carreras acreditadas de la UNSA

Los programas de la UNSA acreditados son:

• Agronomía
• Ingeniería Pesquera
• Ing. Ambiental
• Ingeniería de Industrias Alimentarias
• Ing. de Materiales
• Ingeniería Metalúrgica
• Ing. Química
• Ingeniería Eléctrica
• Ing. Industrial
• Ciencia de la Computación

Prestigiosa acreditación

La anhelada acreditación se logró gracias al trabajo comprometido de las autoridades del nivel central, además de los decanos, docentes, estudiantes y trabajadores administrativos. Los cuales, durante intensas jornadas consiguieron garantizar las condiciones de calidad exigidas por la entidad acreditadora.

La entrega de la resolución se realizó en la ciudad de Lima, en la ceremonia participaron, además, representantes de 11 universidades del Perú.

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El gobernador y el alcalde de Arequipa, Elmer Cáceres Llica y Omar Candia Aguilar, están en apuros por insistir en la designación irregular de funcionarios en cargos de confianza. La Contraloría recomendó denunciarlos penalmente, y trasladó sus conclusiones al Ministerio Público. Sin embargo, ambas autoridades persisten en mantener al personal observado.

Al respecto, el gerente regional de la Contraloría en Arequipa, Alberto Arteaga Solano, instó a ambas autoridades a cumplir la ley. “El llamado que como Contraloría hacemos es a que cumplan la normativa. No hay ningún tipo de tinte político y no queremos ser una piedra en el zapato, pero la normativa tiene que cumplirse. Si la normativa no se cumple, estamos todos pintados. Y el trabajo de la Contraloría es hacer cumplir la normativa”, recomendó.

Asimismo, desmintió las versiones de que se trata de denuncias archivadas. Tanto para el Gobierno Regional como la Municipalidad Provincial, las denuncias ante la Fiscalía están en curso. A la par, la Contraloría de Arequipa envió sus hallazgos a la Procuraduría de la entidad, en Lima, para que tome las acciones legales pertinentes. Se esperan avances en el proceso la próxima semana.

La designación de funcionarios con los perfiles correctos repercute directamente en la eficacia de instancia de gobierno locales y regionales. Arteaga recalcó la importancia de contar con personal calificado para la ejecución del gasto. “La pregunta que yo hago: ¿no existe en el mercado arequipeño o foráneo, personas que cumplan con los perfiles? Por supuesto que existe”, cuestionó.

Del mismo modo, el gerente aclaró que el retiro posterior de los funcionarios no librará a las autoridades de una eventual denuncia penal. Explicó que la presunta actividad delictiva ya estaba concretada.

Insistencia

Esta semana, Elmer Cáceres Llica retiró al actual gerente regional de Salud, Carlos Cuya Mamani. De manera temporal, el médico Dember Muñoz desempeñará funciones en el sector Salud. Sin embargo, se cuestiona su idoneidad en el puesto ya que no cumple con el perfil exigido en el Manual de Organización y Funciones (MOF) del Gobierno Regional de Arequipa (GRA).

Al respecto, Arteaga advirtió que una encargatura del cargo o designación, sería irregular. En ambas figuras, sí se aplican los requerimientos mínimos del MOF. Empero, en caso de tratarse de una encargatura de funciones, no es necesario que se aplique este criterio. 

Balance anual de la Contraloría en Arequipa

Arteaga señalóo que, durante el 2019, la Contraloría ejecutó 32 auditorías y servicios de control a hechos específicos. En ellos se encontró un perjuicio de 19 millones 328 mil soles. A su vez, se identificaron a 188 funcionarios involucrados con responsabilidad penal, civil y/o administrativa. En tanto, se emitieron 692 informes de control simultáneo. 

Aún quedan algunas auditorías pendientes para el próximo año. La más anticipada es la de la Variante de Uchumayo. Sucede que este control depende de la división de Megaproyectos, con sede en Lima. Antes de empezar, deberá definir la metodología y, si se ejecuta sobre el íntegro de la obra, o en componentes específicos. Asimismo, el eje vial Jerusalén – San Juan de Dios también está en la mira. Apenas se liquide la obra, en junio del 2020, el proyecto será auditado.

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Firma de Convenio

Las autoridades firmaron la Carta de Intención Conjunta, para ampliar los alcances del convenio suscrito hace más de dos años. Además, fue gracias al pedido de la UNSA que se logró el acuerdo en las siguientes modalidades: doble titulación, programas únicos, asignaturas y diplomados de posgrado e implementación de coasesoría de tesis.

El rector de la UNSA Rohel Sánchez señaló que Cátedra Perú tiene como objetivo principal difundir y desarrollar el conocimiento sobre cultura peruana en el medio académico de la universidad española.

También puso énfasis en que serán tomados en cuenta los campos de las humanidades y las ciencias sociales, así como en sus principales extensiones creativas.

Convenio de colaboración con la UNSA

El pasado 14 de junio del 2017, la UNSA suscribió el Convenio Básico de Colaboración Universitaria Internacional con la Universidad de Salamanca. El objetivo principal es establecer programas de colaboración conjunta, abarcando los ámbitos de investigación, docencia y las actividades culturales y deportivas.

Por esta razón, ambas partes manifestaron su intención de celebrar una adenda al convenio. Esto, siguiendo el procedimiento y disposiciones por la que se regulan ambas universidades.

El rector de de Salamanca, Dr. Hugo Rivero Ortega, mencionó que espera volver a la UNSA, ya que es una universidad de donde se puede aprender bastante de gestión universitaria.

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Fueron encuestadas 780 mujeres residentes en Arequipa Metropolitana y se les consultó sobre temas como la educación, empoderamiento femenino, violencia y conductas de riesgo.

Las arequipeñas encuestadas pertenecen principalmente al nivel socioeconómico C (42%), mientras que los rangos de edad: 18 a 25 años, 36 a 45 años y 56 a 65 años, comparten el mismo porcentaje (19%). El 84% de las mujeres encuestadas profesa la religión católica, el 14% cristiana no católica u otra y solo el 2% es atea o agnóstica. Además, el 38% de las mujeres encuestas estaba casada, un 24% era conviviente y el 23% eran solteras.

Empoderamiento y toma de decisiones

Entre los hallazgos del estudio, se puede ver en relación a la toma de decisiones, la mayoría son tomadas en pareja: sobre cómo gastar el dinero (67%), el cuidado y la crianza de los hijos (71%) o cuántos hijos tener (79%).

Además, en relación a la libertad personal y toma de otras decisiones personales como estudiar (49%) o trabajar (57%), solo le comunican a su pareja, sin que ésta influya en la decisión. Esto indica qué la mujer, cada vez más, toma decisiones personales libremente, mientras que el hombre sí se involucra en decisiones relacionadas a la familia y el hogar.

Sin embargo, la carga laboral sigue siendo mayoritariamente para la mujer. El 98% de las mujeres siguen realizando las labores domésticas y de cuidado como cocinar, planchar, limpiar y cuidar a los hijos o ancianos en casa.

Esto a pesar de que, según muestran las preguntas sobre empoderamiento, las mujeres consideran que no deben ser las únicas encargadas de estas labores. Además, creen que no deben ser molestadas por sus formas de vestir (60%) y que la sociedad arequipeña aun es machista (88%)

Educación y vida laboral de las arequipeñas

En este aspecto cabe destacar que la mayoría de mujeres tiene la secundaria completa (30%) o ha cursado la universidad (24%). Asimismo, el 54% de arequipeñas se encuentra laborando, sin embargo, un detalle es que solo el 43% de las mujeres profesionales trabajan en lo que han estudiado.

Las principales razones por las que trabajan las mujeres son: por necesidad económica (48%) y el logro de independencia económica (34%). Además, el 85% de encuestadas refirió que están satisfechas con el trabajo que realizan y el 82% con sus ingresos económicos.

Violencia y conductas de riesgo

Por último, en el tema de violencia y conductas de riesgo, se concluyó que el 58% de mujeres dijo haber sido víctima de violencia verbal y el 33% de violencia física. Estas agresiones provienen principalmente de sus parejas (58%) seguido de sus padres (34%). Además, el 12% de las evaluadas consume cigarrillos, el 34% alcohol y el 1% drogas.

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La actividad es organizada por la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social del Gobierno Regional de Arequipa. Quieren ayudar a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Esto, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. que se celebra este lunes.

La marcha denominada “Basta de Violencia disfrazada de amor”, se iniciará a las 16:00 horas en la Plaza Mayta Capac en Miraflores, para luego desplazarse por las calles San Martín, Tacna, San Pedro y finaliza en la plaza España en el Cercado.

Han asegurado su participación, las instituciones integrantes de la instancia regional de lucha contra la violencia. Además, delegaciones de colegios profesionales como Obstetras y Psicólogos. También, municipios distritales de la provincia de Arequipa, Consejo Regional de la Juventud, organizaciones U-Manos Arequipa. Sumándose, la ONG Paz Perú, AEMPRO Perú, Ni una menos Arequipa, FORDES, CPAS, INNPARES, CECYCAP, Dirección Nacional de Voluntariado en Arequipa, CARITAS, Movimiento Trans del Perú, entre otros.

Marcha en Arequipa por problemática

La violencia contra las mujeres es un problema de salud pública global porque afecta a un alto porcentaje de mujeres, independientemente de su condición económica y de su edad.

Es necesario precisar que, semanas atrás, la Instancia Regional de Concertación para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar lanzó la campaña denominada “Violencia disfrazada de amor”. Así, busca prevenir y reducir los casos de violencia, detectando a tiempo las señales de alerta, así como los primeros signos de violencia.

Esta campaña busca despertar el interés, especialmente de las mujeres jóvenes de 18 a 29 años. Empleando frases sobre situaciones de control que ocurren entre las parejas con el objetivo que identifiquen señales de alerta y de riesgo de violencia. También se decidan a buscar ayuda u orientación a través de la página de la campaña: señalesdealerta.pe

En el Perú, el 54.9% de mujeres de entre 20 a 24 años ha sido víctima de violencia por parte de sus parejas. A la fecha, 60 mujeres cuyas edades fluctuaban entre los 18 a 29 años fueron víctimas de feminicidio. Las difras revelan que un importante grupo de mujeres jóvenes viven en situaciones de violencia en sus relaciones de pareja, con el riesgo que acaben con la muerte. 

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