El Centro de Convenciones de Cerro Juli se convirtió en el epicentro de la minería latinoamericana. Delegaciones de 16 países, autoridades nacionales y visitantes de todo el Perú llegaron para la inauguración de la Exhibición Tecnológica Minera (EXTEMIN), que reúne a más de 800 empresas.
Desde muy temprano, la ciudad se movió con otro ritmo. Las calles cercanas a Cerro Juli amanecieron cerradas y el despliegue policial marcó la ruta hacia el evento. El tráfico pesado obligó a los asistentes a caminar los últimos tramos. La protesta que se había anunciado nunca ocurrió, pero la expectativa ya estaba instalada. Era el primer día de Perumin 37. Frente a las puertas principales, las filas se extendían como un serpentín de personas ansiosas por ingresar. Convencionistas, periodistas y curiosos buscaban información entre los agentes de seguridad.
Entre el murmullo de la multitud, un visitante español discutía con el personal de ingreso. Había esperado media hora en una fila que no le correspondía por una mala indicación. El malentendido se resolvió pronto, y la tensión se diluyó en el ambiente de feria que se respiraba adentro. Una vez superada la puerta, el contraste era evidente: pasillos amplios, stands relucientes, pantallas de alta tecnología y un público que miraba con curiosidad cada propuesta. Muchos extranjeros recorrían el lugar sin prisa, tomando fotografías y observando los detalles de las maquinarias.
La ceremonia de inauguración comenzó puntual. Jimena Sologuren, presidenta de PERUMIN 37, destacó el alcance del encuentro: más de 800 empresas y delegaciones de 16 países, con Alemania como aliado estratégico. “EXTEMIN va mucho más allá de ser una vitrina comercial: es un escenario para acercarnos y ver cómo la tecnología puede ayudarnos a construir una minería cada vez más sostenible, competitiva y cercana a las comunidades”, dijo ante un auditorio atento.
Darío Zegarra, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), reforzó la idea de una minería con responsabilidad. “Nuestra industria solo puede sostenerse y legitimarse en el tiempo si se hace de manera responsable, transparente y centrada en las personas. Cada stand y cada propuesta tecnológica son un mensaje de confianza hacia el Perú y hacia las comunidades”, subrayó, mientras los asistentes registraban el momento con sus teléfonos.
3.
Un mensaje de fe
Cuando el acto avanzaba, la voz del arzobispo de Arequipa, monseñor Javier del Río Alba, cambió el tono del recinto. Transmitió el saludo del papa León XIV, de nacionalidad peruana: “Su santidad confía en que estos días de reflexión sobre la problemática de la industria minera peruana y las necesidades de los que trabajan en el sector, crezca en los participantes un renovado compromiso al servicio de la justicia, la solidaridad, el respeto por el medio ambiente y el bien común”.
El arzobispo pidió también por las víctimas de la minería ilegal y el sicariato, y por sus familias.“EXTEMIN sea un espacio de diálogo, reflexión y encuentro en el que pueda sobresalir el deseo de todos por el bien común de la sociedad”, añadió, acompañado por representantes de diversas confesiones: anglicanos, ortodoxos, evangélicos y bahaíes, que sumaron un matiz de espiritualidad a la jornada.
La ceremonia cerró sin estridencias, pero con la sensación de que Arequipa se convertía por unos días en el centro de la minería mundial. Afuera, la tarde caía mientras los visitantes seguían recorriendo los pabellones, atentos a cada innovación.
Así arrancó Perumin 37: una mañana de filas, controles y tecnología que dejó a Arequipa como escenario de un encuentro que combina negocios, innovación y reflexión social. Durante la semana, Cerro Juli seguirá recibiendo a quienes buscan entender cómo la minería y la sostenibilidad pueden convivir en un mismo espacio de diálogo.
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Tras la suspensión de Delia Espinoza, a quien llamó “desquiciada” y “acosadora”, algunos medios y políticos ya daban por hecho que Tomás Gálvez sería designado fiscal interino de la Nación, y así fue.
El propio Gálvez ya había adelantado, días antes, que si lo nombraban evitaría la confrontación con el Congreso y con el Gobierno de Dina Boluarte. Tras la oficialización del nombramiento, los congresistas fujimoristas fueron los primeros en saludar la designación.
La Junta de Fiscales Supremos lo eligió en sesión extraordinaria después de que Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos declinaran asumir el cargo interino. El respaldo a Gálvez fue unánime, según el comunicado oficial. Su designación, sin embargo, ha generado controversia debido a su historial: fue destituido en abril de 2021 por la anterior JNJ en el marco del caso “Cuellos Blancos del Puerto”, acusado de mantener vínculos con magistrados investigados. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ordenó su reposición en junio de este año al considerar que en el proceso se vulneraron sus derechos.
Con esta designación, el Ministerio Público inicia una nueva etapa marcada por la incertidumbre. Mientras Gálvez promete una gestión sin enfrentamientos políticos, desde diversos sectores advierten que su regreso a la cúspide de la Fiscalía podría significar un retroceso en la lucha contra la corrupción.
El ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero Cornejo, detalló en Arequipa las acciones del Ejecutivo para fortalecer el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y enfrentar la minería ilegal, en el marco de la inauguración de Perumin 37.
Durante la ceremonia de apertura de la convención minera Perumin 37 en Arequipa, Jorge Luis Montero Cornejo resaltó la importancia del Reinfo para la pequeña minería y la minería artesanal. El titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem) explicó que este sistema permite un mayor control de insumos y una fiscalización más efectiva, al mismo tiempo que refuerza la seguridad de las operaciones a pequeña escala.
Montero subrayó que, con la Ley 32.2.13, el Minem asumió la rectoría de la formalización minera, lo que facilita la trazabilidad de minerales y el control de los procesos productivos. Señaló que la implementación del sistema interoperable de pequeña minería y minería artesanal, con apoyo del Banco Mundial, permitirá fiscalizar en tiempo real la producción y comercialización de minerales e insumos.
Además, informó que se avanza en la transferencia de competencias hacia los gobiernos regionales, con el objetivo de descentralizar el proceso de formalización y fortalecer la articulación entre el Estado y las comunidades mineras. Este enfoque, según el ministro, busca un desarrollo territorial equilibrado y sostenible.
“Con la ley 32.2.13 el Ministerio de Energía y Minas asumió plenamente la rectoría de la pequeña minería y minería artesanal en formalización. Esto nos permite conducir con mayor eficacia el proceso de formalización, fortaleciendo la trazabilidad, el control de insumos y la seguridad de las operaciones mineras a pequeña escala”
3.
Arequipa y la lucha contra la minería ilegal
El ministro destacó que, en lo que va del 2025, se ha brindado asistencia técnica a más de 5.000 pequeños productores y organizaciones para ayudarlos a cumplir obligaciones ambientales, de seguridad y de formalización. Paralelamente, se intensifican los operativos en zonas críticas como Patás, La Libertad, en coordinación con la Policía Nacional y el Ministerio Público.
Montero también anunció el trabajo en una nueva ley para la minería artesanal y de pequeña escala, que buscará simplificar procesos, otorgar beneficios tributarios proporcionales y consolidar un sistema de trazabilidad robusto, evitando superposiciones con concesiones forestales y fomentando la inclusión financiera.
“Queremos una pequeña minería y minería artesanal sostenible, segura y con capacidad de aportar al desarrollo nacional”, afirmó el ministro al remarcar que el Estado no solo acompaña, sino que también regula y fiscaliza.
El discurso de Jorge Luis Montero en Arequipa mostró el trabajo que se está realizando alrededor de Reinfo, que se ha convertido en una herramienta estratégica para formalizar a los pequeños mineros y frenar la actividad ilegal. Al resaltar la estabilidad macroeconómica y la seguridad jurídica, el gobierno busca fortalecer la confianza de los inversionistas y consolidar una minería responsable, competitiva y alineada con la innovación tecnológica.
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Después de la derrota de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el dólar no ha parado de dispararse, el riesgo país supera los 1400 puntos, ubicándose solo debajo de Venezuela
Como era esperable, la fuerza política de Javier Milei registró una lapidaria derrota en las elecciones legislativas de medio término en la provinica de Buenos Aires, que concentra el 40% del padrón electoral del país, por más de 13 puntos con las fuerzas políticas del peronismo. La divulgación de audios el pasado 20 de agosto poco antes de la elección en los que se escucha a Diego Spagnuolo, entonces director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) contarle a un personaje, aún no indentificado, sobre un esquema de sobornos en la compra estatal de medicamentos por parte de esa entidad, en el que participaría Karina Milei –secretaria General de la Presidencia, hermana y brazo derecho del presidente– cayó como vinagre vertido a las heridas abiertas de una sociedad sometida a un ajuste económico sin precedentes en la historia argentina.
La indignación de la ciudadanía es mayúscula. Esta resistió estoicamente el programa de ajuste económico con la esperanza de que se cumpliría la promesa del presidente de acabar con la inflación y con la corrupción de “la casta”, sector que pagaría los costos del ajuste. Sin embargo, Milei ha gobernado con y para los sectores privilegiados de la casta. El cierre de la brecha fiscal –que consiguió en apenas dos meses de haber iniciado su gobierno– lo ha cargado a los sectores más vulnerables de la sociedad y ha privilegiado al capital financiero, que es el que más ha crecido, en detrimento de la economía productiva, que ha generado el cierre de miles de pequeñas y medianas empresas. La corrupción durante el gobierno del presidente Milei ha sido sistemática desde el inicio de su gestión, como veremos a continuación.
Después de la derrota de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el dólar no ha parado de dispararse, el riesgo país supera los 1400 puntos, ubicándose solo debajo de Venezuela, y las acciones de las empresas argentinas han caído en picada. Ese es el escenario en el que tendrán las elecciones de medio término para renovar ambas Cámaras el próximo 26 de octubre en los que la suerte parece estar echada para Milei.
El escándalo de los audios
Los actos de corrupción se iniciaron durante la campaña electoral. Es sabido que el partido, La Libertad Avanza, cobraba diversas tarifas para las candidaturas a cargos electivos y públicos. Karina Milei ha sido denunciada por el cobro de dinero por agendar citas con su hermano, o por concertar entrevistas. Además, se vieron envueltos en una escandolosa estafa a 40 mil inversores argentinos y estadounidenses al promocionar, en febrero pasado, una criptomoneda ($Libra) que provocó pérdidas millonarias a inversores, por lo que Milei y su hermana Karina, enfrentan una investigación en el Congreso argentino y en la Oficina Anticorrupción, así como en el Departamento de Justicia de Estados Unidos y de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), entidades que recibieron una denuncia criminal contra los protagonistas de este fraude masivo.
El útlimo caso de supuesta corrupción tiene un mayor impacto en la sociedad puesto que se trata del organismo encargado de diseñar, coordinar y ejecutar políticas públicas dirigidas a personas con discapacidad. Desde que Milei asumió el gobierno, en diciembre de 2023, en tono con su política económica libertaria, la entidad sufrió recortes presupuestarios y dio de baja más de 110.000 pensiones por discapacidad laboral. Sin embargo, las compras en medicamentos a la farmacéutica Suizo Argentina que según los audios centralizaba las ventas, se incrementaron, descontando la inflación, un 27% durante el último año. Karina Milei– sería la intermediaria entre la ANDIS y las compras de medicamentos por el que ella exigía una comisión de 3%, que en tiempos recientes pretendió elevar al 5%.
El exdirector de la ANDIS, amigo personal y ex abogado del presidente Milei, además de asiduo visitante de la Casa Rosada y de la residencia presidencial, terminó despedido de su cargo inmediatamente y se encuentra a recaudo de la justicia. No se descarta que pueda acogerse a la figura de delación premiada
Los audios se enviaron al director del Programa Data Clave del canal de streaming Carnaval Stream, Mauro Federico. Y los divulgan diariamente como capítulos de una serie de Netflix que los argentinos esperan con espanto, sin que se vislumbre un final de las entregas. El gobierno ha dicho que se trata del “armado de una opereta” organizada por el kirchnerismo, debido a que “estan aterrados de perder las elecciones” del próximo 7 de septiembre en las que se renovará parcialmente el Congreso en la provincia de Buenos Aires, que concentra casi el 40% del padrón electoral (Argentina es una república federal). Asimismo, habrá elecciones legislativas de medio término a nivel nacional el próximo 26 de octubre. En ellas se renovará parcialmente el Senado (24 plazas, de un total de 72). Y 127 plazas, de un total de 257, en la Cámara de Diputados.
Sin embargo, el viernes 29 de agosto, se divulgaron nuevas grabaciones donde se escucha la voz de Karina Milei en reunión en la Casa Rosada. En ella exhorta al círculo más íntimo del gobierno a permanecer unidos. Nada comprometedor en sus palabras, pero la grabación advertía implícitamente un hecho grave: hay infiltrados dentro del gobierno. Ese mismo día, el director de Data Carnaval, dijo haber entregado todas las grabaciones a la Fiscalía. Y que lo que había mostrado hasta ahora en su programa era apenas la punta de un iceberg.
Impacto económico
Los actos más recientes de corrupción, antes de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, han impactado a la ya golpeada economía argentina. El riesgo país, que nunca llegó a bajar significativamente, se incrementó. Las acciones de los bancos y los títulos de deuda sufrieron caídas y el peso se devaluó frente al dólar. Asimismo, si bien se ha controlado la inflación, en los últimos tres meses se ha venido incrementando. Y se estima que el índice mensual de agosto será del 2,1%.
Las entusiastas proyecciones del crecimiento económico de Argentina de un 5.5% para este año (un efecto rebote después de una caída del 1,7% en 2024 y de 1,6% en 2023) realizadas por el FMI, se han derrumbado debido al enfriamiento de la actividad económica y un consumo que no repunta. Las proyecciones de crecimiento para 2025 se han reducido a 3%. Pero incluso este se centrará en el sector financiero y solo compensará la caída de los dos años precedentes.
En 18 meses de gobierno, el programa económico ha arrasado con los salarios de los jubilados, de personas con discapacidades y funcionarios del sector público. Se ha desfinanciado la salud, la educación, la ciencia y el arte, recortado los derechos de los trabajadores y la obra pública. Y se ha destrozado el tejido productivo del país, en particular las pequeñas y medianas empresas muchas de las cuales han tenido que cerrar sus puertas y dejar a miles sin empleo. Lejos ha quedado la promesa de que el ajuste recaería sobre la denominada casta política. Estos recortes en el gasto público han sido acompañados en beneficios tributarios a los sectores más poderosos del país: reducción de los impuestos a los autos de lujo, la reducción de las retenciones de las exportaciones agrícolas e inclusive mineras.
Al igual que durante el gobierno del presidente Macri, los grandes ganadores del gobierno de Milei son las grandes corporaciones y las inversiones financieras. Ambos terminaron beneficiados previamente por el blanqueo de capitales que ingresaron al país sin que se indagara sobre su origen. Gran parte se convirtió a pesos y se invirtió en diversos instrumentos financieros locales que pagan tasas de interés de 76%. Frente a una inflación estimada entre 20 y 30% para 2025, generan una tasa de interés real anual cercana al 50%. Y esto desestimula las inversiones productivas.
Este esquema de carry trade o bicicleta financiera tiene como objetivo desestimular la demanda por el dólar para evitar que este se dispare. Y luego, impacte en la inflación. Sin embargo, esto está llegando a su límite. Los analistas financieros estiman que es mejor mantener las carteras en dólares y no invertir más en la bicicleta financiera. Esto implica que estiman que el gobierno está a punto de no poder devolver los pesos y los intereses.
Ni siquiera las inversiones extranjeras directas han aumentado su presencia en el país; más bien han disminuido a los niveles de 2017. Las clases medias altas y “la casta” tuvieron un dólar barato que utilizaron para viajar o hacer compras por internet. Esto ha dado lugar a una importante salida de divisas por concepto de viajes de turismo y compras en el exterior.
Los protagonistas de la política económica son los mismos del gobierno del expresidente Macri. Santiago Caputo fue ministro de Finanzas y presidente del Banco Central durante el macrismo, y actualmente es ministro de Economía de Milei. Federico Sturzenegger, entonces titular del Banco Central, es hoy ministro de Desregulación y Transformación del Estado.
El descontento con el programa económico no es reciente. Este se ha expresado en tres huelgas generales durante su mandato. Así también, en múltiples movilizaciones y marchas semanales de los jubilados, golpeados por la policía en aras de mantener el orden público. Comparativamente, durante el gobierno anterior presidido por Alberto Fernández, no tuvo lugar ninguna. Al candidato presidencial del peronismo en las elecciones de 2023, Sergio Massa, ministro de Economía de Alberto Fernández, le faltaron apenas 3 puntos para ganar las elecciones en primera vuelta en octubre de 2023, a pesar de su mediocre gobierno. Si Milei llegara a concluir su mandato, no tendría un apoyo semejante.
*Esta nota ha sido publicada por la autora en su columna El Mundo en Foco en Feminismo y Democracia MIRA, Americas.org
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Economista. Consultora en temas de comercio, integración y recursos naturales en la Cepal, Sela y Aladi. Ha sido funcionaria de la Comunidad Andina, asesora en el Mercosur y Agregada Económica de la Embajada de Perú (2010-2015) en Argentina.
-Desde Estados Unidos, Dina Boluarte vuelve a difundir mentiras sobre protestas en su contra y ataca a manifestantes -Adiós a Rafael Vela y José Domingo Pérez y acatar ley de Amnistía serían las primeras acciones de Tomás Gálvez -Filtran audio donde se intimida a testigo contra comandante PNP suspendido, Víctor Zanabria ¡Súmate a la #Buhocomunidad […]
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– Nuevo fiscal Tomás Gálvez echará a Rafael Vela y José Domingo Pérez – Dina Boluarte avergüenza de nuevo a los peruanos en Nueva York – Represión indiscriminada en marchas del sábado y domingo – Conexión regional: Convención minera, rechazan a Acuña, Machu Picchu aún en problemas
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Jaén, Cajamarca – La minería ilegal continúa expandiéndose sin control en las provincias de Jaén y San Ignacio, generando una creciente preocupación por los impactos ambientales y sociales en la región. Así lo advirtió el Ing. Marlon Cotrina Vílchez, responsable de la Pastoral Ecológica del Vicariato Apostólico San Francisco Javier, en una reciente entrevista con […]
Jaén, Cajamarca – La minería ilegal continúa expandiéndose sin control en las provincias de Jaén y San Ignacio, generando una creciente preocupación por los impactos ambientales y sociales en la región. Así lo advirtió el Ing. Marlon Cotrina Vílchez, responsable de la Pastoral Ecológica del Vicariato Apostólico San Francisco Javier, en una reciente entrevista con Radio Marañón.
Durante su intervención, Cotrina señaló que esta actividad ilícita está provocando graves daños ambientales y contaminación en zonas vulnerables, sin una respuesta efectiva por parte de las autoridades.
“La minería ilegal está presente en el río Chinchipe, Marañón y otros afluentes de la región. Las autoridades no están cumpliendo su labor de supervisión”, afirmó Cotrina.
Mineros operan con permisos, pero violan límites legales
Uno de los principales problemas señalados por el ingeniero es el mal uso del REINFO (Registro Integral de Formalización Minera). Este permiso, destinado a facilitar la formalización de mineros artesanales, está siendo utilizado como una fachada para expandir la explotación minera más allá de los límites permitidos.
“Deberían las autoridades supervisar estas acciones, pues los artesanales están operando en espacios no permitidos”, remarcó.
Según Cotrina, no hay control efectivo sobre los mineros registrados en el REINFO, lo que permite que sigan operando en zonas ecológicamente sensibles y sin estudios de impacto ambiental.
Contaminación de ríos y daño ecosistémico
La actividad minera en los ríos Chinchipe y Marañón, entre otros, no solo está alterando el equilibrio ambiental, sino que también pone en riesgo la salud de las comunidades locales que dependen de estas fuentes hídricas.
Organismos de la sociedad civil, como el Vicariato Apostólico, hacen un llamado urgente a las autoridades locales, regionales y nacionales para que cumplan su rol fiscalizador y detengan el avance de la minería ilegal en Cajamarca.
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El presidente de la Comisión de Infraestructura del Consejo Regional de Ayacucho, Cristian Palomino, advirtió sobre un presunto perjuicio generado por empresas que se adjudican licitaciones de obras públicas y que, según señaló, estarían siendo favorecidas en reiterados procesos dentro del Gobierno Regional. Durante su labor de fiscalización en la provincia de Sucre, Palomino denunció […]
El presidente de la Comisión de Infraestructura del Consejo Regional de Ayacucho, Cristian Palomino, advirtió sobre un presunto perjuicio generado por empresas que se adjudican licitaciones de obras públicas y que, según señaló, estarían siendo favorecidas en reiterados procesos dentro del Gobierno Regional.
Durante su labor de fiscalización en la provincia de Sucre, Palomino denunció que el consorcio Ayacucho habría incumplido con los plazos y condiciones contractuales en la construcción de la contingencia del colegio Felipe Guamán Poma de Ayala.
En la región persisten numerosas obras paralizadas, la mayoría detenidas por irregularidades en la adjudicación, falta de supervisión e incumplimientos de las empresas.
Pese a contar con presupuesto aprobado, la obra permanece paralizada y enfrenta observaciones técnicas que, según el consejero, no tienen sustento real. El legislador regional condicionó que las mismas empresas incumplen compromisos adicionales, como ampliaciones de obras y mejoras técnicas, y que a pesar de compromisos asumidos, no se cumplen. Afirmó que desde la Comisión de Infraestructura se está impulsando un proceso de fiscalización “serio y exhaustivo” para determinar responsabilidades y frenar, lo que calificó como un patrón de favorecimiento irregular.
La Contraloría General también ha detectado perjuicios millonarios en proyectos como el canal de irrigación Cochaq-Huayllay y la carretera ARA-117 Coracora-Yauca.
Asimismo, remarcó que el caso de Sucre podría replicarse en otros proyectos, advirtiendo que es urgente mejorar los mecanismos de transparencia en el uso del presupuesto regional. Con este pronunciamiento, el consejero elevó la presión sobre el Ejecutivo regional y llevó al pleno del Consejo a respaldar las acciones de control, con el fin de garantizar que las obras públicas respondan a los intereses de la ciudadanía y no a los beneficios de grupos empresariales reducidos. En los últimos años, distintas obras del GORE han estado bajo cuestionamiento por presunto favoritismo y serias irregularidades en sus procesos de licitación. Uno de los casos más sonados es la carretera Luricocha – Pacchancca, en Huanta, valorizada en más de S/ 160 millones.
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Tingo María fue escenario de una jornada de tensión el sábado 20 de septiembre, cuando alrededor de 200 agricultores de la Cooperativa Agroindustrial Naranjillo ocuparon la planta de procesamiento de cacao y café ubicada en el sector Afilador, actualmente administrada por la empresa Kulkao. Los manifestantes aseguraron que la medida buscaba “recuperar sus bienes” tras […]
Tingo María fue escenario de una jornada de tensión el sábado 20 de septiembre, cuando alrededor de 200 agricultores de la Cooperativa Agroindustrial Naranjillo ocuparon la planta de procesamiento de cacao y café ubicada en el sector Afilador, actualmente administrada por la empresa Kulkao.
Los manifestantes aseguraron que la medida buscaba “recuperar sus bienes” tras más de seis décadas de trabajo colectivo. Según denunciaron los dirigentes, existen presuntas irregularidades en la administración de los activos que alguna vez pertenecieron a la cooperativa.
Tras varias horas de incertidumbre, la fiscal penal provincial de Leoncio Prado, Jasmina Azucena Iparraguirre García, inició un diálogo directo con los agricultores y consiguió que se retiraran de manera pacífica, sin que se registraran daños a la infraestructura ni al personal de la empresa. Ocho personas quedaron detenidas mientras se investigan los hechos.
Una cooperativa con historia
La Cooperativa Naranjillo, fundada hace más de 60 años, fue un pilar en la industrialización y exportación de cacao y café de la selva central. Su crecimiento impulsó la economía de Tingo María y permitió el desarrollo de infraestructura en la ciudad.
Según denunciaron los dirigentes, existen presuntas irregularidades en la administración de los activos que alguna vez pertenecieron a la cooperativa. (Foto: Difusión)
No obstante, problemas financieros y administrativos la llevaron a una crisis que derivó en la pérdida de control sobre sus bienes. Los socios denuncian que, a través de maniobras legales y administrativas, terceros habrían asumido el manejo de su patrimonio. Señalan que Kulkao opera actualmente con maquinaria y activos que consideran parte de la cooperativa.
Investigación en curso
El conflicto se encuentra en manos del Poder Judicial y de la Fiscalía, donde existen procesos abiertos por presunta organización criminal, mal manejo de fondos y deudas con entidades como Agrobanco. Mientras no se resuelva la situación, los agricultores aseguran que continuarán defendiendo lo que consideran suyo.
Un conflicto que puede escalar
La protesta del sábado podría ser apenas un primer paso. Los dirigentes advierten que miles de socios en Huánuco y San Martín respaldan la causa y podrían movilizarse si el conflicto no encuentra una solución.
La cooperativa que en la década de 1980 convirtió a Tingo María en un referente del cacao de exportación atraviesa ahora una de sus mayores crisis. Entre disputas legales, reclamos de los socios y el futuro incierto de su patrimonio productivo, la historia de Naranjillo refleja las tensiones entre la tradición cooperativa y los nuevos actores empresariales en la región.
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El premier Eduardo Arana fue consultado sobre el presupuesto del Gobierno Regional de Ica y el financiamiento de 13 obras consideradas urgentes para 2026. Frente a la advertencia de un posible recorte de S/150 millones, de los cuales S/80 millones corresponden a obras por impuestos prioritarias, incluido el reforzamiento de ríos vulnerables, Arana no ofreció […]
El premier Eduardo Arana fue consultado sobre el presupuesto del Gobierno Regional de Ica y el financiamiento de 13 obras consideradas urgentes para 2026. Frente a la advertencia de un posible recorte de S/150 millones, de los cuales S/80 millones corresponden a obras por impuestos prioritarias, incluido el reforzamiento de ríos vulnerables, Arana no ofreció cifras ni plazos concretos.
Su respuesta fue tanto escueta: «Lo estamos coordinando con el Ministerio de Economía y Finanzas, vamos a darle solución y atender las necesidades y darle la prioridad a aquello que realmente sea prioritario». Antes había explicado que los presupuestos se proyectan según la recaudación del próximo año y aseguró que todas las obras con expedientes técnicos viables serán incorporadas, aunque estén paralizadas.
El Gobierno Regional de Ica se encuentra entre los primeros a nivel nacional en ejecución presupuestal y cumplimiento de metas, pero no dejó claro sobre los recursos destinados a estas 13 obras críticas pese a que se viene gestionando ante el gobierno sin respuesta concreta alguna.
Existe un oficio del Gobierno Regional de Ica dirigido al ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes Espejo, solicitando la transferencia de S/78,879,239.20 para garantizar la continuidad de los 13 proyectos. El documento incluye cronogramas de ejecución actualizados y sugiere derivación a la Dirección General de Presupuesto Público para su aprobación.
Los proyectos se distribuyen así:
Unidad Ejecutora 001 – Sede Central: 7 proyectos de vivienda, 2 de salud y 1 de educación, total S/53,515,904.49, incluyendo pistas y veredas en San Francisco de Chipiona, mejoras en los establecimientos de salud Tupac Amaru y Apoyo de Palpa, y ampliación de la I.E. N° 22443 José Gabriel Aguilar.
Unidad Ejecutora 002 – PETACC: 1 proyecto por S/20,611,587.45, centrado en control de desbordes e inundaciones en el Río Ica y quebradas Cansas/Chanchajalla.
Unidad Ejecutora 100 – Agricultura: 2 proyectos por S/4,751,747.26, para reconstrucción y rehabilitación de regulación hídrica en las cuencas altas de ríos como Yauca, Tinque y Santa Cruz.
El oficio, fue firmado por el gobernador regional Jorge Hurtado Herrera con informes del gerente de Planeamiento, Guillermo Miranda Huamán. Aunque el gobierno promueve la ejecución de presupuestos en lo Gobierno Regionales y Municipalidades, anuncia recortes sin garantizar financiamientos y al contrario se espera que las autoridades vayan a palacio a tocarles la puerta.
Lea la nota original aquí o visita el medio LA LUPA
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La ciudadana Milagros Samillán, testigo presencial de las protestas contra la reforma de las AFP en Lima, desde Puno, denunció la brutal represión policial donde los agentes actuaron sin control, persiguiendo manifestantes y ciudadanos incluso al interior de centros comerciales y servicios públicos. Samillán, asistente a las protestas, reporta una agresión policial sin precedentes en […]
La ciudadana Milagros Samillán, testigo presencial de las protestas contra la reforma de las AFP en Lima, desde Puno, denunció la brutal represión policial donde los agentes actuaron sin control, persiguiendo manifestantes y ciudadanos incluso al interior de centros comerciales y servicios públicos.
Samillán, asistente a las protestas, reporta una agresión policial sin precedentes en Lima; ella describe una represión violenta donde la policía actuó sin control durante las movilizaciones contra la reforma, situación que fue calificada por ella como una verdadera masacre.
La policía de la capital persiguió a los jóvenes manifestantes como si fueran criminales comunes en las calles. Samillán declaró haber visto cómo los agentes actuaban con furia, indicando que parecían tener la orden de golpear sin piedad, calificando su conducta como la de gente drogada.
La unidad especial Los Halcones ingresó violentamente al concurrido centro comercial Real Plaza de la capital. Ellos irrumpieron buscando y deteniendo arbitrariamente a cualquier persona en el lugar. Esta acción afectó a familias y jóvenes paseantes.
Agentes ingresan a servicios y tiendas sin autorización
Los efectivos entraron a servicios higiénicos y tiendas, revisando pertenencias sin autorización legal correspondiente. Samillán relata cómo golpearon a quienes vitoreaban frases contra el gobierno. Incluso golpearon a personas que no participaban en las protestas.
La informante menciona que ni las mujeres ni las personas mayores fueron respetadas por los agentes, ya que también recibieron golpes y gases lacrimógenos por el solo hecho de caminar en las calles. También fueron agredidos periodistas presentes.
Los manifestantes fueron perseguidos intensamente por todo el centro histórico de Lima durante horas prolongadas. Milagros Samillán compara la situación con una guerra sin lugar seguro donde resguardarse. La huida se extendió hasta altas horas de la noche.
Policía amenaza constantemente a ciudadanos y periodistas
La testigo afirma que la policía amenazaba de forma constante a los ciudadanos presentes en la zona, ya que los agentes intimidaban a quienes se atrevían a grabarlos o permanecían observando la situación.
Milagros Samillán sostiene que estas acciones significaron una violación flagrante a los derechos fundamentales ciudadanos. La joven participante expresa su lamento por la detención de muchos ciudadanos inocentes, indicando que nunca había presenciado tanta agresividad policial.
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Las protestas del último fin de semana, protagonizadas por jóvenes, integrantes de la «Generación Z» y organizaciones ciudadanas, ocuparon titulares en la prensa internacional. Medios de Europa, Latinoamérica y Asia destacaron la participación juvenil y la desmedida represión policial. En algunos casos, incluso se vinculó lo ocurrido con las recientes manifestaciones en Nepal, donde la llamada «Generación Z» derrocó a su gobierno tras incendiar el palacio parlamentario.
Editora audiovisual. Ha trabajado como productora, locutora y redactora digital en medios de comunicación. Realizó su formación profesional en la Universidad Nacional de San Agustín. Sus áreas de interés incluyen la cultura y la promoción de los derechos humanos.
«Como Gobierno Regional nos corresponde monitorear de que haya una responsabilidad social, empresarial y con inversiones para garantizar el bienestar de la población», indicó el gobernador de Arequipa.
Tras la inauguración de la convención minera Perumin 37, el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, aseguró que la empresa Southern Perú cuenta con todos las autorizaciones para ejecutar la construcción del proyecto cuprífero Tía María, en la provincia de Islay.
«El proyecto Tía María es un tema de la empresa, ya no depende del Estado y menos del Gobierno Regional, es un tema de la empresa porque ya tiene todas las autorizaciones. Como trabaje y cuándo inicie sus actividades es un tema de la empresa»
Gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez.
Esta reciente declaración, reafirmaría lo anteriormente mencionado por Sánchez, de que el proyecto se desarrollaría en octubre de este año. Esto, en vista de que Southern ya tendría todos los permisos correspondientes.
«El Estado cumplió sus funciones y dio el marco de autorizaciones de las certificaciones y como Gobierno Regional nos corresponde monitorear de que haya una responsabilidad social, empresarial y con inversiones para garantizar el bienestar de la población»
En caso Southern haya obtenido las autoridades debidas, está en duda si se resolvió la licencia social de la población del Valle de Tambo, zona de impacto. Cabe precisar que existen opositores a la realización de Tía María, quienes hoy anunciaron una marcha contra Southern, alegando no tener dicha licencia, pero terminó suspendiéndose.
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Tomás Gálvez es el nuevo fiscal de la Nación interino, en aplicación de la norma que regula la sucesión en el cargo en la Junta de Fiscales Supremos. Según fuentes cercanas a la Fiscalía, Gálvez Villegas, asumió el puesto por antigüedad luego de que los fiscales Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos declinaran al cargo.
Como se recuerda, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) suspendió por seis meses a Delia Espinoza y la reemplazó este domingo, Pablo Sánchez, para conducir la sesión de «transferencia» de este lunes.
La decisión se tomó en la sesión extraordinaria de la Junta de Fiscales Supremos, este 22 de septiembre, y que se inició a las 09:00 horas, con el objeto de evaluar la permanencia de Pablo Sánchez en el referido cargo.
Gálvez será el titular del Ministerio Público mientras dura la suspensión de Espinoza Valenzuela, pero el plazo podría extenderse si la JNJ dispone hacerlo.
Como se informó, en abril del 2021, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) destituyó por unanimidad a Tomás Gálvez como fiscal supremo al considerar que incurrió en falta muy grave vinculada al caso de los ‘Cuellos Blancos del Puerto’ y a llamadas con el prófugo exjuez supremo César Hinostroza.
Luego, a finales de abril de este año, el Tribunal Constitucional (TC) anuló la resolución de destitución de la JNJ y ordenó su reposición en el mismo cargo, desde cuando retornó al Ministerio Público como fiscal supremo titular.
En estos años, Tomás Gálvez fundó el partido Peruanos Unidos ¡Somos Libres!, una de las 43 agrupaciones que participará en las Elecciones 2026. E incluso antes de su reincorporación a la Fiscalía, Gálvez Villegas anunció su intención de postular. Pero actualmente está alejado de la agrupación para volver a ejercer como fiscal supremo.
También se sabe que, Gálvez presentó una denuncia constitucional contra la entonces fiscal de la Nación, Delia Espinoza, en agosto de este año, por haber tratado de impedir su regreso al Ministerio Público.
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Susel Paredes nos habla de lo bueno y lo malo de Arequipa, entre memorias y afectos que sorprenden. Escúchala en #ElRegreso: https://youtu.be/2V5dyExDnkI y suscríbete.
Productora del programa Pico a Pico de El Búho. Estudió en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Se especializa en producción audiovisual, locución y creación de contenido para redes sociales.
Para Sixto Liñán, representante de la Asociación Peruana de Empresarios en Turismo, Lima concentra todos los recursos generados por el turismo en Machu Picchu.
Criticó además la gestión de las autoridades, que —según afirmó— toman decisiones desde sus oficinas, sin conocer la realidad ni los problemas que enfrenta el distrito de Machu Picchu, en Cusco.
Mira el programa completo en https://www.youtube.com/watch?v=wY8pBajKTw8
Editora audiovisual. Ha trabajado como productora, locutora y redactora digital en medios de comunicación. Realizó su formación profesional en la Universidad Nacional de San Agustín. Sus áreas de interés incluyen la cultura y la promoción de los derechos humanos.
La presidenta de la Asociación de Agencias de Turismo del Cusco, Elena González, afirmó que, debido al deficiente manejo de la plataforma de venta de boletos a Machu Picchu, algunas agencias de viajes los bloquean sin concretar su venta, perjudicando a otros turistas que intentan comprarlos.
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La ciudad de Arequipa recibe desde hoy y hasta el 26 de septiembre la 37° edición de Perumin, Convención Minera, posicionándose como el punto de encuentro más relevante para la industria a nivel internacional. El evento, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), se lleva a cabo en el Centro de Convenciones de Cerro Juli, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.
La convención anticipa la asistencia de más de 65 mil 500 personas, congregando a inversionistas, especialistas, empresarios y autoridades. De acuerdo con los organizadores, este magno evento generará un impacto económico estimado superior a los 100 millones de soles para la región de Arequipa, dinamizando sectores clave como la hotelería, la gastronomía y el transporte, además de crear aproximadamente 8,000 empleos temporales.
Innovación en Perumin 37 de Arequipa
El Campo Ferial de Cerro Juli, con una extensión que supera las 14 hectáreas, alberga esta edición que presenta notables innovaciones. La infraestructura incluye seis pabellones de exhibición y más de 1 200 stands, ocupando un área de 29 mil metros cuadrados. Una de las novedades principales es la habilitación de un nuevo patio de maniobras, donde empresas líderes como Power, Maqui Perú y Sany Group realizarán demostraciones en vivo de maquinaria de distintos tamaños.
La participación internacional marca un hito, con la presencia de 740 organizaciones y 16 países representados en el Pabellón Internacional de EXTEMIN. Delegaciones de naciones como Australia, Canadá, China y Alemania, entre otras, forman parte de este ecosistema dedicado a la transferencia tecnológica y el conocimiento.
Jimena Sologuren, presidenta de Perumin 37, enfatizó la relevancia del evento en el contexto actual del país. “Durante estos días, el Perú se convierte en la capital minera del mundo. Y lo hace en un momento crucial, marcado por los desafíos económicos que enfrentamos y por un próximo proceso electoral que exige visión y responsabilidad”, señaló.
Conversatorios
El programa académico y de debate es uno de los pilares del evento. Destacan la Cumbre Minera, el Foro de Tecnología, Innovación y Sostenibilidad (TIS), que este año registra un récord de más de 630 trabajos técnicos postulantes, y espacios dedicados a la transición energética, la gestión del agua y la equidad.
Bajo un estricto plan de seguridad, Perumin 37 se desarrolla como una plataforma integral. Su lema, “Juntos por más oportunidades y bienestar para todos”, refleja el objetivo de dialogar sobre el rol de la minería como motor de un desarrollo sostenible para el Perú.
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En el Perú, la seguridad es para quien puede pagarla. Entre el 2018 y julio de 2025, Southern mantiene contratos por servicios policiales para resguardar sus unidades Toquepala en Tacna, Cuajone de Moquegua, y sus proyectos Tía María en Arequipa y Los Chancas en Apurímac. Al finalizar los convenios, fuera de posibles ampliaciones, pagará en total S/ 19 millones. El Ministerio del Interior brinda servicios particulares a empresas mineras en todo el país, contradiciendo lo dispuesto por el TC. Además, pone en entredicho su neutralidad cuando interviene en conflictos entre las comunidades y mineras.
El suboficial Leandro Marcial Flores Cahuana no perdió su vida en una balacera persiguiendo delincuentes. Ni en ningún operativo salvando a un ciudadano del peligro. La perdió dando seguridad a una empresa privada en la región peruana de Arequipa. El 8 de octubre del 2024, mientras realizaba un patrullaje por las inmediaciones del proyecto minero Tía María, propiedad de Southern Copper Corporation (SCC), la camioneta en que se movilizaba junto a otro efectivo y un miembro de seguridad privada, se desbarrancó casi 100 metros por una densa neblina.
Flores murió y sus otros dos acompañantes quedaron heridos. Entre ellos el suboficial de primera Dember Wilmer Medina Márquez. Horas después del accidente, la transnacional emitió un comunicado en su cuenta oficial de Facebook, que finalizaba extendiendo las condolencias a la familia y amigos por el efectivo perdido. El cuerpo de Flores fue enterrado tres días después en la ciudad de Arequipa.
Según ley, a solicitud de privados, como mineras, miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) pueden brindarles servicios especiales de seguridad, previa publicación de una resolución del Ministerio del Interior (Mininter) y la suscripción del convenio. Este beneficio, que tiene la oposición de pobladores de comunidades en conflicto con actividades extractivas, está regulado en la actualidad por el Decreto Legislativo 1267, vigente desde el 2017, aunque estos documentos se suscriben desde hace 30 años. El decreto estipula que solo los efectivos que se encuentren de vacaciones, permiso o franco, pueden realizar esta labor.
En ese marco legal, Flores y Medina justamente cuidaban los terrenos de Tía María. Para un grupo de efectivos, estos acuerdos se convierten en una oportunidad para recibir un pago adicional a su remuneración habitual. El último convenio que firmó Southern con la Policía por Tía María es la Resolución Ministerial N°0087-2021-IN de febrero del 2021, por dos años. Cuando venció el plazo, las partes firmaron una primera adenda en mayo del 2023 para extender dos años más el pacto, hasta el 2025.
Pagos millonarios
El Decreto Supremo N°152-2017-EF dispone pagar S/ 13.23 a cada efectivo y por cada hora. La empresa debe abonar la suma final en la cuenta corriente de la Dirección de Economía y Finanzas de la PNP dentro de los cinco días al mes siguiente del que se brindó el servicio policial. Luego, es la PNP la que realizará el pago a cada guardia. Si trabaja 8 horas por día, entonces recibirá S/ 105.84 por dicha jornada, por ejemplo. El monto mensual es indistinto a los días y horas trabajadas por cada agente. Además, debe contratárseles un seguro en caso de muerte, invalidez o lesiones.
Pero los guardias no son los únicos que se benefician. También lo hace directamente su institución, la PNP. La minera o empresa debe además retribuir S/ 10.54 por cada hora ante los gastos que incurra cada efectivo policial. Principalmente, por uso del uniforme y arma. Antes del 2020 se pagaba S/ 15.35, pero la cifra fue reducida por un informe de la División de Supervisión, Evaluación de Estrategias y Planes Institucionales de la Sub Comandancia General. El dinero debe abonarse a la Policía en el mismo plazo que el de para los agentes.
En el caso concreto de Tía María, un proyecto en conflicto social por cerca de 16 años, Southern pagó S/ 4 millones 173 mil al Mininter por resguardo policial entre febrero del 2021 a mayo del 2025. Quince policías diariamente, de lunes a domingo, incluido feriados, se reparten en dos turnos para vigilar las garitas del campamento y de la carretera Panamericana Sur, además de realizar rondas. Como lo hacía recientemente Flores hasta que falleció.
“No tengo nada que ver con los convenios. Mi función es operacional”, contestó el jefe de la Región Policial Arequipa, general Olger Benavides Ponce, consultado por el convenio con Southern. Tampoco le preocupa que un contingente policial provea seguridad a la transnacional mexicana afectando la neutralidad de su institución. “Están de franco”, justificó y cortó la entrevista.
No es el único negocio minero de la transnacional mexicana en Perú con seguridad policial. Southern mantiene vigentes cuatro convenios de cooperación interinstitucional con la PNP desde el 2018. Además de con Tía María, hay acuerdos con la explotación de las minas de Toquepala en Tacna y Cuajone en Moquegua, además de su proyecto Los Chancas en la región Apurímac. La minera empleó entre 53 a 61 policías diariamente para resguardar sus unidades en operación y proyectos en curso. Grupo que bien podría apoyar en hacer frente a la ola de criminalidad que ahoga al país. Más aún porque en diciembre 2024, el Congreso aprobó la Ley N°32197 que contempla que policías de forma voluntaria realicen patrullaje o fiscalización remunerados en sus vacaciones o días de franco por el Estado.
En los últimos siete años, hasta agosto del 2025, la transnacional pagó más de S/ 16 millones por los servicios extraordinarios de los efectivos policiales, según el cálculo a los cuatro convenios y sus respectivas adendas. Se solicitó a la PNP todos los pagos que hizo Southern para mayor precisión, pero la institución negó la información. Cuando culmine la vigencia de cada uno de los convenios, fuera de más ampliaciones, Southern abonará en total S/ 19.6 millones a las cuentas del Ministerio del Interior (Mininter).
El convenio más antiguo es la que se aprobó con la Resolución Ministerial N°0695-2018-IN para Los Chancas, un proyecto de cobre y molibdeno en el que la transnacional ha tenido problemas para llevarlo adelante. La compañía tiene mineros ilegales dentro de su concesión. Se firmó el convenio y tres adendas por 8 años. Southern va pagando S/ 8 millones 025 mil por ellos. En el caso de su mina de cobre Toquepala hay registro de dos adendas que contemplan 6 años de vigencia, desde el 2020 al 2026. El desembolsó es de S/ 3 millones 450 mil. Mientras que por Cuajone se pagó la suma de más de S/ 1 millón 243 mil a julio 2025.
“Qué pasa si la Policía tiene convenio con una empresa que contamina. ¿A quién hace caso? ¿Al ciudadano que denuncia y que con sus impuestos le paga su sueldo, o a la empresa minera que le paga sus días de franco? Ahí hay un conflicto”, reflexiona Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado de Instituto de Defensa Legal (IDL). Añade que donde hay conflictos sociales no debería haber convenios, porque se transmite la imagen de una policía parcializada.
El abogado enumera tres detenciones arbitrarias de la Policía, cuando mantenían convenios, para demostrarlo. El del padre Marco Arana, en medio del conflicto por el proyecto Conga de Yanacocha (Buenaventura, Newmont Mining) en Cajamarca durante el 2012; la de la canadiense Jennifer Moore por emitir un documental en Cusco contra las actividades de Hudbay en 2017; y de integrantes de la Vicaría de Solidaridad deSicuani por el conflicto de comuneros con Xstrata Tintaya, también en Cusco. Todas las detenciones fueron desestimadas finalmente por un juez. “Estos casos acreditan que hay un problema con la independencia de la Policía en el contexto del conflicto social”, puntualizó.
En el informe “Convenios entre la Policía Nacional y las empresas extractivas del Perú” se identificó 138 convenios firmados entre los años 1995 a 2018. Por ellos, la Policía recibió S/ 45 millones 538 mil entre 2010 y 2018, señala el documento elaborado por IDL, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y EarthRigths International.
Las reglas del TC
En abril del 2019, el Colegio de Abogados de San Martín (CASM) interpuso una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC). Específicamente, contra el DL 1267. Puntualmente el decreto estipula que la PNP puede “atender la seguridad externa de instalaciones estratégicas vinculadas con la explotación o transporte de recursos naturales”. Entre varias de las razones que la orden profesional esgrimió está que: se desnaturaliza la función policial, se configura una discriminación económica, el servicio es privatizado al ponerlo al servicio de intereses particulares y que en un contexto de conflicto social se afecta la neutralidad policial al contar con financiamiento corporativo.
El TC declaró improcedente la demanda en agosto 2020, pero con reglas. Sostuvo que el deber de protección de la PNP no se menoscaba ni hay una discriminación económica, porque no existe reducción de personal al emplearse agentes en franco, vacaciones o en permiso. Tampoco admitió que se desnaturaliza la función policial debido a que los hombres del orden siguen actuando bajo la normativa institucional. Aun así, en sus fundamentos se reconoce que cuando se desatan conflictos sociales se podría desnaturalizar el uso de estos servicios. Y es que, cuando estallan conflictos, es la PNP la encargada de intervenir. Incluso el Tribunal insta a la institución a tomar medidas para evitar alguna eventual parcialización con el beneficiado.
Pero la parte más reveladora es la que establece cuándo la PNP está facultada a firmar un convenio con una minera. El TC argumenta que cuando una empresa acredite desprotección al no conseguir seguridad privada, por lejanía o por no haber empresas de seguridad, recién la institución podrá brindarle cuidado. Finaliza señalando: “… al examinar solicitudes de esta clase de entidades, deben examinar si es que previamente ellas efectuaron todas las diligencias posibles para obtener servicios de protección y resguardo por parte del sector privado. Esto deberá ser acreditado por la entidad que requiere los servicios, las cuales también deberán exponer sobre la existencia de una situación de riesgo concreto”.
Abogados representantes de la CASM, entre ellos Ruiz Molleda, pidieron aclarar este punto y considerar en el fallo como regla para que la PNP las cumpla. Los magistrados consideraron que esto no era necesario por ser parte relevante de la decisión principal. “Se desprende que son criterios que deben ser observados tanto por la PNP como por las entidades solicitantes de la prestación de Servicios Policiales Extraordinarios”, concluyó.
“Hay 900 empresas de seguridad privada que pueden dar ese servicio. Porque tiene que contratarse a la Policía”, cuestionó Ruiz Molleda. Sobre el convenio de Southern y la PNP por su proyecto Tía María, señala que la empresa debe demostrar que intentaron contratar seguridad privada pero que fue rechazado. “¿Tú crees que alguna empresa privada les va a decir que no por esos montos?”, preguntó. Caso contrario, el convenio debería ser anulado.
Liderman y Southern
La empresa contratista que da seguridad al proyecto minero Tía María, es J & V Resguardo SAC, que tiene como nombre comercial Liderman. Southern confirmó esto en el mismo comunicado en que dio a conocer la muerte del suboficial Flores Cahuana. Javier Villarroel Palo, supervisor de la empresa Liderman, fue uno de los heridos en el accidente (Véase cmunicado al inicio de la nota). Él mismo conducía la camioneta que cayó al barranco. No solo el proyecto Tía María tiene resguardo policial sino también privado, pese a que el TC ordenó a la PNP suscribir convenios siempre y cuando la empresa demuestra desamparo en cuanto a seguridad.
J&V Resguardo S.A.C. es una de sus subsidiarias de Azzaro Trading S.A., un holding (gran empresa con la mayoría de acciones de otras empresas) que nació en la Islas Vírgenes Británicas y que se nacionalizó en 2014. Ofrece “vigilancia, guardianía, supervisión y seguridad tanto a las personas como a las instalaciones industriales, comerciales, de bienes muebles e inmuebles” desde 1989. Dicha empresa cuenta con 26 resoluciones emitidas entre el 2023 y 2024 por la Sucamec para brindar estos servicios en sus 20 sucursales a lo largo de todo el país. En Arequipa lo hace mediante la resolución N° 00895-2023/GSSP.
Para el abogado Ruiz Molleda estos convenios deben ser revisados. «Aquí hay un tema de discriminación. Tienes plata, contratas a la Policía. Si no tienes plata, no tienes protección, es más, ese derecho se afecta”, sostuvo.
Tía María, un conflicto latente
La Defensoría del Pueblo, desde el 2009, tiene registrado como conflicto socioambiental la oposición de los pobladores del valle de Tambo (Islay, Arequipa) a la ejecución del proyecto Tía María por temor a daños ambientales. Durante buena parte de ese tiempo, Southern ha mantenido convenios con la Policía. Un año antes del 2011, periodo en que murieron los primeros tres pobladores por disparos de bala, estaba vigente el convenio de diciembre 2010.
POBLADORES DE COCACHACRA SE ENFRENTAN A LA POLICIA.
FOTO: HEINER APARICIO
LUGAR: COCACHACRA
“Hay mucha desconfianza con la Policía. Estamos seguros que apoya a la empresa minera Southern”, sostiene Miguel Meza, uno de los voceros del valle de Tambo, una zona agrícola con 14 mil hectáreas de cultivo. La intensidad de sus protestas siempre fue escalada. En 2011 fue así y ni qué decir del 2015. Empezaban con marchas, que se convertían en paros y bloqueos, hasta que la olla de presión estallaba. En ese año, el conflicto costó la vida de seis ciudadanos y un efectivo policial.
El 2025, lo que ocurre parece un calco. Con el anuncio de iniciar la construcción del complejo minero por parte de Oscar González Rocha, director ejecutivo de Southern, los pobladores acataron un paro indefinido entre febrero y marzo. Por la medida, sus dirigentes ya tienen investigaciones fiscales abiertas por bloquear carreteras. “La verdad no me parece neutral (la actitud de la Policía) … Lamentablemente la lucha esta criminalizada, a la Policía no le es difícil hacer un acta y pasarla a la Fiscalía para que nos investiguen”, aseguró Meza.
Por estos días, tanto el gobierno como el propio gobernador Rohel Sánchez ha asegurado que en octubre iniciará la construcción de Tía María. Esto podría reactivar, una vez más, la protesta. Meza finalizó asegurando que no pararán de reclamar con movilizaciones hasta que Southern finalmente se vaya.
DATO
Por la muerte del suboficial, el congresista Jaime Quito Sarmiento presentó un proyecto de ley N° 9272 para modificar el DL N°1267 en octubre del 2024. Busca modificar la norma y que no esté permitido dar servicio policial a empresas dedicadas a la exploración, explotación o de transporte de recursos naturales. Sin embargo, la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas del Congreso la tiene encarpetada desde hace un año. Sobre la propuesta el Ministerio del Interior fue la única entidad en opinar sobre la propuesta de Quito y concluir que no es viable.
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Elmer Mamani Quispe, egresado de la Universidad Nacional de San Agustín, es periodista de investigación con más de 10 años de experiencia, habiendo laborado en los medios La República y El Búho, principalmente. También practica la cronica y la entrevista como géneros periodísticos.
