AGENDA REGIONAL | Las viudas de los cuatro líderes indígenas de la comunidad Alto Tamaya Saweto, asesinados en 2014, lucharon durante 11 años para lograr una sentencia firme contra los responsables. Según el abogado Felipe Tapia Ninaja, el Poder Judicial debería establecer un plazo razonable para resolver casos tan graves como este.
Mira el programa completo en https://www.youtube.com/watch?v=dLCC9EsB3LM
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Las Comisiones Ordinarias del Congreso quedaron conformadas y algunos de los nuevos titulares de estos grupos de trabajo han generado algo de sorpresa, pero sobre todo cuestionamientos. Pues, contradictoriamente, tienen intereses lejanos a los objetivos sociales asignados a las comisiones. Algunos tienen procesos judiciales o investigaciones fiscales, o han cometido presuntas irregularidades. Otros no cuentan con estudios o los que tienen, no son afines al “sector” sobre el que trabajarán.
Esto, pese a que, en el Reglamento del Congreso, en su Artículo 34 referido a las Comisiones Ordinarias o grupos de trabajo especializados de congresistas, se señala que “en la conformación de las Comisiones se procura aplicar los principios de pluralidad, proporcionalidad y especialidad en la materia”.
Y como ocurrió con el “reparto” de las comisiones para las bancadas, las designaciones de quienes ahora son sus directivos también fueron «negociadas», ya que no se debatió ni hubo objeciones y fueron aprobadas “por unanimidad”, sin importar trayectorias ni antecedentes. Así quedaron conformadas las principales.
La elección de las mesas directivas de las comisiones ordinarias se inició el lunes 11 de agosto y culminó este viernes 22, con la elección del vicepresidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Aquí explicamos cómo quedaron integradas las más importantes y quiénes las conducen para tener más claro el rumbo que tendrán las decisiones. Información para ver si son idóneas sus directivas.
Comisión de Constitución y Reglamento
Su presidente es el congresista Arturo Alegríade Fuerza Popular, elegido por unanimidad. Toma la posta que dejó Fernando Rospigliosi. La principal tarea que se ha planteado este grupo es llevar a cabo el debate y aprobación de los reglamentos del Senado y la Cámara de Diputados.
Alegría García no cuenta con título universitario. Solo tiene estudios inconclusos en Ingeniería de Sistemas y en Marketing, de acuerdo con la hoja de vida que presentó al postular al Congreso. Pero ahora preside la comisión que ha hecho más de 50 cambios a la Constitución como si fuera una Constituyente.
Arturo Alegría
Lo acompañarán en la mesa directiva, Luis Aragón Carreño, de Acción Popular, como vicepresidente, y Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu, de Alianza Para el Progreso, como secretario. Además, la integran 29 congresistas, quienes sesionarán los martes a las 10:00 a. m.
En esta comisión se eligió a la también congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez Gallegos, como presidenta de la Subcomisión de Control Político que integrarán 17 miembros.
Comisiones de Fiscalización y Ética
Elvis Vergara, el congresista de Acción Popular, tiene una denuncia constitucional por el caso Los Niños y, no solo dirigirá la comisión de Fiscalización, sino que también presidirá la de Ética. Según declaró el mismo, porque “nadie quiso aceptar ese último cargo”. Ahora se centran en él dos comisiones que han sido muy influyentes en este Congreso.
Si en un inicio, desde su propia bancada y su partido, se opusieron sus colegas y correligionarios, al momento, no se ha conocido una acción concreta para cambiarlo. Silvia Monteza también de AP, aseguró que su designación para presidir Ética no se consultó y por eso pidió que intervenga el presidente del partido, pero más allá de un comunicado del partido, no hay nada oficial.
La denuncia que tiene Vergara Mendoza de la Fiscalía de la Nación es por presuntamente integrar una organización criminal. El legislador habría negociado votos en el Parlamento para direccionar licitaciones y contrataciones públicas en los ministerios de Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Construcción y Saneamiento y Producción; así como en la Superintendencia Nacional de Migraciones, la Policía Nacional del Perú y la Empresa Nacional de Puertos con el expresidente Pedro Castillo.
Lo acompañarán en la mesa directiva de Fiscalización, los parlamentarios Carlos Zeballos Madariaga (BDP) como vicepresidente, y Juan Burgos Oliveros (PP), como secretario y quien fuera presidente de esta. Y si bien en un inicio dijo que no aceptaría, al momento, figura en la lista oficial. La comisión acordó sesionar los lunes a las 11:00 a. m.
En la comisión de Ética, lo acompañan en la mesa directiva Alex Paredez Gonzales (SP) en la vicepresidencia y Pasión Dávila Atanacio (JP – VP -BM, con el cupo de BDP) como secretario. La comisión sesionará los lunes a las 15:00 horas.
Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República
El expresidente del Congreso (2023–2024), Alejandro Soto Reyes (Alianza Para el Progreso), dirigirá la Comisión de Presupuesto. Estarán también en la mesa directiva, los legisladores Raúl Doroteo (Acción Popular) como vicepresidente y Eduardo Castillo Rivas (Fuerza Popular) como secretario.
Alejandro Soto
Soto Reyes es uno de los 14 parlamentarios investigados por la presunta red criminal que habría liderado la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. Se le atribuye, a nivel preliminar, dos delitos: cohecho pasivo impropio y cohecho activo específico, por supuestamente aceptar someter a debate en el pleno una moción contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ), a cambio o “ventaja” de que Benavides archive una investigación que seguía en su contra.
Además, en su gestión como presidente del Legislativo, se blindó a congresistas acusados de “mochasueldo”, como Magaly Ruiz y Edgar Tello, y se redujo el nivel de transparencia.
Comisión de Vivienda y Construcción
La congresista María Acuña Peralta (Alianza para el Progreso) es la nueva presidenta de esta comisión. Tuvo un desempeño cuestionable en varios casos, como presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, porque el grupo de trabajo rechazó las denuncias de la Fiscalía de la Nación contra la presidenta Dina Boluarte y otros altos funcionarios.
Además nunca debió ejercer el cargo de presidenta de esa subcomisión, porque según el Reglamento del Congreso, los congresistas están prohibidos de integrar, entre otros, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales “cuando se encuentre comprendidos en procesos penales”. Y María Acuña, hermana del líder de su partido, César Acuña, tiene un proceso penal abierto por presunto fraude procesal y denuncia calumniosa.
María Acuña
Pero lo más grave son las denuncias que tiene de invasora, por ocupar espacios públicos en Lima y Chiclayo, lo que ella niega. En su gestión le tocaría ver y decidir sobre nirmas que tienen que er n estos delitos.
Además, según El Comercio, Acuña realizó trámites para obtener una concesión minera en Lambayeque, a pesar de que la Ley General de Minería prohíbe a los legisladores dedicarse a esta actividad mientras ejercen el cargo.
Pero al Congreso no parece importarle y ahora es presidenta de la Comisión de Vivienda, en la que Acuña está acompañada por Guido Bellido (Podemos Perú) como vicepresidente y Américo Gonza (Perú Libre) como secretario. Han decidido realizar sus sesiones ordinarias los días martes desde las tres de la tarde.
Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera
Víctor Flores (Fuerza Popular) es el presidente de la Comisión de Economía, cargo que asume en medio de cuestionamientos por un posible conflicto de interés, porque como El Comercio reveló, mientras debatía y votaba a favor de ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), no informó que sus empresas poseen concesiones en zonas donde operan mineros informales.
Como se informó, tanto en el 2021 como en el 2023, el legislador fujimorista respaldó la ampliación del Reinfo, que desde que se creó, ha permitido que la minería informal e ilegal continúe operando. En 2025, volvió a votar a favor de la ampliación y exigió al Gobierno «un acompañamiento más activo a los 35 mil mineros ilegales excluidos del Reinfo». El año pasado, Víctor Flores estuvo en una indagación fiscal contra una presunta organización de minería ilegal en La Libertad, pero no hay una acusación formal.
Y justamente en la comisión que ahora preside está en espera el proyecto de ley que autorizaría al Banco Central de Reserva, comprar oro a la pequeña minería y minería artesanal, que a decir de los especialistas abriría la puerta a la comercialización de oro ilegal.
La mesa directiva la completan los congresistas Ana Zegarra Saboya (SP) y Elvis Vergara Mendoza (AP), como vicepresidenta y secretario, respectivamente. La comisión acordó sesionar los miércoles a las 10:00 horas.
Comisión de Salud y Población
La congresista Magaly Ruiz, de Alianza para el Progreso, habría exigido recortes de sueldo a trabajadores de su despacho, por lo que tiene una denuncia constitucional que presentó la Fiscalía de la Nación en abril de 2024 por los presuntos delitos de concusión y colusión. Pese a que sería “mochasueldos”, cuenta con el respaldo de su partido.
Como se recuerda en marzo del 2023, “Punto final” reveló el testimonio Carlos Marina, extrabajador parlamentario quien denunció que abonaba S/1.500 mensuales de su salario para la congresista quien manifestaba estar “endeudada hasta el cuello” por los gastos hechos en la campaña que la llevó al hemiciclo.
Magaly Ruiz
La Comisión de Ética de entonces, que integraban congresistas con denuncias similares, no la suspendió y le redujo la sanción a una multa equivalente a 30 días de remuneración. pese a lo grave de las imputaciones.
Ruiz Rodríguez, aseguró en el 2023 que la denuncia en su contra venía de “dichos improbados”. Pero la fiscalía tiene testimonios y grabaciones que refieren que no solo recortó los sueldos, sino que intentó influir en las declaraciones de otra extrabajadora ante el Ministerio Público.
Integran este grupo de trabajo, la legisladora Kelly Portalatino Ávalos (Perú Libre) como vicepresidente y Luis Picón Quedo (Podemos Perú) de secretario, para Periodo Anual de Sesiones 2025- 2026. Sesionarán todos los martes desde las 11:00 horas.
Comisión de Trabajo
Para esta comisión fue elegido presidente Alex Paredes, quien llegó al Parlamento por el partido Perú Libre. Luego se pasó a la bancada Bloque Magisterial y recientemente a Somos Perú. También fue presidente de la Comisión de Ética. Lo acompañarán en la vicepresidencia el parlamentario Segundo Quiroz Barboza (APP) y la legisladora Isabel Cortez Aguirre (PP), como secretaria.
Con su voto ha blindado a congresistas acusados de “mochasueldos”; ha defendido a ‘Los Niños’, que negociaron votos a cambio de obras; a Rosselli Amuruz y a Digna Calle.
También estuvo a favor de la ley que modificó el concepto de organización criminal que tendrá repercusiones sobre expedientes relacionados a actos de corrupción. Paredes también voto a favor de familiares contratados en el Estado: “¿Por qué tienen que pagar las consecuencias?, dijo”.
Y en junio amenazó de forma velada a los legisladores que se opusieron a la nueva Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), que propuso la Comisión de Energía y Minas que, favorecía a la minería ilegal.
Alex Paredes
Se le acusó de haber presentado un título falso para obtener la plaza de docente, según denunció el secretario del Sutep. El diploma falso, presuntamente lo expidió la Universidad Católica de Santa María, en 1986, cuando recién habría terminado sus estudios en 2002. Así cobró indebidamente por la categoría A, cuando le correspondía la C (por estudios inconclusos).
Y sin tener título se le nombró director de una unidad escolar de Siguas, lo que sería un delito de estafa contra la administración pública, dijo Hamer Villena, del Sutep. Paredes Gonzáles rechazó la que consideró una campaña de desprestigio de Patria Roja.
Comisión de Educación, Juventud y Deporte
El legislador Segundo Montalvo (Perú Libre) repite el cargo de presidente de este grupo de trabajo. Lo acompañan en la mesa directiva los congresistas Esdras Medina Minaya (Renovación Popular), como vicepresidente, y Paul Gutiérrez Ticona (Somos Perú), como secretario. El horario para las sesiones ordinarias es los martes a las 9:00 horas.
Y si bien, presidirá este grupo de trabajo, no muestra experiencia profesional o alguna formación académica vinculada al sector Educación. Ante el JNE, reportó que trabajó como chofer de mototaxi (2016 y 2020), y como sonidista (1993 y 2019). Consignó estudios inconclusos en la carrera de Derecho y Ciencias Políticas, en la Universidad Señor de Sipán, en Chiclayo. Y según su hoja de vida, en el 2020, el Poder Judicial declaró fundada una demanda en su contra por violencia familiar.
Segundo Montalvo
Montalvo Cubas propuso la llamada ‘ley mordaza’ en 2022 que planteaba incrementar las penas por delito de difamación. También un proyecto de ley a favor de los autos colectivos en mayoría ilegales. Y otro proyecto de ley para obtener el título profesional en una universidad licenciada diferente a la que otorgó el grado de bachiller. En la anterior presidencia de esta comisión, logró que se aprobará la ley que crea 21 universidades nacionales en 15 regiones del Perú, sin tener previsto su financiamiento, ni contar con un análisis técnico, ni garantía de calidad. En el 2024 fue declarada persona no grata por la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión (UNJFSC), por su intento de intervenirla.
Subcomisiones de Acusaciones Constitucionales y de Control Político
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República quedó oficialmente instalada para el Período Anual de Sesiones 2025-2026, bajo la presidencia de la congresista Lady Camones Soriano (APP). Y se eligió a Jorge Montoya Manrique (HyD) como vicepresidente.
Tras la elección de la comisión de Constitución y Reglamento se eligió también a la presidenta de la Subcomisión de Control Político, recayendo la presidencia en la congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez Gallegos. Tras su instalación se eligió vicepresidente a Wilson Soto Palacios (AP) y secretario Isaac Mita Alanoca (PL), para el Periodo Anual de Sesiones 2025 – 2026.
Todo integrantes de la coalición que blinda y da soporte al gobierno de Dina Boluarte y ya ha archivado todas las investigaciones y denuncias presentadas por la Fiscalía de la Nación. Los gatos de despenseros, literalmente.
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Se trata de Fuerza y Libertad, Unidad Nacional y Alianza Electoral Venceremos, que agrupan a 7 partidos políticos, con lo que habrá potencialmente 39 candidatos presidenciales y listas al Congreso
Los partidos políticos tradicionales tienen menos militancia que las nuevas organizaciones. El ROP del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) registra algunas sorpresas.
La Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas (DNROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispuso la inscripción de tres alianzas electorales, en el marco de las Elecciones Generales 2026 (EG 2026).
Se trata de Fuerza y Libertad, integrada por los partidos políticos Fuerza Moderna y Batalla Perú; Unidad Nacional, compuesta por el Partido Popular Cristiano, Partido Unidad y Paz y el Partido Político Peruanos Unidos: ¡Somos Libres!; y, la Alianza Electoral Venceremos, constituida por Nuevo Perú por el Buen Vivir y el Partido Político Popular Voces del Pueblo.
En el caso de Fuerza y Libertad se registraron dos tachas contra su inscripción, las cuales devinieron en improcedentes liminarmente por la DNROP. Una de ellas se apeló, pero el Pleno del JNE la declaró improcedente.
Respecto a Unidad Nacional, también se interpusieron dos tachas, las cuales fueron declaradas, una como improcedente liminarmente y la otra como improcedente e infundada, mediante sendas resoluciones de la DNROP. No se presentaron recursos impugnatorios contra tales decisiones.
En lo correspondiente a la Alianza Electoral Venceremos, existieron tres tachas, las cuales se declararon como no presentadas por la Oficina de Atención al Usuario y Gestión Documental del JNE.
Caso en trámite
En tanto, la solicitud de inscripción de la alianza Frente de los Trabajadores y Emprendedores se encuentra en trámite ante la DNROP.
El plazo para que las alianzas electorales que solicitaron su inscripción ante la DNROP del JNE logren tal cometido vence el próximo 1 de setiembre, de acuerdo al cronograma electoral de las EG 2026.
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Un estudio realizado en Arequipa reveló que el 33% de las tiendas cerca de colegios colocan cajetillas de cigarrillos saborizados junto a golosinas o juguetes. Los especialistas que presentaron la información advierten que esta práctica llegaría a constituir una estrategia de marketing para asociar el consumo de tabaco con artículos atractivos para menores.
La investigación forma parte del Proyecto REMAP, desarrollado por el Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas (CEDRO) junto a la Universidad de Stirling (Escocia). En el estudio también se observó que en nuestra localidad el 37% de los establecimientos exhibe cigarrillos dentro del local, el 25% los muestra desde la calle y el 36% los coloca cerca de la caja registradora, promoviendo la compra impulsiva.
Durante la presentación del estudio en Arequipa, el Dr. Alfonso Zavaleta Martínez-Vargas, investigador principal, señaló: “Estamos frente a una estrategia agresiva de la industria tabacalera que busca enganchar a los más jóvenes. Urge reforzar la fiscalización y garantizar el cumplimiento de la ley”.
Cigarrillos baratos y de contrabando
El informe también identificó la venta de productos ilegales de contrabando como Esse, Manchester y Bohem. Estos se ofrecen en presentaciones con hasta tres cápsulas de sabor, a precios que oscilan entre S/ 3.00 y S/ 6.00 vendiéndose sueltos, modo de venta que es ilegal de acuerdo a las leyes de regulación de venta de tabaco y que facilita su acceso entre adolescentes y jóvenes.
De igual forma, se destacó que los vapeadores también resultan en un peligro a la salud que se viene popularizando entre la juventud, ya que hasta ahora tuvo menos restricciones de publicidad y promocionó su venta de forma más vistosa por el uso de una gran variedad de saborizantes y capacidad de uso.
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Costa enfatizó que el desafío inmediato es evitar la consolidación de una coalición autoritaria y apostar por una reconstrucción democrática que devuelva independencia a las instituciones. El video Gino Costa: un Congreso con hegemonía de derecha que nos arrastra hacia un proyecto autoritario se publicó en YouTube en este enlace Si valoras nuestro contenido, hazte […]
Costa enfatizó que el desafío inmediato es evitar la consolidación de una coalición autoritaria y apostar por una reconstrucción democrática que devuelva independencia a las instituciones.
El video Gino Costa: un Congreso con hegemonía de derecha que nos arrastra hacia un proyecto autoritario se publicó en YouTube en este enlace
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El Sistema Integrado de Transportes (SIT) en Arequipa atraviesa su momento más crítico desde que fue concebido en el año 2000. Las denuncias de irregularidades, la acreditación de unidades antiguas, las tensiones entre municipios y el riesgo de un paro de transportistas reflejan la fragilidad del proyecto.
El proyecto para tener un Sistema Integrado de Transporte urbano (SIT) nació con el respaldo de cooperación internacional y con el objetivo de modernizar la movilidad urbana de Arequipa. Sin embargo, el avance ha sido lento y ha estado plagado de tropiezos administrativos, deficiencias en la infraestructura y problemas en la fiscalización de concesionarios. Hoy, las disputas entre autoridades y transportistas, junto a denuncias por presunta corrupción, colocan al sistema en una encrucijada decisiva para el futuro de la ciudad.
Arequipa: denuncias por irregularidades en la optimización de rutas
Después de dos décadas de concebido sin consolidarse, el 22 de agosto, el presidente del Frente de Defensa del Transporte, Víctor Mendoza, denunció públicamente que la optimización de rutas del SIT se aprobó con una norma derogada, lo que califica como una irregularidad grave. El dirigente señaló además que la actual gerencia municipal no actúa con transparencia y no cuenta con personal capacitado para resolver la crisis del transporte urbano.
Mendoza cuestionó la designación de un nuevo gerente de Transportes traído desde Lima, a quien criticó por no tener experiencia en movilidad urbana. Para él, este nombramiento refleja improvisación en la gestión provincial. “La verdad, han cometido muchas irregularidades acá en esta optimización de rutas, que la han aprobado con una resolución derogada”, advirtió.
El dirigente insistió en que la única salida viable es convocar a un diálogo amplio entre autoridades, transportistas y sociedad civil, pues la ausencia de concertación mantiene a la población atrapada en un sistema deficiente y conflictivo.
Arequipa y la acreditación de buses antiguos en el SIT
Uno de los puntos que más preocupación genera es la acreditación de buses con más de diez años de antigüedad. Mendoza sostuvo que el contrato establecía como requisito que las unidades tuvieran un máximo de tres años, pero actualmente se validan vehículos fabricados en 2006, 2008 y 2012.
Para los transportistas alternativos, esta decisión significa un retroceso que pone en riesgo la seguridad de los usuarios y afecta la imagen del SIT como un sistema moderno. “Ahorita se está llenando Arequipa de carros viejos, han aprobado una directiva que no tiene sustento legal”, señaló el dirigente.
La extensión de la preoperatividad por diez años, cuando debía durar solo dos, agrava el problema. En lugar de avanzar hacia la operación plena del sistema, la ciudad enfrenta un parque vehicular cada vez más obsoleto.
Las irregularidades ya han sido elevadas al ámbito judicial. Mendoza confirmó que se han presentado denuncias ante la Fiscalía por delitos como cohecho pasivo, abuso de autoridad, omisión de funciones y falsedad documental.
El dirigente aseguró que estas acusaciones podrían ser tipificadas como crimen organizado debido a la participación de varios funcionarios y operadores. “Esto (lo vamos a analizar), nos vamos a sentar con los fiscales y lo van a tipificar como crimen organizado, porque es un crimen organizado”, sostuvo.
Actualmente, las investigaciones se encuentran en etapa de declaraciones, aunque Mendoza denunció que ni el alcalde ni otros funcionarios han asistido a las citaciones, lo que incrementa la desconfianza de la población en la gestión provincial.
Arequipa: el gerente de Transportes responde a las críticas
El 28 de agosto, el nuevo gerente de Transportes, David Hernández, respondió a las acusaciones defendiendo la vigencia de los contratos del SIT. Recalcó que ninguna empresa puede aumentar el costo de los pasajes sin autorización y que cualquier incumplimiento será sancionado.
David Hernández, nuevo gerente de Transportes, declara ante la prensa.
Hernández explicó que el sistema aún se encuentra en fase de pre operación y que para avanzar a la etapa operativa se deben cumplir estrictamente las condiciones de los contratos. “Cualquier persona o cualquier autoridad no tiene competencia para hacer una modificación sobre un contrato de concesión en el cual no ha participado”, enfatizó.
Además, anunció un refuerzo de la fiscalización para verificar el cumplimiento de frecuencias, el uso de tecnología de monitoreo y la calidad del servicio, advirtiendo que las sanciones podrían llegar hasta la anulación de concesiones.
Arequipa y la ampliación de rutas en Cayma
El 27 de agosto, el alcalde distrital de Cayma, Juan Carlos Linares, defendió la ampliación de rutas hacia la zona de Los Jazmines, en la parte alta del distrito, pese a que la Municipalidad Provincial dijo desconocer el plan. Linares mostró cargos de entrega formal y acusó a la comuna provincial de ocultar información.
El burgomaestre sostuvo que la medida responde a una necesidad de la población y que cuenta con respaldo vecinal y empresarial.“Cuando existe la voluntad de la empresa, con una necesidad de la población, podemos hacerlo viable”, expresó.
Linares reconoció también que el transporte alternativo, como las llamadas «loncheritas», ha cubierto la falta de servicio en zonas donde el SIT no llega, aunque advirtió que esta situación evidencia la ausencia de un sistema articulado en Arequipa.
Arequipa y la amenaza de un paro masivo de transportistas
El Frente de Defensa del Transporte anunció la preparación de un paro masivo que podría involucrar a más de siete mil unidades de transporte alternativo. Mendoza señaló que ya 36 de las 79 empresas del sector han confirmado su participación en la medida de protesta.
Víctor Mendoza, presidente del Frende Defensa de Transportistas, denuncia deficiencias del SIT.
El dirigente advirtió que el objetivo de la paralización será exigir que se detengan las acreditaciones irregulares.Además, que se respete el contrato original del SIT. “Señores, se viene la paralización, porque no vamos a permitir que sigan acreditando unidades sin sustento legal”, alertó.
Mientras tanto, el gerente Hernández confirmó que en septiembre se implementará el servicio troncal norte-sur, como parte de las acciones para ordenar la cobertura y dar señales de avance en medio de la crisis.
El mayor proyecto de transporte en Arequipa, el SIT, atraviesa un momento decisivo. Lo que debía transformarse en un sistema moderno y transparente se ha convertido en un campo de disputas políticas, denuncias judiciales y desconfianza ciudadana. Con un paro en puerta, investigaciones fiscales en marcha y una gestión provincial debilitada, la continuidad del proyecto dependerá de la capacidad de las autoridades para garantizar legalidad, transparencia y cumplimiento de contratos en beneficio de los usuarios.
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AGENDA REGIONAL | El abogado defensor de las viudas del caso Saweto, Felipe Tapia Ninaja, afirmó que, si bien la ratificación de la sentencia sienta un precedente histórico, los defensores ambientales de las comunidades indígenas continúan bajo amenaza por parte de operadores de economías criminales.
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El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) aseguró la continuidad del megaproyecto portuario de Corío, en la provincia de Islay, tras una reunión en Lima con el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval. En el encuentro se ratificó la suspensión de la viabilidad temporal otorgada por la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y se confirmó que el proyecto será sometido a una licitación internacional, en coordinación con Proinversión y el MTC.
La decisión implica que el desarrollo del denominado “Megapuerto de las Américas” dependerá de un análisis de costo–beneficio, así como de un estudio de demanda que respalde la conveniencia de la inversión. El Ejecutivo subrayó que el proceso deberá cumplir con los compromisos asumidos en el Consejo de Estado Regional y garantizar transparencia.
Previamente, el megaproyecto ya había generado controversia semanas atrás por la entrega de una Viabilidad Técnica Temporal Portuaria (VTTP) al consorcio Hub Corío Megapuerto del Sur.
Antecedentes de la controversia
El proyecto del Puerto Multimodal Corío, planteado como una alternativa logística para el sur del Perú, se vio frenado en agosto tras la decisión de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) de suspender la viabilidad técnica temporal. La medida respondió a un pedido del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), cuyo gobernador Rohel Sánchez advirtió un “vicio de nulidad” al haberse omitido el Estudio de Demanda de Transporte Marítimo acordado en el VIII Consejo de Estado Regional y previsto para culminar en noviembre de 2025.
El Consorcio Hub Corío Megapuerto del Sur, integrado por Leet Arquitectura Ingeniería & Construcción S.A.C. y Beton Terra Ingenieros S.A.C., había obtenido la viabilidad luego de subsanar 25 observaciones técnicas. Sin embargo, el GRA exigió que primero se determine la carga que movería el puerto y se evalúe si corresponde una asociación público-privada en lugar de una habilitación administrativa. La APN aceptó el reclamo, advirtiendo que, sin el estudio la aprobación, podía anularse judicialmente.
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La primera edición de la Feria Arequipa, organizada en agosto como reemplazo de la tradicional Feria Internacional de Arequipa (FIA), reunió a más de 80 mil asistentes
Campo Ferial Cerro Juli de Arequipa. FOTO: Difusión
El futuro administrativo del Campo Ferial Cerro Juli sigue en proceso de definición tras la transferencia de 19 hectáreas de terrenos al Gobierno Regional de Arequipa (GRA), efectuada en julio. Sin embargo, hasta el momento el GRA no ha remitido al Consejo Regional el documento que permitiría aprobar la cesión de la administración del predio al Fondo de Desarrollo Regional (FDR), una asociación pública y privada.
Esta demora responde a que el predio aún se encuentra en proceso de inscripción en Registros Públicos. Una vez culminado este trámite, el GRA deberá someter a votación en el pleno del Consejo Regional la entrega de la administración al FDR, dado que Cerro Juli ya es considerado un bien regional.
En medio de este procedimiento burocrático, el campo ferial continúa siendo escenario de eventos de gran magnitud. La primera edición de la Feria Arequipa, organizada en agosto como reemplazo de la tradicional Feria Internacional de Arequipa (FIA), reunió a más de 80 mil asistentes y generó alrededor de 5 mil puestos de trabajo en 463 stands. No obstante, su ejecución no se coordinó con el GRA, actual propietario del predio, sino directamente por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), antiguo titular de Cerro Juli.
Este hecho abrió cuestionamientos sobre el destino de las utilidades obtenidas por la feria. En consulta al gerente general del GRA, Johan Cano, este sostuvo: “se firmó un acuerdo con Midagri para respetar los contratos previos establecidos.Uno de ellos es el contrato que tiene con la Feria Arequipa. Como Gobierno Regional, no hemos firmado ningún contrato y no tenemos el control sobre las utilidades que pudo haber tenido”.
Pese a ello, una nota prensa del GRA precisó que las utilidades serían destinadas a labores de mantenimiento, limpieza, seguridad y vigilancia del campo ferial.
El tema ya ha despertado la atención del Consejo Regional de Arequipa (CRA). El consejero César Huamantuma Alarcón informó que solicitaron detalles tanto al GRA como al Midagri sobre los contratos. Asimismo, sobre el destino de los ingresos y de los responsables del manejo económico del recinto.
Finalmente, el consejero aclaró: “El manejo del predio ya lo tenemos. Solo falta registrarlo en Registros Públicos, pero eso no significa que no esté bajo administración del Gobierno Regional”.
Hace más de un año, la Gerencia Regional de Agricultura de Arequipa asumió ante la Junta Regional de Usuarios de Arequipa el compromiso de construir 119 qochas, reservorios naturales de agua vitales para la agricultura en zonas altoandinas. Sin embargo, ese ofrecimiento no se ha cumplido y recién en septiembre de este año se coordinará la ejecución de solo 40 de estas infraestructuras hídricas.
El gerente regional de Agricultura, Helard Nina Pachauri, explicó que los trabajos se realizarán en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y con el programa Sierra Azul. Según precisó, las provincias beneficiarias serán Castilla, La Unión, Caylloma y Condesuyos.
Pese al retraso, Nina intentó minimizar la demora señalando que actualmente se avanzan otras 68 qochas relacionadas a proyectos de camélidos sudamericanos. No obstante, reconoció que el compromiso central con los agricultores sigue pendiente. “Ojalá, según las conversaciones que tengamos, siquiera ejecutamos 40 qochas en septiembre”, declaró el funcionario.
La falta de cumplimiento se debe, según el gerente, a problemas de financiamiento. Si bien aseguró que este año podrían ejecutarse algunas qochas con presupuesto del programa Sierra Azul, no brindó plazos concretos ni precisó el monto que requerirá la inversión.
Otros proyectos y retrasos
La Gerencia Regional de Agricultura también maneja una cartera de 41 proyectos declarados viables, de los cuales 10 se desarrollarán bajo la modalidad de IOAR y 31 mediante obras por impuestos. Sin embargo, varios de estos expedientes presentan observaciones técnicas que todavía deben subsanarse.
El excongresista y exministro del Interior, Gino Costa, advirtió durante su visita a Arequipa que la democracia peruana atraviesa uno de sus momentos más críticos, afectada por la crisis política y la consolidación de proyectos autoritarios.
En diálogo con este medio, el excongresista GinoCosta expuso que el país arrastra un retroceso democrático desde 2016, marcado por la sucesión de presidentes, vacancias, disolución del Congreso y un Ejecutivo debilitado. A ello se suma, según explicó, la actual coalición gobernante que busca perpetuarse en el poder con prácticas autoritarias y con instituciones sometidas.
Riesgo de una democracia debilitada
El exministro señaló que América Latina vive un retroceso democrático, con ejemplos como Cuba, Venezuela, Nicaragua y El Salvador, y alertó que el Perú se encuentra entre los países más amenazados de la región. Desde su punto de vista, la crisis se profundizó en el actual quinquenio debido a un Congreso con hegemonía de derecha que arrastra a otras fuerzas políticas hacia un mismo proyecto autoritario.
Costa recordó que la elección del 2021 presentó dos opciones alejadas del compromiso democrático y que el desenlace derivó en un Ejecutivo sometido a la coalición parlamentaria. Esta situación, aseguró, ha generado el escenario de mayor retroceso en los últimos diez años.
“Si eso ocurre, la democracia peruana estará completamente destruida, pero hay la posibilidad de que ese proceso se frene si logramos encontrar un candidato o candidata que represente el deseo de cambio de la mayoría del país”, manifestó el excongresista.
Desde Arequipa: la polarización frente a las elecciones
Al ser consultado sobre la polarización política, Costa explicó que el problema ya no radica únicamente en las diferencias entre izquierda y derecha, sino en la disputa entre un proyecto autoritario y una alternativa democrática capaz de enfrentar la corrupción.
Aseguró que la ciudadanía muestra desconfianza hacia la clase política, reflejada en la baja aprobación de las instituciones, y que el reto para las próximas elecciones será identificar liderazgos que no formen parte de la actual coalición. Además, subrayó que el voto debe excluir a los actores comprometidos con hechos de corrupción o con la perpetuación de la crisis.
“Lo primero es decidir por quién no votar, porque quienes están en el poder y han avalado este sistema nos han llevado a un estancamiento económico, un aumento de la pobreza y un deterioro institucional”, señaló Costa.
El exministro concluyó su visita a Arequipa advirtiendo que la salida del Perú del sistema interamericano de derechos humanos, impulsada desde el Congreso, constituye un riesgo adicional que busca debilitar los controles de justicia. Costa enfatizó que el desafío inmediato es evitar la consolidación de una coalición autoritaria y apostar por una reconstrucción democrática que devuelva independencia a las instituciones.
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Un instante que hace historia | La reconocida cantante afroperuana Susana Baca y el maestro Everardo Zapata Santillana, creador del legendario libro Coquito y personalidad meritoria de Arequipa, protagonizaron un emotivo encuentro.
Dos grandes referentes de la cultura peruana se agradecieron mutuamente por sus talentos. Susana Baca incluso recordó que, cuando fue educadora, enseñaba a sus alumnos con los libros del maestro Everardo un verdadero orgullo arequipeño.
Este histórico encuentro se da a pocas horas del concierto que la reconocida artista ofrecerá en el Teatro Municipal de Arequipa:
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El trámite está dirigido únicamente a los vehículos que cumplan con las exigencias técnicas establecidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Este 11 de septiembre comenzaría el trámite de obtención del Setare, un documento para la formalización del servicio de taxi en la ciudad de Arequipa. El proceso tendrá una duración de 45 días hábiles, culminando el 13 de noviembre, según confirmó el presidente de la Cámara de Empresas de Taxis de la Región Arequipa, Adolfo Paco.
“Estimamos que por lo menos del universo de 40 mil taxistas, más de la mitad, como 20 a 30 mil normalmente están cumpliendo con los requisitos entonces todos ellos están invitados a ser parte del taxi formal en la ciudad», señaló Paco.
El trámite está dirigido únicamente a los vehículos que cumplan con las exigencias técnicas establecidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), relacionadas al peso y la cilindrada.
Para acceder al Setare, los interesados deberán presentar una solicitud formal, el pago por derecho de trámite de S/74.50, copia simple del contrato de arrendamiento, certificado de constatación de características vehiculares valorizado en S/24.10, y copia del SOAT o AFOCAT vigente.
Críticas a la informalidad
En paralelo, Paco exhortó al nuevo gerente de Transportes de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), David Hernández, a reforzar la lucha contra el servicio informal y revisar la ordenanza 927, que regula el ingreso al Centro Histórico de Arequipa según número de placa y días. Para el dirigente, esta medida “discrimina y perjudica al taxista formal”.
Asimismo, cuestionó el rol de los aplicativos móviles en el sector. “Los aplicativos informales son los principales promotores de la informalidad fomentando el desorden puesto que trabajan al margen de la norma nacional y local. El gerente con la experiencia que tiene por haber trabajado en Lima, tiene que en Arequipa se tenga que detener o eliminar este servicio informal por aplicativo”, afirmó.
Proyecto de Ley de Acción Popular apunta a territorios y derechos de 25 Pueblos Indígenas Aislados o en Contacto Inicial (PIACI). Gustavo Gutiérrez Ticse, magistrado del TC, y Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo, se expresaron en la misma línea.
Proponen modificar Ley PIACI y crear grupo con ocho representantes de ministerios, siete de entidades estatales y apenas dos de Pueblos Indígenas Aislados o en Contacto Inicial afectados por proceso de recategorización. Esta semana, el congresista Juan Carlos Mori Celis (Acción Popular) presentó un proyecto de ley que propone modificar la Ley N.º 28736, norma que desde 2006 garantiza la protección de los Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI).
La iniciativa plantea una reestructuración del proceso de categorización de estos pueblos. Además, busca la creación de una comisión multisectorial encargada de revisar las reservas existentes.
La propuesta legislativa modifica el artículo 9 de la Ley PIACI, estableciendo que el Poder Ejecutivo deberá remitir cada seis meses un informe técnico a las comisiones de Cultura y Fiscalización del Congreso. Con ello, se quita las prerrogativas al Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano (INDEPA).
En las normas complementarias de la modificación a la Ley PIACI también se propone la creación de una comisión para la revisión de la categoría de cada pueblo. El proyecto del acciopopulismo pone en duda la existencia de al menos 25 pueblos indígenas en aislamiento y cuestiona la extensión de cuatro reservas indígenas y dos reservas territoriales para la protección de estas comunidades.
El proyecto también va en la línea de recientes eventos que han contado con la participación del Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, y hasta de Gustavo Gutiérrez Ticse, actual integrante del TC. Estas conferencias, en algunas ocasiones organizadas por alcaldes favorables a la propuesta, buscan reducir los territorios de las PIACI, y su recategorización, apuntando contra la consulta previa.
¿Qué propone exactamente el proyecto anti PIACI?
La propuesta de los congresistas de Acción Popular incorpora tres disposiciones finales que crean una Comisión Especial Multisectorial Revisora, encargada de reconsiderar y emitir opiniones sobre las reservas PIACI. Esta comisión estará integrada por 11 entidades estatales —incluyendo ministerios como Energía y Minas, Defensa, Comercio Exterior, Agricultura— y apenas dos representantes de las organizaciones indígenas o sociedad civil de las zonas afectadas. Esta desproporción representativa se añade en las disposiciones finales, no en los artículos nucleares que anuncia la propuesta de modificación.
El proyecto no considera alguna consulta previa para su elaboración a representantes de los PIACI, tampoco de académicos ni de instituciones especializadas, ni de expertos en derechos ambiental o humanitario. Pide la entrega de informes a las comisiones del Congreso cada seis meses por el Ejecutivo (actualmente del Dina Boluarte y Eduardo Arana).
Estos informes deben contemplar el estado de los procesos de categorización de los PIACI y los criterios técnicos, antropológicos y socioambientales utilizados. También debe contener la evaluación de la pertinencia de mantener, modificar o levantar las categorías existentes. Además, establece que los procesos de categorización deberán ser reevaluados cada dos años mediante informes técnicos.
Acción Popular propone modificación a la Ley PIACI: ¿Reforma técnica o estrategia de desterritorialización?
Aunque el proyecto se presenta como una propuesta de “equilibrio” entre protección indígena y desarrollo amazónico, su contenido revelaría una intención de cuestionar la existencia misma de los PIACI y la legitimidad de los territorios reservados para ellos. En su justificación, el documento señala que existen “problemas de verificación” sobre la presencia de pueblos en aislamiento en algunas zonas.
La propuesta del congresista Juan Carlos Morí critica que “la sola solicitud o indicio” haya generado procesos de categorización que bloquean territorios “durante décadas”. Cuestiona la “sobredimensión” de las reservas, señalando que estas limitan actividades extractivas, infraestructura e incluso la presencia del Estado. Además, se queja de una “débil supervisión parlamentaria”, proponiendo que el Congreso tenga mayor incidencia en la categorización.
Actualmente, el Ministerio de Cultura reconoce al menos 25 pueblos indígenas en situación de aislamiento o contacto inicial, distribuidos en 4 reservas indígenas y 2 territoriales. Esto abarca cerca de 4.6 millones de hectáreas ubicados mayoritariamente en la Amazonía peruana, territorios asediados por la minería ilegal, la agroindustria, la tala ilegal y la crisis hídrica.
Estas áreas han sido declaradas intangibles para garantizar la supervivencia de pueblos que, por decisión propia, han evitado el contacto con la sociedad nacional. El proyecto de ley, sin embargo, pone en duda la evidencia antropológica que sustenta estas reservas, y plantea la posibilidad de levantar su intangibilidad si no se demuestra “certeza” sobre la presencia de PIACI.
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“El tribunal debe inaplicar la amnistía, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos la declaró incompatible con la Convención Americana”, sostuvo el fiscal
El fiscal adjunto superior especializado en Derechos Humanos, Telmo Morales solicitó al Colegiado B de la Sala Penal Nacional que los militares acusados por las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales de estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), en Junín, en los años de la violencia, reciban condena de cárcel y no se beneficien con la reciente Ley de Amnistía.
“El tribunal debe inaplicar la amnistía, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos la declaró incompatible con la Convención Americana”, sostuvo el fiscal, quien oralizó su pedido de 25 años de cárcel para 8 altos oficiales del ejército.
Los acusados son Manuel Juan Dillerva Chávez, Luis Manuel Delgado de la Paz, Danilo Nicolás Gonzales Campana, Boris Adolfo Rojas Esquivel y Roboan David Jaime Sobrevilla, quienes fueron responsables de la Tercera Brigada de Infantería de Huancayo, entre 1989 y 1992.
Otros imputados se encuentran como ausente (Manuel Jesús Delgado Rojas), reo contumaz (Luis Augusto Pérez Documet) o con el proceso reservado (Elías Fernando Espinoza del Valle). El tribunal dictará sentencia de este caso aproximadamente a fines de setiembre o en octubre.
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La provincia de Parinacochas acató un paro cívico de 24 horas en Coracora, convocado por uno de los Frentes de Defensa. La medida fue respaldada por el SITRAMUN, comisiones de regantes y organizaciones sociales en rechazo a la gestión del alcalde Yony Reyes Anampa.
Durante la jornada se realizó una asamblea en la pérgola de Coracora con participación de dirigentes y pobladores. Allí se denunciaron obras paralizadas, deficiencias en servicios básicos y presuntas irregularidades en el manejo municipal.
El regidor José López Puchuri señaló que la protesta fue pacífica y criticó la falta de rendición de cuentas. También denunció compras de materiales a sobreprecio y pidió la intervención del Ministerio Público y la Procuraduría Anticorrupción.
Algunos pobladores plantearon la vacancia del alcalde y los dirigentes advirtieron nuevas medidas si no se atienden los reclamos. El paro concluyó sin incidentes, pero evidenció el malestar ciudadano contra la actual gestión municipal.
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El Tribunal Constitucional declaró nulas las sentencias de primera y segunda instancia que condenaron al exgobernador de Lambayeque, Humberto Acuña Peralta, hermano del líder de Alianza Para el Progreso, César Acuña, quien terminó procesado por corrupción.
En la misma sentencia, el TC ordena que el Poder Judicial emita un nuevo fallo observando los fundamentos considerados contenidos en su evaluación. Humberto Acuña fue condenado en el 2019 a tres años de cárcel suspendida por presuntamente haber entregado un soborno a un policía anticorrupción para que se le excluya de una investigación.
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El gobernador de La Libertad, César Acuña, vuelve a sumar un lapsus a su ya larga lista de momentos virales. Esta vez, el líder de Alianza para el Progreso (APP) aseguró que faltan dos años y medio para el 2026, aunque el calendario dice otra cosa. Como si fuera poco, también equiparó ese mismo período, dos años y medio, con 18 meses, lo que parece ser un error de cálculo. El episodio hizo recordar aquella vez en que se quedó en silencio tras ser preguntado cuánto es 7 por 8.
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