Lo del hacker InkaRoot y los “Dirin leaks” es solo el comienzo. El hacktivista tiene en la mira a Dina Boluarte y promete más capítulos de filtraciones, mismo “Anonymous made in Perú“. Así lo hizo saber el propio InkaRoot en una entrevista concedida a La República. Allí advirtió que revelará las conexiones de poder y corrupción que se esconden en el Estado. La ciberseguridad de las plataformas del Estado peruano es un desastre, y más aún la de la Policía.
El hacker reveló que filtrar información policial fue deliberado, para exponer su enclenque seguridad a pesar de la información sensible que manejan. Y vaya que lo consiguieron. La Dirin quedó en modo Windows 95, lenta, vulnerable y parchada con cinta scotch. A este paso, los hackers van a encontrar a Cerrón antes que la Policía.
Desde la Policía aseguran que filtración de archivos de DIRIN es un “trabajo” interno y no un hackeo
Como si se tratara de un ciberthriller de bajo presupuesto, el ministro del Interior, Carlos Malaver, afirmó que la filtración de datos de la DIRIN no fue un hackeo espectacular, sino más bien un “regalo” interno hecho por un miembro de la propia dirección policial. Mientras el comandante general de la PNP daba una rueda de prensa (a la que Malaver no asistió por estar “ocupado”), se iniciaban investigaciones administrativas y penales que no descartan que “altos mandos” estén detrás del chisme.
Con la promesa de proteger tanto la información como al personal policial cuyos datos ahora navegan por la web, el ministro advirtió, con tono casi profético, que la delincuencia ya no necesita aparecer físicamente: la nueva modalidad son los ciberataques. Así que, mientras la PNP reevalúa sus procesos, el mensaje es claro: para la Policía, el enemigo podría estar tras la pantalla… o incluso, vestido de uniforme en sus propias oficinas.
Claudia Sheinbaum le resta importancia al anuncio del Congreso de declararla “no grata” en Perú por defender a Pedro Castillo: “No importa”
Para el gobierno de México, Pedro Castillo no intentó dar un golpe de Estado: a él le dieron el golpe. Por eso —según esta versión— hoy está “secuestrado” en una celda, mientras su familia logró ponerse a buen recaudo gracias a su ofrecimiento de asilo. Esa es la historia que Claudia Sheinbaum decidió creer desde que AMLO estaba en el poder, y con ello en mente le restó toda importancia a la moción exprés de la Comisión de Relaciones Exteriores que la declaró persona no grata por solidarizarse con Castillo días atrás.
“Es una política que viene desde el gobierno de López Obrador, como en el caso de Ecuador, donde rompimos relaciones tras la invasión a nuestra embajada. Nosotros mantenemos el mismo criterio. Entonces, no importa, vamos a mantener nuestra posición”.
Mientras tanto, los congresistas futiosos hicieron lo que mejor saben: lanzar insultos. Esta vez, la tacharon de “vil narcotraficante”. Pero ni así lograron que Sheinbaum les preste más de un minuto de sus declaraciones. Quedaron desubicados.
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Periodista y editora audiovisual. Culminó sus estudios en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y se ha especializado en periodismo digital gracias a la formación de Google Adsense, Google News Initiative y la Fundación Gabo.
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Cusco: Comunidades de Machu Picchu alzan la voz y anuncian paro para exigir fin del monopolio de Consettur. Ayacucho: Alcaldes de centros poblados continúan protestando y pidiendo a Oscorima que les dé la cara
Pasó en el Perú | Junín. En el juicio por las violaciones a los derechos humanos cometidas en la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) entre 1989 y 1993, el abogado de las víctimas, Carlos Rivera, afirmó que el cuartel 9 de Diciembre funcionó como un centro de detención clandestino y que los crímenes no fueron excesos individuales, sino parte de una estrategia militar institucionalizada.
El letrado respaldó su alegato en manuales de contrasubversión de la época y en la teoría del “dominio del aparato organizado de poder”, que responsabiliza a los mandos militares como autores mediatos de las violaciones sistemáticas.
Rivera señaló directamente a los generales Luis Pérez Documet, Manuel Delgado Rojas y Roboan Jaime Sobrevilla, quienes —según dijo— ejercieron control absoluto de la estructura castrense y ordenaron desapariciones, secuestros y asesinatos.
“Los crímenes son la sustancia de la estrategia”, afirmó, al insistir en que la violencia fue política de Estado aplicada de manera disciplinada por la 31 Brigada de Infantería.
La parte civil, representada por la abogada Gery Vásquez, pidió que la sentencia incluya también reparaciones integrales como indemnizaciones económicas, atención psicológica especializada, búsqueda de desaparecidos y disculpas públicas en la UNCP, informó Huanca York Times.
Cusco: Comunidades de Machu Picchu anuncian paro para exigir fin del monopolio de Consettur
Pasó en el Perú | Cusco. Desde el sector de Qoryhuayrachina, en la línea férrea Cusco–Machu Picchu, este martes se iniciaron protestas pacíficas contra las dos más grandes empresas que operan en Machu Picchu: Perú Rail y Consettur.
Un grupo de vecinos y representantes comunales se apostó al costado de la vía, sin interrumpir el paso de trenes, exigiendo que se cumpla la ley tras el vencimiento del contrato de concesión de Consettur, la empresa de buses que traslada turistas hasta la maravilla mundial.
Los pobladores denuncian que Perú Rail no traslada las 18 unidades autorizadas por SERNAMP para reemplazar progresivamente los buses de Consettur, lo que —según ellos— prolonga un monopolio que afecta a las comunidades y a los turistas.
La Municipalidad Provincial de Urubamba y el Ministerio de Transportes ya habían planteado un plan de contingencia, pero los vecinos afirman que no se está cumpliendo y anuncian un paro de 24 horas el 12 de septiembre y otro de 48 horas los días 15 y 16, informó CuscoPost.
Ayacucho: Alcaldes de centros poblados continúan protestando y pidiendo a Oscorima que les dé la cara
Pasó en el Perú | Ayacucho. Por segundo día consecutivo, alcaldes de centros poblados de Ayacucho se movilizaron para exigir la transferencia de recursos que establece la Ley N.° 32185. La protesta derivó en la instalación de una mesa técnica en la Defensoría del Pueblo, aunque sin la presencia del gobernador regional Wilfredo Oscorima, principal demandado por los manifestantes.
En la reunión participan 11 presidentes de la Mancomunidad de Centros Poblados del Perú, técnicos y representantes del Gobierno Regional, encabezados por el gerente general Eduardo Huacoto, además de la Defensoría del Pueblo como mediadora.
Los alcaldes demandan la asignación de 30 mil soles para cada uno de los 256 municipios de centros poblados de la región, lo que equivale a más de 10 millones de soles. Señalaron que el Gobierno Regional aún mantiene 14 millones de soles de libre disponibilidad que podrían destinarse a esta transferencia.
“El gobernador nos tiene en las calles, no ha recibido a ninguna de las tres movilizaciones. No nos pueden tratar como ciudadanos de segunda, también somos autoridades elegidas por voto popular”, manifestaron los dirigentes durante la protesta.
Los representantes recordaron que en regiones como Cajamarca, Huánuco y Huancavelica ya se concretó este financiamiento. En el caso de Ayacucho, advirtieron que, si no se cumplen los compromisos, las medidas de lucha se radicalizarán en los próximos días, informó Jornada.
La Libertad: “Dina Boluarte es a Acuña, como Santiváñez es a Luis Valdez”, arremete Arturo Fernández
Pasó en el Perú | La Libertad. El polémico exalcalde de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, reapareció con duras críticas contra las principales figuras del poder en el país. Fiel a su estilo confrontacional, el denominado “Loco de Moche” comparó directamente a la presidenta de la República, Dina Boluarte, con el gobernador regional de La Libertad, César Acuña, a quienes acusó de estar manchados por la corrupción y de gobernar sin escuchar al pueblo.
“Dina Boluarte es a Acuña, como Santiváñez es a Luis Valdez”, expresó Fernández, aludiendo a una supuesta relación de complicidad entre el Ejecutivo y personajes vinculados al partido Alianza Para el Progreso (APP).
En su discurso, equiparó al actual ministro del Interior, José Santiváñez, con el secretario general de APP, Luis Valdez Farías, a quienes señaló como piezas claves dentro de estructuras políticas que —según él— responden a intereses particulares más que a los de la ciudadanía.
Críticas al gobierno
Durante su intervención, Fernández no dudó en cuestionar al actual gobierno, al que calificó como “manchado de sangre” por las muertes registradas durante las protestas sociales que se desataron tras la asunción de Boluarte en diciembre de 2022.
Asimismo, lanzó dardos contra los ciudadanos que, en su opinión, no muestran memoria ni dignidad al acercarse a políticos con antecedentes cuestionados. Ejemplo de ello, dijo, es la reciente salida de prisión del expresidente Martín Vizcarra, acusado de corrupción.
Camino a Palacio de Gobierno
Alejado de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Arturo Fernández se encuentra ahora recorriendo diversas regiones del país en busca de respaldo popular. Lo hace bajo el paraguas del partido Un Camino Diferente, agrupación con la que aspira a postular a la Presidencia de la República en las elecciones generales de 2026.
A diferencia de las campañas tradicionales, el exburgomaestre asegura que su proyecto político se sostiene en el aporte ciudadano y en la tecnología.
Con este nuevo salto a la política nacional, el exalcalde de Trujillo busca consolidar su imagen de outsider y sumar adeptos de cara a una contienda electoral en la que promete enfrentarse sin tapujos a quienes llama “los responsables de la decadencia del Perú”, informó Noticias Trujillo.
Mercurio amenaza la salud en Loreto
Pasó en el Perú | Loreto. El director del Hospital Apoyo Iquitos, Carlos Coral, alertó que los estudios recientes confirman altos niveles de metil mercurio en peces y en personas de zonas donde se practica la minería de oro, especialmente en la cuenca del Nanay, fuente de agua de la ciudad.
Señaló que, aunque no se reportan intoxicaciones agudas, la acumulación del metal en el organismo es progresiva y sus efectos son irreversibles.
Explicó que la exposición prolongada puede derivar en trastornos neurológicos y que los grupos más vulnerables son los niños y las gestantes, ya que el contaminante atraviesa la barrera placentaria.
Coral sostuvo que el problema debe incorporarse de manera urgente en la agenda del Consejo Regional de Salud y en las decisiones de otras instancias del Estado, pues se trata de un riesgo que compromete la alimentación y el futuro de la población, informó ProyContra.
Puno: Expresidente de la Corte Superior de Justicia atenta contra libertad de prensa
Pasó en el Perú | Puno. Un fallo judicial ordena eliminar una publicación periodística sobre designación irregular de una funcionaria en la Corte Superior de Justicia de Puno, lo que provocó la protesta de gremios periodísticos que denuncian un ataque sistemático contra la libertad de información en la región puneña y todo el país.
El diario Los Andes enfrenta un proceso legal tras la demanda de habeas data presentada por Juan Francisco Ticona Ura, expresidente de la Corte Superior de Justicia de Puno. El medio publicó los días 12 y 13 de noviembre de 2024 una investigación periodística sobre la designación irregular.
Ticona reconoció públicamente la veracidad de la información publicada, pero objetó los titulares utilizados por el medio de comunicación. En febrero de 2025 remitió cartas notariales exigiendo la eliminación total de la publicación de todas las plataformas digitales donde circulaba la nota periodística.
El decano del Colegio de Periodistas, Eland Vera convocó a la integración de los gremios para generar resistencia sólida ante el abuso del poder. Calificó la sentencia como «completamente absurda» porque exige eliminar información periodística de hechos reales con documentación que respaldaba la veracidad de lo publicado, informó Pachamama Radio.
Arequipa: Megaoperativo desarticula organización criminal de extorsionadores en Lima, Arequipa y Tumbes
Pasó en el Perú | Arequipa. Una operación policial de alcance nacional resultó en la desarticulación de la organización criminal ‘D.E.S.A. II’, con la captura de 24 de sus presuntos integrantes.
El megaoperativo, que incluyó allanamientos en Lima, Tumbes y Arequipa, fue ejecutado por aproximadamente 600 efectivos. La banda, compuesta principalmente por ciudadanos venezolanos y algunos peruanos, se dedicaba a extorsión y sicariato, vinculándosele con asesinatos de conductores de transporte.
Se incautaron alrededor de 20 millones de soles y se congelaron 50 cuentas bancarias vinculadas a siete empresas de fachada utilizadas para lavar activos. La investigación, iniciada en abril, reveló una compleja estructura transnacional para enviar dinero ilícito al extranjero y reintegrarlo al país, aparentando legalidad, informó El Búho.
“Pasó en el Perú”, noticiero nacional desde las regiones, se emite de lunes a viernes por todas nuestras plataformas.
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Un nuevo escándalo sacude al Gobierno Regional de La Libertad. Un reportaje de Cuarto Poder reveló un presunto sobrecosto en la adquisición de 100 patrulleros en la gestión de César Acuña Peralta.
El gobernador indicó desconocer sobre este pago y aseguró que no aceptará actos de corrupción.
Productora del programa Pico a Pico de El Búho. Estudió en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Se especializa en producción audiovisual, locución y creación de contenido para redes sociales.
Cientos de jóvenes pertenecientes a la llamada «Generación Z» prendieron fuego al edificio del Parlamento de Nepal, marcando el punto más crítico de una serie de protestas contra la corrupción y la censura de redes sociales. También fueron incendiadas las viviendas de varios líderes políticos, mientras la crisis política se profundiza. La violencia estalló tras la muerte de al menos veinte manifestantes y llevó a la dimisión del primer ministro K.P. Sharma Oli. Al igual que en el caso de Indonesia, donde hace solo unos días manifestantes incendiaron el Parlamento en protesta por el aumento de sueldos de los legisladores, el reciente incidente en Nepal curiosamente se volvió tendencia en Perú.
Editora audiovisual. Ha trabajado como productora, locutora y redactora digital en medios de comunicación. Realizó su formación profesional en la Universidad Nacional de San Agustín. Sus áreas de interés incluyen la cultura y la promoción de los derechos humanos.
La fiscal de la Nación, como anticipando una probable sanción de inhabilitación en su contra por seis meses por parte de la JNJ, ofreció una conferencia de prensa donde dio alcances del trabajo que viene realizando el Ministerio Público frente al crimen organizado. Sin embargo, se pronunció sobre la recomendación de suspensión en su contra, advirtiendo que existe una “apresurada insistencia” de querer retirarla del cargo a como dé lugar, pese a que el Tribunal Constitucionalaclaró que el procedimiento inmediato al que pretenden someterla es inconstitucional e ilegal.
En esa línea, pidió que la integrante de la JNJ, María Cabrera, se abstenga de votar “por decoro”. Además, insistió en que, si finalmente la suspenden, quien asumiría la Fiscalía de la Nación sería Patricia Benavides.
La fiscal no contuvo críticas contra algunos abogados y medios de comunicación, en especial Willax, al que calificó como un medio que “desinforma constantemente” desde que asumió el cargo. Esto generó un tenso cruce con una periodista del canal, quien le reclamó por sus declaraciones. “Así como ustedes emiten su opinión, yo también doy la mía”, respondió Espinoza.
Finalmente, aseguró que seguirá trabajando en busca de la verdad hasta el fin de su periodo, “legalmente y no como pretenden retirarme”.
Periodista y editora audiovisual. Culminó sus estudios en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y se ha especializado en periodismo digital gracias a la formación de Google Adsense, Google News Initiative y la Fundación Gabo.
Arequipa ocupa el segundo lugar en la tasa de suicidios en lo que va del 2025, según cifras del Sinadef. Lima encabeza la lista con 102 casos, seguida de Arequipa con 79 y Cusco con 59. A nivel nacional, el MINSA registra 542 suicidios, de los cuales un preocupante 55% corresponde a adolescentes y jóvenes.
En el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que se conmemora cada 10 de septiembre, colectivos culturales y comunitarios se unen en Arequipa bajo el lema “Te sostenemos”. La actividad impulsada por el colectivo de mujeres «QUIPA» busca visibilizar el problema y brindar apoyo a quienes más lo necesitan.
El encuentro será este miércoles 10 de septiembre a las 5:30 p. m. en el puente Chilina. Contará con actividades culturales, informativas y testimoniales, para transformar el dolor en comunidad, red y cuidado.
«Tejemos con nuestros cuerpos un puente de vida. Nos unimos mano con mano, como red, como abrazo y cuidado, como resistencia frente al silencio. Porque nadie debería cargar su dolor en soledad».
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La Junta Nacional de Justicia (JNJ) blindó a su presidente, Gino Ríos, quien continuará en el cargo pese a las denuncias en su contra para su vacancia. Foto: Altavoz
Con solo dos votos a favor de seis miembros, el pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió no aceptar la vacancia de su presidente, Gino Ríos Patio, pese a tener una sentencia firme de violencia psicológica contra su esposa, lo que hacía inadmisible su postulación al cargo.
Los votos a favor de la salida de Ríos Patio de la JNJ fueron de Francisco Távara y Germán Serkovic. Los otros cuatro votos en contra y que permiten su continuidad fueron de María Cabrera, Jaime de la Puente, Víctor Chanduví y Cayo Galindo.
Como se recuerda, las solicitudes para su vacancia -sustentadas en la imposibilidad de ejercer el cargo de presidente por tener una sentencia por violencia y otros actos irregulares que habría cometido Ríos-, las presentaron los congresistas Susel Paredes, Flor Pablo y Héctor Acuña y por el Instituto de Defensa Legal (IDL), representado por la abogada Cruz Silva. También se sumó el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, pero no fueron considerados por cuatro miembros de la JNJ.
Abogados de Ríos minimizaron violencia psicológica de Gino Ríos contra su exesposa
Los abogados de Gino Ríos, que revisaron los hechos de la violencia psicológica, opinaron que “no fue tan grave lo sucedido”. Además, afirmaron que los pedidos de vacancia nacieron de “una prueba ilícita, porque la abogada de la exesposa de Ríos Patio reveló los hechos”.
La congresista Flor Pablo, al conocer la decisión de permitir la permanencia de Ríos Patio al mando de la JNJ, dijo que “es vergonzoso e indignante que esta institución haya decidido blindar a un sentenciado por violencia familiar y mantenerlo como su presidente”.
En su cuenta de X, la parlamentaria refirió, “cuando sustenté mi solicitud de vacancia, hace unos días, recordé a los miembros de la Junta Nacional de Justicia que en su resolución contra Rafael Ruiz establecieron que quienes integran la Junta deben tener un ‘actuar íntegro, transparente y ejemplar’ y cumplir con ‘altos estándares de idoneidad moral’. Hoy han decidido ignorar su propio precedente y blindar al señor Ríos”, escribió.
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Alrededor de 46 asentamientos humanos del sector noreste del distrito de Castilla protagonizaron una protesta exigiendo la liberación de una medida cautelar sobre las tierras del ex Fundo Miraflores, sector G. Vanessa Cueva, presidenta de Villa Chulucanas, comentó que esta medida, vigente desde hace más de una década, impide que miles de pobladores accedan a […]
Alrededor de 46 asentamientos humanos del sector noreste del distrito de Castilla protagonizaron una protesta exigiendo la liberación de una medida cautelar sobre las tierras del ex Fundo Miraflores, sector G.
Vanessa Cueva, presidenta de Villa Chulucanas, comentó que esta medida, vigente desde hace más de una década, impide que miles de pobladores accedan a la titulación de sus predios y a servicios básicos como agua y alcantarillado. Esta situación afecta especialmente a personas de la tercera edad y ha provocado el colapso de muchas viviendas por la falta de saneamiento.
“Esta liberación la venimos pidiendo desde el 2012 y seguimos en pie de lucha, para que la señora jueza vea que somos alrededor de 46 asentamientos humanos afectados y estamos en este proceso para obtener nuestra titulación y así acceder a los servicios básicos”, comentó Cueva.
Un proceso que se arrastra
Por su parte, Rodail Saavedra, presidenta del comité sectorial, denunció que llevan más de un año sin avances en el proceso que debería permitir el saneamiento físico-legal de sus tierras. Aseguró que, mientras en otros sectores como Los Libertadores la liberación de estas restricciones se dio en tiempo récord, sus comunidades siguen esperando justicia.
“Estamos pidiendo justicia porque desde hace más de un año no nos liberan de esta medida cautelar. Ya hay un sector que ha sido liberado y nosotros, que somos más de 46 asentamientos humanos, no. Necesitamos que nos liberen para poder avanzar con nuestro saneamiento físico-legal”, manifestó Saavedra.
La dirigente añadió que la medida en disputa no solo afecta a las familias que hoy habitan la zona, sino también a los nuevos pobladores que recién se están instalando, vulnerando así el derecho constitucional a la vivienda. Además, denunció que los poderes económicos ejercen presión en perjuicio de las comunidades más pobres, lo que mantiene a cientos de familias sin acceso a una vida digna.
Una lucha que no se detiene
Finalmente, los dirigentes recordaron que ya han cumplido con todos los requisitos solicitados por las autoridades judiciales, pero aún no reciben respuesta.
“Nosotros le pedimos a la señora jueza que se ponga una mano al pecho, así como nosotros confiamos en su palabra cuando nos dijo que nos daría prioridad a este proceso. Sin embargo, vemos que no lo está cumpliendo. Lamentablemente, somos varios vecinos afectados, pero aun así seguiremos en la lucha”, concluyó Vanessa Cueva.
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La Contraloría General de la República ha revelado serias irregularidades en la construcción de los Ambientes de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza (UNTRM), ubicada en la región Amazonas. El proyecto, cuya inversión supera los S/ 10.7 millones, presenta pagos indebidos por trabajos no realizados y fallas técnicas que comprometen la […]
La Contraloría General de la República ha revelado serias irregularidades en la construcción de los Ambientes de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza (UNTRM), ubicada en la región Amazonas. El proyecto, cuya inversión supera los S/ 10.7 millones, presenta pagos indebidos por trabajos no realizados y fallas técnicas que comprometen la infraestructura.
¿Qué irregularidades encontró la Contraloría?
Según el Informe de Hito de Control N.° 012-2024-OCI/5233-SCC, correspondiente a la valorización de junio de 2025:
Se detectaron partidas valorizadas que no fueron ejecutadas.
Algunas instalaciones, como el ascensor y los acabados en los servicios higiénicos (cielos rasos, puertas, acabados), estaban incompletas, pero fueron pagadas como si estuvieran terminadas.
Estos pagos incumplen la normativa, que establece que una partida solo puede ser pagada al 100 % cuando está totalmente concluida.
Problemas en las tuberías de desagüe
El informe también alertó que las tuberías de desagüe instaladas no tendrían la pendiente mínima requerida, lo que pone en riesgo el sistema sanitario del edificio. Esta deficiencia técnica podría provocar:
Acumulación de residuos sólidos
Obstrucciones frecuentes
Deterioro prematuro de la infraestructura
Riesgo para los recursos públicos y la comunidad universitaria
Las fallas detectadas reflejan una deficiente supervisión por parte del contratista y del ente supervisor, que no garantizaron la ejecución conforme al expediente técnico. Esto compromete no solo la calidad de la obra, sino también el uso adecuado de los recursos públicos.
La Contraloría ha exhortado a las autoridades universitarias a tomar acciones preventivas y correctivas para asegurar que el proyecto cumpla su objetivo: mejorar los servicios de bienestar para los estudiantes.
Accede al informe completo
El informe ha sido notificado a la UNTRM para que adopte las medidas correspondientes. Los ciudadanos pueden consultar este y otros informes en el portal oficial: Buscador de Informes de Control
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El humo de una camioneta ardiendo en llamas en la zona de Compayhuara, en los límites de los centros poblados de Andabamba y Huancarucma, jurisdicción de la provincia de Cangallo, volvió a convertirse en un lamentable hecho de violencia territorial, dejando cuantiosos daños materiales y heridos tras un enfrentamiento. De acuerdo con los testimonios recogidos, […]
El humo de una camioneta ardiendo en llamas en la zona de Compayhuara, en los límites de los centros poblados de Andabamba y Huancarucma, jurisdicción de la provincia de Cangallo, volvió a convertirse en un lamentable hecho de violencia territorial, dejando cuantiosos daños materiales y heridos tras un enfrentamiento. De acuerdo con los testimonios recogidos, pobladores de Andabamba habrían sido sorprendidos por un grupo aún no identificado, presuntamente vinculado a la comunidad vecina. Los atacantes, según versiones preliminares, hicieron uso de armas de fuego contra hombres y mujeres que se encontraban en el lugar.
En medio del caos, las balas alcanzaron a Elena Salvador Cahuana y Rosada Sulca Huamaní, quienes tuvieron que ser trasladadas de emergencia al Hospital de Apoyo de Cangallo. Otros comuneros con lesiones menores fueron atendidos en su propia localidad por el personal de salud. Antes de retirarse, los agresores prendieron fuego a una camioneta, dejando un rastro de destrucción y un ambiente de tensión que se vive actualmente en este lugar.
Un conflicto que no cesa
La Policía Nacional llegó desde la comisaría de Cangallo para iniciar las investigaciones y tratar de identificar a los responsables, pero la población desconfía. No es la primera vez que ocurre. En noviembre del año pasado, otro enfrentamiento dejó heridos y cuantiosos daños materiales.
Este problema tiene raíces profundas: una disputa histórica por la delimitación de tierras entre ambas comunidades. Pese a que en octubre del 2020 la justicia dictó sentencia a favor de Andabamba, sus habitantes aseguran que los supuestos invasores desconocen la ley y continúan con actos de hostigamiento.
Tierra en disputa, vida en suspenso
La violencia no solo amenaza la integridad de los comuneros, también golpea la economía local. La incertidumbre sobre la propiedad de los terrenos impide sembrar con seguridad productos de primera necesidad como papa y maíz. Además, las tensiones rompieron los lazos comerciales que por años unieron a ambas poblaciones en mercados y ferias locales. “Vivimos con miedo, no sabemos en qué momento volverán a atacarnos. Queremos paz, pero también respeto a la justicia”, comentó un morador de Payahuanay-Andabamba, recordando con indignación que las instituciones del Estado no hicieron respetar las resoluciones judiciales.
Caminos hacia la paz
A pesar del clima de hostilidad, algunos líderes comunales de ambas zonas insisten en la necesidad de abrir el diálogo. Se habla de conformar una comisión imparcial que evalúe los derechos históricos y territoriales de ambos pueblos, con el objetivo de frenar el espiral de violencia que solo dejó heridos, pérdidas y resentimiento.
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El exviceministro de la PCM, Raúl Molina, sostuvo que el principal problema en Loreto no es la falta de recursos, sino su mala distribución. Recordó que el plan de cierre de brechas destinó más de mil millones de soles, pero gran parte del dinero se invirtió en capitales provinciales y no en las comunidades indígenas, […]
El exviceministro de la PCM, Raúl Molina, sostuvo que el principal problema en Loreto no es la falta de recursos, sino su mala distribución. Recordó que el plan de cierre de brechas destinó más de mil millones de soles, pero gran parte del dinero se invirtió en capitales provinciales y no en las comunidades indígenas, que eran las destinatarias originales.
“Hoy existen 200 millones de soles asegurados al año durante 26 años en el fideicomiso indígena. La clave es que esos fondos no se queden en pocas manos y lleguen a la gente”, señaló. Molina remarcó que la gestión de los recursos no puede recaer únicamente en cinco alcaldes provinciales, como ocurre actualmente.
Propuso ampliar la participación de alcaldes distritales y representantes de federaciones indígenas, así como implementar mecanismos de rendición de cuentas. Agregó que los núcleos ejecutores pueden ser una alternativa para garantizar que el dinero llegue directamente a las comunidades, siempre que se administren con responsabilidad.
“El desarrollo es posible, pero hay que desterrar la corrupción y fortalecer la corresponsabilidad de todos los actores locales”, puntualizó.
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Un operativo de la División de Maniobras Contra el Tráfico Ilícito de Drogas, a través del Departamento de Operaciones Tácticas Antidrogas de Tingo María, permitió la ubicación y destrucción de un laboratorio rústico de elaboración de pasta básica de cocaína (PBC) en el distrito de Monzón, provincia de Huamalíes, región Huánuco. La intervención se realizó […]
Un operativo de la División de Maniobras Contra el Tráfico Ilícito de Drogas, a través del Departamento de Operaciones Tácticas Antidrogas de Tingo María, permitió la ubicación y destrucción de un laboratorio rústico de elaboración de pasta básica de cocaína (PBC) en el distrito de Monzón, provincia de Huamalíes, región Huánuco.
La intervención se realizó en inmediaciones del caserío Cashapampa, tras un trabajo de inteligencia que condujo a los agentes a internarse en una zona agreste y de densa vegetación. El equipo policial emprendió un patrullaje a pie de cerca de tres horas antes de llegar al lugar.
Laboratorio rústico en plena operación
Al ingresar al campamento clandestino, los efectivos hallaron un laboratorio activo, equipado con pozas de maceración y decantación. En el lugar encontraron 1150 kilos de hoja de coca en proceso de maceración, 751 kilos de insumos químicos como gasolina, carbonato de sodio, bisulfato de sodio y óxido de calcio, además de 10 toneladas de detritus.
Asimismo, se incautaron 4.5 kilos de PBC lista para su comercialización y diversos enseres utilizados en la producción ilegal, entre ellos baldes, cernidores, jarras y bastidores artesanales.
En el lugar encontraron 1150 kilos de hoja de coca en proceso de maceración. (Foto: Difusión)
Destrucción en coordinación con Fiscalía
En coordinación con el representante del Ministerio Público, se procedió a la destrucción e incineración de todos los insumos y equipos hallados, en cumplimiento de la legislación vigente. Esta medida busca evitar la reutilización de los materiales por parte de organizaciones del narcotráfico que operan en la zona del Huallaga.
De acuerdo con el informe oficial, el perjuicio económico generado por la incautación y destrucción de los insumos y la droga lista para su venta fue valorizado en S/ 29,588.90.
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La fiscal de la Nación, Delia Espinoza dijo que de ser cierto uno de los documentos de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que están circulando se estaría cometiendo el delito de prevaricato por ir en contra de un fallo del Tribunal Constitucional.
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, afirmó que al momento no ha sido notificada sobre el pedido de suspensión en su contra por seis meses, pero que de ser cierto uno de los documentos que ya circulan, la instructora de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), María Teresa Cabrera estaría cometiendo prevaricato por querer someterla a un proceso disciplinario inmediato.
La titular del Ministerio Público refirió, “se han divulgado algunos documentos que serían de la JNJ entre los cuales, la instructora de esa entidad, María Teresa Cabrera, como encargada de la investigación preliminar sobre mi persona -por una supuesta desobediencia a la resolución que pretendía reponer a la hoy fiscal suprema titular, Patricia Benavides- está solicitando que se apruebe por parte de todos los miembros de la Junta, mi suspensión por seis meses”.
Al respecto, afirmó que todavía no se le ha notificado formal u oficialmente, pero que sin embargo, ya están circulando documentos “que vamos a verificar su condición de oficiales, una vez que se nos notifique”. Sin embargo, lo que preliminarmente puedo decir es que, de ser cierto este pedido, la instructora estaría cometiendo el delito de prevaricato.
Tribunal Constitucional falló sobre los procesos disciplinarios inmediatos
Esto porque, según explicó Espinoza Valenzuela, en un documento se solicita que se me someta a un proceso inmediato disciplinario, cuando el Tribunal Constitucional ya ha dejado claramente establecido que el procedimiento inmediato disciplinario no es constitucional, no es legal.
Aclaró que no le me puede sancionar o pretender sancionar por haber cumplido con la Constitución, en su artículo 158. “Porque como fiscal de la Nación, lo que la JNJ pretendía era que yo cometa una infracción constitucional abandonando mi cargo para entregarlo a otra supuesta magistrada, cuando eso no indica la Constitución”. Reiteró que no se trata de un tema personal, sino que es institucional.
Delia Espinoza pidió públicamente que la junta Nacional de Justicia “retome los muchos casos que tiene allí durmiendo el sueño de los justos, respecto de procedimientos de ratificación o de destitución que están desde el año pasado y que no se cometa el mismo error que en el Congreso -como ya lo hemos demostrado- que toman algunos casos sin respetar el orden cronológico para tramitarlos”. “Unos los apuran y otros no, eso no es respeto al debido proceso institucional, porque no queremos que se desestabilice al Ministerio Público”.
Fiscal pidió que se abstenga Cabrera Vega “por decoro”
De acuerdo con un escrito que presentó la defensa de la fiscal Espinoza ante la Junta Nacional de Justicia, el 4 de setiembre, se había pedido que la instructora María Teresa Cabrera Vega se abstuviera por decoro, que siguiera conociendo el procedimiento disciplinario.
Esto, porque según explica, por la existencia de un enfrentamiento jurídico e institucional directo entre la Junta Nacional de Justicia y la suscrita y; la segunda, como una potestad de resguardo que busca preservar la confianza en la objetividad y probidad de la autoridad.
“En ambos casos, lo cierto es que la prosecución del procedimiento con su participación comprometería de raíz la garantía constitucional de imparcialidad. De ahí que, corresponde declarar la nulidad de la Resolución JNJ y la retroacción de las actuaciones al estado anterior”, argumentó.
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La Fiscalía Provincial Penal de Churcampa abrió investigación preliminar contra el suboficial de tercera de la PNP, Michael Quispe Limas, integrante de la comisaría de Chilca, en Huancayo. Se le acusa de participar en un robo agravado ocurrido el 3 de setiembre en la trocha de Villa Esmeralda de los Andes, distrito de Locroja. Según […]
La Fiscalía Provincial Penal de Churcampa abrió investigación preliminar contra el suboficial de tercera de la PNP, Michael Quispe Limas, integrante de la comisaría de Chilca, en Huancayo. Se le acusa de participar en un robo agravado ocurrido el 3 de setiembre en la trocha de Villa Esmeralda de los Andes, distrito de Locroja.
Según la Disposición Fiscal N.° 01-2025, firmada por el fiscal Raúl Huacachi Rocha, Quispe Lima habría disparado durante un presunto asalto en una zona conocida como corredor de drogas. En un video difundido en redes se ve al policía disparando con una pistola, mientras otro efectivo lo cubre con un fusil. También aparece su auto particular: un Toyota Corolla rojo, de placa C8H-164, estacionado en la vía.
La fiscalía citó a Quispe Lima para declarar el 19 de setiembre a las 9:00 a.m. Deberá explicar qué hacía su vehículo en la zona y quiénes lo acompañaban, además de aclarar si actuó por iniciativa propia o bajo órdenes.
También fueron citados para mañana, 10 de setiembre, los comisarios de Anco, San Pedro de Coris y San Miguel de Mayocc, así como el mayor Alexander Rojas Caceda, jefe de la zona policial. Además, declararán cuatro testigos.
El fiscal Huacachi también solicitó la relación de efectivos de las comisarías involucradas y un informe detallado sobre las armas largas utilizadas entre el 3 y 4 de setiembre.
El fiscal ordenó una inspección ocular para el 11 de setiembre a las 11:00 a.m. con el objetivo de recoger casquillos, medir distancias y determinar la jurisdicción exacta del hecho. La investigación preliminar vence el 5 de octubre.
Según información de Huanca York Times, Quispe Lima estaba de vacaciones desde el 1 de setiembre. Ese día, cerca de la 1 p.m., los pobladores escucharon detonaciones, pero nadie quiso identificarse por temor a represalias.
La investigación también menciona una camioneta blanca con una con calcomanía del «Divino Niño», sospechosa de transportar hoja de coca.
Participaron otros cinco policías de Chilca, entre ellos el alférez Fernando Lapa Socualaya, quienes también serán citados.
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El jefe del módulo defensorial de San Román, Nivardo Enríquez Barriales, lanzó fuertes críticas contra la Policía tras advertir serias deficiencias en el trabajo de los agentes asignados a Juliaca. Según el funcionario, los efectivos muestran una preocupante falta de voluntad para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana en la provincia. Enríquez Barriales aseguró que los […]
El jefe del módulo defensorial de San Román, Nivardo Enríquez Barriales, lanzó fuertes críticas contra la Policía tras advertir serias deficiencias en el trabajo de los agentes asignados a Juliaca. Según el funcionario, los efectivos muestran una preocupante falta de voluntad para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana en la provincia.
Enríquez Barriales aseguró que los policías “no están cumpliendo sus funciones adecuadamente” y que, en lugar de realizar rondas preventivas a pie, permanecen dentro de los patrulleros sin mayor actividad. “Lamentablemente, hemos visto efectivos policiales más tiempo dentro del patrullero que haciendo el patrullaje a pie”, señaló tras supervisar las cámaras de videovigilancia municipal durante el jueves y viernes pasados.
El representante de la Defensoría también cuestionó la falta de coordinación entre la Policía y el Serenazgo, lo que ‘a su juicio’ limita la capacidad de respuesta frente a hechos delictivos. Como ejemplo, relató que en la Plaza Bolognesi un grupo de personas consumía bebidas alcohólicas durante una boda, mientras los agentes permanecían a solo una cuadra sin intervenir.
La crítica más severa apuntó al trato que reciben los ciudadanos en las comisarías. Enríquez reveló que muchas denuncias son rechazadas con frases como: “¿para qué vas a poner la denuncia?”, o “te vas a meter en problemas”. Esta práctica, dijo, erosiona la confianza en la institución policial y desincentiva que la población formalice sus quejas.
“El problema es que no existe voluntad de algunos efectivos policiales de brindar un verdadero servicio de seguridad a la ciudadanía”, advirtió. Según explicó, este desinterés ha generado que muchos vecinos prefieran no acudir a las dependencias policiales, alimentando un clima de impunidad.
Finalmente, el funcionario exhortó al jefe regional policial a implementar capacitaciones permanentes, controles rigurosos y supervisión directa del personal. Además, alertó que, de persistir esta situación, la población podría optar por ejercer justicia por mano propia, lo que agravaría aún más el escenario de inseguridad en Juliaca.
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Un megaoperativo policial logró asestar un golpe contundente a una peligrosa organización criminal que operaba en varias regiones del país, incluida Arequipa. Aproximadamente 600 efectivos participaron en los allanamientos simultáneos realizados en las primeras horas de la mañana. Resultó con la captura de 24 presuntos integrantes de la banda conocida como ‘Los D.E.S.A. II’.
El operativo, coordinado entre la Policía Nacional y el Ministerio Público, abarcó 32 inmuebles en Lima, Tumbes y Arequipa, incluyendo incluso una celda en el penal de Huacho.
El ministro del Interior, Carlos Malaver, calificó la acción como un impacto significativo contra esta organización criminal. Señaló que estaba integrada mayoritariamente por ciudadanos venezolanos y algunos peruanos.
La investigación reveló la sofisticada red de lavado de activos que utilizaba la organización. Con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera, se congelaron 50 cuentas bancarias y se incautaron alrededor de 20 millones de soles vinculados a siete empresas de fachada.
La fiscal superior Nelly Millones, especializada en crimen organizado, explicó que el grupo operaba en tres fases claramente definidas. Estas son ejecución, intermediación con cuentas prestadas y una fase final de lavado mediante el cual el dinero ilícito salía hacia Colombia y Ecuador. Luego era reintegrado al Perú, aparentando legalidad.
La banda es acusada de dedicarse a la extorsión y el sicariato, vinculándosele con varios asesinatos de conductores de empresas de transporte. Su modus operandi incluía el envío de mensajes y videos de alto impacto psicológico para forzar el pago de cupos, recurriendo al asesinato cuando sus exigencias no eran atendidas.
Las autoridades hicieron un llamado a los empresarios, transportistas y comerciantes que hayan sido víctimas de esta organización a formalizar sus denuncias. Pueden dirigirse al local de la División de Secuestros o a la sede de la Dirincri en la Av. España, en Lima.
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Estudió las carreras de Economía y Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional de San Agustín. En 2013 inicia su trabajo en El Búho, donde permanece actualmente.
El Ministerio Público descubrió nuevas evidencias que amplían el número de responsables en la compra irregular de maquinaria pesada para Puno, revelando un círculo más extenso de autoridades involucradas en este escándalo que compromete diez millones de soles públicos. Orlando Fernández Sejje, expresidente de la Central de Barrios de Juliaca, confirmó que los fiscales hallaron […]
El Ministerio Público descubrió nuevas evidencias que amplían el número de responsables en la compra irregular de maquinaria pesada para Puno, revelando un círculo más extenso de autoridades involucradas en este escándalo que compromete diez millones de soles públicos.
Orlando Fernández Sejje, expresidente de la Central de Barrios de Juliaca, confirmó que los fiscales hallaron indicios adicionales. Estas pruebas sugieren una participación más amplia de funcionarios en la adquisición de equipos que presenta múltiples inconsistencias desde su inicio.
La transacción involucra veintiuna excavadoras y seis martillos hidráulicos cuyo costo total alcanzó aproximadamente diez millones de soles. El proceso de compra exhibe graves irregularidades que han llamado la atención de las autoridades de control y del Ministerio Público.
Fernández Sejje lamentó que esta considerable cantidad de recursos no se destinara a resolver problemas urgentes de la población. Sostuvo que estos fondos pudieron haberse utilizado para fortalecer la seguridad ciudadana o atender otras necesidades apremiantes de la región.
La Contraloría General de la República ya había identificado múltiples observaciones en su informe inicial. Este documento técnico respaldó las sospechas sobre la falta de transparencia en todo el procedimiento de adquisición, generando alertas sobre posibles irregularidades administrativas.
Una de las principales anomalías detectadas fue la significativa diferencia entre las propuestas económicas presentadas. Las bases técnicas de la licitación habrían sido vulneradas en este aspecto fundamental, según lo manifestado por Fernández Sejje ante las autoridades correspondientes.
Durante el concurso público, un postor fue supuestamente descalificado por incumplir las reglas establecidas. No obstante, la Contraloría opinó que este participante debió mantenerse en competencia hasta concluir completamente el proceso de evaluación técnica y económica.
Los auditores también identificaron incompatibilidad entre los martillos hidráulicos adquiridos y las excavadoras correspondientes. Esta situación técnica podría comprometer seriamente la operatividad del equipo y generar gastos adicionales innecesarios para el gobierno regional de Puno.
Las especificaciones técnicas del proceso exigían la participación de un profesional mecánico especializado en el equipo técnico. La empresa adjudicataria presentó documentos de un electricista para cumplir con este requisito específico, violando aparentemente los términos establecidos.
Estos elementos, según Fernández Sejje, evidencian un posible direccionamiento deliberado en la adjudicación del contrato público. Se presume que existió un trato preferencial hacia la empresa que finalmente obtuvo la buena pro en esta polémica licitación.
La solidez de los indicios presentados hace prever posibles sentencias judiciales en el futuro cercano. Las consecuencias legales podrían alcanzar al gobernador regional, al gerente de administración y a diversos funcionarios que participaron directamente en este proceso.
El Consejo Regional mantuvo, según la percepción de Fernández Sejje, una postura de total inacción frente a este grave asunto. Esta pasividad fue interpretada por el exdirigente como una forma de complicidad con la evidente sobrevaloración de los equipos.
Solamente el consejero Abad Vizcarra, representante de la provincia de Chucuito, brindó su apoyo decidido a la querella interpuesta. Su postura, sin embargo, se encontró completamente aislada frente a la mayoría de integrantes del cuerpo colegiado regional.
El congresista Elvis Vergara Mendoza, presidente de la Comisión de Fiscalización del Parlamento, visitará próximamente la región. En esa ocasión, recibirá un documento detallado con toda la información recopilada sobre este sonado caso de presunta corrupción.
Durante la misma reunión parlamentaria, se informará al congresista sobre otras problemáticas urgentes que afectan a Puno. Entre estos temas figuran la escasez de agua potable en Juliaca y los trágicos acontecimientos ocurridos el nueve de enero.
Fernández Sejje expresó reservas sobre la autoridad moral del congresista para ejercer labores de fiscalización efectiva. Recordó que el propio parlamentario enfrenta un historial de graves imputaciones legales que cuestionan su idoneidad para esta función.
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En el lugar encontraron 1150 kilos de hoja de coca en proceso de maceración. (Foto: Difusión)
