Por Rosario Cardeña

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El partido Avanza País presentó oficialmente a su plancha presidencial y a sus candidatos a senadores y diputados el último 20 de enero. La congresista por Arequipa Diana Gonzales Delgado publicó fotos de la actividad política en su perfil de Facebook. En una se le ve junto a la polémica Adriana Tudela, actual legisladora y postulante a la segunda vicepresidencia por dicha organización política. “Asumo este nuevo reto como candidata a diputada por Lima (…) con responsabilidad y compromiso”, escribió Gonzales como encabezado a las imágenes.  

Su publicación recibió un abucheo mayoritario en la red social. “Me parece bien que se presente por Lima, porque para Arequipa no hizo nada”, comentó María Guzmán. “Arequipa te quedó grande…”, criticó “César Vlard”. “De Arequipa a Lima, te pasaste…”, la cuestionó Moisés Halanoca.

Pese a las críticas, la parlamentaria no considera que esté traicionando a sus electores. “Mi vínculo con Arequipa es innegociable. El voleibol y mis estudios me llevaron a vivir fuera, pero jamás me alejaron de mi tierra”, contestó Gonzales al otro lado de la línea telefónica. Subrayó que es el partido quien la invitó a postular por la capital y niega que se desprenda de los problemas de la región del sur.

Gonzales llegó al Congreso para representar a Arequipa y es hasta donde vino a buscar votantes. Consiguió 24,948 votos en las elecciones generales del 2021 por el mismo partido con que ahora busca la reelección. De los seis parlamentarios que ganaron una curul, ella fue la tercera más votada. La catapulta para ser electa fue ser una ex “matadorcita”, denominación dada a las voleibolistas de las divisiones menores que estuvieron al mando de la medallista olímpica Natalia Málaga.

Pero fue justamente siendo congresista que se libró de una sanción grave impuesta por una instancia del Instituto Peruano del Deporte (IPD), por no cumplir requisitos para ser electa presidenta de la Federación Peruana del Vóley (FPV) cuando apenas tenía 24 años. 

Set ganado

Gracias al vóley, la legisladora obtuvo una beca para ir a la Universidad Agrícola y Mecánica de Florida de los Estados Unidos. Es a su regreso que postuló a la presidencia de la FPV para el periodo 2017-2020. Consiguió ser electa, pero tras un poco más de un año en el cargo, fue destituida por el Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte (CSJDHD) del IPD.

Augusto Bravo Villarán, expresidente de la FPV, la acusó de no cumplir con los requisitos exigidos para ser presidenta en octubre de 2016. Se basó en que Gonzales no obtuvo la categoría de Deportista Calificado de Alto Nivel (DECAN), además de que no acreditó estudios universitarios o técnicos al momento de la postulación. Ambos son requisitos para ser presidente o vicepresidente estipulados en la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte (N°28036).

La denuncia la presentó ante el CSJDHD que sanciona las faltas en el ámbito deportivo. En más de un año de análisis, la instancia concluyó destituir a Gonzales e inhabilitarla por cinco años para ejercer cualquier cargo en el sistema deportivo nacional con su resolución N°003-2018. Mientras que, a la presidenta del Comité Electoral, Juana Conde Chero, se la castigó a dos años de inhabilitación.

Cuatro meses después, el castigo es ratificado en parte por otra sala del Consejo Superior de Justicia Deportiva, tras la apelación que interpuso la exvoleibolista. Se confirmó la destitución, pero se redujo la inhabilitación de cinco a tres años contra la legisladora. Es así que la deportista decidió judicializar el caso en la Corte Superior de Justicia de Lima.

Sin embargo, el Décimo Juzgado en lo Contencioso Administrativo, a cargo de la jueza Maritza Obregón Ñiquen, declaró infundada su demanda en agosto del 2023. Siendo parlamentaria, insistió a la instancia superior. Hasta que la Cuarta Sala Contencioso Administrativa, con una argumentación controvertida al no considerar las pruebas con que destituyeron a Gonzales del cargo dirigencial, falló a su favor.

La resolución N°006 del 23 de septiembre del 2024 declaró fundada la demanda y dispuso anular las resoluciones del Consejo Superior de Justicia Deportiva del IPD que sancionaron a Gonzales. “Cada Año Nuevo me decía a mí misma cuándo va a terminar esto. Tuve que esperar más de 6 años, porque fue un daño a mi honra, para mi familia, para mi apellido”, indicó la parlamentaria.

Por forma, no por fondo

Para las magistradas Patricia Beltrán Pacheco, Edith Cerna Landa y Magali Valer Fernández, se vulneró “el principio de tipicidad y el debido proceso”. Sostuvieron que Gonzales no incurrió en actos u omisiones para su beneficio ni incumplió normas deportivas al presentar documentación que no ha sido declarado nula. Textualmente indica que “presume válido” el requisito de que Gonzales es DECAN. Lo mismo consideró sobre la acreditación de ser profesional en ese momento, solo porque el Comité Electoral declaró infundada la tacha por dicho caso.

Para ser DECAN, el deportista debe obtener medalla de oro, plata o bronce en un evento oficial de la federación, internacional u olímpico (resultado deportivo internacional), dispone el Manual de Indicaciones Metodológicas del IPD. Incluso se considera que los DECAN deben participar en las selecciones de máxima categoría. Lo que no ocurrió con Gonzales.

“Uno logra ser deportista calificado a alto nivel cuando compites por la máxima categoría de tu deporte. Se puede jugar partidos amistosos, de preparación, pero para ser atleta de la máxima categoría tienes que jugar por la selección de voleibol. (…) Ni siquiera es un tema opinable. Ser DECAN es jugaste o no jugaste por la selección adulta”, explicó el presidente de la Comisión de Derecho Deportivo del Colegio de Abogados de Lima, Marco La Jara.

Bajo el mando de la exvoleibolista Natalia Málaga, Diana Gonzales integró la selección nacional juvenil que consiguió el bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Singapur 2010. También participó en la Copa Panamericana Juvenil del 2011, un torneo de preparación, consiguiendo el plantel el primer puesto. La última vez que integró la selección fue en la sub 20.

Aun así, Gonzales se inscribió usando el oficio N°3359-2019-IPD/DINADAF en que se la considera ex DECAN por la Dirección Nacional de Deporte Afiliado (DINADAF). Sin embargo, el CSJDHD señaló que para ser una ex DECAN es indispensable que en su momento debió obtener la categoría de DECAN, y que la candidata “no presentó ese reconocimiento porque nunca lo obtuvo”. 

En esa misma línea decidió la jueza de primera instancia. Consideró que dicho oficio no se ajusta a ley. “Corresponde al Consejo Directivo del IPD otorgar la denominación de deportista calificado de alto nivel; en consecuencia, no se puede avalar un acto administrativo que contradiga la normativa mencionada”, señala el fallo de Obregón. Por lo que consideró que el oficio no tiene valor probatorio.

Incluso la propia FPV propuso al IPD que determinados deportistas obtuvieran dicha categoría en 2014 y 2016. En las resoluciones N°049-2014 y N°098-2016 el nombre de la parlamentaria no está considerado. Mientras que, en el registro de atletas del 2 de septiembre del 2016, la ex voleibolista está registrada solo como “Deportista Calificada” debido a que sus logros fueron en las categorías 17 y 20 años y no en la categoría de mayores.

Sobre sus grados universitarios, Gonzales presentó documentación de haber estudiado en los Estados Unidos. Pero para el denunciante estos debieron acreditarse ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU). Como prueba presentó la carta N°052-2016 de la Sunedu que informó que no existía ningún grado académico a nombre de la parlamentaria en ese momento.

Pese a estas pruebas, Gonzales insiste en que es DECAN. “Me parece increíble que teniendo los requisitos tan claros no se haya procedido como deberían, afectando mis derechos fundamentales, pero sobre todo mi honra”, dijo. Por la disposición judicial, el CSJDHD emitió la resolución N°0011 en diciembre del 2024 borrando la sanción.

De lo que aún no se libra la parlamentaria es de las investigaciones fiscales. Es acusada de malversación, peculado, concusión y hasta cohecho pasivo propio en agravio de la misma Federación Peruana de Vóley. “Esos procesos siguen su curso”, contestó Gonzales.

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Lo que debía ser una herramienta para la difusión equitativa de propuestas de los partidos políticos, denominada como Franja Electoral, se ha convertido en un cuestionado manejo de recursos que hace presumir conflictos de interés, pero sí evidencia una falta de transparencia y vacíos legales que impiden una fiscalización efectiva por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Solo con el inicio de la pauta publicitaria con fondos públicos destinados a la propaganda electoral en Perú para las Elecciones 2026 se ha desatado una nueva crisis política tras revelarse presuntas irregularidades en el uso de los S/80 millones de fondos públicos asignados a 38 organizaciones políticas.

El escándalo que ha hecho tambalear algunas candidaturas ha llegado a instancias judiciales, siendo actualmente materia de investigación que encabezará la Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Corrupción de funcionarios que ya derivó la carpeta fiscal a un despacho provincial para el inicio a las diligencias este lunes 9 de febrero.

Así lo ha dispuesto el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, quien anunció una investigación preliminar contra quienes resulten responsables por el presunto direccionamiento de los recursos entregados a los partidos como publicidad estatal en la franja electoral. La hipótesis fiscal apunta a delitos graves contra la administración pública.

Pero, en el ámbito político, el malestar ha sido tal que diversos candidatos han comenzado a plantear la eliminación definitiva de la franja electoral. En el caso más sonado del partido País para Todos (PPT) cuyo candidato es Carlos Álvarez, decepcionado llegó a decir que renunciaría, pero no lo hizo, sin embargo, su partido ha decidido no participar de la franja electoral.

¿Qué pasó con los partidos y su presumible favoritismo a unos medios en específico?

Entre los casos más críticos sobre el uso de la franja electoral está el del partido Fuerza y Libertad que lleva como candidata a la presidencia a Fiorella Molinelli. Esta agrupación entregó el 100% de sus fondos (S/1.6 millones) a la empresa Video Films SAC – Sol TV. Este canal peruano con sede en Trujillo pero que cubre diversas partes del Perú, fue fundado en 2003 y pertenece a la familia Cruzado Saucedo. Su gerente general es Ricardo Cruzado.

Le sigue el Partido Regionalista de Integración Nacional (PRIN) que invirtió el 53% (S/906 mil) en la misma empresa, Sol TV, aunque su candidato Walter Chirinos calificó el hecho como un «error» que sería reajustado.

Entre otros partidos que han concentrado sus fondos en proveedores específicos está como hemos mencionado, País para Todos (PPT) que destinó el 38% (S/642 mil) de su asignación al canal, Nativa TV. Como dijimos, esto provocó que Carlos Álvarez, su candidato presidencial, amenazara con renunciar al no haber sido consultado. El tema se “zanjó” con el anuncio de que no renunciará a la candidatura, pero la agrupación renunciará formalmente al uso de la franja electoral. Atribuyeron lo sucedido a una «inexperiencia» en la distribución estratégica.

Primero la Gente y Alianza Para el Progreso

Continúa en términos de porcentaje de inversión, el partido Primero la Gente, que lleva como candidata a Marisol Pérez Tello. Esta agrupación adjudicó el 24% de su presupuesto (S/416 mil) al mismo canal Nativa TV, empresa vinculada a Miguel del Castillo, quien en ese momento estaba como candidato a diputado por dicha agrupación y tras admitir que participó en la decisión de contratación, renunció a la candidatura, decisión que aceptó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En el caso de Alianza para el Progreso (APP) cuyo dueño, líder y candidato a la presidencia es César Acuña, dirigió S/349,882 a Cosmo Televisión, medio vinculado históricamente a la familia de César Acuña, a pesar de que los candidatos actuales nieguen la propiedad directa.

La ONPE deslinda responsabilidades porque todo está en la ley

Ante los cuestionamientos, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha deslindado responsabilidades directas sobre la elección de los medios que han hecho los partidos.

De acuerdo con este organismo electoral, la ley vigente faculta a los partidos a elegir libremente dónde contratar. Además, el organismo no está habilitado para fiscalizar a qué empresas se adjudican los montos ni verificar la audiencia. Ni la capacidad técnica de medios digitales o de streaming que reciben sumas millonarias.

En ese sentido algunos especialistas consultados advierten que existe un vacío legal crítico. Esto, porque la normativa actual no prohíbe que los dirigentes asignen fondos a sus propios medios. Ni regula las comisiones de intermediarios, según lo dicho por Kevin Advíncula Medrano, experto en derecho electoral a La República.

Consecuencias y propuestas de reforma

En ese orden de hechos y opiniones, para evitar que esta «farra» de fondos públicos se repita, expertos sugieren que el próximo Congreso (2026-2031) realice una reforma profunda. Esta debería inclir la prohibición expresa de contratar medios vinculados a dirigentes o candidatos y establezca una supervisión previa obligatoria por parte de la ONPE.

También resaltan la necesidad de que haya una rendición de cuentas para evitar el uso indebido de los recursos estatales durante las campañas.

Por ahora, la falta de transparencia y los cuestionamientos siguen marcando el ritmo de una campaña que apenas comienza.

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Las lluvias intensas en Junín provocaron deslizamientos y huaicos que dejaron seis fallecidos, viviendas destruidas, carreteras bloqueadas y familias aisladas en la selva central. Comunidades como Tsiriari y zonas de la cuenca del río Ene enfrentan inundaciones recurrentes mientras pobladores denuncian abandono y falta de medidas preventivas sostenidas.

Pese a la emergencia, varios distritos afectados quedaron fuera de la declaratoria nacional, generando cuestionamientos sobre la respuesta del Estado frente a desastres recurrentes en la región. Autoridades regionales advierten que ocupaciones en zonas de riesgo agravan el problema, aunque las muertes evidencian fallas en prevención, planificación urbana y gestión del riesgo.

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El video Seis muertos y distritos olvidados: comunidades aisladas denuncian abandono estatal en Junín se publicó en YouTube en este enlace

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El alcalde de Balsapuerto enfrenta fuertes cuestionamientos tras denuncias ciudadanas que lo señalan por ausentarse del distrito, incumplir promesas electorales y evitar rendir cuentas públicas. Pobladores protestaron exigiendo explicaciones sobre el uso del presupuesto municipal, mientras denuncian que la autoridad respondió enviando policías en lugar de abrir espacios de diálogo.

La crisis política genera desconfianza entre los habitantes, quienes denuncian presuntas obras fantasmas y abandono institucional en una de las zonas más alejadas de Loreto. El conflicto refleja tensiones entre autoridades y ciudadanos, evidenciando reclamos sobre transparencia, gestión municipal y cumplimiento de compromisos asumidos durante la campaña electoral.

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El video PROTESTAS EN LORETO | Alcalde desaparece y pobladores denuncian obras fantasmas se publicó en YouTube en este enlace

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De acuerdo con la encuestadora Imasen, el presidente interino José Jerí alcanzó una desaprobación del 70,4% en el mes de enero y según Ipsos, aumentó al 61%. Su baja popularidad se debería básicamente al escándalo del ‘Chifagate’ y al hecho de ver al mandatario encapuchado acudiendo a una cita no oficial con empresarios chinos.

Imasen

Según esta encuestadora, el rechazo a la gestión de José Jerí se incrementó de noviembre de 2025 a enero de 2026. Alcanzó el 70,4% en el mes de enero. Es un incremento de 23,2 puntos porcentuales respecto a noviembre de 2025, cuando el rechazo se ubicaba en 47,2%. Y si en noviembre de 2025, el presidente tenía un respaldo ciudadano del 45,5%, en enero de 2026 descendió a 24,1%.

Asimismo, revela el informe que la desaprobación creció en Lima, el norte y el centro del país. En Lima y Callao pasó de 44,6% en noviembre a 64,2% en enero, mientras que la aprobación cayó de 49,3% a 31,5%. Y en el norte, el rechazo subió de 47,6% a 77,1%, uno de los niveles más altos registrados en el estudio.

Mientras en el sur del país, la desaprobación también es significativa pues aumentó de 50,4% en noviembre a 72,5% en enero. En la zona centro, el rechazo a la gestión de Jerí pasó de 42,1% a 67,6% entre noviembre de 2025 y enero de 2026. Y en el oriente, la desaprobación subió de 53,8% a 71,8%.

El informe de Imasen se elaboró sobre una muestra total de 1300 entrevistas a nivel nacional en enero de 2026.

Mayoría duda de la honestidad de José Jerí y de que llegue al 28 de julio

Respecto a la percepción ciudadana sobre la honestidad del presidente, se muestra un deterioro marcado. A nivel nacional, el 76,2% de los encuestados en enero de este año, consideró que José Jerí no es una persona honesta. Cuando en noviembre de 2025, era un 59,8% que lo consideraba deshonesto.

Igualmente, repasando esa consulta en todas las regiones del país se registró que, en Lima y Callao, el 70,5% considera que Jerí no es honesto; en el norte, un 77,8% y, en el sur el rechazo llegó con un 82,5%. Los ciudadanos sostienen que Jerí no es una persona honesta. La zona centro registró un 71,4% y en el oriente, la percepción de su deshonestidad llegó al 82,8%.

La percepción sobre si José Jerí seguirá como jefe de Estado, también cayó a nivel nacional. Quienes consideran que no logrará llegar al mes de julio son un 46,7% y quienes creen que sí llegará al 28 son el 53,3% a enero de este año, cuando en noviembre de 2025 era del 70,1%.

Por regiones: Lima y Callao, no creen que completará el periodo un 59,4%; norte, creen que no llegará a julio 53,2%; sur, se incrementó a 50,9%; zona centro, el 40,9% duda de su continuidad. En el oriente, aunque la mayoría mantiene una opinión favorable, 53,8% no creen que llegará a julio.

Ipsos

Según la encuesta de Ipsos para Perú21, el rechazo de los peruanos a la gestión del mandatario se elevó de 43% a 61% en un solo mes. Su aprobación a nivel nacional bajó a 30%. Esto es por los encuentros con empresarios chinos y las afortunadas jóvenes que visitaron palacio. La confianza que tenían los peruanos en su gobierno hace tres meses se ha venido abajo. 

Incluso su entorno más cercano se ha perjudicado. La gestión del premier Ernesto Álvarez la desaprueba el 64% de los peruanos. Hace un mes era el 55%. Igualmente, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, por acompañar al mandatario encapuchado a cenar clandestinamente a un chifa de San Borja, tiene un 64% de desaprobación ciudadana.

Además, ni el como ministro ni Jerí como presidente, han cumplido con aminorar la criminalidad en el país. Tampoco han entregado el tan prometido Plan Nacional de Seguridad.

Ipsos, en su estudio pidió a sus entrevistados que con una palabra expresaran lo que sienten por su presidente. La mayoría optó por la palabra Nada. También eligieron, decepción, bueno, corrupto e incapaz.

Ipsos también evaluó la gestión del presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi. Su desaprobación se elevó de 62% a 67%.

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• Keiko Fujimori rompe su palabra y responde a Rafael López Aliaga: se ríe de su propuesta de poner serpientes en penales
• Lo sufre el pacto: Vladimiro Montesinos deberá quedarse en prisión hasta el 2037 por el caso Pativilca y ya no saldrá libre en 2032
• Betssy Chávez borra su contenido en redes tras protesta del Perú contra México por uso político de sus plataformas

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El video NO PUDO EVITAR REIRSE | Keiko Fujimori se ríe de Aliaga por su propuesta de serpientes en penales se publicó en YouTube en este enlace

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Keiko Fujimori decidió devaluar su palabra (una vez más) y responder a los ataques de su principal contrincante y, por ahora, líder en las encuestas presidenciales: Rafael López Aliaga.

La candidata de Fuerza Popular había prometido que no se iba a desgastar respondiendo a quienes “no le suman”, porque, según ella, estaba lista para una contienda electoral limpia, seria y sin peleas. Pero la promesa duró lo que dura una historia en Instagram.

En pocos días, no pudo evitar referirse a “Porky” y a sus peculiares propuestas, como la de colocar shushupes alrededor de los penales que planea construir en pleno corazón de la selva, supuestamente como estrategia para combatir la inseguridad ciudadana.

Sin disimular la risa, Keiko cuestionó que haya candidatos que presenten “bromas” como si fueran propuestas serias, y aprovechó para recordar, de paso, el “gran trabajo” realizado por el fujimorismo, con su padre, contra la inseguridad. Además, intentó dar lecciones de gobernabilidad tanto a López Aliaga como a Carlos Álvarez, tras el reciente escándalo de la franja electoral. Según Fujimori, si no pueden manejar presupuestos pequeños o si al primer problema quieren desaparecer las políticas de Estado, entonces no tienen la talla para aspirar a la presidencia. Qué miedo

Lo sufre el pacto: Vladimiro Montesinos deberá quedarse en prisión hasta el 2037 por el caso Pativilca y ya no saldrá libre en 2032

A pesar de las presiones del pacto, no todo está perdido en el sistema de justicia. Se conoció que la Corte Suprema rechazó que Vladimiro Montesinos hubiese cumplido los 19 años de cárcel impuestos por el caso Pativilca, donde se masacraron a 6 pobladores. Ocurre que los abogados del Doc planteaban que su defendido ya había cumplido la pena ya que se encontraba en prisión desde 2001. En un primer momento, una sala penal superior le hizo el favorcito al tío Vladi, pero tuvo que llegar la Corte Suprema para aclarar que el compadre de Fujimori solo purgó 72 meses de prisión por el caso Pativilca.

Tras hacer los cálculos respectivos, a Montesinos le faltaba cumplir 13 años y 8 meses de prisión computados desde enero de 2024; por lo que deberá seguir en Canadá hasta el 2037. Si el exasesor del SIN se salía con la suya, habría salido de prisión en 2032, cuando finaliza su condena por el asesinato de Santiago Fortunato Gómez Palomino. Lo sufre el pacto.

Betssy Chávez borra su contenido en redes tras protesta del Perú contra México por uso político de sus plataformas

Betssy Chávez se la está pasando bomba. Así lo demostraba en sus redes sociales desde que se encuentra asilada en la embajada de México. Aunque no puede salir del país, la ex presidenta del Consejo de Ministros decidió tomarse con calma sus “vacaciones forzadas” y explorar su lado artístico: pintar cuadros, modificar prendas y jugar a la perseguida política.

Pero no todo era arte y manualidades. También aprovechó sus redes para impulsar la candidatura de su señora madre, Herminia Chino, postulante al Senado por el partido de José Luna, Podemos Perú. En un mensaje enternecedor, Chávez promocionó su campaña e indicó las regiones donde estaría presente.

Esto provocó un fuerte rechazo ciudadano y encendió las alertas en la Cancillería peruana, que envió una carta al gobierno mexicano expresando su malestar por el uso político de las redes de una persona que enfrenta procesos judiciales y se encuentra bajo asilo.

Según el documento, México ordenó eliminar todos los videos que relacionaban a Betssy Chávez con la campaña de su madre y se comprometió a que algo así no vuelva a ocurrir. Así que Betssy, cuidadito. No abuses de un gobierno que ya rompió relaciones diplomáticas por ti

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Carlos Álvarez, candidato presidencial del partido País para Todos, tras asegurar que el partido cumplió con lo exigido informó que sigue en la carrera, de forma disruptiva, «porque se tiene que construir una política diferente». Termina así el tema surgido por el presunto direccionamiento de la franja electoral a un medio de comunicación y el candidato seguirá en la carrera electoral rumbo a la presidencia.

Tal como anunció, el comediante peruano y candidato a la presidencia Carlos Álvarez, tomó la decisión de seguir participando de las Elecciones 2026. Como se sabe, en las últimas encuestas su candidatura está entre las cinco primeras, lo que había pesado al momento de decidir una renuncia en este momento.

Álvarez había adelantado que así renunciara o no, lo importante es la investigación y castigo para los responsables del llamado ahora ‘caso franja electoral’ por tratarse del dinero de todos los peruanos.

Asimismo, mostró su conformidad con la intervención de la Fiscalía de la Nación, que inició una investigación por estos hechos.

Carlos Álvarez se reunió con presidente del partido

Carlos Álvarez se reunió este jueves 5 de febrero con el presidente del partido, Vladimir Meza, quien le explicó lo sucedido y condicionó la separación de los responsables.

«El día de ayer tuvimos una reunión en horas de la tarde, conversamos cerca de dos o tres horas, la verdad son razones que a mí no me convencen, no sé qué dirá la ciudadanía. Tema de ingenuidad, de las personas. Pero son 640 000 soles, es la plata de los contribuyentes», remarcó.

Descartó que este tema sea una excusa para retirarse de la contienda electoral. «Quiero desmentir categóricamente algunos comentarios de algunas personas u opinólogos, que yo estoy buscando un pretexto para retirarme. Es un tema de principios, no es un tema de cálculos políticos, de estrategia, que me retiro a hora, no», dijo.

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– Carlos Álvarez no renuncia a candidatura y Porky es rechazado en Moquegua
– Jerí vergüenza internacional y Keiko lo sigue respaldando
– José Domingo Pérez responde a Keiko
– Conexión regional

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El video Carlos Álvarez no renuncia a candidatura y Porky es rechazado en Moquegua | Pico a Pico se publicó en YouTube en este enlace

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Autoridades y organizaciones de Junín exigieron que los ministros de Economía, Denisse Mirales, y de Transportes, Aldo Prieto, vengan a Huancayo para explicar por qué resolvieron el contrato de asistencia técnica para la construcción de la nueva carretera Central, una decisión que pone en riesgo la ejecución de esta megaobra valorizada en S/ 24 mil millones.

El gerente regional de Junín, Roy Gonzales Mayta, y miembros de la Comisión Multisectorial para la autopista del centro, advirtieron que el contrato de asistencia técnica con PMO Vías no se limitaba a un rol consultivo, sino que incluía la gestión integral del proyecto, desde las actividades preparatorias, las licitaciones, hasta el acompañamiento de la ejecución. “No era solo asesoría. La PMO visaba documentos, contratos y garantizaba estándares técnicos. Sin eso, el proyecto se paraliza”, sostuvo.

Por su parte, Alex Astuhuamán, miembro de la Comisión Multisectorial, cuestionó la versión de Provías Nacional, que sostiene que asumirá directamente esas funciones a través de su dirección de proyectos. “Eso resulta ilógico. ¿Para qué se firmó un contrato de gobierno a gobierno si ahora el propio Estado quiere administrar la construcción?”, señaló.

Según el técnico, este giro evidencia una intención de trasladar la gestión de la obra a Provías, un escenario que el contrato gobierno a gobierno buscaba evitar para reducir riesgos de retrasos, arbitrajes y sobrecostos. “Ese es el trasfondo del problema”, afirmó.

Ante esta situación, el Gobierno Regional de Junín cursó invitaciones formales para que ambos ministros, Denisse Mirales y Aldo Prieto, den la cara en Huancayo, el martes 10 de febrero, para explicar cómo piensan superar la crisis generada por la resolución del contrato y qué garantías existen para la continuidad del proyecto.

Ese mismo día, el Comité Multisectorial Pro Carretera Central realizará una asamblea ampliada con autoridades regionales y locales, empresarios, colegios profesionales y organizaciones de la sociedad civil, en la que evaluarán el escenario del proyecto y las respuestas del Ejecutivo.

Decisión unilateral e ilegítima

Por su parte, el consorcio PMO Vías, encargado de la asistencia técnica para la construcción de la Carretera Central y otros proyectos importantes de infraestructura del país, rechazó la decisión de Provías Nacional del MTC de resolver el contrato firmado en virtud del acuerdo de Estado a Estado (G2G) con Francia.

La jefa legal del consorcio, Talía Landeo, calificó la medida como «arbitraria, injustificada e ilegítima», señalando que la empresa no reconoce la validez de dicha notificación y mantendrá sus operaciones.

«No reconocemos el anuncio de resolución notificado el 4 de febrero; contiene serios defectos de forma y de fondo. Ha sido una decisión arbitraria, injustificada e ilegítima», declaró Landeo este viernes, en el noticiero de Radio Huancayo. Agregó que, en consecuencia, PMO vías continuará con su tarea e inició un diálogo con Provías Nacional.

Además de la carretera Central, la ruptura del contrato afecta la Vía Expresa Santa Rosa y el Puente Santa Rosa para el acceso al nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en Lima. Según el consorcio, la medida carece de sustento técnico y jurídico, ya que Provías basa su decisión en hechos de corrupción ocurridos años antes de la firma del contrato, en otros países y en proyectos totalmente ajenos a sus operaciones en el Perú.

Asimismo, PMO Vías denunció que el Estado peruano pretende responsabilizarlos por situaciones externas para las cuales no existen decisiones judiciales ni arbitrales. «Esta actuación vulnera principios esenciales como la seguridad jurídica, la buena fe contractual y la proporcionalidad», señala un comunicado oficial de la empresa, advirtiendo que la ruptura ocurre precisamente cuando las megaobras están a punto de adjudicarse.

Ante este escenario, el consorcio reafirmó su postura de integridad: “PMO rechaza enfáticamente la comisión de cualquier acto de corrupción y reafirma su compromiso con el Perú sustentado en años de trabajo y transparencia”.

Diálogo y amenaza de arbitraje

Tras la notificación del 4 de febrero, PMO Vías activó un periodo de diálogo de 60 días. En este tiempo, la organización buscará demostrar que ninguna de las imputaciones de Provías justifica la resolución del acuerdo. Sin embargo, advierten que de no llegar a un acuerdo, recurrirán a instancias internacionales y a un arbitraje para proteger su reputación y derechos.

“Seguimos ejerciendo nuestras funciones porque ese es el encargo que nos ha otorgado el Estado peruano y lo seguiremos realizando hasta que exista una decisión legítima que nos quite ese encargo”, señaló Landeo.

En Junín, gremios y dirigentes calificaron la resolución como un «acto de provocación» y anunciaron marchas populares ante el riesgo de que el megaproyecto, que beneficia a 10 millones de personas, quede paralizado.

Por su parte, el consorcio instó a la Contraloría General de la República a intervenir de inmediato para investigar las «verdaderas motivaciones» detrás de esta decisión unilateral y «sorpresiva» de la Dirección Ejecutiva de Provías Nacional.

Lea la nota original aquí o visita el medio HYTIMES.PE

En el corazón del ecosistema de innovación del sur del país, una startup arequipeña está demostrando que el futuro de la alimentación y la sostenibilidad podría estar en organismos microscópicos. LIVANGUARD, un emprendimiento biotecnológico nacido del talento de egresados de la Universidad Católica de Santa María (UCSM) y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha comenzado a captar la atención nacional tras obtener el segundo lugar en el prestigioso Concurso de Química Verde del Grupo Gea. El proyecto, liderado por Yamir Velazco y Diego Quezada, utiliza microalgas para desarrollar una triple solución: alimentos funcionales, insumos para el agro y una herramienta activa contra el cambio climático. Con el premio obtenido entre 15 equipos de todo el país, la empresa fortalecerá su planta piloto para iniciar su escalamiento comercial.

Más proteína que la carne y menos contaminación

La propuesta de LIVANGUARD se sostiene sobre la eficiencia biológica de las microalgas, las cuales pueden duplicar su tamaño en menos de 48 horas y producir hasta 20 veces más biomasa que los cultivos terrestres tradicionales. Actualmente, la startup desarrolla tres líneas de productos estratégicos:

• Superalimentos: Biomasa tipo espirulina con un contenido proteico de entre 60 % y 70 %, superando en más del doble a la carne de res.
• Pigmentos Naturales: Producción de ficocianina para la industria de alimentos y bebidas.
• Biofertilizantes: Insumos que aumentan el rendimiento agrícola entre un 10 % y 30 %, mejorando la resistencia de los cultivos al estrés climático.

Ciencia con impacto real

Lo que distingue a este proyecto es su capacidad de «limpiar» el aire mientras produce. Por cada kilogramo de microalgas generado, el sistema logra fijar aproximadamente dos kilogramos de dióxido de carbono (CO₂). Este enfoque de economía circular permite transformar un residuo contaminante en un recurso valioso, abriendo incluso la posibilidad de participar en el mercado de créditos de carbono. Desde la incubadora INNICIA – UCSM, el respaldo ha sido fundamental. “Acompañamos a proyectos como LIVANGUARD porque conectan ciencia con impacto real… soluciones que pueden llegar al mercado y mejorar la vida de las personas”, destacó la ingeniera Alana Sánchez, coordinadora del Proyecto Venture Studio de Proinnovate – INNICIA.

El potencial de Arequipa

Las pruebas piloto, realizadas en la Ciudad Blanca, han aprovechado las condiciones de alta radiación solar de la zona para optimizar el crecimiento de las microalgas. Para sus fundadores, no se trata solo de vender suplementos, sino de demostrar que la biotecnología peruana puede ofrecer respuestas eficientes ante los desafíos ambientales y alimentarios de un país marcado por el desierto y la crisis climática.

Cifras de impacto de LIVANGUARD:

• 2 kg de CO₂ capturados por cada kilo de microalgas producido.
• 70% de proteína en su biomasa de espirulina.
• 30% de incremento potencial en el rendimiento de cultivos agrícolas con sus bioestimulantes.

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A once días de la desaparición de dos menores de edad, la angustia y el dolor persisten a orillas del río Mantaro, donde continúan las labores de búsqueda sin resultados positivos. Los adolescentes Teodoro Vítor Quispe (14) y Wilmer Márquez Hurtado (15) fueron arrastrados por las aguas el domingo 25 de enero, cuando salieron a pescar en el sector del puente Allccomachay, en el centro poblado de Tincuy, distrito de Marcas. 

Desde aquel día, familiares y pobladores no han cesado en los recorridos por las riberas del río, enfrentando cansancio, desesperación y el peligro constante que representa el incremento del caudal producto de las lluvias intensas. La fuerza del Mantaro se ha convertido en el principal obstáculo para las labores, obligando incluso a suspender momentáneamente los trabajos en algunos tramos. En apoyo a la búsqueda, efectivos de la Región Policial Huancavelica, junto a personal de las comisarías de Mayocc y Marcas, desplegaron operativos con equipos especializados y un dron, rastreando zonas consideradas críticas. 

Aunque su presencia fue valorada por los familiares, hasta el momento no se han encontrado indicios sobre el paradero de los cuerpos. Las familias de Teodoro y Wilmer continúan exigiendo que la búsqueda no se detenga y solicitan mayor apoyo logístico y humano. Su único pedido es hallar los cuerpos de los menores para darles sepultura y poner fin a una espera que se vuelve cada día más dolorosa.

• Versión resumida, lee la información completa en la edición impresa y la edición digital de Jornada

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El periodista Felipe Gálvez reveló la identidad de una mujer que, vestida con pollera y atuendo típico de la zona altiplánica, intervino en un acto público para expresar apoyo al candidato presidencial Rafael López Aliaga.

Según la investigación, la persona no sería una campesina de la región, sino Jeny Araujo Salas, Secretaria General de Renovación Popular en la provincia de Puno.

La investigación señala, además, que Araujo Salas es sobrina de Javier Bernal Salas, coordinador regional del mismo partido y candidato al Congreso.

Estos vínculos han generado cuestionamientos sobre la autenticidad del respaldo mostrado hacia López Aliaga en una región donde, según sus críticos, el líder político enfrenta un significativo rechazo.

Hasta el momento, ni Renovación Popular ni los involucrados se han pronunciado oficialmente sobre las acusaciones de suplantación.

El rechazo a Rafael López Aliaga en Puno se relaciona con su decisión, como alcalde de Lima, de cerrar la plaza San Martín y la plaza de Armas durante las protestas denominadas «La Marcha de Lima». En aquellas manifestaciones, cientos de ciudadanos puneños exigían la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y la convocatoria a nuevas elecciones, tras la vacancia de Pedro Castillo

https://youtube.com/shorts/j2Nzp3fCofY?si=chVX6XSKC6t-Gr7j

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El candidato presidencial por el partido Cooperación Popular, Yonhy Lescano Ancieta, aclaró que el aspirante al Senado por la misma organización, Carlos Zevallos Madariaga, no tiene participación activa en su campaña electoral.

Reveló que, desde hace seis meses, no mantiene comunicación con Zevallos, quien actualmente es congresista por Acción Popular. Según sus declaraciones, esta falta de contacto demuestra que no existe un vínculo significativo entre ambos en el marco de la campaña.

Explicó que la postulación de Zevallos como candidato al Senado fue decidida por los militantes de Cooperación Popular. Sin embargo, señaló que Zevallos ha sido cuestionado por promocionar el logo del partido, algo que está prohibido por el principio de neutralidad, al ser una autoridad en ejercicio. Esta situación ha generado controversia dentro de la organización política.

Durante las recientes actividades de campaña en Puno, el candidato presidencial señaló que Zevallos no estuvo presente, lo que refuerza la idea de que no forma parte activa de su estrategia electoral.

También mencionó que, en esta etapa, no ha observado una participación destacada de Zevallos en las actividades del partido. Esto fortalece su postura de que el congresista no tiene un rol relevante en la campaña electoral de este partido.

Mientras tanto, Cooperación Popular continúa con sus actividades proselitistas, buscando consolidar su presencia en diferentes regiones del país y captar los votos de los ciudadanos que están indecisos.

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El Jurado Electoral Especial (JEE) de Trujillo determinó que los congresistas de Alianza para el Progreso (APP) Magaly Ruiz y Roberto Kamiche, ambos postulantes al Senado, habrían infringido las normas de propaganda electoral y neutralidad estatal en el marco del proceso rumbo a las elecciones del 12 de abril. La decisión se sustenta en el uso de plataformas digitales para difundir contenidos que mezclan funciones públicas con mensajes de campaña.

En el caso de Roberto Kamiche, la Resolución N.° 00373-2026-JEE-TRUJ/JNE, emitida el 31 de enero, declaró “consentida” la infracción tras constatarse que el parlamentario empleó sus redes sociales para promocionar actividades oficiales con un claro enfoque proselitista. El acta de fiscalización identificó una asociación directa entre la gestión pública y la promoción electoral a través de videos difundidos en formato reel en Facebook.

El informe del JEE advierte que este tipo de conductas desvirtúa el rol del cargo público al convertir la investidura parlamentaria en un vehículo de difusión electoral, afectando la imparcialidad que debe regir en todo proceso democrático. Pese a haber sido notificado para presentar sus descargos, Kamiche no respondió a la comunicación oficial, según consignó el organismo electoral.

Una situación similar fue detectada en la actuación de la congresista Magaly Ruiz. Mediante la Resolución N.° 00375-2026-JEE-TRUJ/JNE, publicada el 2 de febrero, el JEE concluyó que la legisladora combinó reuniones oficiales de trabajo con mensajes de campaña en su cuenta de Facebook, además de difundir contenidos vinculados a la candidatura presidencial de César Acuña, lo que, a criterio del órgano electoral, compromete el principio de neutralidad que exige la ley.

Magaly Ruíz y Roberto Kamiche han enfrentado graves acusaciones durante el actual periodo congresal. Ruíz fue acusada por sus propios colaboradores de recorte de sueldos en un caso de escándalo que fue bautizado como «mochasueldo». En tanto, Roberto Kamiche fue denunciado por su expareja de agresión psicológica. 

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En las últimas semanas, productores de La Convención vienen sufriendo las consecuencias de la plaga de la mosca de la fruta, golpeando directamente la economía rural. La Red de Estudios para el Desarrollo (REDES) ha identificado que dos de cada diez soles que genera la agricultura de la provincia provienen de la producción de frutas como naranja, granadilla, plátano y papaya. Si estas cosechas se pierden o no llegan al mercado, los ingresos familiares disminuyen de inmediato, poniendo en riesgo el bienestar de los hogares.

La mosca de la fruta daña los cultivos cuando deposita sus huevos dentro del fruto. Las larvas se alimentan de la pulpa, provocando que la fruta se pudra y dejándola no apta para la venta, incluso cuando aparenta estar en buen estado por fuera. En cultivos estacionales como la naranja, el impacto es mayor, ya que las pérdidas se concentran en periodos específicos y no pueden recuperarse con otra cosecha.

Se trata de un problema sanitario que exige una intervención temprana del Estado. “Hoy producir cuesta más, los precios pueden caer y la plaga termina destruyendo el esfuerzo de todo un año. Esta combinación debilita el tejido económico y social de la provincia”, señaló Erick Chuquitapa, economista de la REDES.

A esta situación se suma la falta de apoyo técnico: el 94% de los productores no accede a capacitación técnica y el 97% no recibe asistencia especializada, lo que reduce su capacidad para prevenir plagas, detectar riesgos a tiempo y actuar de manera oportuna. Como resultado, las acciones de control suelen activarse cuando la fruta ya se ha perdido, limitando cualquier posibilidad de recuperación económica.

“La agricultura en Cusco es mayoritariamente familiar (95%) y, para el 73% de los productores, esta actividad es de subsistencia, es decir, apenas les permite cubrir sus necesidades básicas. En ese contexto, el ingreso promedio mensual de un trabajador agrícola en Cusco fue de S/1,273 en 2024, un monto apenas superior al sueldo mínimo y que puede verse reducido por las pérdidas generadas por la plaga”, añadió Chuquitapa.

Además, 8 de cada 10 trabajadores agropecuarios en Cusco son informales y solo 1 de cada 4 cuenta con título de propiedad de sus tierras. Sin seguridad jurídica ni acceso a servicios básicos, muchas familias quedan atrapadas en un círculo de baja inversión, bajos ingresos y mayor vulnerabilidad frente a crisis sanitarias como la actual.

Ante este escenario, el vocero de REDES sostuvo que se requiere una intervención activa y preventiva del Estado, que vaya más allá de acciones puntuales y se enfoque en una estrategia integral de sanidad agraria y desarrollo rural. Esto implica fortalecer la presencia territorial de los servicios sanitarios, implementar sistemas de monitoreo y alerta temprana, y articular la asistencia técnica en campo con políticas de formalización, acceso a mercados y seguridad jurídica de la tierra. La estabilidad económica de la provincia depende de una respuesta técnica efectiva frente a esta emergencia sanitaria.

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Cada año, la selva cusqueña es la más afectada por las intensas lluvias. En la provincia cusqueña de La Convención, tierra del gas de Camisea, la lluvia dejó de ser una amenaza de temporada. El problema ahora es el abandono del Estado.

La temporada de lluvias rompe carreteras, encarece el transporte y pudre la economía rural. Cada derrumbe en las vías no es solo barro y piedras: es fruta que se pierde, camiones varados y familias que dejan de ganar lo justo para vivir.

Productores agrícolas y transportistas coinciden en que el problema no es la lluvia, es el abandono. Cada derrumbe no es un accidente, es una consecuencia de carreteras olvidadas, presupuestos que no llegan y autoridades que aparecen solo cuando ya es tarde. La tierra y la economía rural se derrumban.

Las pérdidas económicas que tienen los agricultores no las ve el Estado

Los productores agrícolas madrugan, siembran, esperan meses. Pero cuando intentan vender, las lluvias reiteradas interrumpen el traslado de productos agrícolas hacia la capital provincial. La fruta no espera, se malogra. Desde el sector Otingania, Timotea Huarilloclla Ylaquijo, productora de piña y yuca pone en números lo que para el Estado parece invisible.

«Crítico es lo de la carretera. No se puede casi avanzar. Llegamos en mucho tiempo [a nuestro destino] cuando hay un derrumbe siempre se queda un día, dos días y los alimentos, la fruta se madura o se malogra. En la pérdida a veces tenemos, en producto a veces 1,500, 2,000 valorizado solo en chacra. Trayendo acá, a la ciudad sería ya más la valorización puesto en Quillabamba, ¿no?», refiere.

Cuando la vía colapsa encima hay que pagar por trasbordos

Pero la pérdida no termina ahí. Cuando la vía colapsa, los productores deben hacer transbordos, pagar doble transporte y vender a precio de remate. Desde la cuenca Salkantay, Gladys Vidal Fernández, Productora agrícola del distrito de Santa Teresa, relata cómo la historia se repite.

«Más que todo con el derrumbe, a veces hacemos trasbordo, tenemos que hacer cargar más a la gente, pagamos con todo eso ya nos sale más caro y al llegar acá a veces tenemos que vender, echarnos, barato, tenemos que dar. Ahora he traído solo 2500 he traído, pero no estoy terminando. Mira, está quedándose así. Como he llegado tarde no he podido avanzar. Así al precio. No más estoy vendiendo», se lamenta.

Los vehículos se ven afectados y esto multiplica las pérdidas del agro y el turismo

En zonas como Kiteni, el mal estado de las carreteras no solo retrasa el traslado. También afecta los vehículos y multiplica las pérdidas. Un camión puede cargar mercadería valorizada en diez mil soles. Pero no todo llega a destino. Marcelino Saraya Pacheco, productor de plátano, Alto Yanasire cuenta su fatal experiencia:

«La carretera lo que es para Quillabamba a Kiteni del distrito de Echarati se encuentra en total mal estado… nos demoramos y hay veces es más gasto ocasionamos haciendo arreglar el carro por motivos de que la carretera se encuentra en mal estado y digamos siempre hay un fracaso cuando no llegamos al tiempo debido. La plaza es el día lunes, empezamos el domingo y lunes y cuando no llegamos, los carros que vienen de afuera se regresan, siempre hay un fracaso, ¿no? de 30%, 40%», comenta.

El problema no golpea solo al campo. En la ruta Cusco–Quillabamba, los transportistas también denuncian abandono total. En sectores como Tres Marías, los derrumbes dejan varados a decenas de vehículos. Y cuando el Estado no llega, son los transportistas quienes limpian la vía, con palas, con manos y con miedo… incluso arriesgando su vida.

Rubén Montesinos Contoy, transportista de la E.T. Turismo Selva Sur, dice que «el tema es que nuestra vía está abandonada, parece que no tenemos autoridades, los riachuelos crecen, traen materiales y nosotros tenemos que hacer malabares prácticamente para poder pasar, poniendo también en riesgo la vida de los pasajeros. Las autoridades que tenemos creo que se tapan los ojos, se hacen de la vista gorda, nunca informan y no ponen ya en mantenimiento la vía. Ya no solo en la ruta a Quillabamba, también en todo lo que es la provincia de La Convención», relata.

Población sigue esperando ejecución de obras prometidas por el gobierno regional

Desde el corazón del Vraem, el distrito de Pichari exige el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno Regional del Cusco. El alcalde Hernán Palacios Tinoco denunció que el Puente Paveni sigue esperando ejecución pese a tener el expediente listo y ayuda urgente para las familias afectadas por lluvias en el sector Catarata.

Hizo un llamado al gobernador regional, Werner Salcedo y los compromisos que tiene con la población que está esperando [se cumplan]. “Ya se tiene el expediente listo desde el año pasado para la ejecución del puente Paveni, que es una prioridad para nuestra población que se encuentra en la zona de frontera, y que también va a permitir, articular a esta zona de producción bastante fuerte donde hay cacao, hay todo tipo de productos”. Y recordó que el río Kempiri ha causado pérdidas humanas, en épocas de crecida.

Además de reiterar el compromiso formal del gobernador para iniciar la ejecución de este gran proyecto del puente, refirió que están sufriendo algunos desastres. Como en “Catarata”, un recurso turístico importante donde hubo un embalse bastante fuerte que se ha llevado seis viviendas. “Quiero pedirle a Defensa Civil que pueda apoyarnos. No se olviden que nuestra región Cusco es parte de la provincia de La Convención. En ese sentido, este, una vez más pedirles presencia siempre como gobierno regional para poder atender a nuestra población”.

El abandono es permanente en La Convención

Cada derrumbe no es solo un evento climático. Es una cadena de pérdidas que empieza en el campo y termina en la mesa vacía de una familia. Productores, transportistas y pasajeros hacen su parte. Pero sin mantenimiento vial, sin maquinaria y sin prevención, la lluvia seguirá llevándose oportunidades. Que va a llover, eso ya lo sabemos.

Pero ¿quién responde por las pérdidas? ¿quién fiscaliza a las autoridades que no previenen? ¿y cuántas cosechas más deben pudrirse para que la carretera deje de ser una trampa?

En La Convención, la lluvia cae todos los años, pero el abandono también.

Es un reportaje de CuscoPost para Pasó en el Perú

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Durante un debate en un programa televisivo, Anahí Durand, candidata al Senado por Juntos por el Perú, se refirió a la asignación presupuestal del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). 

Expresamente, Durand indicó lo siguiente: “Yo he sido ministra de la Mujer y puedo decir que es el ministerio que menos recursos recibe: 0,02% del presupuesto nacional”.

Sin embargo, tras revisar datos presupuestales registrados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), AmaLlulla concluye que esta versión es falsa. 

En realidad, el presupuesto del MIMP no es el más bajo entre todos los ministerios y su asignación no equivale al 0,02% del presupuesto nacional. 

En principio, el MEF cuenta con el portal Consulta Amigable, una plataforma que permite ver los presupuestos y gastos realizados a lo largo de los años de las entidades públicas de los tres niveles de gobierno, incluidos los ministerios.

Es importante mencionar que el presupuesto público está organizado bajo dos conceptos: el PIA (Presupuesto Institucional de Apertura, que comprende los montos que se asignan a cada entidad del Estado al inicio de un año) y el PIM (Presupuesto Institucional Modificado, que es el monto actualizado al cierre del año).

Para el presente año, 2026, el Estado cuenta con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/257 561’619.143. 

De ese total, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) tiene asignado como PIA S/1 040’535.794, lo que representa el 0,4% del Presupuesto Institucional de Apertura del Estado peruano.

Contrario a lo señalado por la candidata Durand ―quien fue ministra de la Mujer entre julio de 2021 y febrero de 2022―, si se toma en cuenta el PIA asignado a cada cartera, siete ministerios presentan un presupuesto menor que el del MIMP. 

En detalle, el Ministerio del Ambiente (MINAM) es la cartera con menor asignación. Su PIA para el 2026 es de S/285’517.140, es decir, menos de un tercio de lo recibido por el Ministerio de la Mujer. 

Seguidamente en la lista, con menos PIA que el MIMP, se encuentran el Ministerio de Producción, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Así puede verse en la siguiente tabla:

Ahora bien, la variación porcentual entre lo afirmado por la candidata Anahí Durand y el dato revisado para esta verificación parece menor, pero es significativa en términos monetarios: la diferencia entre 0,02% y el 0,4% del PIA es de casi mil millones de soles.

Ese monto equivale a la suma de los PIA recibidos en el 2026 por el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 

A una consulta de Ama Llulla, Armando Mendoza, economista por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), revisó el presupuesto asignado al MIMP y confirmó que “históricamente, en los últimos años, la asignación presupuestal del Ministerio de la Mujer ha variado entre el 0,3% y 0,4% del total del presupuesto nacional”.

Con el fin de obtener precisiones sobre su afirmación, AmaLlulla se comunicó con la candidata Anahí Durand, quien señaló que, en realidad, quiso referirse a que el Ministerio de la Mujer era “uno de los que menos recursos recibe”. 

“Claro, fue en una entrevista. No tuve el dato exacto. Por lo menos en mi gestión [como ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables] era el penúltimo. El último era el Ministerio del Ambiente”, admitió. 

En cuanto al porcentaje erróneo que indicó en el debate televisivo ―sobre que el MIMP recibe solo el 0,02% del presupuesto nacional― Durand indicó puntualmente que “ahí se me fue un cero”.

“Está de moda decir que se va a cerrar el ministerio”, dijo la candidata, quien además adujo que las limitaciones presupuestales impiden hacer mucho desde esa cartera, lo cual ha servido para que 14 partidos planteen entre sus propuestas el cierre del Ministerio de la Mujer. 

En lo que respecta a su gestión, los datos tampoco coinciden con su afirmación. Anahí Durand fue ministra de la Mujer entre julio de 2021 y febrero de 2022. 

Al cierre del 2021, el MIMP recibió un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/630’896.257. 

Este presupuesto fue mayor, al cierre del año, que el asignado al Ministerio del Ambiente, al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, al Ministerio de la Producción, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Ministerio de Cultura.

Lo mismo sucedió en el 2022. Al cierre de ese año, el MIMP recibió un PIM de S/741’276.191, monto superior al PIM recibido por otros cinco ministerios. 

En resumen, no es cierto que el Ministerio de la Mujer tenga el menor presupuesto de entre todas las carteras ministeriales. En realidad, hay hasta siete ministerios que reciben menos presupuesto. 

Tampoco es cierto que los recursos asignados al MIMP representan el 0,02% del presupuesto total del Estado. En realidad es el 0,4%, lo que equivale a una diferencia de casi mil millones de soles. 

En función a lo expuesto, la red Ama Llulla señala que el dato de Anahí Durand, candidata al Senado por Juntos por el Perú, acerca de que el Ministerio de la Mujer es el que menos asignación presupuestal recibe es falso. 

Este chequeo fue realizado por Pancarta.pe, miembro de la red AmaLlulla, con la herramienta de inteligencia artificial Quispe Chequea, de OjoPúblico.

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Después de Arequipa y Moquegua, Tacna se ha sumado al rechazo contra Rafael López Aliaga. Sin embargo, el candidato de Renovación Popular asegura que no se trata de un rechazo ciudadano, sino de “lacayos” enviados por sus enemigos políticos, como Martín Vizcarra.

Además, afirmó que combatirá esos “ríos de sangre” con “ríos de amor”. Actualmente, el candidato se encuentra en Tacna, donde también fue rechazado por jubilados, pensionistas y el público en general, quienes cuestionan su actitud confrontacional y su constante “terruqueo” contra la población del sur, especialmente durante las protestas sociales en el gobierno de Dina Boluarte.

El video NO LO QUIEREN | Rafael López Aliaga suma fuerte rechazo en el Sur: Ahora se sumó Moquegua y Tacna se publicó en YouTube en este enlace

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