El cantante puertorriqueño sorprendió y emocionó a millones de latinos en Estados Unidos al dedicar parte de su show a reivindicar a los países de América
Bad Bunny se ha convertido en uno de los mayores exponentes artísticos latinos en enfrentar abiertamente a Donald Trump y sus políticas migratorias. Su presentación en el Super Bowl incluso habría intentado ser censurada tras sus críticas contra ICE durante la ceremonia de los Grammy.
Sin embargo, el cantante puertorriqueño sorprendió y emocionó a millones de latinos en Estados Unidos al dedicar parte de su show a reivindicar a los países de América, incluyendo una mención al Perú y toda Latinoamerica. Este gesto generó una fuerte reacción del presidente estadounidense, quien calificó su presentación como “repugnante”.
La actuación de Bad Bunny en el evento deportivo más importante del país fue interpretada como una muestra de resistencia cultural y política de Latinoamérica frente a las políticas del gobierno de Trump, consideradas racistas y abusivas.
Periodista y editora audiovisual. Culminó sus estudios en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y se ha especializado en periodismo digital gracias a la formación de Google Adsense, Google News Initiative y la Fundación Gabo.
El accidente ocurrió el pasado domingo 8 de febrero en Camaná y obligó al rescate de personas atrapadas entre los fierros de los vehículos de carga pesada.
Un accidente de tránsito se registró la tarde del domingo 8 de febrero en la Quebrada del Toro, en Arequipa, tras la colisión entre dos camiones de carga pesada que circulaban por esta vía. Las unidades involucradas corresponden a los vehículos de placas BNS-982 y AKY-716.
El impacto provocó que varias personas resultaran heridas, algunas de ellas atrapadas entre los fierros de los camiones. El siniestro generó alarma entre los conductores que transitaban por la zona, quienes brindaron apoyo inicial mientras se alertaba a las autoridades.
Hasta el lugar se desplazó personal de la Compañía de Bomberos, que realizó las labores de rescate correspondientes. Asimismo, personal de Carreteras, junto con la ambulancia de Covinca del peaje de Camaná, participaron en la atención de la emergencia.
Los heridos fueron evacuados al establecimiento de salud más cercano para recibir atención médica. En tanto, la Policía Nacional inició las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente.
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El candidato presidencial de Frente Esperanza aseguró que el Perú “no le pide papeles” a los migrantes venezolanos, pero desde julio de 2024 rige la obligatoriedad de presentar pasaporte vigente y visa consular.
Durante una entrevista en el programa F.E., de Resurge TV, el candidato presidencial de Frente Esperanza, Fernando Olivera, aseguró que el Perú tiene un “efecto llamada” con la población venezolana debido a una presunta falta de control migratorio. “Aquí tienen trabajo, tienen educación, tienen salud, tienen todo… Perú es el paraíso que no le pide papeles, nada de nada”, sostuvo el político.
La afirmación de Olivera se dio tras asegurar que “la migración en Europa se maneja de otra forma […] han tratado de hacerla ordenada. Aquí no es que cruzan en balsa, llegan por diversos medios, y ya está, bienvenidos todos. Hay países que lo han hecho [así] y eso llama el efecto llamada”.
Venezolanos requieren visa para ingresar al Perú
En junio de 2024, la Superintendencia Nacional de Migraciones, a través de la Resolución de Superintendencia N° 000121-2024-Migraciones, actualizó los requisitos para el ingreso a territorio nacional de los ciudadanos de Venezuela. Desde julio de ese mismo año, los venezolanos, además de contar con su pasaporte vigente, deben presentar una visa obtenida previamente en un consulado peruano.
La normativa señala que estos documentos son obligatorios para efectos del control migratorio. Para obtener la calidad migratoria temporal o residente, se deberá presentar el pasaporte ordinario venezolano vigente y la visa correspondiente.
A diferencia de otros ciudadanos de América del Sur, sólo los ciudadanos de Venezuela necesitan contar con visado para ingresar al Perú, salvo que posean residencia permanente en algún país miembro de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia o México).
Esta misma condición la tienen los residentes de Cuba, El Salvador, Haití y Nicaragua, países de Centro América.
Barreras económicas y el aumento de la irregularidad
Zubeido Rafael Herrera, asesor migratorio de la ONG OCASIVEN, explicó a PerúCheck que para obtener la visa peruana, el venezolano en situación de migrante se enfrenta no sólo a trabas económicas, sino también a aquellas de desplazamiento debido a que “la solicitud de una visa se realiza a través del consulado peruano más cercano a Venezuela, que es la que se ubica en Bogotá, Colombia”.
Además, “para obtener esta visa, el ciudadano venezolano debe tener consigo un boleto aéreo comprado y el pasaporte vigente; [esto ha provocado que el ingreso irregular al territorio peruano aumente porque] la mayoría que sale de Venezuela por la situación económica no cuenta con los recursos para hacer una solicitud de visa, que cuesta alrededor de US$100, y mucho menos para adquirir un boleto de vuelo o pasaporte, cuyo costo bordea los US$350”.
Por su parte, María José Vargas Hurtado, migrante venezolana y especialista en comunicaciones, precisó que la visa que les permite el ingreso regular a los venezolanos es la de turista, pero no garantiza un cambio de estatus migratorio.
“Si tú llegas a conseguir un trabajo, con contrato mínimo de un año, lo elevas a la Superintendencia Nacional de Migraciones y recién podrías cambiar el estatus migratorio. Anteriormente, los venezolanos llegaban como turistas y estaba el Permiso Temporal de Permanencia (PTP) que duraba un año. Luego ese PTP mutaba a carné de extranjería, calidad migratoria especial, que tiene que renovarse anualmente”, explicó Vargas.
Venezolanos son intervenidos y expulsados por ingreso irregular
El especialista migratorio de OCASIVEN aseguró que la ley del visado, como se le define a la normativa que instauró la solicitud de visa, no sólo ha provocado más ingresos irregulares sino también que estos migrantes caigan en manos de los traficantes de personas.
En comunicación con PerúCheck, el Frente Policial de Tumbes detalló que, entre diciembre de 2025 y enero de 2026, se intervino a 76 extranjeros por infracción a la Ley migratoria. De esta cifra, 59 eran venezolanos.
Tras una intervención, Migraciones realiza un Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE) para decidir la expulsión de los ciudadanos extranjeros irregulares. Según una nota de prensa de Migraciones, hasta noviembre del año 2025, fueron emitidas 3,000 órdenes de expulsión a extranjeros que ingresaron de forma irregular al territorio peruano
Respuesta de Fernando Olivera
PerúCheck intentó obtener los descargos de Fernando Olivera. En una breve comunicación telefónica, el candidato evitó profundizar en el sustento de su afirmación. “Ya me escribieron, estoy ocupado, tengo una agenda. En su momento contestaré, por favor deje de acosarme”, respondió antes de finalizar la llamada.
Conclusiones
El candidato de Frente Esperanza, Fernando Olivera, sostuvo que el Perú no les pide papeles a los migrantes venezolanos. No obstante, esta afirmación no se condice con la normativa migratoria peruana que, desde el 2024, ha endurecido los requisitos de ingreso para ciudadanos venezolanos, a quienes se les exige pasaporte vigente y visa, y cuyo incumplimiento puede generar procesos de expulsión y sanciones administrativas por las autoridades migratorias y policiales. Por tanto, PerúCheck califica como falsa la aseveración de Fernando Olivera.
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Desde Arequipa, Rafael Belaúnde, candidato presidencial por Libertad Popular, arremetió contra el actual Congreso por haber traicionado la confianza de la población al dedicarse a realizar lobbies y promulgar leyes en beneficio propio. Incluso cuestionó el incremento del presupuesto para la contratación de personal, refiriéndose críticamente a la incorporación de trabajadoras a quienes calificó como […]
Desde Arequipa, Rafael Belaúnde, candidato presidencial por Libertad Popular, arremetió contra el actual Congreso por haber traicionado la confianza de la población al dedicarse a realizar lobbies y promulgar leyes en beneficio propio. Incluso cuestionó el incremento del presupuesto para la contratación de personal, refiriéndose críticamente a la incorporación de trabajadoras a quienes calificó como «queridas y amantes».
Estas son algunas de las propuestas que propone el partido: Propuestas de Seguridad Ciudadana: El plan de gobierno de Libertad Popular 2026-2031 dice alejarse de las promesas vacías y se enfoca en la operatividad real: -Reforma Penitenciaria: Traslado de delincuentes peligrosos a penales aislados de las ciudades para romper sus vínculos con las mafias. -Inteligencia y Tecnología: Fortalecimiento de la inteligencia policial y cámaras interconectadas para una respuesta inmediata. -Derecho a la Defensa: Belaúnde sostiene que los ciudadanos tienen derecho a defender su vida y propiedad, facilitando el acceso legal a armas para defensa personal tras evaluaciones rigurosas.
Compromiso con Arequipa y el Sur del Perú -Majes Siguas II: Destrabe definitivo de este proyecto agroindustrial como motor económico de Arequipa. -Conectividad Rural: Implementación de internet satelital (tipo Starlink) en todas las escuelas rurales del sur para cerrar la brecha educativa. -Gestión del Agua: Inversión en infraestructura hídrica y plantas desalinizadoras para garantizar el recurso tanto en el agro como en el consumo humano.
Aquí puedes revisar el plan de gobierno completo: https://mpesije.JNE.gob.pe/docs/30bab146-a532-4d1b-87a7-e0f8078dc70b.pdf
Esta es una de las entrevistas y análisis que te ayudarán a que emitas un voto informado en estas elecciones presidenciales.
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El presidente interino José Jerí y Patricia Li, presidenta de Somos Perú, el partido oficialista, no solo tienen a la militante ministra Sandra Gutiérrez en el MIMP sino también a otros afortunados somistas.
Ser militantes cercanos a la presidenta de Somos Perú, Patricia Li, tal como la propia titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Sandra Gutiérrez, quien también está afiliada a dicha organización política habría bastado para beneficiarse con un contrato en dicho sector.
De acuerdo con un reportaje de Cuarto Poder, tras asumir José Jerí la presidencia interina de la República en octubre de 2025 y nombrar a Gutiérrez Cuba como ministra del MIMP, los militantes cercanos a Li Sotelo a quienes ella llama “hijos” se beneficiaron con contratos con el Estado.
La investigación periodística denunció al menos unas doce contrataciones en el MIMP de personas con vínculos políticos cercanos a la dirigencia del partido oficialista Somos Perú. Las órdenes de servicio se dieron incluso a personas -afiliadas a Somos Perú- pero sin experiencia previa en el Estado ni trayectoria académica registrada.
Uno de los “hijos” de Patricia Li, Jean Paul Sosa, de 25 años obtuvo su primera orden de servicio como auxiliar administrativo por un monto de 2 500 soles, el 15 de diciembre de 2025. Cuando se le contrató no contaba con Registro Nacional de Proveedores (RNP). Realizó el trámite recién el 30 de diciembre. Tampoco contaba con títulos académicos registrados en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), informaron.
El problema es que no se respeta la meritocracia
Otro caso similar es el de Carlos Huamán Zamudio, también afiliado a Somos Perú y a quien Li Sotelo promovía en las redes sociales. Obtuvo una orden de servicio por 8 000 soles para labores de sistematización y análisis de información, el 21 de noviembre de 2025. En su caso, un día antes, el 20 de noviembre, regularizó su registro de proveedores, el cual no estaba actualizado desde 2015, según el reportaje.
Presentaron a otro beneficiado, Laris Mediana Rabanal, de 24 años, quien recibió su primera orden de servicio el 12 de diciembre de 2025 como auxiliar administrativo, aunque no contaba con experiencia previa en el Estado, ni RUC activo al momento de la contratación ni grado académico registrado en la Sunedu.
Un cuarto beneficiado es Luis Antonio Calderón, quien de tener un contrato de 2 800 soles en el Gobierno Regional de Ica en diciembre de 2022 pasó a dos órdenes de servicio en el MIMP: una por 18 000 soles y otra por 4 000 soles. Calderón dijo en su defensa que lo convocaron al inicio para un proyecto, pero como no se concretó, lo contrataron finalmente para labores de comunicación.
En el dominical, la analista política Mabel Huertas, dijo que si bien la contratación de militantes es, «hasta cierto punto algo legítimo», el problema surge cuando “no se respeta la meritocracia”.
«Si [estas personas] no están preparadas y esto es un favor que se hace o una suerte de clientelismo, el Estado termina siendo, finalmente, como bolsa de trabajo para quienes rodean a las personas que están en el poder», dijo.
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Una grave denuncia por presunto delito contra la libertad sexual recae sobre Guillermo Barjas Vásquez (65), precandidato a la alcaldía distrital de Palcamayo, en la provincia de Tarma, región Junín. El político postula a las próximas elecciones municipales por el partido Podemos Perú, agrupación liderada por el congresista José Luna Gálvez. De acuerdo con el […]
Una grave denuncia por presunto delito contra la libertad sexual recae sobre Guillermo Barjas Vásquez (65), precandidato a la alcaldía distrital de Palcamayo, en la provincia de Tarma, región Junín. El político postula a las próximas elecciones municipales por el partido Podemos Perú, agrupación liderada por el congresista José Luna Gálvez.
De acuerdo con el acta de denuncia policial, presentada el miércoles 5 de febrero a la 1:00 p. m. en la comisaría de Chilca, distrito de Huancayo, una mujer de 51 años, cuya identidad se mantiene en reserva, denunció que Barjas Vásquez habría abusado sexualmente de ella la madrugada del martes 4 de febrero, aproximadamente a las 3:00 a. m., en la habitación que ambos compartían.
La denunciante, comerciante y conviviente del investigado, señaló que el presunto agresor realizó actos de connotación sexual y posteriormente habría cometido abuso sexual en su contra, todo sin su consentimiento. Tras lo ocurrido, indicó que únicamente le pidió que se retirara del lugar por temor. Según su testimonio, Barjas Vásquez abandonó el inmueble alrededor de las 5:00 a. m. con destino a La Oroya, sin llevar consigo sus pertenencias.
El documento policial consigna los datos del denunciado, los cuales coinciden con los registros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), correspondientes al excandidato que en los comicios municipales de 2022 postuló al mismo cargo por el partido Renovación Popular.
Trayectoria política y antecedentes
Barjas Vásquez cuenta con una trayectoria conocida en la política local. Según su hoja de vida presentada ante el JNE en 2022, fue alcalde distrital de Palcamayo entre 2011 y 2014 por el movimiento Fuerza 2011, así como regidor provincial de Tarma.
Asimismo, declaró desempeñarse como presidente de la Asociación de Fondo Contra Accidentes de Tránsito de los Transportistas (AFOCAT) desde el año 2017.
Los registros judiciales indican que el precandidato presenta antecedentes penales, en 1983 fue sentenciado en dos procesos distintos por el delito de lesiones, uno con pena efectiva y otro con pena condicional, ambas ya cumplidas. Además, registra dos procesos civiles en trámite por materia contractual ante el Poder Judicial.
Investigación en curso
Fuentes vinculadas al caso confirmaron que Barjas Vásquez ha sido citado para el miércoles 11 de febrero con el fin de rendir su manifestación ante la Policía en la comisaría de Chilca, como parte de las diligencias preliminares por el presunto delito de violación sexual.
La denuncia fue formalizada ante la Sección de Investigación Criminal (Seincri), instancia en la que la víctima brindó su declaración, firmó el acta correspondiente y fue sometida al examen de medicina legal.
Medios informativos de diez regiones del Perú se unen e integran la Red de Medios Regionales del Perú, con el objetivo de cubrir el acontecer nacional con una visión propia.
Malestar y preocupación viene generando entre deportistas y vecinos el pésimo estado en el que ha quedado el estadio Leoncio Prado luego del desarrollo del Carnaval Rural. El recinto, que semanas atrás había sido acondicionado y aplanado para garantizar un espacio adecuado y seguro para la práctica deportiva, hoy luce totalmente deteriorado, intransitable y cubierto […]
Malestar y preocupación viene generando entre deportistas y vecinos el pésimo estado en el que ha quedado el estadio Leoncio Pradoluego del desarrollo del Carnaval Rural.
El recinto, que semanas atrás había sido acondicionado y aplanado para garantizar un espacio adecuado y seguro para la práctica deportiva, hoy luce totalmente deteriorado, intransitable y cubierto de lodo. Si bien las manifestaciones culturales y danzas carnavalescas forman parte de las tradiciones y merecen ser promovidas, lo ocurrido en esta oportunidad evidencia una grave falta de organización, control y respeto por los espacios públicos.
De acuerdo con los vecinos, el daño no se debe únicamente a las intensas lluvias registradas en los últimos días, sino principalmente al ingreso de comerciantes con vehículos al interior del estadio, quienes trasladaron carga pesada, removieron la tierra y destruyeron por completo la superficie del campo deportivo.
“Este estadio estaba parejo, se podía entrenar sin problemas. Ahora parece una chacra, lleno de huecos y barro. ¿Quién va a responder si alguien se lesiona?”, cuestionó un vecino. El terreno quedó desnivelado, enlodado y en condiciones peligrosas, dificultando seriamente la realización de actividades físicas y poniendo en riesgo la integridad de niños, jóvenes y deportistas que utilizan diariamente este espacio.
A ello se suma la acumulación de residuos, basura y restos de las celebraciones, lo que refleja, según los deportistas, una total falta de responsabilidad por parte de los organizadores del evento. “Para vender sí entraron con camiones y carros, pero para limpiar y dejar como estaba, nadie aparece. No es justo que destruyan el único estadio que tenemos”, manifestó otra vecina, quien pidió mayor fiscalización por parte de las autoridades. De igual manera, se advirtió que el alquiler de un espacio público no puede convertirse en una excusa para su deterioro, más aún cuando se trata del único lugar disponible para la práctica deportiva y recreativa en la zona.
En ese sentido, exhortaron que la institución u organización responsable asuma su compromiso y destine los ingresos recaudados durante los carnavales al arreglo inmediato del campo, mediante el aplanado adecuado del suelo y una limpieza integral del estadio. “La cultura se respeta, pero también el deporte y la salud de nuestros hijos. Queremos carnavales, pero no a costa de destruir lo poco que tenemos”, acotó.
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El Gobierno Regional del Cusco confirmó oficialmente que la provincia de La Convención contará próximamente con el servicio de gas natural domiciliario. Un convenio estratégico suscrito con la reconocida empresa Cálidda permitirá extender la red de energía hacia miles de hogares en el sur peruano. La masificación del gas natural constituye una política de alto […]
El Gobierno Regional del Cusco confirmó oficialmente que la provincia de La Convención contará próximamente con el servicio de gas natural domiciliario. Un convenio estratégico suscrito con la reconocida empresa Cálidda permitirá extender la red de energía hacia miles de hogares en el sur peruano. La masificación del gas natural constituye una política de alto impacto social, económico y ambiental para cerrar brechas históricas en toda la región.
El gobernador regional Werner Salcedo Álvarez lideró una reunión de alto nivel junto al alcalde provincial Álex Curi León para este fin. Los representantes del sector privado participaron activamente en el diseño de este acuerdo que transformará la matriz energética de la población local. La autoridad regional enfatizó que el combustible permitirá mejorar sustancialmente la calidad de vida y reducir los costos mensuales en los hogares. El proyecto también busca fortalecer la competitividad de los productores locales mediante el acceso a una fuente de energía mucho más económica.
Infraestructura para la masificación del gas natural
El acuerdo institucional contempla la construcción inmediata de una moderna planta de gas dentro de la jurisdicción del distrito de Santa Ana. La implementación técnica incluye el tendido de redes de distribución, conexiones domiciliarias directas y un sistema especializado para la atención de emergencias. El objetivo principal es garantizar un servicio totalmente seguro, continuo y accesible para todas las familias que residen en la capital provincial. La masificación del gas natural representa un hito fundamental en la gestión pública para asegurar la soberanía energética de los ciudadanos de La Convención. El equipo técnico regional supervisará el cumplimiento de los plazos establecidos para que la cobertura proyectada alcance la totalidad del casco urbano. Los beneficios ambientales del gas natural contribuirán además a reducir la huella de carbono en las actividades comerciales y domésticas de la zona. Esta iniciativa responde a una demanda histórica de los pobladores que custodian la mayor reserva de gas de todo el territorio nacional.
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La Policía Nacional logró un golpe clave contra la organización criminal Los Pulpos con la captura de Jhon Snyder Nureña Rojas (19), alias “Jhon Jairo” o “JJ”, sindicado como el principal ejecutor de los ataques con explosivos que estremecieron Trujillo en las últimas semanas. El joven, considerado el brazo armado directo de Jhonsson Pulpo, fue […]
La Policía Nacional logró un golpe clave contra la organización criminal Los Pulpos con la captura de Jhon Snyder Nureña Rojas (19), alias “Jhon Jairo” o “JJ”, sindicado como el principal ejecutor de los ataques con explosivos que estremecieron Trujillo en las últimas semanas. El joven, considerado el brazo armado directo de Jhonsson Pulpo, fue intervenido cuando intentaba consolidar su fuga hacia Chile, país donde se sospecha se oculta el cabecilla de la red criminal.
Amo del terror con solo 19 años
Según las investigaciones policiales, Jhon Jairo estaría detrás de una cadena de atentados extorsivos con bombas que dejaron viviendas destruidas, locales comerciales devastados y una ciudad bajo amenaza. Entre los ataques que se le atribuyen figura la explosión en una vivienda de la avenida Perú, así como el atentado contra el bus de la orquesta Armonía 10, ocurrido en las afueras de la discoteca Monasterio, en la urbanización El Golf, uno de los hechos que generó mayor conmoción pública.
La lista de objetivos también incluye la cadena de licorerías Tabaco y Ron, la discoteca Luxor y el violento atentado que destruyó la discoteca Tabaco Marino, en la urbanización San Isidro, donde la onda expansiva dañó varias casas aledañas. Para la Policía, estos ataques no fueron aislados: formaron parte de una estrategia sistemática de extorsión con explosivos, ejecutada por JJ bajo órdenes directas del líder de Los Pulpos.
De regreso a Trujillo
La noche de este jueves, el joven criminal fugaba a Chile, sin embargo tras una coordinación con las autoridades de dicho país se logró su detención. De inmediato se ha dispuesto su traslado a Trujillo, donde en las próximas horas deberá responder ante la justicia por extorsión agravada, atentados con explosivos y pertenencia a organización criminal, delitos que lo colocan como una pieza clave para desarticular la estructura operativa del grupo.
Para la Policía, la caída de Jhon Jairo representa un punto de quiebre en la lucha contra Los Pulpos, al tratarse del ejecutor directo de los ataques que mantuvieron en zozobra a empresarios, artistas y vecinos. Con su llegada a Trujillo, las autoridades esperan no solo esclarecer cada atentado, sino también cerrar el cerco sobre Jhonsson Pulpo, el cabecilla que aún permanece prófugo y cuyo rastro, una vez más, conduce hacia Chile.
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La Municipalidad Provincial de Puno intervino a más de 100 personas en estado de ebriedad durante la Festividad de la Virgen de la Candelaria. Según los reportes oficiales, los efectivos de Seguridad Ciudadana encontraron a estos ciudadanos bebiendo licor, durmiendo o desmayados en plazas, veredas y parques del centro de la ciudad. El operativo, que […]
La Municipalidad Provincial de Puno intervino a más de 100 personas en estado de ebriedad durante la Festividad de la Virgen de la Candelaria. Según los reportes oficiales, los efectivos de Seguridad Ciudadana encontraron a estos ciudadanos bebiendo licor, durmiendo o desmayados en plazas, veredas y parques del centro de la ciudad.
El operativo, que cubrió los turnos de tarde, noche y madrugada, reveló una situación preocupante que afectó el orden público y la seguridad de los visitantes.
Cinco personas tuvieron que ser trasladadas de urgencia al Hospital Manuel Núñez Butrón por presentar cuadros graves de intoxicación alcohólica, hipotermia y pérdida del conocimiento.
Otras diez recibieron atención médica en los Puestos de Auxilio Rápido (P.A.R.), aunque no requirieron hospitalización. Las autoridades destacaron que el consumo excesivo de alcohol no solo puso en riesgo la salud de los afectados, sino que también generó desorden en zonas turísticas clave.
Un caso que llamó la atención fue la intervención por agresión física contra una mujer, quien fue derivada a la Policía Nacional para las investigaciones correspondientes.
Este incidente ocurrió en medio del caos generado por el alto consumo de bebidas alcohólicas, lo que obligó a las autoridades a redoblar los patrullajes en áreas como la Plaza de Armas, el Parque Pino y la avenida El Sol, donde se concentró la mayor cantidad de público.
El personal de Seguridad Ciudadana también retiró a ciudadanos que bloqueaban el paso peatonal y protegió las áreas verdes, que sufrieron daños por la ocupación indebida.
Además, brindaron apoyo en un accidente de tránsito registrado en la comunidad de Malcomayo, donde colaboraron con la policía para trasladar a un herido al centro de salud más cercano.
Las autoridades recordaron que una festividad segura preserva las tradiciones, pero también la vida y la salud de todos. El consumo desmedido de alcohol no solo afecta a quien lo ingiere, sino que pone en peligro a terceros, especialmente en eventos masivos donde hay familias y niños presentes.
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«Un fenómeno que se está dando y parece que la población no se ha dado cuenta, el Perú era exportador de drogas. Hoy en día, es exportador de minería ilegal».
Hablar y condenar al narcotráfico como el grupo criminal más influyente en la economía y la política en el Perú ha sido -en general – relativizado, escamoteado e invisibilizado. Nos referimos a la infiltración en la alta política y, en este siglo XXI, en los gobiernos subnacionales (gobiernos regionales y municipales) financiando los dos tipos de campañas electorales. A contrapelo, hablar del narcotráfico se redujo a una mirada policial: capturas de traficantes, la erradicación de los cultivos ilicitos de coca, destrucción de pozas de pasta y laboratorios de cocaína, destrucción de pistas de aterrizaje clandestinas, etc.
El escamoteo, relativización e invisibilidad del poder del narcotrafico en la política y economia caracterizó a los -por obvias razones- sectores políticos, medios de comunicación y -algo incomprensible- a la academia. Las ciencias sociales, los politólogos y las ONGs de investigación simplemente, lo omitieron. O lo condensaron en el término de corrupción o el crimen organizado. Utilizaron ambos terminos para evadir aludir a la especialidad del narcotráfico.
En cuanto a las autoridades gubernamentales, abordaron el tráfico ilícito de drogas o narcotráfico policialmente. Salvo casos relevantes («Mosca Loca», Carlos Langberg, Villa coca de «El Padrino», «Vaticano», y AeroContinente del «Lunarejo», el «narcoavión presidencial, etc) en los años 80 y 90, concitaron la atención de la investigación policial y periodística. Pero no ahondaron en la influencia y presencia del narcotráfico en el poder político.
Ni vieron como esa industria criminal subterránea generó y exacerbó la corrupción estructural y sistémica que viene de la colonia y prosiguió a lo largo de la República. Esa evasión u omisión exprofeso, salvo contadas excepciones, los llevó a investigar la corrupción hiperbolizada y la violación de los derechos humanos en el régimen dictatorial fujimorista. Por esa razón, no vieron a ese régimen como el primer narcoestado, un tipo de narcodictadura.
Tampoco vieron como el narcotráfico se readecuó tras la caída del narcoestado fujimontesinista el 2000. Ni mucho menos vieron el financiamiento de las campañas electorales presidenciales y municipales/regionales a lo largo de los últimos 25 años que, a diferencia del largo período anterior, en la que financiaron a candidatos en su nómina, los narcos saltaron a la política: pasaron a ser candidatos al Congreso y los gobiernos subnacionales y, además, crearon sus propios partidos (APP, Podemos, Renovación Popular) o adoptaron un partido (Fuerza Popular) o cooptaron (Avanza País) los existentes.
En los procesos electorales de 2011, 2016 y 2021 lograron -sin dejar de financiar a otros candidatos de diversos partidos- representación propia en el Congreso y los gobiernos subnacionales (regionales y municipales). Pasaron de ser el grupo criminal, proceso que arrancó en los años 40, 50 y 60 del siglo XX, con mayor influencia en la economía a ser el de mayor influencia en la política (ese proceso habría empezado con nitidez en las elecciones de mayo de 1980, cuando «Mosca Loca» financió a Acción Popular y Carlos Langberg al Apra).
Así, pues, el narcotrafico ha sido la industria criminal que, en paralelo a los grupos económicos tradicionales y emergentes de las drogas y Odebrecht, mandó en las campañas electorales de 2011 y 2016. La minería ilegal emerge en la política local y regional en 2010 y nacional en 2011. Sin embargo, en las investigaciones predominó la corrupción, los aportes de los grupos económicos en general y Odebrecht. El narcotráfico permaneció invisibilizado.
Eso ha cambiado en los dos años y meses (2023-2025). No para reconocer su notable influencia y presencia en la economía y el poder político nacional, sino para afirmar que mueve menos que la minería ilegal y, por lo tanto, su poder es menor que la minería ilegal del oro. O para decir que ha sido sustituida por el boom del oro ilegal. Estamos pasado de la invisibilidad a la relativización y desaparición del narcotrafico.
Los datos favorecen ese discurso. En un contexto signado por incremento inédito del precio del oro (a inicios de febrero, la onza de oro llegó a $5,500 la onza). Y el crecimiento imparable de la minería ilegal en el corpus nacional, diversos sectores empresariales y comunicadores han venido sosteniendo y difundiendo un cambio inocultable: la minería ilegal mueve más que el narcotrafico.
Las versiones comparativas más difundidas fueron dos: la minería ilegal mueve siete (7);o doce (12) veces más que el narcotrafico. Ninguna de esas versiones se ajustan a la información oficial. Según la Unidad de Inteligencia Financiera, la minería ilegal del oro movía $10 mil millones en 2023 y el tráfico ilícito de drogas $4,742 millones. En 2024, el IPE estimó el valor en $12 millones.
Así, entre 2023 a 2024, la minería ilegal del oro movía más que el narcotrafico, pero no siete ni doce veces más. Ni en 2025 el valor del oro ilegal ha llegado a ser siete veces más m: según la UIF, la minería ilegal subió a $14 mil millones. Es más, es necesario hacer la siguiente precision: hasta el primer semestre de 2023, la corrupción movía S/ 24, 242 millones, unos $6,000 millones; el narcotráfico $4,115 millones (estimación propia) y la minería ilegal $3,900 millones.
¿Qué indican las cifras de 2023? Que la corrupción y el narcotráfico movian mas que la minería ilegal en asceso. El desbocamiento sin precedentes del precio del oro y, por extensión, de la minería ilegal data de fines de 2023. Y prosiguió entre 2024 y 2025. Ese es el período de mayor auge de la minería ilegal y legal. Ese auge, esto hay que destacarlo, coincide con el auge del narcotrafico, la corrección, la extorsión y la trata de personas.
En conclusión: el oro ilegal mueve más que el narcotrafico en el lapso de 2024-2025::12 mil millones ve 4,742 millones. Es decir, tres veces más que el narcotrafico. Y esa tendencia, debido a la crisis del dólar como moneda de reserva mundial y la emergencia de los BRICS, posiblemente seguirá en curso ascendente. Ello, en el ámbito nativo, se traducirá en un mayor poder económico y político. No hay nada que indique lo contrario. Todo lo contrario.
Pese a estos datos aproximativos de estas economías criminales, y de la relativización del valor y peso del narcotrafico respecto a la minería ilegal, un exjefe de lavado de activos del Ministerio Público ha estrenado un relato que va más allá de su relativización. Ese relato ha sido propagado por La Encerrona, cuyo conductor le dió un toque equilibrado.
Vayamos al relato del funcionario de la fiscalía.
Se trata de las afirmaciones del excoordinador de las fiscalias de lavado de dinero Mirko Cano. ¿En lo fundamental qué dijo Cano? Primera afirmación: «Un fenómeno que se está dando y parece que la población no se ha dado cuenta, el Perú era exportador de drogas. Hoy en día, es exportador de minería ilegal».
Afirmar que el Perú «era’ exportador de drogas» y ahora es «exportador de minería ilegal» es absolutamente falso. Sostener que el Perú ha dejado de exportar drogas y ahora exporta minería ilegal, es equivalente a afirmar que el narcotrafico ha dejado de existir. En otros términos, el excedente de coca, el procesamiento en pasta y el refinamiento de cocaína y la exportación de drogas a los mercados internacionales ha sido sustituido por la minería ilegal.
De un plumazo el fiscal Mirko Cano le ha expedido la partida de defunción del narcotrafico, la principal matriz -al igual que la corrupción y el contrabando- del crimen organizado en el país. La minería ilegal, según el mencionado fiscal, ha sepultado, sin que nos diéramos cuenta, por la exportación de oro de la minería ilegal. Mas de cien años de narcotráfico habrían desaparecido de la faz del país.
¿Cuál es la realidad del narcotrafico en el país? Los datos planetarios muestran al narcotráfico, al igual que el oro ilegal, en un auge inédito. Según el Informe Mundial de las Drogas, al año 2023 el mundo consumió 3,700 toneladas, un incremento también inédito. Eso representa un crecimiento de cuatro veces respecto al 2014. Los datos nacionales también muestran un notable crecimiento: de 62,500 hectáreas en 2011 pasó a más de 95 mil hectáreas en 2024. Y una producción estimada de 950 toneladas de cocaína (Devida, 2023).
Esas cifras, que pueden ser mayores a las cifras oficiales, muestran que el narcotráfico está en auge. En ningún momento, contra la afirmación del fiscal Mirko Cano, el Perú ha dejado de ser exportador de cocaína y pasta base a Europa, el Mercosur (Brasil, Argentina, etc), Oceanía y Asía. El Perú se mantiene como el segundo productor de cocaína a escala mundial. Eso sí, como ya vimos, por el precio del oro nunca visto, mueve menos que la minería ilegal
Algo más ha afirmado el fiscal Mirko Cano: «Los narcotraficantes han visto la forma de cambiar de cambiar su rubro: ya se dedican a la minería ilegal. ¿Por qué? Es mucho más rentable y hay menos controles». No es así. Desde 2008 y 2009, en Madre de Dios y Puno, los narcos lavan en el oro el dinero que ganan en el tráfico de drogas. En los últimos tres años, con el precio del oro en ascenso y desbocamiento (2024-2025), lavan más. O han comprado minas para comprar el oro informal. Y, sobre todo, ilegal.
Finalmente, ¿es cierto que la minería ilegal manda en el mundo criminal y la campaña electoral en curso? De ninguna manera. En dos años y dos meses (segundo semestre de 2023 hasta inicios de 2026) del desbocamiento del precio del oro no se pueden comparar con los casi cien años y los cuatro ciclos de crecimiento del narcotrafico (1930-1940, 1960-1970, 1980-1995 y 2000-2025).
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Posiblemente antes que los chinos comenzaran sus experimentos con la papa y el tomate, en Arequipa el Ingeniero Agrónomo Miguel Muñoz Gómez, hizo producir en una planta que él denominó “paptomato”, los dos frutos.
En una entrevista concedida a este diario y publicada el 8 de febrero de 1956, el Ingeniero informó que había logrado por medio de injertos, hacer producir a una misma planta patatas bajo la superficie y en las ramificaciones del tallo, tomates.
El suceso se ha actualizado gracias a la información de la “United Press International” que un diario limeño consignó en su información de ayer. Y dice: “En un artículo que publica la revista “China Reconstruye”, de China comunista, se afirma que Chiang Shao Fang, sostiene que ha logrado mediante cruces una planta que bajo tierra produce papas y sobre tierra tomates.
Hace 3 años el Ingeniero mistiano concluyó una serie de experimentos que tienen como resultado en la primera etapa lograr dos frutos de una sola planta, por medio de injertos. Lo que los chinos han logrado agrega – producir la planta híbrida – es decir, que se ha superado la etapa de injertos en que se hallaba empeñado hace 3 años.
El Ingeniero Muñoz añade que mediante sucesivos injertos con el mismo material se logra la afinidad entre la planta de tomate y patata. Se consigue entonces una nueva semilla que echada al campo producirá tomates en los tallos y papas en las raíces. (El Pueblo 24 de Febrero de 1959).
(En las citas textuales de esta obra se respeta la ortografía de los originales)
Juan Guillermo Carpio Muñoz
Texao. Arequipa y Mostajo. La Historia de un Pueblo y un Hombre
Tomo X . Pág. 169.
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Juan Guillermo Carpio Muñoz (Arequipa, 1945–2019), se autodenominaba "arequipeñista" y fue el mayor cultor sus tradiciones. Fue sociólogo, historiador y autor de numerosos libros sobre la cultura y la historia de Arequipa. El más importante: El Texao
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El PJ anuló sanciones y “presume” que exvoleibolista cumplía requisitos. Esto, a pesar de que dos instancias administrativas y otra judicial ratificaron que no tenía la condición de deportista de alto nivel al momento de su postulación a la presidencia. IPD tuvo que anular sanciones que datan del 2018
El partido Avanza País presentó oficialmente a su plancha presidencial y a sus candidatos a senadores y diputados el último 20 de enero. La congresista por Arequipa Diana Gonzales Delgado publicó fotos de la actividad política en su perfil de Facebook. En una se le ve junto a la polémica Adriana Tudela, actual legisladora y postulante a la segunda vicepresidencia por dicha organización política. “Asumo este nuevo reto como candidata a diputada por Lima (…) con responsabilidad y compromiso”, escribió Gonzales como encabezado a las imágenes.
Su publicación recibió un abucheo mayoritario en la red social. “Me parece bien que se presente por Lima, porque para Arequipa no hizo nada”, comentó María Guzmán. “Arequipa te quedó grande…”, criticó “César Vlard”. “De Arequipa a Lima, te pasaste…”, la cuestionó Moisés Halanoca.
Pese a las críticas, la parlamentaria no considera que esté traicionando a sus electores. “Mi vínculo con Arequipa es innegociable. El voleibol y mis estudios me llevaron a vivir fuera, pero jamás me alejaron de mi tierra”, contestó Gonzales al otro lado de la línea telefónica. Subrayó que es el partido quien la invitó a postular por la capital y niega que se desprenda de los problemas de la región del sur.
Diana y Adriana. Junto a Tudela, autora de la Ley de Cine que afecta a proyectos cinematográficos en las regiones del país.
Gonzales llegó al Congreso para representar a Arequipa y es hasta donde vino a buscar votantes. Consiguió 24,948 votos en las elecciones generales del 2021 por el mismo partido con que ahora busca la reelección. De los seis parlamentarios que ganaron una curul, ella fue la tercera más votada. La catapulta para ser electa fue ser una ex “matadorcita”, denominación dada a las voleibolistas de las divisiones menores que estuvieron al mando de la medallista olímpica Natalia Málaga.
Pero fue justamente siendo congresista que se libró de una sanción grave impuesta por una instancia del Instituto Peruano del Deporte (IPD), por no cumplir requisitos para ser electa presidenta de la Federación Peruana del Vóley (FPV) cuando apenas tenía 24 años.
Set ganado
Gracias al vóley, la legisladora obtuvo una beca para ir a la Universidad Agrícola y Mecánica de Florida de los Estados Unidos. Es a su regreso que postuló a la presidencia de la FPV para el periodo 2017-2020. Consiguió ser electa, pero tras un poco más de un año en el cargo, fue destituida por el Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte (CSJDHD) del IPD.
Con la 10. Gonzales integró la selección peruana de vóley al mando de Natalia Málagay es cuando se hizo conocida.
Augusto Bravo Villarán, expresidente de la FPV, la acusó de no cumplir con los requisitos exigidos para ser presidenta en octubre de 2016. Se basó en que Gonzales no obtuvo la categoría de Deportista Calificado de Alto Nivel (DECAN), además de que no acreditó estudios universitarios o técnicos al momento de la postulación. Ambos son requisitos para ser presidente o vicepresidente estipulados en la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte (N°28036).
La denuncia la presentó ante el CSJDHD que sanciona las faltas en el ámbito deportivo. En más de un año de análisis, la instancia concluyó destituir a Gonzales e inhabilitarla por cinco años para ejercer cualquier cargo en el sistema deportivo nacional con su resolución N°003-2018. Mientras que, a la presidenta del Comité Electoral, Juana Conde Chero, se la castigó a dos años de inhabilitación.
Cuatro meses después, el castigo es ratificado en parte por otra sala del Consejo Superior de Justicia Deportiva, tras la apelación que interpuso la exvoleibolista. Se confirmó la destitución, pero se redujo la inhabilitación de cinco a tres años contra la legisladora. Es así que la deportista decidió judicializar el caso en la Corte Superior de Justicia de Lima.
Ratificación. Instancia del IPD confirma que exvoleibolista no cumplía requisitos.
Sin embargo, el Décimo Juzgado en lo Contencioso Administrativo, a cargo de la jueza Maritza Obregón Ñiquen, declaró infundada su demanda en agosto del 2023. Siendo parlamentaria, insistió a la instancia superior. Hasta que la Cuarta Sala Contencioso Administrativa, con una argumentación controvertida al no considerar las pruebas con que destituyeron a Gonzales del cargo dirigencial, falló a su favor.
La resolución N°006 del 23 de septiembre del 2024 declaró fundada la demanda y dispuso anular las resoluciones del Consejo Superior de Justicia Deportiva del IPD que sancionaron a Gonzales. “Cada Año Nuevo me decía a mí misma cuándo va a terminar esto. Tuve que esperar más de 6 años, porque fue un daño a mi honra, para mi familia, para mi apellido”, indicó la parlamentaria.
Controvertido. Fallo con que la Sala anula sanciones contra congresista, pese a las pruebas.
Por forma, no por fondo
Para las magistradas Patricia Beltrán Pacheco, Edith Cerna Landa y Magali Valer Fernández, se vulneró “el principio de tipicidad y el debido proceso”. Sostuvieron que Gonzales no incurrió en actos u omisiones para su beneficio ni incumplió normas deportivas al presentar documentación que no ha sido declarado nula. Textualmente indica que “presume válido” el requisito de que Gonzales es DECAN. Lo mismo consideró sobre la acreditación de ser profesional en ese momento, solo porque el Comité Electoral declaró infundada la tacha por dicho caso.
Para ser DECAN, el deportista debe obtener medalla de oro, plata o bronce en un evento oficial de la federación, internacional u olímpico (resultado deportivo internacional), dispone el Manual de Indicaciones Metodológicas del IPD. Incluso se considera que los DECAN deben participar en las selecciones de máxima categoría. Lo que no ocurrió con Gonzales.
“Uno logra ser deportista calificado a alto nivel cuando compites por la máxima categoría de tu deporte. Se puede jugar partidos amistosos, de preparación, pero para ser atleta de la máxima categoría tienes que jugar por la selección de voleibol. (…) Ni siquiera es un tema opinable. Ser DECAN es jugaste o no jugaste por la selección adulta”, explicó el presidente de la Comisión de Derecho Deportivo del Colegio de Abogados de Lima, Marco La Jara.
Dos posiciones. Sentencia de primera y segunda instancia son distintas en sus argumentaciones.
Bajo el mando de la exvoleibolista Natalia Málaga, Diana Gonzales integró la selección nacional juvenil que consiguió el bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Singapur 2010. También participó en la Copa Panamericana Juvenil del 2011, un torneo de preparación, consiguiendo el plantel el primer puesto. La última vez que integró la selección fue en la sub 20.
Aun así, Gonzales se inscribió usando el oficio N°3359-2019-IPD/DINADAF en que se la considera ex DECAN por la Dirección Nacional de Deporte Afiliado (DINADAF). Sin embargo, el CSJDHD señaló que para ser una ex DECAN es indispensable que en su momento debió obtener la categoría de DECAN, y que la candidata “no presentó ese reconocimiento porque nunca lo obtuvo”.
En esa misma línea decidió la jueza de primera instancia. Consideró que dicho oficio no se ajusta a ley. “Corresponde al Consejo Directivo del IPD otorgar la denominación de deportista calificado de alto nivel; en consecuencia, no se puede avalar un acto administrativo que contradiga la normativa mencionada”, señala el fallo de Obregón. Por lo que consideró que el oficio no tiene valor probatorio.
Reunión. Gonzales con el actual presidente del FPV. No descartó ni afirmó que pudiera volver a postular a dicha federación
Incluso la propia FPV propuso al IPD que determinados deportistas obtuvieran dicha categoría en 2014 y 2016. En las resoluciones N°049-2014 y N°098-2016 el nombre de la parlamentaria no está considerado. Mientras que, en el registro de atletas del 2 de septiembre del 2016, la ex voleibolista está registrada solo como “Deportista Calificada” debido a que sus logros fueron en las categorías 17 y 20 años y no en la categoría de mayores.
Sobre sus grados universitarios, Gonzales presentó documentación de haber estudiado en los Estados Unidos. Pero para el denunciante estos debieron acreditarse ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU). Como prueba presentó la carta N°052-2016 de la Sunedu que informó que no existía ningún grado académico a nombre de la parlamentaria en ese momento.
Pese a estas pruebas, Gonzales insiste en que es DECAN. “Me parece increíble que teniendo los requisitos tan claros no se haya procedido como deberían, afectando mis derechos fundamentales, pero sobre todo mi honra”, dijo. Por la disposición judicial, el CSJDHD emitió la resolución N°0011 en diciembre del 2024 borrando la sanción.
Mandato. Sala confirma que IPD publicó resolución para borrar sanción contra Gonzales.
De lo que aún no se libra la parlamentaria es de las investigaciones fiscales. Es acusada de malversación, peculado, concusión y hasta cohecho pasivo propio en agravio de la misma Federación Peruana de Vóley. “Esos procesos siguen su curso”, contestó Gonzales.
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Elmer Mamani Quispe, egresado de la Universidad Nacional de San Agustín, es periodista de investigación con más de 10 años de experiencia, habiendo laborado en los medios La República y El Búho, principalmente. También practica la cronica y la entrevista como géneros periodísticos.
“Pauta publicitaria estatal” para agrupaciones políticas abre una nueva inquietud sobre los manejos de los dineros entregados. Hay muchos cuestionamientos sin aclarar
Nuevamente los peruanos sufren una decepción sobre los partidos políticos. La franja electoral que debía ayudarlos a "publicitar" a sus candidatos y planes de gobierno habría sido direccionada solo a algunos medios de comunicación. La ley tiene vacíos graves.
Lo que debía ser una herramienta para la difusión equitativa de propuestas de los partidos políticos, denominada como Franja Electoral, se ha convertido en un cuestionado manejo de recursos que hace presumir conflictos de interés, pero sí evidencia una falta de transparencia y vacíos legales que impiden una fiscalización efectiva por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Solo con el inicio de la pauta publicitaria con fondos públicos destinados a la propaganda electoral en Perú para las Elecciones 2026 se ha desatado una nueva crisis política tras revelarse presuntas irregularidades en el uso de los S/80 millones de fondos públicos asignados a 38 organizaciones políticas.
El escándalo que ha hecho tambalear algunas candidaturas ha llegado a instancias judiciales, siendo actualmente materia de investigación que encabezará la Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Corrupción de funcionarios que ya derivó la carpeta fiscal a un despacho provincial para el inicio a las diligencias este lunes 9 de febrero.
Así lo ha dispuesto el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, quien anunció una investigación preliminar contra quienes resulten responsables por el presunto direccionamiento de los recursos entregados a los partidos como publicidad estatal en la franja electoral. La hipótesis fiscal apunta a delitos graves contra la administración pública.
Pero, en el ámbito político, el malestar ha sido tal que diversos candidatos han comenzado a plantear la eliminación definitiva de la franja electoral. En el caso más sonado del partido País para Todos (PPT) cuyo candidato es Carlos Álvarez, decepcionado llegó a decir que renunciaría, pero no lo hizo, sin embargo, su partido ha decidido no participar de la franja electoral.
¿Qué pasó con los partidos y su presumible favoritismo a unos medios en específico?
Entre los casos más críticos sobre el uso de la franja electoral está el del partido Fuerza y Libertad que lleva como candidata a la presidencia a Fiorella Molinelli. Esta agrupación entregó el 100% de sus fondos (S/1.6 millones) a la empresa Video Films SAC – Sol TV. Este canal peruano con sede en Trujillo pero que cubre diversas partes del Perú, fue fundado en 2003 y pertenece a la familia Cruzado Saucedo. Su gerente general es Ricardo Cruzado.
Le sigue el Partido Regionalista de Integración Nacional (PRIN) que invirtió el 53% (S/906 mil) en la misma empresa, Sol TV, aunque su candidato Walter Chirinos calificó el hecho como un «error» que sería reajustado.
Entre otros partidos que han concentrado sus fondos en proveedores específicos está como hemos mencionado, País para Todos (PPT) que destinó el 38% (S/642 mil) de su asignación al canal, Nativa TV. Como dijimos, esto provocó que Carlos Álvarez, su candidato presidencial, amenazara con renunciar al no haber sido consultado. El tema se “zanjó” con el anuncio de que no renunciará a la candidatura, pero la agrupación renunciará formalmente al uso de la franja electoral. Atribuyeron lo sucedido a una «inexperiencia» en la distribución estratégica.
Primero la Gente y Alianza Para el Progreso
Continúa en términos de porcentaje de inversión, el partido Primero la Gente, que lleva como candidata a Marisol Pérez Tello. Esta agrupación adjudicó el 24% de su presupuesto (S/416 mil) al mismo canal Nativa TV, empresa vinculada a Miguel del Castillo, quien en ese momento estaba como candidato a diputado por dicha agrupación y tras admitir que participó en la decisión de contratación, renunció a la candidatura, decisión que aceptó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
En el caso de Alianza para el Progreso (APP) cuyo dueño, líder y candidato a la presidencia es César Acuña, dirigió S/349,882 a Cosmo Televisión, medio vinculado históricamente a la familia de César Acuña, a pesar de que los candidatos actuales nieguen la propiedad directa.
Cuadro de lo invertidopor los partidos en algunos medios. Elaboración Paulo Matta.
La ONPE deslinda responsabilidades porque todo está en la ley
Ante los cuestionamientos, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha deslindado responsabilidades directas sobre la elección de los medios que han hecho los partidos.
De acuerdo con este organismo electoral, la ley vigente faculta a los partidos a elegir libremente dónde contratar. Además, el organismo no está habilitado para fiscalizar a qué empresas se adjudican los montos ni verificar la audiencia. Ni la capacidad técnica de medios digitales o de streaming que reciben sumas millonarias.
En ese sentido algunos especialistas consultados advierten que existe un vacío legal crítico. Esto, porque la normativa actual no prohíbe que los dirigentes asignen fondos a sus propios medios. Ni regula las comisiones de intermediarios, según lo dicho por Kevin Advíncula Medrano, experto en derecho electoral a La República.
Consecuencias y propuestas de reforma
En ese orden de hechos y opiniones, para evitar que esta «farra» de fondos públicos se repita, expertos sugieren que el próximo Congreso (2026-2031) realice una reforma profunda. Esta debería inclir la prohibición expresa de contratar medios vinculados a dirigentes o candidatos y establezca una supervisión previa obligatoria por parte de la ONPE.
También resaltan la necesidad de que haya una rendición de cuentas para evitar el uso indebido de los recursos estatales durante las campañas.
Por ahora, la falta de transparencia y los cuestionamientos siguen marcando el ritmo de una campaña que apenas comienza.
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Distritos afectados quedaron fuera de la declaratoria nacional, generando cuestionamientos sobre la respuesta del Estado frente a desastres recurrentes en la región.
Las lluvias intensas en Junín provocaron deslizamientos y huaicos que dejaron seis fallecidos, viviendas destruidas, carreteras bloqueadas y familias aisladas en la selva central. Comunidades como Tsiriari y zonas de la cuenca del río Ene enfrentan inundaciones recurrentes mientras pobladores denuncian abandono y falta de medidas preventivas sostenidas.
Pese a la emergencia, varios distritos afectados quedaron fuera de la declaratoria nacional, generando cuestionamientos sobre la respuesta del Estado frente a desastres recurrentes en la región. Autoridades regionales advierten que ocupaciones en zonas de riesgo agravan el problema, aunque las muertes evidencian fallas en prevención, planificación urbana y gestión del riesgo.
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El alcalde de Balsapuerto enfrenta fuertes cuestionamientos tras denuncias ciudadanas que lo señalan por ausentarse del distrito, incumplir promesas electorales y evitar rendir cuentas públicas. Pobladores protestaron exigiendo explicaciones sobre el uso del presupuesto municipal, mientras denuncian que la autoridad respondió enviando policías en lugar de abrir espacios de diálogo.
La crisis política genera desconfianza entre los habitantes, quienes denuncian presuntas obras fantasmas y abandono institucional en una de las zonas más alejadas de Loreto. El conflicto refleja tensiones entre autoridades y ciudadanos, evidenciando reclamos sobre transparencia, gestión municipal y cumplimiento de compromisos asumidos durante la campaña electoral.
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Imasen e Ipsos coinciden en baja popularidad de mandatario. Escándalo del ‘Chifagate’ también afectan a ministros. Fernando Rospigliosi también es rechazado
José Jerí, el presidente interino del Perú, está en caída libre en cuanto a su desaprobación. El caso 'Chifagate? no solo desmoronó su popularidad sino también la de dos de sus ministros. Dos encuestadoras, Imasen e Ipsos fieron sus últimos informes a enero 2026.
De acuerdo con la encuestadora Imasen, el presidente interino José Jerí alcanzó una desaprobación del 70,4% en el mes de enero y según Ipsos, aumentó al 61%. Su baja popularidad se debería básicamente al escándalo del ‘Chifagate’ y al hecho de ver al mandatario encapuchado acudiendo a una cita no oficial con empresarios chinos.
Imasen
Según esta encuestadora, el rechazo a la gestión de José Jerí se incrementó de noviembre de 2025 a enero de 2026. Alcanzó el 70,4% en el mes de enero. Es un incremento de 23,2 puntos porcentuales respecto a noviembre de 2025, cuando el rechazo se ubicaba en 47,2%. Y si en noviembre de 2025, el presidente tenía un respaldo ciudadano del 45,5%, en enero de 2026 descendió a 24,1%.
Asimismo, revela el informe que la desaprobación creció en Lima, el norte y el centro del país. En Lima y Callao pasó de 44,6% en noviembre a 64,2% en enero, mientras que la aprobación cayó de 49,3% a 31,5%. Y en el norte, el rechazo subió de 47,6% a 77,1%, uno de los niveles más altos registrados en el estudio.
Mientras en el sur del país, la desaprobación también es significativa pues aumentó de 50,4% en noviembre a 72,5% en enero. En la zona centro, el rechazo a la gestión de Jerí pasó de 42,1% a 67,6% entre noviembre de 2025 y enero de 2026. Y en el oriente, la desaprobación subió de 53,8% a 71,8%.
El informe de Imasen se elaboró sobre una muestra total de 1300 entrevistas a nivel nacional en enero de 2026.
Mayoría duda de la honestidad de José Jerí y de que llegue al 28 de julio
Respecto a la percepción ciudadana sobre la honestidad del presidente, se muestra un deterioro marcado. A nivel nacional, el 76,2% de los encuestados en enero de este año, consideró que José Jerí no es una persona honesta. Cuando en noviembre de 2025, era un 59,8% que lo consideraba deshonesto.
Igualmente, repasando esa consulta en todas las regiones del país se registró que, en Lima y Callao, el 70,5% considera que Jerí no es honesto; en el norte, un 77,8% y, en el sur el rechazo llegó con un 82,5%. Los ciudadanos sostienen que Jerí no es una persona honesta. La zona centro registró un 71,4% y en el oriente, la percepción de su deshonestidad llegó al 82,8%.
La percepción sobre si José Jerí seguirá como jefe de Estado, también cayó a nivel nacional. Quienes consideran que no logrará llegar al mes de julio son un 46,7% y quienes creen que sí llegará al 28 son el 53,3% a enero de este año, cuando en noviembre de 2025 era del 70,1%.
Por regiones: Lima y Callao, no creen que completará el periodo un 59,4%; norte, creen que no llegará a julio 53,2%; sur, se incrementó a 50,9%; zona centro, el 40,9% duda de su continuidad. En el oriente, aunque la mayoría mantiene una opinión favorable, 53,8% no creen que llegará a julio.
Ipsos
Según la encuesta de Ipsos para Perú21, el rechazo de los peruanos a la gestión del mandatario se elevó de 43% a 61% en un solo mes. Su aprobación a nivel nacional bajó a 30%. Esto es por los encuentros con empresarios chinos y las afortunadas jóvenes que visitaron palacio. La confianza que tenían los peruanos en su gobierno hace tres meses se ha venido abajo.
Incluso su entorno más cercano se ha perjudicado. La gestión del premier Ernesto Álvarez la desaprueba el 64% de los peruanos. Hace un mes era el 55%. Igualmente, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, por acompañar al mandatario encapuchado a cenar clandestinamente a un chifa de San Borja, tiene un 64% de desaprobación ciudadana.
Además, ni el como ministro ni Jerí como presidente, han cumplido con aminorar la criminalidad en el país. Tampoco han entregado el tan prometido Plan Nacional de Seguridad.
Ipsos, en su estudio pidió a sus entrevistados que con una palabra expresaran lo que sienten por su presidente. La mayoría optó por la palabra Nada. También eligieron, decepción, bueno, corrupto e incapaz.
Ipsos también evaluó la gestión del presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi. Su desaprobación se elevó de 62% a 67%.
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Keiko Fujimori rompe su palabra y responde a Rafael López Aliaga: se ríe de su propuesta de poner serpientes en penales
Lo sufre el pacto: Vladimiro Montesinos deberá quedarse en prisión hasta el 2037 por el caso Pativilca y ya no saldrá libre en 2032
Betssy Chávez borra su contenido en redes tras protesta del Perú contra México por uso político de sus plataformas
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Keiko Fujimori decidió devaluar su palabra (una vez más) y responder a los ataques de su principal contrincante y, por ahora, líder en las encuestas presidenciales: Rafael López Aliaga.
La candidata de Fuerza Popular había prometido que no se iba a desgastar respondiendo a quienes “no le suman”, porque, según ella, estaba lista para una contienda electoral limpia, seria y sin peleas. Pero la promesa duró lo que dura una historia en Instagram.
En pocos días, no pudo evitar referirse a “Porky” y a sus peculiares propuestas, como la de colocar shushupes alrededor de los penales que planea construir en pleno corazón de la selva, supuestamente como estrategia para combatir la inseguridad ciudadana.
Sin disimular la risa, Keiko cuestionó que haya candidatos que presenten “bromas” como si fueran propuestas serias, y aprovechó para recordar, de paso, el “gran trabajo” realizado por el fujimorismo, con su padre, contra la inseguridad. Además, intentó dar lecciones de gobernabilidad tanto a López Aliaga como a Carlos Álvarez, tras el reciente escándalo de la franja electoral. Según Fujimori, si no pueden manejar presupuestos pequeños o si al primer problema quieren desaparecer las políticas de Estado, entonces no tienen la talla para aspirar a la presidencia. Qué miedo
Lo sufre el pacto: Vladimiro Montesinos deberá quedarse en prisión hasta el 2037 por el caso Pativilca y ya no saldrá libre en 2032
A pesar de las presiones del pacto, no todo está perdido en el sistema de justicia. Se conoció que la Corte Suprema rechazó que Vladimiro Montesinos hubiese cumplido los 19 años de cárcel impuestos por el caso Pativilca, donde se masacraron a 6 pobladores. Ocurre que los abogados del Doc planteaban que su defendido ya había cumplido la pena ya que se encontraba en prisión desde 2001. En un primer momento, una sala penal superior le hizo el favorcito al tío Vladi, pero tuvo que llegar la Corte Suprema para aclarar que el compadre de Fujimori solo purgó 72 meses de prisión por el caso Pativilca.
Tras hacer los cálculos respectivos, a Montesinos le faltaba cumplir 13 años y 8 meses de prisión computados desde enero de 2024; por lo que deberá seguir en Canadá hasta el 2037. Si el exasesor del SIN se salía con la suya, habría salido de prisión en 2032, cuando finaliza su condena por el asesinato de Santiago Fortunato Gómez Palomino. Lo sufre el pacto.
Betssy Chávez borra su contenido en redes tras protesta del Perú contra México por uso político de sus plataformas
Betssy Chávez se la está pasando bomba. Así lo demostraba en sus redes sociales desde que se encuentra asilada en la embajada de México. Aunque no puede salir del país, la ex presidenta del Consejo de Ministros decidió tomarse con calma sus “vacaciones forzadas” y explorar su lado artístico: pintar cuadros, modificar prendas y jugar a la perseguida política.
Pero no todo era arte y manualidades. También aprovechó sus redes para impulsar la candidatura de su señora madre, Herminia Chino, postulante al Senado por el partido de José Luna, Podemos Perú. En un mensaje enternecedor, Chávez promocionó su campaña e indicó las regiones donde estaría presente.
Esto provocó un fuerte rechazo ciudadano y encendió las alertas en la Cancillería peruana, que envió una carta al gobierno mexicano expresando su malestar por el uso político de las redes de una persona que enfrenta procesos judiciales y se encuentra bajo asilo.
Según el documento, México ordenó eliminar todos los videos que relacionaban a Betssy Chávez con la campaña de su madre y se comprometió a que algo así no vuelva a ocurrir. Así que Betssy, cuidadito. No abuses de un gobierno que ya rompió relaciones diplomáticas por ti
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Periodista y editora audiovisual. Culminó sus estudios en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y se ha especializado en periodismo digital gracias a la formación de Google Adsense, Google News Initiative y la Fundación Gabo.
