El parlamentario andino, Mario Zúñiga Martínez, pidió al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y al Ministerio del Ambiente MINAM, imponer sanciones más drásticas a las empresas mineras o energéticas que cometan infracciones ambientales.
Zúñiga Martínez dijo que existen una gran cantidad de empresas que se les ha sancionado y se les ha aplicado multas, pero estas no cancelan su deuda.
Según el OEFA, desde 2010 hasta noviembre de 2016 se impusieron multas por un total de 1.906 infracciones a la legislación medioambiental por parte de empresas mineras, equivalentes a más de US$63 millones.
“Este monto es irrisorio por la magnitud del daño ambiental que reiteradamente las empresas mineras cometen contra nuestra naturaleza. De acuerdo a los años, este monto debiera ser diez veces más de lo que se estipula como multas”, enfatizó el parlamentario.
Arequipa como ejemplo
Indicó que, según el OEFA, hay 18 resoluciones sancionando infracciones de mineras asentadas en la región. Las empresas Buenaventura y Cerro Verde son las que tienen mayores multas, sin embargo no son pagadas y vienen siendo judicializadas desde años anteriores.
“Hemos pedido a OEFA que nos informe cuáles son las acciones emprendidas contra las diversas empresas denunciadas por contaminación ambiental en Arequipa, principalmente en la provincia de Caylloma, donde se han originado severos daños ambientales”, precisó Zúñiga
“Queremos saber a cuánto ascenderá la multa que impondrá el OEFA en este caso, si estas grandes empresas mineras son reincidentes y adeudan multas de infracciones ambientales. O cuántas de estas empresas ha impugnado resoluciones con argumentos legales a fin de que las multas no puedan ser cobradas. Debemos poner fin a tanta laxitud”, dijo.
Un marco común
En ese sentido, Mario Zúñiga ha elaborado un “Proyecto de Marco Normativo sobre Prevención y Reparación de Daños Ambientales”, encaminada a uniformizar las legislaciones de los países miembros de la Comunidad Andina – CAN, a efectos de que contengan normas para la prevención y reparación de daños medioambientales a un coste razonable para la sociedad.
“Si bien los países de la CAN se han preocupado por contar con novísimos Códigos y Leyes sobre Protección del Medio Ambiente, es preciso que dichas normatividades merezcan ser revisadas pues muchas de ellas presentan vacíos legales que requieren ser cubiertos a través de una norma de ámbito regional”, concluyó el parlamentario.
