La procuraduría pública del Ministerio del Interior ha solicitado al Poder judicial que los cuatro comuneros del centro poblado Cuyo Grande de Pisaq, presos por protestar en Cusco contra el gobierno actual, paguen 250 mil soles de reparación civil al Estado.
El procurador público especializado en delitos contra el orden público, Luis Alberto Casaverde Reyna, solicitó al Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Cusco que los 4 comuneros de Pisaq detenidos durante las protestas contra el gobierno en enero de este año, paguen una reparación civil de 250 mil soles a favor del Estado.
Según se desliza en el requerimiento de la procuraduría, el dinero servirá para reponer a las arcas del gobierno los gastos en la compra de bombas lacrimógenas y los viáticos de los policías que viajaron de Lima a Cusco para reprimir las protestas. La acusación contra los comuneros es por los delitos de disturbios y entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos.
Piden que comuneros presos por protestar en Cusco paguen 250 mil soles de reparación civil al Estado
Los jóvenes Joel Hivallanca, Redy Huamán, Ferdinand Huaccanqui y Richard Camala están recluidos en el penal Quencoro de Cusco purgando prisión preventiva por 9 meses, mientras duran las investigaciones. Sin embargo, también han solicitado ampliar por otros 9 meses más su encarcelamiento por peligro de fuga.
Según la Procuraduría Pública, los comuneros tuvieron una conducta delictiva dolosa al alterar el orden social. Y lesionar la tranquilidad pública causando daño al Estado Peruano. Es decir que con pleno conocimiento y voluntad, realizaron actos destinados a quebrantar la seguridad y tranquilidad de la población.
Asimismo, dice que el haber roto las lunas de dos buses de transporte público, deteniendo el tránsito vehicular en medio de una marcha de protesta, afectó el derecho de vivir en paz de los ciudadanos.
Daño Patrimonial al Estado
El procurador público señala que los comuneros deben de pagar al Estado 250 mil soles de reparación civil. Este monto es para cubrir los gastos ocasionados en el despliegue de agentes policiales desde Lima hasta el lugar de los hechos en Cusco. Para restablecer el orden público.
Los viáticos de los agentes por comisión de servicios superan los S/ 860 mil soles. Esto, según informe emitido por la División de Logística de la Policía Nacional del Perú el 11 de agosto del 2023. Asimismo, en otro informe emitido el 15 de agosto, indican que el Estado gastó más de US$ 522 mil dólares americanos en la adquisición de cartuchos lacrimógenos a una empresa extranjera.
Lucro Cesante
Otro daño ocasionado al Estado por la protesta de los 4 comuneros de Pisaq, sería el perjuicio económico (lucro cesante) ocasionado por la paralización de la actividad turística. La procuraduría acredita el daño con un informe emitido el 6 de julio del 2023 por la Gerencia Regional de Turismo de Cusco. En ese documento, se indica que las pérdidas económicas por los conflictos sociales en el Sur del país ascienden a más de S/ 1,800 millones de soles. Solo en el primer trimestre del 2023.
Daño moral al Estado
Según el escrito, la alteración del orden público y la generación de un ambiente de inseguridad en el Perú fue ocasionado por los manifestantes. Además, la disminución de la confianza de los ciudadanos en el Estado para mantener el orden y la mala reputación internacional del país también recae en ellos.
«Se lesionó la reputación del estado a nivel internacional, puesto que nuestro país viene siendo catalogado como un país inseguro. Afectando la imagen del país y dañando la denominada «Marca Perú», destinada por ley para mejorar la imagen del país», indica.
Tranquilidad Pública
Según el documento presentado por el procurador, el bien jurídico lesionado es la tranquilidad pública. Razón por la cual los 4 comuneros purgan prisión preventiva. Sin embargo, cuando el actual presidente del Congreso, Alejandro Soto, causó pánico en la población difundiendo noticias imprecisas en su programa de TV, no se hizo nada.
Alejandro Soto denunciado por alterar la paz pública en Cusco
A través de un medio de comunicación masiva y en plena primera ola de la pandemia, Soto, que ya gozaba de poder mediático en Cusco, dejó entrever que se estarían enterrando a los fallecidos por covid-19 en fosas comunes. La denuncia interpuesta por la procuraduría del Gobierno Regional por alterar la paz pública, jamás prosperó.
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