En septiembre del año pasado, el jefe del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, remitió al Congreso un proyecto de ley para fortalecer la Ley contra el acoso político que afecta a mujeres. Hasta la fecha, la iniciativa para asegurar una participación ciudadana más equitativa, duerme en la comisión de Constitución y Reglamento, presidida por la fujimorista Martha Moyano.
En cambio, otras propuestas han sido aprobadas de manera express, saltándose varios procesos, como el caso de las intervenciones a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, firmadas por el presidente del Congreso, Alejandro Soto, pese a las reconsideraciones irresueltas de dos legisladoras.
Por acuerdo del Tribunal Electoral se propuso modificaciones a la Ley N.° 31155. El Jurado Nacional de Elecciones planteó ajustes para la prevención, atención y sanción de los casos de violencia política contra las mujeres.
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El JNE encuestó a 505 candidatas en las Elecciones Congresales Extraordinarias de 2020. Al año siguiente, en las Elecciones Generales de 2021, entrevistó a 504 mujeres postulantes. Una de cada dos encuestadas señaló haber experimentado acoso político en ambos procesos. Las manifestaciones de acoso político señaladas fueron la burla en 34 % (2020) y 35 % (2021). También se señaló a la difamación en 37% (2021) y 29% (2021). En ambos casos, la restricción de asistencia o palabra en un evento llegó hasta el 17%.
El JNE encuestó a 101 candidatas de las Elecciones Regionales de 2022. Las participantes del estudio señalaron como las manifestaciones de acoso político que experimentaron al hostigamiento en 51%, a la difamación en 54% y a la limitación de recursos económicos en 29%.
42% de las encuestadas señalaron que fueron víctimas de acoso político por parte de integrantes de otros partidos políticos y 21% por integrantes de su propio partido.
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Contra la violencia política que afecta a mujeres en los partidos
Uno de los alcances del proyecto presentadp por el JNE en septiembre último, es que las organizaciones políticas implementen medidas internas contra la violencia en razón de género que afecte a sus afiliadas y candidatas. Los partidos deberán establecer ese reglamento o estatuto que contenga esos principios para lograr su inscripción.
Además, establece que las actividades realizadas contra la violencia en razón de género en los movimientos o partidos se reporten semestralmente al Ministerio de la Mujer y al JNE.
Acoso político en Perú Libre Arequipa
Como se recuerda, en diciembre de 2021, en el comité regional de Arequipa de Perú Libre, una militante y dirigente de este partido, denunció haber sido víctima de violación dentro del local partidario.
La sobreviviente presentó su caso ante el Congreso contra el parlamentario Jaime Quito, acusándolo de encubrir al agresor. La comisión encargada de la denuncia no encontró responsabilidades en el legislador por Arequipa. Sin embargo, la víctima compartió que el caso no habría cerrado si el comité interno de ética de PL la hubiera apoyado desde el primer momento.
Por el contrario, la víctima aseguró que remitió una carta al secretario general del partido, el actualmente prófugo Vladimir Cerrón. El lider perulibrista minimizó su denuncia a través de tuits y comunicados. Este es solo un ejemplo de violencia política en razón de género que algunos partidos se resisten a combatir.
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Registro de violencia política del JNE y el Ministerio de la Mujer
Cada mes el portal estadístico del Ministerio de la Mujer publica la actualización de casos de feminicidios, denuncias de violencia física, psicológica y sexual. Recientemente se agregó el indicador de violencia económica. Sin embargo, hasta ahora no comparte cifras sobre violencia política. Este dato ayudaría a evaluar la real dimensión de la problemática.
La propuesta legislativa del Pleno del JNE establece la creación del Registro de Casos de Violencia en Razón de Género. El proyecto señala que esa información será compartida con el Ministerio de la Mujer para su sistematización. Sería un indicador de gran valor tanto para el Ejecutivo como para organismos autónomos. Sin embargo, la propuesta permanece trabada en la comisión presidida por Martha Moyano.
Sanciones contra el acoso político que afecta a mujeres
Entre las infracciones que se busca sancionar está la divulgación de información personal y privada que carezca de interés público para menoscabar la imagen o limitar los derechos políticos de la agraviada.
Otra infracción que no quedaría sin sanción sería la divulgación de imágenes o mensajes que transmitan relaciones de desigualdad y discriminación. Bajo esta norma sería pasible de proceso el reciente caso Lizarzaburu. El congresista fujimorista difundió a micrófono abierto a nivel nacional comentarios indignantes sobre el cuerpo de su compañera de bancada, Patricia Juárez.
También se precisa otro numeral para sancionar mensajes que tengan connotación sexual o sexista, o basada en estereotipos de género. De estos hay más casos en el mismo Congreso, por ejemplo los comentarios del legislador Héctor Valer contra su compañera Vivian Olivos, en 2021.
Las sanciones ideadas para estos y otros casos de violencia y acoso contra mujeres en la vida política, van entre 1 a 50 UIT.
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