La Municipalidad Provincial de Arequipa implementó un operativo especial para el traslado de fieles al Santuario de la Virgen de Chapi, en el distrito de Polobaya, con el objetivo de garantizar la seguridad durante esta jornada de alta afluencia. Las medidas incluyen control del transporte y fiscalización de la ruta al santuario.
Como parte de esta disposición, se establecieron únicamente tres puntos de salida autorizados: la avenida Kennedy (circuito 1), la intersección de las avenidas Las Convenciones con Vidaurrazaga, y el sector de 7 Toldos.
En dichos puntos se ha desplegado personal de la Gerencia de Transporte y Movilidad Sostenible, junto a efectivos de la Policía Nacional y Serenazgo de los distritos de Paucarpata y José Luis Bustamante y Rivero.
Municipalidad de Arequipa exhorta a usar unidades autorizadas
A la fecha se han otorgado más de 500 autorizaciones extraordinarias a unidades de transporte que cumplieron con los requisitos exigidos. No obstante, durante los operativos también se detectaron cuatro vehículos que operaban de manera informal, los cuales fueron retirados para evitar riesgos a los pasajeros.
Las autoridades exhortaron a la población a utilizar únicamente los paraderos oficiales y abordar vehículos autorizados, a fin de asegurar un traslado ordenado y seguro hacia el Santuario de Chapi.
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Entérate además que Congresistas rompen récord al faltar a sesiones de comisiones y plenos sin justificación: lo único presencial son las celebraciones
El presidente José María Balcázar no lo está pasando bien en Palacio de Gobierno. Tanto la crisis por la compra de los aviones F-16 como sus desafortunadas declaraciones sobre la II Guerra Mundial han dejado muy mal parada a esta joven promesa de la política peruana. En medio de todo, en el Congreso se ha comenzado a hablar de una posible vacancia en contra de Balcázar. Al respecto, el octogenario ha respondido con amargura y ha dicho él no se opone. Por el contrario, dijo que promovería la iniciativa para que se consiga más firmas.
Esta imagen derrotista de Balcázar contrasta con el ímpetu con el que congresistas de Acción Popular como Ilich López han venido expresándose a favor de una censura del presidente, incluso sin importar que de todas formas abandonará el cargo en menos de 3 meses. Los buitres congresales no perdonan nada.
Congresistas rompen récord al faltar a sesiones de comisiones y plenos sin justificación: lo único presencial son las celebraciones
Los congresistas están haciendo honor a varios de los calificativos que la población les lanza sin filtro. Y es que, desde antes de las elecciones, parece que olvidaron un pequeño detalle: siguen en funciones hasta el 27 de julio de 2026. Pero claro, eso suena más a sugerencia que a obligación.
Las ausencias superan el 90% en algunas sesiones. Un misterio digno de estudio: ¿qué clase de pandemia selectiva afecta únicamente cuando hay comisiones y plenos? Porque para otras actividades, la recuperación es casi milagrosa.
Primero fue la excusa de las refacciones en el Congreso por la implementación del nuevo Senado. Luego vino la famosa semana de representación. Y ahora que, en teoría, todo debía volver a la normalidad, el hemiciclo luce más vacío que promesa electoral cumplida. Videos sobran. Congresistas, no tanto. Este jueves la elegante sala donde se realizan los plenos del Congreso con laptops, tabletas y sillones reclinables parecía más sala de espera que centro de decisiones del país. Eso sí, para celebrar el Día del Trabajador… asistencia perfecta. Aunque curiosamente, más herméticos que nunca: ni un video, pero las fotos, como siempre, tienen mejor memoria.
Y eso que desde 2024 existe un acuerdo de la Junta de Portavoces: las sesiones de los jueves son presenciales y obligatorias. Quien no asiste, no vota, no opina y debería recibir descuento en su sueldo. En teoría. Porque en la práctica, la norma parece tan opcional como su asistencia. Pero para salir a marchar gritando fraude, ahí sí aparecen en primera fila, puntuales y con energía. Qué nivel.
Embajada de Rusia reconoce que hay peruanos en su país ejerciendo labores durante conflicto bélico con Ucrania
La Embajada de Rusia en Perú, con esa solemnidad que da la necesidad de ser diplomático, ya habilitó correos y líneas para que se comuniquen los familiares de peruanos que, al parecer sin leer la letra chica, firmaron contratos militares en plena guerra con Ucrania, Mientras el gobierno ruso dice “respetar profundamente” la decisión de estos muchachos de defender su soberanía (aunque varios llegaron tras ofertas de otro talante), en Lima los parientes llegaron a la Cancillería pidiendo ayuda.
El abogado Marcelo Tataje, que representa a más de 100 familias, cuenta casos como el del hermano de Eliana, quien logró huir del frente bélico, llamó al consulado peruano en Moscú y la respuesta fue tan útil como un paraguas en un tsunami: “vaya a la base militar a pedir su pasaporte”. Desde Tarma, María Elena Espinoza relata que su hijo Erick, atraído por un sueldo de 8 mil soles como “seguridad”, hoy duerme en un hueco sin ropa ni medicinas, y nadie sabe si volverá. A
l final, la Embajada de Rusia ofrece “gestiones” y los familiares ofrecen súplicas, mientras la ironía flota en el aire: prometieron trabajo, entregaron trincheras.
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Periodista y editora audiovisual. Culminó sus estudios en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y se ha especializado en periodismo digital gracias a la formación de Google Adsense, Google News Initiative y la Fundación Gabo.
Pobladores de Pucacolpa y Colcabamba acompañaron a los familiares de los cinco fallecidos a manos del Ejército hasta el lugar de los hechos, para exigir justicia.
Armados únicamente con carteles en los que pedían que dejen de “terruquearlos”, los pobladores caminaron hasta el fatídico lugar con la frustración de no poder alzar más la voz, ya que la zona permanece fuertemente resguardada por militares.
Algunos medios nacionales, como Latina, registraron la escena y captaron imágenes del momento. Mientras tanto, Anthony Crespo, abogado de las víctimas, informó que recién se inició la Inspección Técnica Policial del caso. Sin embargo, cuestionó que esta diligencia se realice cinco días después de los hechos: “Buscar evidencias sería imposible; la escena pudo haber sido contaminada o alterada”.
Un viaje rutinario estuvo a punto de terminar en tragedia. Un auto colectivo con pasajeros a bordo transitaba por la vía Huánuco–Margos cuando un fuerte ruido los alertó. En cuestión de segundos, los ocupantes lograron salir del vehículo antes de que enormes rocas se desprendieran del cerro colindante y lo aplastaran.
Personas que pasaban por la zona grabaron el momento en que el auto quedó destruido por el derrumbe producido tras las lluvias en la zona. Por fortuna, no se reportaron víctimas mortales, aunque sí algunos heridos leves.
Editora audiovisual. Ha trabajado como productora, locutora y redactora digital en medios de comunicación. Realizó su formación profesional en la Universidad Nacional de San Agustín. Sus áreas de interés incluyen la cultura y la promoción de los derechos humanos.
Además, el Gobierno Regional solo acreditó de manera parcial la libre disponibilidad del terreno. El 80 % del área se encuentra dentro de la faja marginal regulada por la Autoridad Nacional del Agua.
Un informe de la Contraloría General de la República revela que el proyecto de saldo de obra del puente vehicular Añashuayco, en el distrito de Cerro Colorado, carece de estudios básicos completos. También cuenta con presupuesto con sustento débil y una disponibilidad de terreno no garantizada, por falta de autorización de la Autoridad Nacional del Agua.
Este puente forma parte del proyecto denominado: «Mejoramiento del servicio de transitabilidad del eje de integración vial norte entre la intersección de la Av. Las Torres – Vía PE 34A, hasta la intersección de la Av. Italia – Av. Aviación».
El Informe Previo N° 017-2026-CG/APP, emitido por la Subgerencia de Control de Asociaciones Público Privadas y Obras por Impuestos, señala que el Gobierno Regional de Arequipa no habría incluido en los estudios de hidrología e hidráulica del puente parámetros de diseño esenciales. Entre los datos faltantes se encuentran el caudal de diseño, el nivel de aguas máximas extraordinarias (NAME), la profundidad de socavación potencial total, el gálibo recomendable para el tablero y las obras de protección necesarias. Esto contraviene lo estipulado en el Manual de Puentes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
En el rubro topográfico, la Contraloría verificó que los planos remitidos por el Gobierno Regional corresponden únicamente a un plano de perfil y otro en planta. Esto, sin incluir las fotografías de los puntos de control (BM) monumentados en campo.
Esta omisión podría afectar los trabajos de replanteo y la verificación de las secciones longitudinales del cauce, elementos clave para los cálculos hidráulicos.
Cuestionamientos al presupuesto y a las cotizaciones
El informe también identifica que el presupuesto de inversión del saldo de obra, que asciende a más de S/ 22 millones 437 mil, no cuenta con un sustento integral. Se advierte que una de las cotizaciones empleadas para estimar recursos como acero corrugado y concreto premezclado no consigna la fecha de emisión y proviene de un único proveedor. Así estaría incumpliendo el principio de responsabilidad fiscal y la exigencia de contar con un mes base definido para la aplicación de reajustes.
Además, la Contraloría señala que el Gobierno Regional de Arequipasolo acreditó de manera parcial la libre disponibilidad del terreno. El 80% del área de intervención se encuentra dentro de la faja marginal regulada por la Autoridad Nacional del Agua (ANA). No se ha presentado la autorización de la Autoridad Administrativa del Agua para ejecutar obras en ese dominio público hidráulico.
En caso de interferencias físicas, la propia entidad declaró que se aplazaría el inicio de los trabajos sin contar con un estudio detallado.
Inconsistencias financieras y en el flujo de caja
Desde el punto de vista financiero, el informe detectó que el saldo de deuda total declarado por el Gobierno Regional no es consistente con los reportes del Ministerio de Economía y Finanzas.
Asimismo, el flujo de caja proyectado para el periodo 2026-2034 presenta diferencias con el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2026. Esto, según el Portal de Transparencia Económica del MEF, y las proyecciones de ingresos por canon, sobrecanon, regalías y FONCOR estarían sobreestimadas al incluir saldos de balance sin sustento para los años 2029 a 2034.
La Contraloría también observó que el Gobierno Regional no declaró la fuente de financiamiento con la que cubrirá los costos de control concurrente (S/ 238 mil 657) ni los de gestión del proyecto (S/ 292 mil 169). Estos no forman parte del convenio de inversión bajo la modalidad de Obras por Impuestos.
Asimismo, se verificó que el monto total de 49 operaciones declaradas bajo este mecanismo, incluido el puente Añashuayco, podría superar el Tope Máximo de Capacidad Anual vigente para la región Arequipa.
El órgano de control recomienda al Gobierno Regional de Arequipa que, antes de aprobar las bases del proceso de selección de la empresa privada que financiará la ejecución del saldo de obra, se subsanen todas las deficiencias técnicas, legales y financieras. Entre ellas, la actualización del expediente técnico con los estudios completos, la obtención de la autorización de la ANA, y la presentación de un nuevo informe financiero y flujo de caja consistentes con la normativa vigente.
La entidad tiene un plazo de 20 días hábiles para implementar las observaciones bajo responsabilidad.
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La tranquilidad de los vecinos de Paucarpata se vio interrumpida en la madrugada del jueves 30 de abril cuando un grupo de personas no identificadas realizó múltiples disparos contra una vivienda multifamiliar ubicada en la octava cuadra de la avenida Guardia Civil, en Arequipa.
El ataque, que movilizó a efectivos policiales y peritos de criminalística, dejó como saldo daños en la infraestructura del inmueble y al menos quince casquillos esparcidos en la vía pública. Se descartó alguna persona herida por el ataque.
Según el parte policial, los hechos se desarrollaron aproximadamente a la 1:50 de la madrugada. Los ocupantes del domicilio escucharon explosiones secas y continuas contra la fachada. Al salir para verificar lo ocurrido, constataron impactos de bala en diferentes ambientes, especialmente en el segundo y tercer nivel del edificio, así como roturas en las ventanas del frontis.
Tras recibir la alerta de los moradores, agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron al lugar y procedieron a acordonar la zona. Durante la inspección preliminar, los uniformados localizaron aproximadamente quince casquillos de proyectil en la pista y vereda frontal al inmueble. El material balístico fue aislado y puesto a disposición de las autoridades competentes para las pericias correspondientes.
En el primer piso del inmueble reside la propietaria del predio, mientras que los pisos superiores son habitados por otros familiares. Además, en la parte posterior de la casa vivían dos ciudadanos de nacionalidad venezolana. De acuerdo con la información recabada por la Policía, estos dos inquilinos abandonaron el lugar después del atentado.
La dueña de la casa declaró a los agentes que no había recibido amenazas previas, llamadas extorsivas ni mensajes intimidatorios en los días anteriores. Ante esta situación, las autoridades manejan como hipótesis principal que el ataque podría haber estado dirigido contra los extranjeros, aunque esto será materia de investigación.
Investigaciones en curso
Personal de criminalística de la Divincri fue solicitado para realizar la inspección técnica del inmueble y una pericia balística sobre los casquillos hallados. Estos análisis permitirán determinar el tipo de arma utilizada y establecer si existe alguna relación con otros hechos similares registrados recientemente en Arequipa.
Cabe recordar que hace pocos días se reportó un ataque de características semejantes en la calle Ayarza del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. El Ministerio Público ya se encuentra al frente de las diligencias para esclarecer el móvil y dar con los responsables.
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Recordemos que el inicio de estas obras en la avenida Ejército ha generado un gran tráfico vehicular en esta zona, siendo una de las avenidas más transitadas de la ciudad.
Como parte de esta segunda fase del plan de desvío, se dispondrá el bloqueo total de la salida por la calle Recoleta desde las 5:00 a.m. del 1 de mayo hasta las 5:00 a.m. del 4 de mayo de 2026.
Los conductores que usualmente utilizan la calle Recoleta deberán tomar como vía alternativa la Av. Emmel. Desde ahí, continuar hacia la Av. José Abelardo Quiñones y finalmente salir por la Av. La Marina. Esta ruta ha sido señalizada para garantizar la fluidez del tránsito durante el periodo de cierre.
Recordemos que el inicio de estas obras en la avenida Ejército ha generado un gran tráfico vehicular en esta zona, siendo una de las avenidas más transitadas de la ciudad.
Planificar los viajes con anticipación, especialmente en horas de mayor afluencia vehicular.
Respetar la señalización temporal instalada en el perímetro de la obra.
Seguir las indicaciones del personal de tránsito y evitar cruzar las zonas clausuradas.
El municipio de Yanahuara informó que se mantendrá informado sobre cualquier modificación o nuevo comunicado relacionado con los plazos de ejecución, desde sus canales oficiales.
La intervención corresponde al proyecto con CUI N.°2686655, cuyo objetivo es modernizar la infraestructura vial en una de las avenidas más transitadas de Yanahuara.
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Una grave crisis sanitaria afecta al pueblo indígena Urarina en la cuenca del río Chambira, en la región Loreto, donde se han reportado decenas de muertes entre niños y adultos. Así como múltiples casos de enfermedades prevenibles. La situación ha puesto en evidencia las limitaciones en el acceso a servicios de salud en esta zona […]
Una grave crisis sanitaria afecta al pueblo indígena Urarina en la cuenca del río Chambira, en la región Loreto, donde se han reportado decenas de muertes entre niños y adultos. Así como múltiples casos de enfermedades prevenibles. La situación ha puesto en evidencia las limitaciones en el acceso a servicios de salud en esta zona de la Amazonía peruana.
De acuerdo con reportes de las organizaciones indígenas, enfermedades como la tos ferina y la malaria se están propagando en diversas comunidades, afectando principalmente a la población infantil. En el afluente Pucayacu, al menos 16 niños y 20 adultos presentan síntomas, incluidos casos de gravedad.
Denuncian falta de atención y exigen emergencia sanitaria
La Federación de Pueblos Indígenas Urarinas del Río Chambira y la Federación Indígena Urarina del Río Chambira denunciaron la falta de respuesta del Gobierno Regional de Loreto. Al igual que la Gerencia Regional de Salud y la Red de Salud de Nauta frente a esta crisis.
En un pronunciamiento emitido el 28 de abril, las organizaciones exigieron la declaratoria de emergencia sanitaria en la cuenca del río Chambira. Además, la implementación urgente de medidas que garanticen atención médica oportuna, integral y con pertinencia cultural. El apu Gilberto Inuma, presidente de FEPIURCHA, advirtió sobre la gravedad de la situación. Así como la necesidad de una intervención inmediata por parte de las autoridades.
Asimismo, las organizaciones alertaron que la falta de acción estatal está poniendo en riesgo la vida de las comunidades nativas. Debido a esto, demandaron respuestas concretas para contener el avance de las enfermedades.
Ante la falta de respuesta del Ministerio de Salud y la Presidencia del Consejo de Ministros, las comunidades han anunciado movilizaciones y medidas de control territorial desde el 5 de mayo. (Foto:FEPIURCHA)
Comunidades anuncian movilización y control territorial
Ante la ausencia de medidas efectivas, las comunidades indígenas anunciaron que ejercerán control territorial en el río Marañón y realizarán una movilización pacífica desde el 5 de mayo, con el objetivo de exigir la presencia de autoridades nacionales de alto nivel en la zona.
Entre sus principales demandas se encuentra la declaratoria de emergencia sanitaria, la asignación de presupuesto para la contratación de personal de salud permanente, el abastecimiento de medicamentos y el equipamiento de los establecimientos de salud. También solicitan la intervención de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio de Salud.
El pronunciamiento fue suscrito por diversas organizaciones, entre ellas la Federación de Comunidades Nativas del río Corrientes y la Federación Indígena Urarina del río Corrientes. Ambas respaldan las medidas adoptadas y reiteran la urgencia de una respuesta estatal para atender esta crisis sanitaria.
Medios informativos de diez regiones del Perú se unen e integran la Red de Medios Regionales del Perú, con el objetivo de cubrir el acontecer nacional con una visión propia.
Un contundente golpe contra la minería ilegal se ejecutó en la provincia de San Ignacio, donde la Policía Nacional destruyó maquinaria y diversos equipos valorizados en más de S/ 44 millones, marcando un punto de quiebre en la lucha contra esta actividad ilícita. El impacto fue significativo: se interdictaron y destruyeron 38 excavadoras, 19 motores, […]
Un contundente golpe contra la minería ilegal se ejecutó en la provincia de San Ignacio, donde la Policía Nacional destruyó maquinaria y diversos equipos valorizados en más de S/ 44 millones, marcando un punto de quiebre en la lucha contra esta actividad ilícita.
El impacto fue significativo: se interdictaron y destruyeron 38 excavadoras, 19 motores, 25 motores de succión, tres armas de fuego, más de 19 bombas, 25 motocicletas, 1,250 galones de combustible, 10 campamentos ilegales, dos camionetas, cuatro teléfonos celulares, una antena satelital, además de diversos equipos logísticos. Este accionar permitió debilitar seriamente la capacidad operativa y financiera de la organización intervenida.
Maquinaria pesada completamente quemada, producto del operativo contra la minería ilegal en la provincia de San Ignacio.
Cabe precisar que la intervención se desarrolló entre el 23 y el 28 de abril de 2026, durante el estado de emergencia, y estuvo a cargo de la División contra el Crimen Organizado de la Dirección de Medio Ambiente, con apoyo de unidades especializadas como Diravpol, Divopesp, Divcomin y la Comisaría de San Ignacio. El operativo tuvo como objetivo desarticular a la presunta organización criminal “Los Topos”, dedicada a la contaminación ambiental y al tráfico ilícito de maquinaria e insumos químicos.
Estas as acciones se iniciaron tras un trabajo de inteligencia que permitió identificar una estructura criminal organizada que operaba en zonas de difícil acceso. Desde Lima, un equipo especializado liderado por el general PNP José Manuel Cruz Chamba se trasladó junto a fiscales ambientales en una aeronave Antonov y posteriormente en helicópteros hacia sectores estratégicos como Cristales y el centro poblado Leoncio Prado, provincia de San Ignacio.
Finalmente durante la intervención, los agentes constataron la extracción ilegal de oro con maquinaria pesada en funcionamiento. Asimismo, se detuvo en flagrancia a ocho personas, entre ciudadanos peruanos, ecuatorianos y una ciudadana colombiana, presuntamente integrantes de esta red criminal, lo que evidenció la magnitud de la operación clandestina.
A pesar de las condiciones adversas, como intensas lluvias, aislamiento geográfico y limitaciones en las comunicaciones, el operativo continuó en días posteriores con nuevas acciones de interdicción. Las diligencias se realizaron bajo la supervisión del Ministerio Público y conforme al Decreto Legislativo N.° 1100, que regula estas intervenciones, incluyendo la detención preliminar de los implicados por siete días.
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El alcalde de Huamanga, Juan Carlos Arango Claudio, se retiró abruptamente de la última sesión del concejo municipal, dejando inconcluso el debate y con intervenciones pendientes de los regidores. El incidente ocurrió luego de que el regidor César Murillo presentara una moción para conformar una comisión especial que evalúe la conducta del burgomaestre. El pedido […]
El alcalde de Huamanga, Juan Carlos Arango Claudio, se retiró abruptamente de la última sesión del concejo municipal, dejando inconcluso el debate y con intervenciones pendientes de los regidores. El incidente ocurrió luego de que el regidor César Murillo presentara una moción para conformar una comisión especial que evalúe la conducta del burgomaestre.
El pedido surge tras una multa cercana a S/ 400 mil impuesta por el Jurado Electoral Especial por una presunta infracción a las normas de publicidad estatal en periodo electoral. Tras el planteamiento, el alcalde dio por finalizada la sesión y se retiró del recinto, lo que impidió continuar con la agenda programada.
Murillo cuestionó la actitud de la autoridad edil y anunció que dará seguimiento a la conformación de la comisión. Además, sostuvo que la sanción económica debe ser asumida de manera personal y no con recursos de la municipalidad.
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El presidente de Petroperú, Roger Arévalo, solicitó un financiamiento de US$ 2.000 millones para garantizar el abastecimiento de combustible en el país, en medio de la crisis energética global. Indicó que el dinero es necesario “para ayer” y advirtió que, de no concretarse en los próximos días, el Perú podría enfrentar una paralización en el […]
El presidente de Petroperú, Roger Arévalo, solicitó un financiamiento de US$ 2.000 millones para garantizar el abastecimiento de combustible en el país, en medio de la crisis energética global. Indicó que el dinero es necesario “para ayer” y advirtió que, de no concretarse en los próximos días, el Perú podría enfrentar una paralización en el suministro. Arévalo precisó que el monto no provendría del Tesoro Público, sino de financiamiento privado respaldado por la operación de la empresa.
Además, sostuvo que el país no está tomando con suficiente seriedad el contexto internacional y alertó que refinerías como las de Iquitos, Talara y Conchán podrían detener sus operaciones si no se adoptan medidas urgentes. Añadió que espera la emisión de un decreto de urgencia para asegurar los recursos.
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El gerente municipal de Huancayo, Joshelim Meza León, negó que la recuperación del Terminal Terrestre de Huancayo haya implicado violencia y aseguró que ese elemento resulta indispensable para configurar el delito de usurpación agravada que la fiscalía atribuye al alcalde Dennys Cuba Rivera y a su equipo. El funcionario sostuvo que la comitiva municipal ingresó […]
El gerente municipal de Huancayo, Joshelim Meza León, negó que la recuperación del Terminal Terrestre de Huancayo haya implicado violencia y aseguró que ese elemento resulta indispensable para configurar el delito de usurpación agravada que la fiscalía atribuye al alcalde Dennys Cuba Rivera y a su equipo.
El funcionario sostuvo que la comitiva municipal ingresó de forma pacífica al recinto en horas de la madrugada acompañada por efectivos policiales y afirmó que no se registraron agresiones, empujones ni actos de fuerza contra los trabajadores de la empresa concesionaria, quienes —según indicó— se retiraron voluntariamente del lugar.
Meza León cuestionó la denuncia presentada por la empresa y afirmó que no existen pruebas que acrediten el supuesto uso de violencia y remarcó que la municipalidad actuó tras el vencimiento del contrato de concesión en resguardo de un bien público.
La defensa municipal añadió que al momento de asumir el control encontraron un local en condiciones precarias, sin mobiliario, sin cámaras de seguridad y con servicios inoperativos, y reiteró que el laudo arbitral que extendía la concesión fue declarado inejecutable por el Poder Judicial.
Acusación fiscal
El Ministerio Público mantiene un pedido de 5 años, 7 meses y 19 días de prisión efectiva contra el alcalde y cinco exfuncionarios y funcionarios municipales, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos por el mismo periodo. Acusa a los implicados de haber tomado control del terminal abusando de su función pública.
El caso se remonta a la madrugada del 10 de marzo de 2024, cuando la Municipalidad Provincial de Huancayo asumió el control del terminal terrestre tras el vencimiento de la concesión de 20 años otorgada a la empresa Ter Huancayo S.A. pese a la existencia de un laudo arbitral que extendía el contrato hasta el año 2034.
Esa intervención derivó en un conflicto legal entre ambas partes luego de que la concesionaria denunciara al alcalde y a sus funcionarios por usurpación agravada al considerar que la comuna desconoció una decisión arbitral vigente y tomó posesión del bien en disputa.
Juez reprograma audiencia
En paralelo, el juez Rafael Herrera Rivas reprogramó la audiencia de control de acusación prevista para este 29 de abril luego de advertir cuestionamientos sobre la notificación a uno de los acusados.
Con el fin de garantizar el derecho de defensa, el magistrado fijó como nueva fecha el lunes 15 de junio de 2026 a las 4:30 de la tarde y precisó que la reprogramación permitirá a una de las defensas revisar con mayor detalle la acusación fiscal y sus elementos de convicción sin retrotraer los plazos procesales ya vencidos.
Los imputados
La acusación incluye como coautores al exgerente municipal Cristhian Velita Espinoza, a la exasesora legal Noemí Esther León Vivas, al actual gerente de administración Walter Jaime Landa León, al exsubgerente de tesorería Harold Klinton Meza Espinoza y al exgerente de Tránsito y Transportes, Raúl Claros Barrionuevo, a quienes la fiscalía atribuye participación directa en los hechos.
El juez Rafael Agustín Herrera Rivas dictó comparecencia simple para todos los acusados, lo que los obliga a asistir a cada citación judicial bajo apercibimiento de ser conducidos por la Policía en caso de incumplimiento.
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Después de años de espera, una obra clave para el sur del país vuelve a ponerse en agenda. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció la reactivación de la carretera Checca–Mazocruz, un proyecto vial que estuvo detenido durante cinco años y que hoy vuelve con la promesa de mejorar la conectividad en la región […]
Después de años de espera, una obra clave para el sur del país vuelve a ponerse en agenda. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció la reactivación de la carretera Checca–Mazocruz, un proyecto vial que estuvo detenido durante cinco años y que hoy vuelve con la promesa de mejorar la conectividad en la región Puno.
La intervención contempla 73 kilómetros de vía en una zona donde el traslado no es solo un tema de comodidad, es parte del día a día. Para muchas comunidades de la provincia de El Collao, esta carretera es la ruta que conecta mercados, centros de salud y oportunidades que, hasta ahora, han estado más lejos de lo que deberían.
Una obra clave para la integración del sur
Lo que se está retomando no es una carretera cualquiera. La ruta Checca–Mazocruz cumple un rol estratégico, articula zonas altoandinas productivas y conecta regiones como Tacna y Moquegua, facilitando el movimiento comercial.
A lo que va este proyecto es claro, reducir tiempos de viaje, bajar costos logísticos y darle salida a actividades como la ganadería y la agricultura, que sostienen la economía local. En pocas palabras, es infraestructura que impacta directo en el bolsillo y en la calidad de vida.
Reactivación en marcha
Según el MTC, la adjudicación de la obra está prevista para fines de mayo de 2026. Mientras tanto, Provías Nacional viene ejecutando trabajos de mantenimiento rutinario para mantener la vía operativa.
Además, equipos técnicos del sector, liderados por el viceministro Juan del Carmen Haro Muñoz, ya sostuvieron reuniones con autoridades locales y regionales. La idea es destrabar lo que quedó pendiente y evitar que el proyecto vuelva a estancarse.
Más que una carretera
Lo que deja este anuncio es algo que se ha repetido en varias regiones, cuando una obra se paraliza, el impacto no es solo técnico, es social. Durante estos cinco años, las dificultades en el transporte han afectado directamente a las comunidades.
Por eso, la reactivación no es solo retomar una construcción. Es recuperar tiempo perdido. Es acercar servicios, dinamizar la economía y, sobre todo, cerrar brechas que llevan años abiertas.
A partir de aquí, el reto es otro, que esta vez sí se ejecute dentro de los plazos y con estándares adecuados. Porque en zonas como el sur andino, una carretera no es un lujo, es una necesidad básica.
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La muerte de Andrés Umiña Yto, producto de un accidente el 18 de agosto del 2024 provocado por Wily René Vilca Neira, quien conducía con 0.53 g/l de alcohol en sangre (exedila el límite máximo permitido de alcohol en sangre para conducir), nunca fue sancionada: su licencia aparecía vigente, según el Informe N°007-2025 de la […]
La muerte de Andrés Umiña Yto, producto de un accidente el 18 de agosto del 2024 provocado por Wily René Vilca Neira, quien conducía con 0.53 g/l de alcohol en sangre (exedila el límite máximo permitido de alcohol en sangre para conducir), nunca fue sancionada: su licencia aparecía vigente, según el Informe N°007-2025 de la Dirección Contra la Corrupción de la PNP de Puno.
La Gerencia de Transportes y Seguridad Vial de la Municipalidad Provincial de Puno, legalmente obligada a cancelar e inhabilitar permanentemente la licencia de Vilca Neira, omitió ejecutar la sanción, verificándose su vigencia en el sistema del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
«Los Mandachitos de la Corrupción» operaban, según la tesis fiscal, como una ventanilla de impunidad para quienes podían pagar el precio que la red había establecido, según la Resolución N°04 del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno.
Las víctimas más vulnerables: un neonato y un niño de cuatro años sin justicia
El 5 de abril del 2024, Freddy Fernández Mamani conducía en estado de ebriedad el vehículo de placa 4886-EZ y ocasionó un accidente que dejó lesionado a un neonato, sin que la Gerencia de Transportes ejecutara jamás la cancelación de su licencia, según el Informe N°007-2025.
Apenas dos meses después, el 3 de junio del 2024, Jaime Guzmán Salas Ordoño, también en estado de ebriedad, ocasionó un accidente que dejó a un menor de cuatro años con politraumatismos y descarte de fractura de cráneo, sin sanción ejecutada.
Además, Edwar Roque Tito fue intervenido el 5 de agosto del 2024 con 1.62 g/l de alcohol en sangre, más de tres veces el límite legal, tras chocar incluso un vehículo policial, pero su licencia seguía vigente en el sistema del MTC.
Más de 220 conductores peligrosos circulan impunes por las calles de Puno
La investigación fiscal identificó más de 220 conductores sancionados entre 2023 y 2025 cuyas papeletas por infracciones gravísimas nunca fueron ejecutadas por la Gerencia de Transportes, según los anexos documentados en el requerimiento de la Primera Fiscalía Provincial Especializada.
Entre esos casos, Félix Alcide Escobar Maldonado presentó 2.34 g/l de alcohol en sangre el 25 de marzo del 2024, el nivel más alto registrado en la investigación, y Darwin Oliz Apaza Galarza alcanzó 2.07 g/l, cuatro veces el límite legal, ambos sin sanción ejecutada.
Ninguno de esos más de 220 conductores vio cancelada su licencia, pues sus registros aparecían vigentes o con estados irregulares en el MTC, evidenciando, según la tesis fiscal, un patrón sistemático de corrupción sostenido durante al menos dos años en Puno.
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El Consejo Machiguenga del Río Urubamba enfrenta actualmente un panorama financiero muy crítico que condiciona totalmente el apoyo a su capital humano. Esta organización agrupa a veintinueve comunidades y asentamientos de la Reserva Territorial Kugapakori Nahua Nanti y otros sectores de la zona selvática. Según su presidente Elvis Nelson Chorobeki, la entidad opera sin presupuesto […]
El Consejo Machiguenga del Río Urubamba enfrenta actualmente un panorama financiero muy crítico que condiciona totalmente el apoyo a su capital humano. Esta organización agrupa a veintinueve comunidades y asentamientos de la Reserva Territorial Kugapakori Nahua Nanti y otros sectores de la zona selvática. Según su presidente Elvis Nelson Chorobeki, la entidad opera sin presupuesto asignado para atender de forma inmediata las demandas de sus jefes.
La falta de recursos propios impide dar respuestas rápidas ante emergencias graves como las recientes afectaciones de cultivos reportadas en dos comunidades base. Los estudiantes indígenas del Bajo Urubamba sufren las consecuencias de esta carencia económica que limita sus oportunidades de desarrollo profesional en la región. Actualmente, la organización indígena depende exclusivamente de la gestión de convenios con gobiernos locales para poder ejecutar sus principales iniciativas de apoyo.
Consejo Machiguenga pide residencia para estudiantes indígenas del Bajo Urubamba
El Comaru proyecta concretar a finales de mayo un convenio marco para facilitar el acceso directo a la educación superior de jóvenes. No obstante, la sostenibilidad de esta iniciativa se ve afectada por el alto costo de vida que existe actualmente en la ciudad. El elevado precio de los alquileres locales se convierte en una barrera que impulsa lamentablemente la deserción de muchos estudiantes de comunidades.
Para mitigar este impacto negativo, la organización busca financiamiento urgente para restaurar la Casa Comaru y convertirla en una gran residencia universitaria. Este proyecto busca reducir los costos mensuales de vivienda y así garantizar la permanencia de los estudiantes indígenas del Bajo Urubamba con éxito. La formación profesional de los jóvenes es vista como el motor de crecimiento fundamental para todas las comunidades nativas del río Urubamba.
Debido a la falta de liquidez, la estrategia de la organización se centra en la articulación con la Municipalidad Provincial y distritales. El objetivo principal es obtener transferencias o apoyo técnico para acondicionar adecuadamente las viviendas estudiantiles e institucionales que necesitan los jóvenes becados. Chorobeki señaló que la participación de las bases alcanza el noventa y ocho por ciento a pesar de las grandes limitaciones económicas existentes.
Sin embargo, la capacidad de ejecución real del consejo directivo depende totalmente de la formalización de convenios y de la voluntad política. Los líderes indígenas esperan que las autoridades locales prioricen la inversión en educación para asegurar un futuro mejor para las nuevas generaciones. La restauración de la Casa Comaru representa la esperanza más cercana para que los jóvenes no abandonen sus sueños profesionales por dinero.
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Fernando Rospigliosi intentó ignorar el pedido de un minuto de silencio por los jóvenes asesinados en Colcabamba (Huancavelica) a manos de militares.
La solicitud del congresista Wilson Quispe fue inicialmente desatendida por Rospigliosi, quien continuó dando la palabra a otros legisladores que querían intervenir.
Fue el congresista Alfredo Pariona quien le pidió que, por humanidad, se realicen los respetos póstumos correspondientes. Con visible incomodidad, Rospigliosi finalmente otorgó el minuto de silencio.
Periodista y editora audiovisual. Culminó sus estudios en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y se ha especializado en periodismo digital gracias a la formación de Google Adsense, Google News Initiative y la Fundación Gabo.
El exministro Jorge Nieto evalúa liderar una lista para el Gobierno Regional de Arequipa tras recibir el respaldo de diversos gremios y ciudadanos durante su reciente gira por el sur. Ante las consultas sobre sus pretensiones electorales en su tierra natal, el líder del Partido del Buen Gobierno utilizó la frase «ni descarto ni encarto» para definir su situación actual. Nieto calificó el apoyo recibido como un gesto de afecto y se mostró satisfecho por la acogida popular en la región.
La decisión final sobre su postulación subnacional dependerá de las necesidades estratégicas de su organización política. El político enfatizó que su prioridad inmediata es el fortalecimiento del Partido del Buen Gobierno en todo el territorio nacional. Por ello, la posibilidad de competir por el sillón regional se mantiene como una opción abierta condicionada al crecimiento de su estructura partidaria.
Respecto al panorama de alianzas electorales, Nieto mantiene una postura de cautela frente a otros actores políticos. El exministro anunció que esperará los resultados oficiales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) antes de concretar pactos con personajes como Roberto Sánchez o Rafael López Aliaga. Esta espera busca garantizar que cualquier acuerdo futuro se realice sobre bases legales y políticas sólidas para las próximas elecciones.
El secretario regional del partido y candidato como diputado por Arequipa, Edgar Gonzales Polar, confirmó que la postulación de Nieto al Gobierno Regional de Arequipa es una posibilidad real, aunque no la única. Según el dirigente, existe también una propuesta formal para que el exministro compita por la alcaldía de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
Debido al vencimiento de los plazos para las elecciones internas, una eventual candidatura de Nieto al Gobierno Regional de Arequipa se daría bajo la modalidad de invitado.
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La Gerencia Regional de Salud exhortó a los peregrinos a tomar precauciones ante las extremas condiciones climáticas y la exigencia física del recorrido hacia el santuario de Chapi.
La festividad de la Virgen de Chapi no solo convoca a miles de fieles cada año, sino que también se posiciona como una de las celebraciones religiosas más antiguas y emblemáticas del Perú. El primer registro histórico de su existencia data de 1655, y para 1709 la imagen ya contaba con una amplia y devota legión de seguidores.
Cada 1 de mayo, los peregrinos recorren largas distancias hasta los santuarios en medio de condiciones climáticas extremas, como el intenso calor del día y las bajas temperaturas nocturnas. Por ello, la Gerencia Regional de Salud (GERESA) exhortó a los devotos a tomar medidas preventivas y vivir esta celebración con responsabilidad, seguridad y bienestar.
Recomendaciones clave para los fieles que participen en la peregrinación
En primer lugar, se recomienda usar sombrero de ala ancha y polos de manga larga para protegerse del sol. Asimismo, es fundamental aplicar bloqueador solar y renovarlo cada tres horas, con el fin de reducir los efectos de la radiación UV.
En cuanto a la alimentación, laGerencia Regional de Salud recomienda llevar alimentos no perecibles como conservas, galletas, caramelos, frutos secos o snacks energéticos. También es indispensable portar abundante agua segura, ya sea embotellada o hervida, para evitar la deshidratación durante la caminata.
Sobre el calzado, se aconseja utilizar zapatos cómodos y ya usados previamente, evitando estrenar zapatillas nuevas que puedan causar ampollas o heridas. Para quienes pernocten en la zona, es indispensable llevar mantas térmicas, bolsa de dormir y cobertores para enfrentar el frío nocturno.
Las personas con enfermedades crónicas no deben olvidar sus medicamentos y deben respetar sus horarios de tratamiento. Asimismo, se recomienda portar un botiquín básico con medicamentos comunes para aliviar dolor, diarreas, mareos o resfríos.
Por ello, resulta fundamental que los peregrinos que asistan a la tradicional caminata sigan estas indicaciones al pie de la letra, con el objetivo de prevenir cualquier tipo de emergencia. .
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Ya se sabía que, tarde o temprano, las declaraciones de José Balcázar iban a meter al país en problemas. Antes lo intentó como congresista, cuando quiso normalizar el matrimonio con menores de edad. Ahora lo hace como presidente… porque claramente el ascenso no vino con filtro incluido. En una actividad oficial, Balcázar terminó responsabilizando “en parte” a la comunidad judía de haber empujado a Alemania a la guerra, mencionando su influencia en el comercio, la banca y la usura.
La reacción fue inmediata. La Asociación Judía del Perú exigió una rectificación pública, mientras que las embajadas de Israel y Alemania rechazaron tajantemente las declaraciones. Porque, sorpresa, culpar a una comunidad entera por una guerra mundial no suele caer bien en ningún lado. Desde la Presidencia del Perú intentaron apagar el incendio con un comunicado: aseguraron que Balcázar no hablaba a título personal, sino que citaba el libro Los enemigos del comercio de Antonio Escohotado. Y de paso, pidieron disculpas por la “percepción equivocada” generada en el pueblo judío.
Es decir, no fue lo que dijo… sino cómo se entendió. El propio Balcázar cerró su mensaje repudiando el genocidio ocurrido durante la guerra y solidarizándose con las víctimas del Holocausto. La lista de polémicas sigue creciendo.
Y a este ritmo, Balcázar parece empeñado en convertirse en argumento recurrente para quienes buscan censurarlo antes de la segunda vuelta.
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El congresista de Acción Popular, Wilson Soto, ha solicitado formalmente que el ministro de Defensa, Javier Flores, acuda al Congreso para explicar lo ocurrido en Colcabamba, donde cinco personas murieron durante un operativo militar. Según Soto, los pobladores de la zona le han informado que los soldados actuaron vestidos de civil y con pasamontañas, lo cual, de ser cierto, añade capas de confusión a un hecho ya de por sí turbio.
El parlamentario sugiere que, en lugar de disparar contra los ocupantes de la camioneta, los militares podrían haber inmovilizado el vehículo o detenido a los sospechosos, porque, como él mismo señala, nadie tiene derecho a matar sin un proceso de por medio.
Cabe precisar que Colcabamba no se encuentra dentro del Vraem, y el alcalde del distrito asegura que los jóvenes solo se dedicaban a hacer deporte. Por si el panorama fuera poco claro, uno de los sobrevivientes confesó que trasladaban droga, pero luego se retractó alegando amenazas de los propios militares para forzarlo a confesar. Soto, mientras tanto, exhorta al Ministerio Público a investigar con seriedad.
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