Las autoridades reportaron un proceso mayormente normal, con incidencias menores atendidas oportunamente y una organización previa que permitió el despliegue eficiente del material electoral.
Ayacucho vivió la jornada electoral con el cien por ciento de mesas instaladas, participación ciudadana constante y el acompañamiento del sistema electoral en todos los locales. Las autoridades reportaron un proceso mayormente normal, con incidencias menores atendidas oportunamente y una organización previa que permitió el despliegue eficiente del material electoral.
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«Piden la cabeza de Corvetto de la ONPE y controlar ese organismo electoral para lograr dos cosas: una, que la segunda vuelta sea entre Keiko Fujimori y Rafael López y, dos, con un jefe a la medida de sus intereses»
Desde el año 2021, tras el fracaso del «fraude en mesa» del fujimorismo y -entre otros- por el porkysmo, la coalición narco-mafiosa le puso la cruz a Piero Corvetto. En el proceso de asalto y control de las instituciones post vacancia ilegal de Pedro Castillo, sin embargo, no lograron el control de la ONPE, organismo electoral encargado del proceso electoral. Y, específicamente, del conteo oficial de los votos.
El (aún) actual jefe de la ONPE volvió a ser blanco del fujimorismo y el porkysmo antes y en la campaña electoral. El fujimorismo resucitando el irreal «fraude en la mesa» de 2021. Y el Porkysmo acusándolo de ser parte de la mafia caviar «gorritiana» y «aferrarse al cargo». Este último, incluso, llegó a la amenaza de muerte indirecta a Corvetto. Ambas fuerzas de la narco-mafia política le habían puesto en la mira.
Pero no pudieron «decapitarlo». Hasta que llegó el día de la primera vuelta de las elecciones, el pasado domingo 12 de abril, en el que -oh, sorpresa, solo en Lima- se produjeron inexplicables y repudiables demoras en la llegada de los materiales electorales, la no instalación de mesas en colegios de tres distritos de la capital y el hallazgo de cédulas en las calles. Tema aparte fueron las cédulas marcadas a favor de Fuerza Popular en zonas rurales de Ucayali, San Martín, Jaén/Cajamarca y Tumbes.
Empero, ninguno de esos hechos configuró un fraude electoral: una alteración global de la voluntad popular. Los observadores internacionales fueron precisos en su reporte: para la misión de la Unión Europea, fueron hechos irregulares de un proceso limpio y democrático. Pero dejaron constancia de que debe realizarse una investigación exhaustiva de las irregularidades.
Eso no le importó a Porky. Y lanzó (lo exacto sería afirmar, retomó) la narrativa fraudista en las redes sociales y, el martes 14, en calle adyacente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Eso lo hizo extremando los rasgos de su discurso fascista de la pre-campaña y la misma campaña: sedición (el llamado a la insurgencia popular), insultos, amenaza de sodomizar al presidente del JNE e «incendiar la pradera» si no anulaba los comicios de la primera vuelta.
Aparejado a ese discurso incendiario exigió la inmediata captura del jefe de la ONPE Piero Corvetto, el gran objetivo del fujiporkysmo. El JNE cumplió de manera rauda la orden del intocable e impune Porky: lo denunció penalmente. Por su parte el Congreso del hampa, lo convocó a que explique lo ocurrido el 12 de abril. Y, finalmente, el pleno del Congreso conformó una comisión investigadora y, el viernes 17, la PNP de Arriola pidió su captura.
No podemos omitir la investigación preliminar y la revisión del proceso de ratificación en el cargo de la JNJ. También la investigación del Ministerio Público de Aladino Gálvez Visto in globo, toda la maquinaria de la narco-mafia política en acción. Cabe destacar que varios candidatos «barridos» por la voluntad popular se sumaron a la narrativa fraudista del fujiporkysmo. En eso están en estos momentos.
¿Cómo llegaron las cosas hasta está situación? Mi hipótesis es que ha funcionado un plan, por separado, del fujimorismo y el porkysmo en «pugna». El entronque fáctico que dio verosimilitud y «legalidad» a este plan fue que Piero Corvetto, por ser el jefe de la ONPE, es el responsable de las irregularidades ocurridas en la primera vuelta. El plan funcionó.
Así, el fujiporkysmo está a punto de «decapitar» la cabeza de Corvetto de la ONPE y controlar ese organismo electoral para lograr dos cosas: una, que la segunda vuelta sea entre Keiko Fujimori y Rafael López y, dos, con un jefe a la medida de los intereses del fujimorismo, obtener mayoría absoluta en el senado.
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Leyes que propiciaron la dispersión electoral, candidatos improvisados con el objetivo de distraer y ninguneo del voto rural o del interior del país lograron el objetivo: el «pacto mafioso» dominará el Senado
La denuncia de fraude electoral se instaló desde el primer momento entre miles de ciudadanos, en su mayoría afines a Renovación Popular, que claman respuestas mientras Rafael López Aliaga encabeza una rebelión que exige anular las elecciones por completo.
Pero el verdadero plan es más oscuro. No es el fraude que los políticos denuncian. Es una trampa planificada meticulosamente durante años. Una estrategia diseñada en las sombras. El problema no se limita a un fraude tradicional denunciado por actores políticos, sino a una estructura elaborada desde el 2021 con un propósito claro: mantener a los mismos grupos en el poder.
En ese escenario aparecieron de la nada figuras como Ricardo Belmont y Carlos Álvarez, sin planes de gobierno sólidos ni partidos consolidados, cuya presencia parecía responder más a una función táctica que a una propuesta real. Ambos candidatos lograron captar más de dos millones de votos, con Belmont superando 11% y Álvarez sumando un 7%. Su rol habría sido dispersar el voto moderado, evitando que nuevas alternativas lograran avanzar a una segunda vuelta. Los hechos refuerzan esa sospecha: Belmont ni siquiera acudió a votar y Álvarez anunció su retiro inmediato, dejando tras de sí a un electorado sin representación.
El engranaje institucional del desorden
La construcción de este escenario no habría sido improvisada. Desde el Congreso se eliminaron las elecciones primarias, abriendo paso a un proceso caótico con 36 fórmulas presidenciales que confundieron al electorado. A ello se sumó una cédula de votación desproporcionada, pesada e impráctica, que complicó aún más la logística electoral.
El 12 de abril, miles de personas en Lima no pudieron votar porque el material electoral nunca llegó a tiempo. La Contraloría ya había advertido retrasos graves desde días antes, pero el Jurado Nacional de Elecciones mantuvo silencio mientras el problema crecía sin control. En medio de este panorama, el discurso político también se tornó más agresivo. López Aliaga adoptó una retórica que incluye ataques contra votantes de provincias, cuestionando incluso la capacidad del campesinado para ejercer su voto de manera correcta.
El botin final: el Senado
Finalmente, el resultado ha consolidado el objetivo descrito: tres partidos ya presentes en el Congreso, Fuerza Popular, Renovación Popular y Juntos por el Perú, lograron concentrar el poder. Con el control del 60% del nuevo Senado, tendrán la capacidad de definir leyes a su conveniencia, pese a contar con un respaldo electoral reducido.
La dispersión del voto terminó favoreciendo a quienes se mantuvieron unidos. Mientras el país se fragmentaba en decenas de opciones, un grupo reducido aseguraba su permanencia. La democracia peruana enfrenta uno de sus momentos más críticos, con una elección que muchos sienten les fue arrebatada a plena vista.
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La empresaria Nitza Huaco Mendoza recibió el recinto del MIDAGRI a nombre de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA) para realizar la “Feria Arequipa 2025”. Esto ocurrió un día después de que el entonces presidente de la entidad privada, Julio Cáceres Arce, firmara un convenio con el MIDAGRI justamente para el uso del predio. Huaco se adjudicó la representación de la CCIA en varias ocasiones y sin autorización.
El lanzamiento de la Feria Internacional de Arequipa (FIA) en el mes de cada aniversario de la ciudad de Arequipa era una costumbre. El Campo Ferial Cerro Juli fue su sede y la Asociación Empresarial Cerro Juli (AECJ) la organizaba. El evento podía registrar 120 mil visitantes en promedio por cada edición. En la última del 2024, atrajo a 130 mil. Un ingreso millonario, ya que cada adulto debía pagar S/10 de entrada. Esto, sin tomar en cuenta alquiler de stands, auspiciadores u otros.
Tras vencer el perjudicial convenio entre el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) y la AECJ, la FIA dejó de existir. Pero inmediatamente se dio paso a un manejo similar mediante la actividad denominada “Feria Arequipa 2025”.
La feria se realizó del 9 al 17 de agosto de ese año. Se instalaron 400 stands y se organizaron más de 50 actividades entre conciertos, shows infantiles, concursos, campañas, premiaciones. Artistas como Daniela Darcourt, Pamela Franco, Orquesta Ambar Internacional, Bartola, y hasta el reciente candidato presidencial y cómico Carlos Álvarez y muchos más, brindaron diversos espectáculos.
Para ingresar se cobró S/ 17 al adulto, S/ 9 para niños o adultos mayores y S/ 6 en horario nocturno (20:00 horas). Las entradas se podían conseguir en Joinnus, una página web especializada en la venta de tickets. Hasta tuvo auspiciadores entre entidades privadas (BCP, Perumin, Instituto de Ingenieros de Minas del Perú) y públicas (GRA, la Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero).
Precios. El costo más alto por entrada para ingresar a la Feria Arequipa 2025 fue de S/17.
Pese a las dimensiones del evento, aún se desconoce a dónde fue a parar todo el dinero recaudado. Ni quién es el responsable directo del beneficio de privados con el uso del bien público. Los documentos a los que accedió El Búho apuntan a que no solo la empresa Bespouk Entertainment S.A.C., estuvo detrás de la organización de la feria; sino que Nitza Huaco Mendoza, una empresaria cercana al entonces presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA), Julio Cáceres Arce, podría haber manejado los hilos tras bambalinas.
La empresaria inmobiliaria
Huaco llegó a constituirse socia de la CCIA con su empresa MAS Inmobiliaria y Soluciones S.A.C. dedicada a la venta de predios. La cuenta Facebook de la inmobiliaria no tiene actividad desde junio del 2024. Según información de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT), después de darse de baja, la empresa retomó sus operaciones en enero de 2026.
Pero es representando a la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) que Huaco pudo ser presidenta del Comité de Servicios de la CCIA. Este grupo empresarial tiene once comités divididos por rubros de actividad. La presidencia de dichos comités se asigna entre sus asociados. Bajo ese cargo, la empresaria negó de todas las formas posibles tener que ver con la preparación de la “Feria Arequipa 2025”. Sin embargo, fue ella misma quien recibió el recinto y a nombre de la CCIA.
Así lo revela el Acta N°001-2025-CCIA-MIDAGRI del 28 de marzo del 2025, firmada por la propia empresaria, como presidenta del Comité de Servicios, y por Javier Díaz Carrillo, entonces, nada menos que el director de la Oficina General de Administración del MIDAGRI. Hay que resaltar que el documento no cuenta con el sello de la CCIA y que nunca habría ingresado a la documentación oficial del gremio empresarial.
Prueba. Huaco firmó a nombre del gremio empresarial la recepción del campo ferial.
Esta acta se suscribió un día después de que el MIDAGRI firmara un convenio con la sociedad empresarial. Antes de que el recinto vuelva a manos del GRA, el 27 de marzo, el cuestionado Julio Cáceres Arce, y el exministro Ángel Manuel Manero Campos, firmaron el convenio marco de cooperación institucional. El objetivo: desarrollar eventos y actividades para promover la agricultura. Por ello, la CCIA ejecutaría mantenimientos a su infraestructura y áreas verdes.
El funcionario Díaz se habría trasladado a la ciudad de Arequipa el mismo 28 de marzo para reunirse con Huaco y dar inicio a la intervención acordada entre Manero y Cáceres, el día anterior. El documento señala claramente que Huaco actúa como representante de la CCIA y además menciona que el espacio se entrega a condición de mantenimiento y mejoras en la infraestructura, tal como especifica el convenio.
El MIDAGRI no desconoce el documento. El propio Díaz Carrillo, mediante el informe N°0378-2025, indicó que el acta se firmó autorizando a la misma CCIA realizar intervenciones. “Cabe precisar que las actividades realizadas en el inmueble Campo Ferial Cerro Juli con ocasión de la denominada Feria Arequipa y las contrataciones derivadas de las mismas han sido gestionadas directa y únicamente por la CCIA”, puntualizó Díaz.
Funcionario. Díaz reconoció que se firmó el acta pero que descartó que el MIDAGRI haya organizado la feria.
¿Tuvo Huaco autorización para firmar actas en nombre de la CCIA? Fuentes de esta entidad privada indicaron que para cualquier acto administrativo se requiere la venia de su Consejo Directivo y que este documento no existió. El mismo Cáceres intenta zafar su responsabilidad señalando que nunca se le informó de la existencia del acta. Sin embargo, no tuvo inconvenientes en posar en fotos junto a Huaco, tanto en el lanzamiento de la feria como en su inauguración.
Por su parte, en una carta dirigida a la CCIA, Huaco manifestó: “dejo constancia expresa de que ni mi persona ni el Comité de Servicios ostentaron facultades para autorizar, gestionar o administrar el uso del recinto ferial para (…) la Feria Arequipa 2025”. Añadió que su participación fue de “carácter meramente informativo y de coordinación”. Negó que hubiera acto administrativo que otorgara derechos sobre el predio y corona su escrito diciendo: “mi persona no ha tomado ninguna decisión sin informar a los involucrados”. Versión que se cae con la existencia del acta.
Mientras, el gerente general de Bespouk Entertainment S.A.C., Diego Ballón Pareja, aduce que su propuesta de la feria fue evaluada por el MIDAGRI y que incluso recibieron una “comunicación informativa donde se indicaba la conformidad de dicho ministerio”. Algo que niega Díaz en su informe ya mencionado. Un peloteo que el acta va aclarando.
Día de entrega. Huaco junto al exministro Manero tras la entrega de Cerro Juli a la administración del GRA.Cofradía. Julio Cáceres junto al gobernador Rohel Sánchez y Huaco, al lado de Irina Salazar, comprometida en el caso.
Al parecer, en cada evento que prepara o participa busca capitalizar su imagen. Por mencionar, su precandidatura fue anunciada mediante conferencia en medio de las denuncias del mal uso del campo ferial. Además, Huaco reitera el patrón de tomarse la representación del gremio sin previa autorización.
Por ejemplo, después de la firma para recibir el campo ferial y antes de la realización de la Feria Arequipa 2025, se reunió con el funcionario del MIDAGRI Díaz Carrillo, en dos ocasiones. Según la Plataforma de Gestión de Visitas de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Huaco tuvo dos reuniones de trabajo en 2025. La primera fue a título personal el 29 de abril. Mientras que la segunda del 13 de junio se presentó a nombre de entidad empresarial. Lo propio hizo en la reunión con el consejero César Huamantuma, que lidera la comisión que investigó el uso indebido de Cerro Juli, en diciembre del 2025. En su asistencia colocó como entidad la CCIA.
Uso y abuso. Nitza Huaco se reunió con funcionario del MIDAGRI hasta en dos ocasiones.
Recientemente, este uso le ha valido una denuncia ante el Ministerio Público por falsedad genérica y delitos informáticos. Jesús Pinto Delgado la acusó de usar el nombre de la institución para enviar documentos mencionando sus “logros” como presidenta del Comité de Servicios y su plan de trabajo para llegar al cargo.
Varios socios manifestaron su malestar por recibir estos sobres. “Los socios recibieron la carta creyendo que se trataba de una carta institucional de la Cámara, cuando en realidad la carta es sobre su postulación a la presidencia…”, señalaba la denuncia penal. Los documentos contenían una carta dirigida a los empresarios y firmada por Huaco, además de su plan de trabajo institucional en su campaña a la presidencia de la CCIA, cuando su postulación fue observada y tachada.
Para obtener datos reservados de los socios (dirección, ruc, razón social) allegados a Huaco los habrían llamado a nombre de la CCIA, según las quejas a los que pudo acceder este medio. Ante ello, la institución pidió no entregar información sensible a personas que no tuvieran su autorización. La justificación fue reclutar socios que recibieron capacitaciones de Huaco para futuras nuevas actividades.
Denuncia. Huaco es acusada de violar datos informáticos de los socios del gremio empresarial.
En tanto, semanas atrás y mediante carta, la USIL dispuso que su representante sea otra persona. Ahora, el encargado de ser su delegado será el vicerrector de posgrado José Nicanor Gonzales Quijano. Por su parte, la Asociación de Mujeres Empresarias del Perú (AMPE), del que Nitza Huaco es primera vicepresidenta, ha manifestado que no la acreditó formalmente para representarlos. La AMEP también mostró desconocimiento de quién realizó pagos a su nombre ante la CCIA.
“Cualquier coordinación, participación o eventual representación de AMEP (…) deberá ser canalizada de manera formal a través de la presidencia nacional”, indica la carta de Giannina Castro, presidenta de AMEP-Perú. Ante las denuncias por el uso del campo ferial, algunas entidades privadas relacionadas a Huaco han decidido marcar distancia.
Descargos de Nitza Huaco
Respecto a todo este asunto, Nitza Huaco Mendoza convocó a una conferencia de prensa. En ella denuncio que la actual directiva de la Cámara de Comercio la retiró de la competencia por la presidencia de manera arbitraria. Adujo que, en el fondo, un grupo de empresarios busca perpetuarse en la dirigencia y no da opción a la nueva clase empresarial de Arequipa.
También reiteró que sus acciones fueron en cumplimiento de las coordinaciones realizadas con el anterior presidente de la CCIA, Julio Cáceres Arce. Y advirtió que «no tiene miedo» de quienes buscaron cerrarle el paso, pues las investigaciones demostrarán la verdad de lo ocurrido con la organización de la FIA. Finalmente se preguntó por qué la CCIA no ha denunciado los millones que la anterior Asociación Ferial Cerro July se llevo en 30 años de administración del Campo Ferial, sin entregar ningún beneficio para Arequipa
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Elmer Mamani Quispe, egresado de la Universidad Nacional de San Agustín, es periodista de investigación con más de 10 años de experiencia, habiendo laborado en los medios La República y El Búho, principalmente. También practica la cronica y la entrevista como géneros periodísticos.
Candidatos con mayor votación preferencial, como Rosío Torres y Rita Chávez, no accedieron a cargos debido a que sus partidos no superaron la valla electoral
PASÓ EN EL Perú | LORETO. Los resultados electorales mostraron un escenario inesperado donde Fuerza Popular lideró la votación general, mientras otros candidatos destacaron individualmente con respaldo ciudadano. Keiko Fujimori obtuvo el primer lugar presidencial, y en el Congreso su partido logró importantes escaños, evidenciando un comportamiento electoral diverso y complejo.
Sin embargo, candidatos con mayor votación preferencial, como Rosío Torres y Rita Chávez, no accedieron a cargos debido a que sus partidos no superaron la valla electoral. Este resultado evidencia cómo el sistema electoral permite que postulantes con menos votos ocupen escaños, reflejando una dinámica que sorprende y genera debate ciudadano.
PUNO. Con el 96% de actas contabilizadas en Puno, Juntos por el Perú lidera ampliamente la votación, asegurando escaños en Diputados y el Senado. El avance del conteo confirma su ventaja sobre Obras y Ahora Nación, mientras José Moisés Chipana se perfila como senador electo con amplia diferencia.
La distribución final de escaños aún depende del conteo restante y la cifra repartidora, aunque Juntos por el Perú ya tendría al menos dos diputados. Obras también asegura representación y busca un escaño adicional, mientras Ahora Nación mantiene opciones en un escenario aún abierto y competitivo.
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El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancayo decidió que 18 de los 22 investigados por el caso de la banda ‘Los Tecnológicos del Mantaro’ permanezcan en prisión preventiva durante 18 meses. A este grupo se le vincula con la compra y venta de celulares robados, entre otros delitos relacionados. El juez Rubén Guadalupe Ulloa […]
El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancayo decidió que 18 de los 22 investigados por el caso de la banda ‘Los Tecnológicos del Mantaro’ permanezcan en prisión preventiva durante 18 meses. A este grupo se le vincula con la compra y venta de celulares robados, entre otros delitos relacionados.
El juez Rubén Guadalupe Ulloa tomó esta decisión, este viernes, aunque redujo el tiempo solicitado por la Fiscalía, que había pedido 36 meses. Según explicó, no encontró suficientes elementos para considerar que se trataba de una organización criminal ni de lavado de dinero. En cambio, señaló que los hechos encajan más en delitos como actuar en banda y la compra de objetos robados.
Tres investigadas seguirán el proceso en libertad
El juzgado también decidió que tres de las investigadas no irán a prisión, pero deberán cumplir ciertas reglas mientras dura la investigación.
Se trata de Julia Clemente Capani, quien habría sido usada para comprar vehículos de lujo y manejar dinero ilegal, y que además es madre de una de las principales implicadas. También está Julissa Rojas Espinoza Testaferro, familiar de otro de los investigados, a quien se le relaciona con la compra de bienes con dinero de origen ilícito. La tercera es Deneyra Ariana Zambrano Contreras, una policía que está siendo investigada por supuestamente ayudar a la banda, avisarles de operativos y facilitar la venta de equipos robados.
Cómo operaba la banda
Los 18 investigados fueron detenidos el 19 de marzo de 2026 durante un operativo de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público realizado en las ciudades de Huancayo, Chiclayo y Lima.
Según la fiscal Teresita Maraví de Crimen Organizado, esta red se dedicaba a reunir celulares robados, desbloquearlos y venderlos, especialmente equipos de alta gama o iPhones. Entre ellos de la médico Alexandra Sobrevilla que fue asesinada para robarle su iPhone 13. Además, habrían usado a otras personas para comprar bienes y mover dinero obtenido de forma ilegal.
El caso sigue en investigación
Con esta decisión, el proceso entra en una etapa clave. Ahora, el Ministerio Público tendrá que reunir y presentar pruebas que respalden las acusaciones antes de que el caso llegue a juicio.
Los 18 que van a prisión:
Flor de María Curasma Clemente
Ronal Curasma Clemente
Maruja Marisol Curasma Clemente
Elida Rosas Pariona
Antoni Benjamín Ricci Jancachahua
José Luis Arroyo León
César Augusto Padilla Sernaque
Jhonatan David Huatuco Aquino
Luis Giovanny Sánchez Sánchez
José Luis De La Torre Pérez
Raúl Paucar Davan
Jhordan Jheremy Gamarra Calderón
Brayan David Samaniego Peralta
Jordan Bill Mescua Puente
Juan Carlos Damián Otárola
César Andrés Pascual Rojas
Antoni Félix Jeremías Yance
Alexis Beyker Huincho Gavilán
Cristian Rojas Espinoza, alias ‘Gozu’ – Ya está en prisión
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Un operativo fiscal-policial permitió la intervención de ocho personas presuntamente involucradas en la expedición irregular de licencias de conducir desde la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho. La intervención, realizada en diversos inmuebles y oficinas, incluyó el allanamiento y la incautación de documentos, equipos electrónicos y otros elementos vinculados a la investigación. Según […]
Un operativo fiscal-policial permitió la intervención de ocho personas presuntamente involucradas en la expedición irregular de licencias de conducir desde la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho.
La intervención, realizada en diversos inmuebles y oficinas, incluyó el allanamiento y la incautación de documentos, equipos electrónicos y otros elementos vinculados a la investigación. Según las primeras diligencias, la presunta red habría operado mediante el cobro de dinero a postulantes, coordinando aprobaciones fraudulentas de exámenes de manejo.
Entre los detenidos figuran funcionarios de la propia entidad y personas externas, investigados por presuntos delitos de cohecho. El caso estaría relacionado con una presunta organización conocida como “Los Chuecos del transporte”, que habría operado durante los años 2023 y 2024.
Las investigaciones señalan que existían intermediarios encargados de captar postulantes y coordinar los pagos para asegurar la obtención de licencias sin cumplir los requisitos.
El caso vuelve a poner en debate la seguridad vial y la confianza en los procesos de evaluación para la obtención de licencias.
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La empresa RICSA denunció que un convoy encargado del traslado de crudo desde el Lote 8, en Villa Trompeteros, hacia la refinería de Petroperú en Iquitos fue interceptado el 12 de abril en el río Corrientes. Según su versión, alrededor de 15 personas a bordo de embarcaciones menores bloquearon el paso del remolcador Coseda I […]
La empresa RICSA denunció que un convoy encargado del traslado de crudo desde el Lote 8, en Villa Trompeteros, hacia la refinería de Petroperú en Iquitos fue interceptado el 12 de abril en el río Corrientes.
Según su versión, alrededor de 15 personas a bordo de embarcaciones menores bloquearon el paso del remolcador Coseda I y las barcazas Pacífico XIX, obligando a detener la navegación bajo amenazas.
Posteriormente, los ocupantes habrían tomado el control de las naves y forzado el abandono de una barcaza que transportaba 10.500 barriles de petróleo. La compañía señaló que la tripulación fue privada de su libertad y que el remolcador fue trasladado e inmovilizado en la zona de Providencia.
Además, afirmó que los presuntos responsables, a quienes vincula con dirigentes locales, estarían exigiendo 1,5 millones de dólares para liberar a los retenidos y las embarcaciones. La empresa exigió la intervención de las autoridades y la liberación inmediata del personal, mientras anunció que formalizará la denuncia correspondiente.
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Un monitoreo con cámaras trampa en la Reserva Nacional Illescas, en Piura, ha permitido registrar diversas especies de fauna y confirmar la presencia del gato del desierto (Leopardus garleppi), en el marco de una investigación académica en curso. El trabajo es desarrollado por Randy Moscol Monsalve, egresado de la Universidad Nacional de Piura, quien realiza […]
Un monitoreo con cámaras trampa en la Reserva Nacional Illescas, en Piura, ha permitido registrar diversas especies de fauna y confirmar la presencia del gato del desierto (Leopardus garleppi), en el marco de una investigación académica en curso.
El trabajo es desarrollado por Randy Moscol Monsalve, egresado de la Universidad Nacional de Piura, quien realiza un estudio sobre el zorro de Sechura (Lycalopex sechurae). La investigación se inició durante su participación como guardaparque voluntario entre octubre y diciembre del año pasado.
Instalación de cámaras trampa
Como parte del estudio, se instalaron cámaras trampa dentro del área natural protegida con el objetivo de analizar la presencia de crías del zorro de Sechura. El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) proporcionó los equipos y brindó acompañamiento técnico y logístico.
Además del seguimiento de esta especie, la metodología permite registrar a otros animales presentes en la zona. Entre ellos se encuentra el gato del desierto, cuya presencia el personal guardaparque ya reportó previamente durante sus patrullajes.
La investigación se inició durante su participación como guardaparque voluntario entre octubre y diciembre del año pasado. (Foto: Sernanp)
Información sobre comportamiento y ecología
El uso de cámaras trampa permite obtener información sobre aspectos del comportamiento y la ecología de las especies que son difíciles de documentar mediante observación directa en campo. Estos registros complementan la información generada por otras actividades de monitoreo.
El jefe de la Reserva Nacional Illescas, Aldo Aguirre, señaló que estos resultados se integran a los esfuerzos sostenidos de investigación en el área natural protegida.
Indicó que estos trabajos permiten contar con información actualizada sobre la fauna y fortalecer la toma de decisiones para su conservación.
Acompañamiento en campo
El equipo de guardaparques acompaña las actividades en campo y guía en zonas de difícil acceso. También apoya en el uso de herramientas de monitoreo.
Asimismo, la reserva cuenta con personal con formación profesional y conocimiento del territorio, lo que facilita la ejecución de investigaciones. Estas acciones contribuyen al fortalecimiento del monitoreo de la biodiversidad en el área natural protegida.
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En el marco del Día Internacional de los Monumentos y Sitios, la Gerencia del Centro Histórico y Zona Monumental presentó investigaciones universitarias sobre el patrimonio arquitectónico. Uno de los estudios reveló que el tránsito vehicular es uno de los principales factores que afecta la conservación de las casonas del Centro Histórico de Arequipa.
El arquitecto y docente de la Universidad Nacional de San Agustín, William Palomino Bellido, expuso la investigación “Hidrotérmica en inmuebles del centro histórico”, en la que analiza cómo elementos como el ruido, los contaminantes generados por los vehículos y la humedad, impactan directamente en las estructuras históricas.
Efectos en los monumentos
Según explicó, las emisiones de los automóviles liberan partículas como el hollín y compuestos de carbono que se impregnan en las superficies de sillar, material característico de la arquitectura arequipeña. Estas sustancias, combinadas con la humedad del subsuelo, generan un deterioro progresivo en las casonas.
“El sillar actúa como una esponja, que absorbe todos los elementos químicos y, sobre todo, aquellos que están en las actividades humanas como el transporte, que se mezclan con los componentes químicos del sillar y que producen lesiones en el edificio”.
Asimismo, advirtió que cerca del 70% del tránsito vehicular atraviesa el centro histórico, lo que incrementa la exposición de los monumentos a estos agentes contaminantes. A ello se suma el alto costo de restauración. “Restaurar una casona no es barato; el metro cuadrado puede costar tres o cuatro veces más que pintar una vivienda”, precisó.
La importancia de preservar estos monumentos históricos radica en su riqueza histórica. En ese contexto, el Centro Histórico de Arequipa fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000, debido a su valor arquitectónico sustentado en la fusión de técnicas europeas y locales. Sin embargo, su conservación enfrenta crecientes amenazas asociadas al desarrollo urbano.
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El Poder Judicial ordenó nueve meses de prisión preventiva contra un agente penitenciario y dos internos del penal de Juliaca, investigados por el presunto delito de tortura agravada con subsecuente muerte. El caso se remonta al fallecimiento del interno Flavio Mamani Apaza, ocurrido el pasado 14 de marzo en circunstancias que hoy son materia de […]
El Poder Judicial ordenó nueve meses de prisión preventiva contra un agente penitenciario y dos internos del penal de Juliaca, investigados por el presunto delito de tortura agravada con subsecuente muerte. El caso se remonta al fallecimiento del interno Flavio Mamani Apaza, ocurrido el pasado 14 de marzo en circunstancias que hoy son materia de una investigación penal por graves vulneraciones a los derechos humanos.
La medida fue solicitada por la Primera Fiscalía Penal Especializada en Derechos Humanos del Ministerio Público, que sostiene como hipótesis que el crimen se habría producido en el contexto de una falla deliberada en los protocolos de seguridad dentro del establecimiento penitenciario.
Presunta omisión y abuso de funciones
Entre los investigados figura el agente penitenciario Óscar Pineda, quien se desempeñaba como jefe de pabellón. Según la tesis fiscal, el funcionario habría abusado de su posición al permitir el ingreso de dos internos a una celda de aislamiento, donde se encontraba la víctima.
De acuerdo con las diligencias preliminares, esta presunta omisión de funciones habría facilitado que los internos César Rosales y Niurman Calzadilla agredieran físicamente al agraviado, provocándole la muerte. La Fiscalía sostiene que la falta de intervención oportuna fue determinante en el desenlace fatal.
Cuestionamientos al sistema penitenciario
El caso ha encendido las alarmas sobre las condiciones de vigilancia y control en el penal de Juliaca, así como sobre la capacidad del sistema penitenciario para prevenir hechos de violencia extrema al interior de sus instalaciones.
Especialistas advierten que este tipo de fallas no solo comprometen la responsabilidad individual de los involucrados, sino también la eficacia de los protocolos institucionales diseñados para resguardar la integridad de las personas privadas de libertad.
Protestas y controversia
En paralelo al avance de la investigación, trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) realizaron una protesta en los exteriores de la Fiscalía, exigiendo la liberación del agente penitenciario. Los manifestantes sostienen que no existirían elementos suficientes que acrediten su responsabilidad en el hecho.
La decisión judicial, sin embargo, responde a la existencia de indicios razonables y al riesgo de obstaculización del proceso, en una investigación que aún se encuentra en etapa preliminar.
Proceso en curso
Mientras continúan las diligencias, el Ministerio Público busca esclarecer las circunstancias exactas de la muerte del interno y determinar el grado de participación de cada uno de los investigados.
El caso se perfila como un precedente relevante en materia de responsabilidad penal dentro del sistema penitenciario, en un contexto donde la garantía de derechos fundamentales sigue siendo un desafío pendiente en los centros de reclusión del país.
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La Dirección Regional de Salud de Puno reporta una cobertura de vacunación contra el sarampión de apenas el 18% en la primera dosis para los niños pequeños cuando la meta establecida debería superar el 25% actualmente. La responsable de la Estrategia Regional de Inmunizaciones Hilda Churaira Chura indica que la segunda dosis alcanza solamente el […]
La Dirección Regional de Salud de Puno reporta una cobertura de vacunación contra el sarampión de apenas el 18% en la primera dosis para los niños pequeños cuando la meta establecida debería superar el 25% actualmente.
La responsable de la Estrategia Regional de Inmunizaciones Hilda Churaira Chura indica que la segunda dosis alcanza solamente el quince por ciento de avance en toda la región puneña, mientras las brigadas médicas recorren las provincias y los distritos alejados para aplicar estas medicinas gratuitas hoy.
El personal sanitario visita las escuelas de nivel inicial y primaria para proteger a los estudiantes mediante un despliegue masivo de brigadistas especializados quienes requieren la firma del consentimiento de los padres de familia para cumplir con su labor diaria.
Churaira Chura explica que el rechazo de algunos progenitores frena los avances institucionales a pesar de los esfuerzos constantes por proteger la salud pública, porque las vacunas están disponibles en todos los establecimientos del Ministerio de Salud y EsSalud.
Los menores de cinco años deben completar su esquema atrasado de inmunización, pero los niños de hasta diez años también pueden recibir sus dosis pendientes si acuden con su documento de identidad a los puestos instalados o al centro comercial Plaza Vea.
La funcionaria regional afirma que hasta el momento no han sido notificados de ningún efecto adverso tras la aplicación de estas dosis preventivas pues la vacuna solamente causa una fiebre leve y usualmente pasajera en los pequeños que son inyectados recientemente.
Las autoridades coordinan reuniones con los directores educativos y las unidades de gestión educativa local para acelerar la vacunación en Puno mediante autorizaciones simples que permitan el ingreso de los enfermeros a las aulas de clase durante las mañanas.
Finalmente, la funcionaria advierte que lo que mata no es la enfermedad, sino la complicación como la neumonía y por eso invita a los padres a vacunar a sus hijos para prevenir casos de sordera o ceguera en los menores.
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La organización Bartolina Sisa, junto al presidente del Consejo de Juventudes Luis Ángel Condori Yapo, el abogado Jhon Torres Rosello y el líder de la Asociación de Víctimas, Raúl Samillán Sanga, formalizaron tres denuncias penales contra el streamer Christopher Puente Viena, conocido como Cristo Rata. Las acusaciones surgen tras sus declaraciones discriminatorias en redes sociales, […]
La organización Bartolina Sisa, junto al presidente del Consejo de Juventudes Luis Ángel Condori Yapo, el abogado Jhon Torres Rosello y el líder de la Asociación de Víctimas, Raúl Samillán Sanga, formalizaron tres denuncias penales contra el streamer Christopher Puente Viena, conocido como Cristo Rata. Las acusaciones surgen tras sus declaraciones discriminatorias en redes sociales, donde insultó a la población puneña con frases como “serranos de m…” y “no les llega el oxígeno al cerebro”, tras los resultados electorales del 2026.
Edith Calisaya Calamollo, representante de Bartolina Sisa, calificó los dichos como “un ataque a la dignidad de los pueblos originarios”. “Nosotros alimentamos al país con nuestra agricultura, pero él nos humilla”, declaró. La dirigente aimara subrayó que las mujeres andinas no tolerarán discursos que desprecien su cultura y exigió al Ministerio Público actuar con celeridad.
El abogado Jhon Torres Rosello precisó que las denuncias se basan en el artículo 323 del Código Penal, que sanciona la discriminación con penas de hasta cuatro años de cárcel. “Las pruebas son contundentes: videos, capturas y testimonios demuestran un patrón de odio”, afirmó. Torres resaltó que la Fiscalía debe unificar las investigaciones en Lima y Puno para evitar impunidad.
Raúl Samillán Sanga, presidente de la asociación de víctimas de las protestas 2022-2023, recordó que “Puno ya sufrió violencia institucional; ahora enfrentamos racismo digital”. “Este influencer no solo ofende, sino que incita a la división en un momento crítico para el país”, advirtió. Samillán exigió que las plataformas digitales identifiquen y bloqueen cuentas que difundan discurso de odio.
Luis Ángel Condori Yapu, líder juvenil, rechazó que se etiquete a los puneños como “ignorantes”. “Somos profesionales, no ‘generación de cristal’; exigimos respeto”, declaró. Condori instó a los jóvenes a no normalizar el racismo y a usar las redes para denunciar, no para agredir. “La justicia debe enviar un mensaje claro: el Perú no tolera discriminación”, concluyó. Las denuncias, presentadas en la Fiscalía de Derechos Humanos de San Román, incluyen solicitudes de pericias antropológicas para analizar el impacto cultural de los insultos. “Queremos que se investigue cómo sus palabras afectan nuestra identidad”, explicó Calisaya. Además, pidieron pericias informáticas para rastrear la difusión del video en TikTok y Facebook.
El caso ha reabierto el debate sobre la responsabilidad de influencers y la necesidad de leyes más duras contra el discurso de odio. “Si no hay consecuencias, otros repetirán estos actos”, alertó Torres. Mientras, las rondas campesinas anunciaron acciones bajo su sistema de justicia comunitaria, respaldadas por el Convenio 169 de la OIT. La Fiscalía tiene 15 días para definir si formaliza la investigación.
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Autoridades conmemoraron el VII aniversario del Geoparque Colca y Volcanes de Andagua, reconocido como Geoparque Mundial por la UNESCO, y reafirmaron su compromiso con la conservación de su biodiversidad y patrimonio geológico. Sin embargo, informaron también sobre una escasa cantidad de visitantes.
El reconocimiento otorgado en 2019 por la UNESCO distingue a este territorio como un área geográfica única que alberga sitios y paisajes de relevancia geológica internacional. A través de una visión integral orientada a la protección, la educación y el desarrollo sostenible, el geoparque promueve la conservación de su riqueza natural y cultural, además de fomentar la conciencia ciudadana sobre los principales desafíos ambientales que enfrenta la zona.
Flujo de turistas
El gerente regional de Comercio Exterior y Turismo señaló que existe una marcada diferencia en la afluencia de visitantes entre el Valle del Colca y la zona de los volcanes de Andagua. “Es evidente que el Valle del Colca ha tenido un mayor número de visitas. En estos siete años hemos registrado más de 2 millones 800 mil turistas en la zona”, indicó.
En contraste, la zona de Andagua ha recibido alrededor de 100 mil visitas. Frente a esta brecha, la autoridad precisó que se enfocarán en fortalecer la promoción turística de este destino para incrementar su flujo de turistas.
El Geoparque Colca y Volcanes de Andagua, ubicado en la región Arequipa y que comprende las provincias de Caylloma y Castilla, impulsa acciones de mejora en su señalética en el marco de su VII aniversario. El gerente regional de Comercio Exterior y Turismo, Jorge Meza Cruz, informó que, por ahora, los trabajos se concentran en la señalética informativa del geoparque.
“Nosotros el año pasado hemos trabajado conjuntamente con la Gerencia Ambiental para obtener un presupuesto y desarrollar una señalética del geoparque con información geológica, principalmente en la zona de Andagua y el Valle del Colca”, señaló.
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El abogado penalista Miguel Pérez Arroyo advirtió que criminalizar las deficiencias del proceso electoral es irresponsable, señalando que las irregularidades registradas, menores al 0.3%, no configuran delito de fraude electoral que anule los comicios. La respuesta institucional debe ser, según el especialista, de naturaleza administrativa y funcional en primera instancia, dado que las omisiones detectadas […]
El abogado penalista Miguel Pérez Arroyo advirtió que criminalizar las deficiencias del proceso electoral es irresponsable, señalando que las irregularidades registradas, menores al 0.3%, no configuran delito de fraude electoral que anule los comicios.
La respuesta institucional debe ser, según el especialista, de naturaleza administrativa y funcional en primera instancia, dado que las omisiones detectadas se encuentran dentro de márgenes tolerables comparados con los tres últimos procesos electorales generales del país.
«Pensar en un delito de fraude electoral para pretender anular el proceso como lo están haciendo algunas personas, me parece que es irresponsable«, declaró Pérez Arroyo, subrayando que criminalizar deficiencias logísticas distorsiona el sistema jurídico electoral.
Empresa Galaga y la cadena de responsabilidades en la ONPE
El contexto comparativo revela que en 2021 la tasa de mesas no instaladas fue del 0.02%, mientras que en el proceso reciente alcanzó el 0.2%, concentrándose en distritos limeños como Pachacámac, Lurín y San Juan de Miraflores.
El impacto institucional es severo porque la empresa Galaga, responsable del transporte del material electoral, tenía penalidades previas por incumplimientos contractuales, lo que según el especialista la hacía inelegible para un contrato de esta envergadura nacional.
El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, declaró ante el Congreso que las decisiones de contratación correspondían a gerencias subalternas, argumento que Pérez Arroyo calificó de insuficiente dado el deber de vigilancia exigible a un funcionario de su jerarquía.
Salida legal y responsabilidad compartida en la crisis institucional
Técnicamente, la destitución de Corvetto requiere un proceso formal ante la Junta Nacional de Justicia, aunque la suspensión enfrenta restricciones constitucionales al no figurar el jefe de la ONPE entre los altos funcionarios del artículo 99 de la Constitución.
«El deber de cuidado que ha debido tener este funcionario ha debido ser mayor, no estamos hablando de un tema doméstico sino de trascendencia nacional e internacional», sostuvo el penalista, señalando además negligencia grave en la vigilancia contractual.
Como salida viable ante la crisis, Pérez Arroyo considera que la Secretaría General de la ONPE podría asumir excepcionalmente la conducción institucional, garantizando continuidad operativa de cara a la segunda vuelta electoral que se avecina inevitablemente.
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CASI SE LO TOMA | El congresista por Arequipa, Esdras Medina, denunció al ministro de Vivienda por la poca empatía que tendría con la población, debido a la escasa importancia que le ha dado al caso del valle de Tambo, en Islay, donde los ciudadanos estarían bebiendo agua contaminada desde hace años, siendo los niños los más afectados.
Afirmó que, para demostrar la gravedad de la situación, llevó a su oficina una muestra del agua; sin embargo, el ministro pensó que era un refresco de maracuyá y casi se lo bebe. “En cambio, usted muy bien toma agua en su casa, libre de contaminación”, cuestionó.
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El candidato Rafael López
Aliaga fue desplazada al tercer lugar conforme se fueron contabilizando actas provenientes de distritos rurales del interior del Perú
De acuerdo al conteo oficial de la Oficina de Procesos Electoral (ONPE), el conteo de actas al 93.484 % le da a Keiko Fujimori el 17.056% , en segundo lugar, a Roberto Sánchez un 12.006%.
Rafael López Aliaga quedó relegado al tercer lugar con un 11.921%. La diferencia se amplió a cerca de 14 mil votos.
El desagregado es el siguiente:
KEIKO SOFIA FUJIMORI HIGUCHI Cantidad de votos: 2’687,661 Votos válidos: 17.056%
RAFAEL BERNARDO LÓPEZ ALIAGA CAZORLA Cantidad de votos: 1’878,522 Votos válidos: 11.921%
JORGE NIETO MONTESINOS Cantidad de votos: 1’743,360 Votos válidos: 11.063%
RICARDO PABLO BELMONT CASSINELLI Cantidad de votos: 1’602,051 Votos válidos: 10.167%
CARLOS GONSALO ALVAREZ LOAYZA Cantidad de votos: 1’242,464 Votos válidos: 7.885%
PABLO ALFONSO LOPEZ CHAU NAVA Cantidad de votos: 1’157,955 Votos válidos: 7.348%
El total de actas es de 92,766. De ellas, en la ONPE hay al momento:
Contabilizadas (86,721)
Para envío al JEE (5,765)
Pendientes (280)
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Las primeras movidas de Renovación Popular tras las elecciones del domingo 12 no han salido como esperaba. Sus intentos por impugnar mesas de votación en Cajamarca ya empezaron a ser rechazados, para empezar, por no pagar las tasas exigidas para el trámite. A esto se suma que el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 rechazó otro pedido para anular las mesas de sufragio que se instalaron después del mediodía.
Con esto, los medievales querían que se vuelva a llamar al sufragio en esas mesas, bajo el argumento de que el retraso en la instalación hizo que votantes optaran por no sufragar. Sin embargo, el JEE desestimó el reclamo porque el partido de Rafael López Aliaga no indicó de que mesas se trataba.
Con tantos resultados desfavorables, desde el partido celeste han convocado una marcha este domingo 19 para denunciar el supuesto fraude electoral.
El ‘chow’ fraudista de Porky tiene para rato.
JNE confirma 85 pedidos de nulidad, entre parciales y totales, pero llama a la calma: Renovación Popular no lo tolera
Lo del 12 de abril no fue un simple tropiezo: fue un proceso electoral con fallas evidentes que dejó a miles de peruanos en incertidumbre. Y con ese escenario a cuestas, el presidente del JNE, Roberto Burneo, llegó al Congreso a dar explicaciones… o al menos a intentarlo.
Durante su intervención, Burneo optó por un libreto ya conocido durante la semana: el JNE alertó, pero la ONPE debía garantizar. En otras palabras, las advertencias estuvieron, pero la ejecución quedó en manos de otros. Aseguró que, apenas se detectaron las irregularidades, se actuó con rapidez y se iniciaron investigaciones, calificando lo sucedido como “errores involuntarios”. Una frase que, a estas alturas, suena más a salvavidas que a explicación.
Pero en el Congreso no estaban para pasarlo por agua tibia. Varios otorongos lo encararon directamente, señalando que no basta con repartir responsabilidades cuando el sistema falló en un momento clave. Aun así, no faltó quien intentó poner paños fríos y recordar que los reclamos deben seguir el conducto regular, como si el país estuviera en modo trámite y no en plena crisis de confianza, como Fuerza Popular.
En ese contexto, Burneo tuvo que confirmar que ya son 85 los pedidos de nulidad presentados, entre parciales y totales, y garantizó que todos serán evaluados. Lo que no pudo precisar es cuándo habrá respuestas.
Esto encendió aún más a Renovación Popular. Patricia Chirinos, participando de manera virtual, para suerte de Burneo, insistió a viva voz en la tesis de fraude electoral total, exigiendo la nulidad de actas y nuevas elecciones.
Burneo optó por la estrategia del zen institucional: no enganchar, responder en general y dejar que la tormenta haga su ruido lo que hizo rabiar a mas de uno.
Poder Judicial rechazó intento de Betssy Chávez de viajar a México
El Poder Judicial le dijo «gracias, pero no» al habeas corpus para forzar al Ejecutivo a entregarle un salvoconducto exprés a Betssy Chávez que le permita volar a México como asilada política. El juez Iván Cabrera, con la elegancia de quien rechaza una invitación incómoda, declaró improcedente el recurso, desestimando también las peticiones de blindaje total para la embajada mexicana, como si fuera un fuerte inexpugnable, ante cualquier intento de ingreso o allanamiento.
Todo esto nació porque el entonces presidente José Jerí amenazó con mandar a la Policía a la sede diplomática para cumplir una orden de prisión preventiva contra la exministra, una declaración que, según la demanda, era una amenaza real, cierta e inminente… aunque al final la única certeza fue la negativa judicial.
Así que mientras en el exterior, candidatos luchan el voto a voto para una segunda vuelta, Betssy seguirá de espectadora desde la embajada, ajena a la coyuntura del país.
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Periodista y editora audiovisual. Culminó sus estudios en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y se ha especializado en periodismo digital gracias a la formación de Google Adsense, Google News Initiative y la Fundación Gabo.
El concierto de la banda chilena Candelabro en Lima se convirtió en un espacio de expresión y protesta, donde jóvenes arengaron contra Keiko Fujimori mientras sostenían carteles con su imagen y la de su padre, Alberto Fujimori.
Esta manifestación de rechazo se produce en medio de la coyuntura electoral, tras la confirmación de su pase a la segunda vuelta.
Editora audiovisual. Ha trabajado como productora, locutora y redactora digital en medios de comunicación. Realizó su formación profesional en la Universidad Nacional de San Agustín. Sus áreas de interés incluyen la cultura y la promoción de los derechos humanos.
Autoridades advierten que la sostenibilidad dependerá del trabajo conjunto, tras una crisis reciente que afectó a la población y generó acumulación de residuos.
La Municipalidad Provincial de Huánuco informó que subsanó las observaciones del OEFA en el relleno sanitario de Chilepampa tras riesgos detectados por manejo de lixiviados. El alcalde anunció que el Ministerio del Ambiente participará en la entrega formal del relleno, mientras continúan acciones como el recirculado para evitar impactos ambientales.
La operación del relleno enfrenta presión por el alto volumen de residuos y lluvias intensas, lo que exige medidas permanentes y coordinación entre distritos involucrados. Autoridades advierten que la sostenibilidad dependerá del trabajo conjunto, tras una crisis reciente que afectó a la población y generó acumulación de residuos.
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