Escritora y docente, reflexiona sobre la enseñanza de la música en un mundo de cambios frenéticos.
Zoila Vega Salvatierra, escritora y docente, reflexiona sobre la enseñanza de la música en un mundo de cambios frenéticos. «Las universidades deben actualizarse en tecnología y contenidos, es urgente», dice. Escúchala en #ElRegreso https://open.spotify.com/episode/2cbytK7ukShjR2tTrZxVDK
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CANAL WHATSAPP GOOGLE NEWSLa institución administra más de 350 inmuebles y genera hasta 14 millones de soles anuales en rentas y servicios.
La Sociedad de Beneficencia de Arequipa (SBA) administra actualmente más de 300 inmuebles y sostiene su funcionamiento mediante los alquileres de estas propiedades, el cementerio y museo La Apacheta, las zonas azules y pequeños talleres productivos. De acuerdo con su gerente, Augusto Arce, la entidad recauda alrededor de 13 a 14 millones de soles anuales, cifra que permite mantener los albergues, comedores y programas sociales dirigidos a más de 350 beneficiarios, entre niños, adultos mayores y personas con enfermedades mentales.
Las rentas de los inmuebles han mostrado un incremento significativo: de un promedio de S/230 000 mensuales en 2024 pasaron a S/480 000 en 2025, impulsadas por procesos de desalojo y recuperación de propiedades. La Beneficencia también mantiene una sentencia judicial favorable por más de S/800 000 frente a la red de salud Arequipa-Caylloma, deuda que, con intereses, asciende a cerca de S/2 millones. A ello se suman los ingresos del cementerio La Apacheta, que genera unos S/450 000 mensuales con la venta de nichos y mausoleos, además de las zonas azules, que aportan más de S/100 000 al mes.
Aunque la institución mantiene finanzas positivas, Arce precisó que solo se sustenta la manutención de los programas, pero no mejoras ni ampliaciones. Tampoco recibe apoyo económico de autoridades, por lo que sus operaciones dependen únicamente de los programas productivos. Con la estabilidad contable alcanzada, la SBA planea relanzar la Lotería de Arequipa, desaparecida hace más de dos décadas, con la meta de ampliar sus ingresos y financiar nuevos proyectos sociales.
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Uno de los principales inmuebles en disputa es el Hotel Presidente, ubicado en el centro histórico, cuya gestión se encuentra judicializada desde 2020, tras una serie de irregularidades en procesos de licitación y desmantelamiento. Mientras no exista una resolución judicial definitiva, Arce indicó que la Beneficencia no podrá atraer inversión ni ejecutar obras de remodelación.
La SBA busca reactivar la Lotería de Arequipa en 2026. El plan contempla la creación de un directorio propio que supervise y transparente la gestión de los fondos, garantizando que las utilidades se destinen a los hogares y comedores administrados por la entidad. Con ello, la Beneficencia apunta a recuperar un proyecto tradicional que en el pasado financió obras sociales en la región.
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Egresado de la Escuela de Periodismo de la Universidad Nacional de San Agustín, le interesa la literatura, la fotografía y la crónica periodística
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CANAL WHATSAPP GOOGLE NEWSEl ministro boliviano de Medio Ambiente y Agua, Álvaro Ruiz, afirmó que los incendios en esta área protegida se deben a la presencia de estas actividades ilegales.
Por: Iván Paredes Tamayo, fuente: Mongabay Latam. El Parque Nacional Noel Kempff Mercado, ubicado en el departamento de Santa Cruz, es el área protegida de Bolivia más afectada por los incendios. En esta reserva, 15 000 hectáreas ya fueron arrasadas por las quemas. Desde el Gobierno boliviano aseguran que son provocadas por el narcotráfico y la minería ilegal. Fuentes policiales afirmaron, además, que la droga que se produce en esta área protegida sale a Brasil por su cercanía.
Ante la consulta de Mongabay Latam, el ministro de Medio Ambiente y Agua de Bolivia, Álvaro Ruiz, confirmó la presencia delictiva en el Noel Kempff Mercado. “Las actividades ilegales pueden ser las principales responsables” de los incendios, sostuvo, y añadió que las sospechas recaen en la minería ilegal y el narcotráfico.
Ruiz explicó que en varias ocasiones bomberos forestales y militares sofocaron los incendios en el parque Noel Kempff Mercado, uno de los más extensos de Bolivia, pero que en otros puntos se activan nuevos focos.
Una fuente policial explicó a Mongabay Latam que la presencia de narcotraficantes en el área protegida data de hace más de 40 años y que en un inicio se encontraron plantaciones de hoja de coca, pero luego de varios operativos, se destruyeron laboratorios especializados para fabricar clorhidrato de cocaína. “Esa cocaína refinada se va directamente a Brasil, por la cercanía que hay con el parque Noel Kempff Mercado”, dijo la fuente, que pidió reserva de identidad.
El Parque Nacional Noel Kempff Mercado tiene una extensión de 1 523 446 hectáreas recostadas sobre el oriente de Bolivia, al norte del departamento de Santa Cruz y en la frontera con Brasil. La UNESCO declaró a esta reserva como Patrimonio Natural de la Humanidad en el año 2000. Aun así, esta área protegida viene siendo avasallada por actividades delictivas.
Fue creada en 1979 con el nombre de Huanchaca y con algo menos de la mitad de su tamaño actual. La reserva conoció tres diferentes etapas en su evolución. La inicial, hasta 1986, podría calificarse de inactiva. El parque existía sobre el papel, pero sin presencia física de controles o guardas ni una gestión concreta en cuanto a investigación científica ni cualquier otro tipo de aprovechamiento. La soledad del lugar facilitó su colonización por el creciente narcotráfico que se movía por la región. Dentro del parque comenzaron a funcionar laboratorios de producción de cocaína, se construyeron pistas clandestinas de aterrizaje y el negocio de la droga se hizo dueño de la zona.
El escenario se tornó violento, y fue así cuando el 5 de septiembre de 1986, en la meseta de Caparú, una de las más altas del parque, fue asesinado por narcotraficantes Noel Kempff Mercado, el naturalista más reconocido del país, quien acompañaba a una misión de investigadores españoles.
La noticia de la tragedia sacudió a la sociedad y motivó un cambio de actitud hacia el parque. Fue creado el Centro Regional de Conservación de la Naturaleza con la tarea de planificar y gestionar el área, que un par de años más tarde cambiaría de nombre para homenajear al científico fallecido. Allí comenzó un lento proceso de organización que se consolidaría a partir de 1993, cuando dos organizaciones, la local Fundación de Amigos de la Naturaleza (FAN) y la estadounidense The Nature Conservancy (TNC), diseñaron y presentaron un proyecto para la gestión global del área. Ahí comenzaba la época dorada.
En esa misma meseta de Caparú, donde a Noel Kempff Mercado lo sorprendió la muerte, existe una hermosa cascada de agua de 88 metros de altura. Otra de sus maravillas es el río Paucerna, donde se denuncia que hay minería ilegal.
Hace tres meses, la fuerza antidrogas de Bolivia y el Ministerio Público hallaron y destruyeron dos «megalaboratorios» para procesar cocaína en el parque nacional. Estas factorías tenían una capacidad aproximada para producir media tonelada diaria de cocaína de alta pureza. Según la investigación, en uno de estos laboratorios se producía alrededor de 500 kilos de cocaína por día, ya que contaba con ambientes y equipos para la cristalización y purificación de la droga y se identificó que allí operaban «ciudadanos colombianos y brasileños».
El segundo laboratorio se encontraba en proceso de instalación, pues, aunque también tenía ambientes y equipos, aún no estaba operando por falta de instalaciones de luz y agua, según la fiscalía boliviana.
«Nosotros no vamos al parque porque están los narcos en el lugar donde se encuentran nuestras parcelas, ellos están justo donde tenemos que ir”, explicaron a Mongabay Latam investigadores del Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado (MHNNKM), que pidieron resguardar sus nombres por su seguridad.
Estas personas explicaron que esas parcelas para monitoreo se asignaron y visitaron desde 1993. Y que a partir de entonces se incorporaron a una red de inventarios forestales en 2001. “Es una red de más de 200 investigadores de toda la Amazonía. Se publica cantidad de artículos, cada dos años esas parcelas deben medirse para ver la dinámica de cuántos individuos crecieron, murieron, etcétera”, dijo la fuente.
“Cada vez que nos dicen que entremos desde el SERNAP (Servicio Nacional de Áreas Protegidas), a la semana aparece alguna noticia de narcotráfico. No es chiste, son vidas en peligro”, dijeron. Y remarcaron que hay fondos económicos de ingleses y alemanes para esto, pero que desde 2018, aproximadamente, no pudieron retornar, según otro funcionario del MHNNKM.
Según expertos, los narcotraficantes incendian los terrenos del área protegida para abrir caminos, instalar sembradíos de hoja de coca y hasta para construir pistas clandestinas.
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Joao Paulo Berté, delegado policial en la localidad Vila Bela, frontera entre Brasil y Bolivia, afirmó que tienen registro de al menos cinco encuentros armados de narcos en los operativos de la Gefron (policía de frontera). Ocurrieron en los últimos dos años y medio en el límite con el parque Noel Kempff Mercado.
“Hemos logrado identificar colombianos trabajando en las fronteras, son los mejores en la química de la coca. Los traficantes que son de Bolivia contrataron a esos colombianos. Se les ha detectado en Vila Bela haciendo compras. Y tenemos información confirmada de que también fueron detectados en San Ignacio de Velasco”, municipio de Bolivia, dijo Berté.
Sobre los actores bolivianos en frontera, el funcionario brasileño dijo que se trata especialmente de familias que trabajan con el transporte. Y que dominan esta parte del negocio. Berté explicó que es precisamente por esta falta de control del transporte que el Primer Comando Capital (PCC) hace el “esfuerzo” de pasar las drogas por Paraguay, territorio que sí controla.
Para Berté, el narcotráfico se intensificó con toda certeza desde la pandemia. Auguró que, en cinco años, la frontera de Bolivia y Brasil tendrá un “crecimiento en violencia”. Pues antes existían entre tres y cuatro familias disputando el negocio del transporte de la cocaína, pero actualmente serían alrededor de 15 clanes.
“Empiezan a disputar territorios, compradores, a denunciarse entre ellos”, dijo. Sobre su certeza de que el PCC opera en Brasil y Bolivia, explicó que se puede identificar a esta mafia por su forma de ataque.
Según la policía antidroga boliviana, los comunarios están involucrados en el narcotráfico por la zona del parque Noel Kempff Mercado y la TCO Bajo Paraguá. Sobre todo en las comunidades de Florida y Porvenir, donde tienen más vegetación para esconderse.
En la investigación hay pistas sobre colombianos que lavan dinero de la cocaína en municipios bolivianos de Concepción, San Ignacio, San Miguel y San Rafael. “En todos lados están los prestamistas, colombianos en moto, que son informantes, saben de los movimientos. Esto es una empresa organizada. Hay narcos con almacenes, compran tierras, tienen estancias por todos lados, alquilan maquinaria a otros agricultores, así legalizan la plata del narco. Hoy esos narcotraficantes son sojeros, ganaderos, y los más grandes son los brasileños”, apuntó la fuente policial.
Mongabay Latam consultó al Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas sobre las acciones que realiza en el parque Noel Kempff Mercado. Esta entidad afirmó que se realizan “operativos permanentes” en la reserva. Y que incluso instalaron el año pasado una base móvil que puede albergar hasta 32 uniformados de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN).
Según esta entidad, se realizó una inversión de 3.3 millones de bolivianos (más de 474.000 dólares) para instalar esa base móvil. Se encuentra en la región donde Noel Kempff Mercado acabó asesinado por narcotraficantes.
Imagen principal: la base móvil que se instaló en el parque Noel Kempff Mercado. Foto: cortesía ABI
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CANAL WHATSAPP GOOGLE NEWSEl jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Gaspar Morán, alertó sobre un cambio demográfico profundo en el Perú, marcado por una caída en la tasa de fecundidad y un aumento de la población adulta mayor. Hace 60 años, cada mujer peruana tenía en promedio 6,6 hijos; hoy la cifra es de 1,8 […]
El jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Gaspar Morán, alertó sobre un cambio demográfico profundo en el Perú, marcado por una caída en la tasa de fecundidad y un aumento de la población adulta mayor. Hace 60 años, cada mujer peruana tenía en promedio 6,6 hijos; hoy la cifra es de 1,8 hijos por mujer y se espera que siga disminuyendo.
Morán explicó que esta transformación afectará la disponibilidad de mano de obra y exigirá ajustes en la planificación de políticas públicas.
“Si ahora quisiéramos que nuestros hijos estudien medicina, le recomendaría gerontólogos, porque habrá más adultos mayores que niños”, indicó. Según proyecciones, para 2036-2037, la población de menores de cinco años será equivalente al número de adultos mayores.
El jefe del INEI subrayó la relevancia de la estadística para anticipar cambios y tomar decisiones informadas. Señaló que los datos permiten prever situaciones cotidianas, como riesgos de salud o condiciones climáticas, y destacó que el país cuenta con 1,5 millones de funcionarios públicos trabajando por el bienestar de 34 millones de habitantes.
Además, Morán anunció próximos proyectos estadísticos, incluyendo una encuesta de victimización y un censo penitenciario, con el objetivo de generar información de base confiable para enfrentar los desafíos del futuro.
“Tenemos que atacar la raíz de los problemas con datos precisos”, enfatizó, destacando que la planificación basada en estadísticas es esencial para el desarrollo del Perú.
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CANAL WHATSAPP GOOGLE NEWSEse circuito de favores, advierte, coloca en el poder a personas cuya prioridad es recuperar la inversión realizada
AGENDA REGIONAL | Para Harvey Colchado, exjefe de la Diviac, la corrupción es el “hilo conductor” que explica el deterioro institucional en el Perú. Señala que el país arrastra expresidentes encarcelados o investigados, además de fiscales y oficiales que habrían pagado por sus cargos o ascensos.
Ese circuito de favores, advierte, coloca en el poder a personas cuya prioridad es recuperar la inversión realizada o responder compromisos políticos, antes que servir al país.
Mira la entrevista completa en https://www.youtube.com/watch?v=ZJ76lcnvse0&t=166s
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CANAL WHATSAPP GOOGLE NEWSLa Contraloría General de la República acaba de revelar un esquema de presunta corrupción institucionalizada en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, con un perjuicio de S/ 3,418,686.40. Siete contratos de emergencia del Fenómeno El Niño 2023-2024 se pagaron a empresas improvisada que no cumplían requisitos, dejando «obras de fachadas» que a la […]
La Contraloría General de la República acaba de revelar un esquema de presunta corrupción institucionalizada en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, con un perjuicio de S/ 3,418,686.40. Siete contratos de emergencia del Fenómeno El Niño 2023-2024 se pagaron a empresas improvisada que no cumplían requisitos, dejando «obras de fachadas» que a la fecha ya no sirven. Se trata de trabajos de mantenimiento de techos en diversos locales de la UNICA.
El fraude se originó mediante la contratación directa DIRECTA-PROC-2-2023-UNICA-1, supuestamente para obras urgentes de emergencia. La Contraloría determinó que esta urgencia fue fabricada, incluyendo infraestructura de zonas seguras, como la Facultad de Agronomía en Subtanjalla, no declarada en «grave peligro inminente» según decreto de emergencia de El Niño.
Los informes legal y técnico que avalaron la contratación ilegal fueron firmados por Rudecindo Jesús Gutiérrez Valdez (Asesoría Jurídica) y Juan José Ramírez Rodríguez (Abastecimiento). Ambos funcionarios permitieron adjudicaciones sin concurso y sin justificar la necesidad de fondos de emergencia, facilitando que el dinero público fuera desviado.
Entre el 22 de diciembre de 2023 y el 8 de enero de 2024 se adjudicaron los contratos a cuatro postores sin capacidad técnica, sumando S/ 3,418,686.40. Entre ellos están GPRADA S.A.C., INVEEL A&D Universal SAC, Servicios de Calidad Reyes EIRL y Consorcio Noel, quienes realizaron trabajos considerados «obras de fachadas» en varias sedes universitarias, incluyendo la Ciudad Universitaria 2 y el Comedor Universitario.
Lo más increíble que la empresa INVERSIONES.LANDER.EIRL, responsable de supervisar la mayoría de los contratos, dio conformidad a informes finales a pesar de las fallas graves, evidenciando filtraciones, humedad, empozamientos y deterioro prematuro en techos y paredes. La Contraloría verificó que la infraestructura quedó totalmente vulnerable.
De las obras ya no queda casi nada, cuando deberían seguir siendo útiles por varios años. En la Ciudad Universitaria encontraron cableados expuestos y aguas estancadas, y en el Comedor Universitario proliferaron hongos. En la Facultad de Ingeniería Mecánica, las filtraciones afectaron incluso pizarras interactivas y laboratorios.
Los contratos incluyeron obras en Facultad de Derecho, Ingeniería Química, Odontología, Contabilidad y Agronomía, todas con fallas graves. La sede de Subtanjalla sufrió inundaciones en aulas y oficinas por un desnivel del piso. Estas obras carecían de planificación técnica y supervisión profesional. Prácticamente habrían simulado hacer obras para cobrar dinero.
La auditoría establece que esta situación no fue un error administrativo, sino una acción deliberada con responsabilidad máxima. Se imputan penal y civilmente a Christian Erik Valenzuela Vásquez (OEC) y Alejandro Sulpicio Escate Hernández (Infraestructura y Mantenimiento) por convalidar empresas sin idoneidad y autorizar el desembolso de los S/ 3.4 millones.
El Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 12263-2025-CG/GRIC-AC cubre el periodo del 5 de setiembre de 2023 al 17 de junio de 2024 y documenta la evidencia física y legal de las fallas. La Contraloría ha ordenado el inicio de acciones legales contra los funcionarios y la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción.
Este caso expone un desfalco sistemático en la UNICA, donde la manipulación de normas de emergencia y la adjudicación a dedo permitieron que 3,4 millones de soles fueran pagados por servicios ineficientes y peligrosos, dejando la infraestructura universitaria en riesgo y afectando gravemente la seguridad de estudiantes y personal académico.
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CANAL WHATSAPP GOOGLE NEWSUn operativo terrestre de la Dirección Nacional Antidrogas (DIRANDRO) permitió la incautación de 305 kilogramos de marihuana en el distrito de Ocros, provincia de Huamanga, región Ayacucho. La intervención estuvo a cargo de la División de Maniobra Contra el Tráfico Ilícito de Drogas VRAEM – Palmapampa. El despliegue policial reunió a 19 agentes de distintas […]
Un operativo terrestre de la Dirección Nacional Antidrogas (DIRANDRO) permitió la incautación de 305 kilogramos de marihuana en el distrito de Ocros, provincia de Huamanga, región Ayacucho. La intervención estuvo a cargo de la División de Maniobra Contra el Tráfico Ilícito de Drogas VRAEM – Palmapampa.
El despliegue policial reunió a 19 agentes de distintas unidades especializadas: DEPOTAD Huanta, DAD Machente, DAD Chungui y el Equipo de Inteligencia de la División de Maniobra VRAEM. Las diligencias se realizaron con la participación del Fiscal Adjunto Provincial Carlos Vizcarra Alpaca, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas – sede San Francisco.
De acuerdo con información de inteligencia, un grupo de traficantes, aún en proceso de identificación y liderado por un sujeto conocido como “Fredy”, transportaba la droga por una trocha de difícil acceso, portando armas de fuego.
Tras movilizarse hacia la zona señalada, los efectivos se ocultaron estratégicamente en el terreno hasta detectar diez costales de polietileno (cuatro amarillos, tres azules, dos verdes y uno anaranjado) abandonados al borde del camino.
Durante la inspección, los agentes encontraron paquetes rectangulares tipo ladrillo. Al aplicar la prueba de campo con reactivo N.º 8, los resultados mostraron una coloración rojiza, confirmando de manera presuntiva la presencia de marihuana.
El material incautado fue lacrado y trasladado bajo estrictas medidas de seguridad al Departamento de Operaciones Antidrogas (DEPOTAD) Huanta, donde se realizaron las diligencias de pesaje y descarte en presencia del fiscal antidrogas. El resultado final arrojó un peso total de 305 kilogramos de Cannabis Sativa.
Las primeras indagaciones indican que el cargamento tendría como destino el país de Chile, donde sería comercializado por organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas.
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CANAL WHATSAPP GOOGLE NEWSEl tribunal condenó a 12 años de prisión a tres oficiales del Ejército en retiro que afectaron a estudiantes y docentes de la Universidad nacional del Centro del Perú
El juicio por los crímenes cometidos en el Caso Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), en Junin, llegó a su fin este viernes con la lectura de sentencia emitida por el Colegiado B de la Sala Penal Nacional.
El tribunal condenó a 12 años de prisión a tres oficiales del Ejército en retiro: Luis Manuel Delgado de la Paz (81), miembro del Estado Mayor de la 31ª División de Infantería del Ejército de Huancayo en 1992, Danilo González Campana (79), integrantes de la Sección de Inteligencia en 199 y Manuel Juan Dill’erva Chávez (79), miembro del Estado Mayor en 1991.
Los jueces los hallaron responsables de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 1989 y 1993 contra estudiantes, docentes y trabajadores de la universidad en Huancayo (UNCP).
Aunque el Ministerio Público había solicitado 25 años de cárcel, el tribunal evaluó la duración del juicio de más de 20 años, entre otros criterios, para determinar una prisión de 12 años que se hará efectiva luego de que se confirme por la Corte Suprema.
Los magistrados rechazaron e inaplicaron las leyes de amnistía y prescripción de delitos de lesa humanidad aprobadas por el Congreso y promulgadas por la expresidenta Dina Boluarte. Las consideraron contrarias a los tratados internacionales suscritos por el Perú y a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La sala acogió el argumento del fiscal Telmo Michel Morales Cruzado, quien sostuvo que los hechos constituyen crímenes de lesa humanidad. Que se cometieron bajo un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado interno.
En el proceso figuran como acusados ocho altos mandos de la 31ª División de Infantería del Ejército. El tribunal absolvió a Boris Adolfo Rojas Esquivel, declaró inimputable al general Elías Espinoza del Valle por incapacidad física y mental y reservó el proceso para Manuel Delgado Rojas y Luis Pérez Documet, quienes permanecen no habidos. Los tres condenados fueron hallados responsables de casos específicos de víctimas como Carrasco Huiza, Aliaga Quinto, Vilches Gutarra, Tocas Villanueva y Cori Tenicela, entre otros.
El fallo ordena una reparación civil solidaria con el Ministerio de Defensa, declarado tercero civil responsable. Esta asciende a S/150 mil por cada víctima de homicidio y desaparición forzada, y S/75 mil por secuestro agravado. Aunque la pena se ejecutará una vez confirmada por la Corte Suprema, los sentenciados deberán firmar mensualmente ante el juzgado, debido a su avanzada edad.
El abogado de las víctimas, deudos de los estudiantes de la UNCP, Carlos Rivera Paz, destacó que el tribunal dejó de lado las normas que afectan los derechos humanos.
“El tribunal inaplicó las normas de impunidad, reconoció los crímenes de lesa humanidad y condenó a los responsables. Es una sentencia histórica”, señaló Rivera.
Sentencia Caso Universidad Del Centro del Perú by Huanca York Times
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CANAL WHATSAPP GOOGLE NEWSEl Hospital Regional Manuel Núñez Butrón de Puno enfrenta un déficit crítico de médicos especialistas que pone en riesgo la atención de miles de pacientes, su director Jean Paul Valencia Reynoso informó que pese a necesitar 300 profesionales solo cuentan con 90 en ejercicio activo actualmente. El director explicó que el hospital intenta sostener los […]
El Hospital Regional Manuel Núñez Butrón de Puno enfrenta un déficit crítico de médicos especialistas que pone en riesgo la atención de miles de pacientes, su director Jean Paul Valencia Reynoso informó que pese a necesitar 300 profesionales solo cuentan con 90 en ejercicio activo actualmente.
El director explicó que el hospital intenta sostener los servicios con horas complementarias y contratos por locación, además precisó que han utilizado saldos presupuestales para convocar a diez nuevos especialistas antes del 31 de diciembre, buscando aliviar de forma temporal la sobrecarga asistencial existente.
Valencia Reynoso comentó que algunos grupos de especialistas trabajan de manera intermitente debido a la disponibilidad presupuestal, afirmó que buscan garantizar el pago completo de honorarios a cada profesional y recordó que en años anteriores hubo incumplimientos que derivaron en demandas laborales y penalidades para el hospital.
El funcionario reconoció que la carencia de especialistas está ligada tanto a la falta de plazas como a los límites presupuestales, detalló que este problema se arrastra desde hace mucho tiempo sin lograr una expansión sostenida en el número de médicos y que los intentos por regularizar la situación no han sido exitosos.
Indicó que el expediente para ampliar sesenta plazas recorrió el Ministerio de Salud y retornó con observaciones después de tres meses, aseguró que están corrigiendo los requisitos para insistir con el trámite y destacó que los procesos son lentos y burocráticos, retrasando la llegada de personal altamente calificado.
La falta de 210 especialistas impacta directamente en la atención hospitalaria, Valencia señaló que las estrategias actuales solo atenúan una situación estructural y que los 90 médicos disponibles no logran cubrir las necesidades de especialidades complejas como cirugía, traumatología o pediatría que requieren atención permanente.
El director sostuvo que la reciente convocatoria representa un avance mínimo frente al déficit total y que dependen de las transferencias del gobierno regional para financiar nuevos contratos, mencionó que seguirán insistiendo ante el Ministerio de Salud para obtener las autorizaciones que permitan reforzar el plantel médico del hospital puneño.
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CANAL WHATSAPP GOOGLE NEWSAdemás de La Libertad y Lima, qué otras regiones se quedaron sin algunas de las autoridades que eligieron. ¿Qué sigue ahora?
De acuerdo con el reporte final de los expedientes administrativos y jurisdiccionales referentes a la presentación de renuncias de autoridades, el Jurado nacional de Elecciones (JNE) informó que siete autoridades, entre gobernadores, vicegobernadores y alcaldes, presentaron su dimisión para participar en las Elecciones Generales (EG 2026), del 12 de abril del próximo año.
Como se recuerda, si deseaban ser candidatos en las elecciones generales y de acuerdo con el cronograma electoral para el 2026, los funcionarios debían presentar sus renunciar hasta el 13 de octubre último como fecha límite, y hasta el 20 de octubre para comunicarlas al máximo organismo electoral.
Como ya se había informado entre los gobernadores renunciantes está César Acuña Peralta, quien era gobernador regional de La Libertad, quien por segunda vez deja el cargo para tentar la presidencia, pese a que prometió a sus electores que no lo haría. El líder de Alianza Para el Progreso, fue excluido del proceso electoral en el 2016 porque entregó dádivas, y en 2021 su candidatura no logró superar la primera vuelta.
Otra autoridad regional que deja el cargo es Luis Alberto Trigoso Palao, vicegobernador de Moquegua, quien presentó su renuncia irrevocable a fin de postular como candidato al Congreso de la República en las elecciones generales convocadas para abril de 2026. Es militante del partido Somos Perú.
Respecto al ámbito municipal, como se informó también el ahora exalcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Rafael López Aliaga Cazorla, líder del partido Renovación Popular, también renunció pese a que el 9 de octubre del 2022, cuando ya era el virtual burgomaestre en una entrevista empeñó su palabra y aseguró que no volvería a postular a la presidencia en 2026, luego de su derrota en primera vuelta del año 2021.
Otros alcaldes que renunciaron son de distritos como Ascario Wilman Ponce Velásquez de Cusca, provincia de Corongo, región Ancash; César Manuel Vidaurre Floridas del distrito de Belén, provincia de Maynas, Loreto; Roly Nicodemus Salazar Espinoza del distrito de Huertas, provincia de Jauja, Junín y Timoteo Huayra Huamán del distrito de Huachocolpa, provincia y región Huancavelica.
De otro lado, el JNE está advirtiendo que el viernes 31 de octubre se cumple la fecha límite para que los candidatos queden inscritos ante los órganos electorales partidarios a fin de que puedan para participar en las elecciones primarias, según el cronograma del proceso electoral.
“Las elecciones primarias se llevarán a cabo el próximo 30 de noviembre, de acuerdo con la modalidad indicada en la respectiva normativa interna de cada organización política: ese día los afiliados eligen candidatos o eligen delegados; y el 7 de diciembre los delegados eligen a los candidatos”, dice el ente rector de las elecciones.
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Periodista. Estudió en la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. Trabaja en El Búho desde el 2020 y antes en medios escritos y radio.
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CANAL WHATSAPP GOOGLE NEWSEl Poder Judicial del Perú reconoció la inocencia total de diez comuneros y comuneras de Urinsaya que fueron absueltos, culminando exitosamente un proceso contra la minera Las Bambas que duró cinco angustiosos años. La importante decisión del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial A de Cusco sienta un precedente crucial contra la estigmatización que enfrentan los defensores […]
El Poder Judicial del Perú reconoció la inocencia total de diez comuneros y comuneras de Urinsaya que fueron absueltos, culminando exitosamente un proceso contra la minera Las Bambas que duró cinco angustiosos años. La importante decisión del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial A de Cusco sienta un precedente crucial contra la estigmatización que enfrentan los defensores ambientales en Perú. Este fallo judicial también combate la criminalización de aquellas personas que legítimamente protegen sus territorios de la severa contaminación causada por grandes empresas mineras.
El Juzgado absolvió a ocho hombres y dos mujeres de la comunidad de Urinsaya, localizada en Espinar, quienes fueron acusados injustamente de un supuesto secuestro. La acusación se originó después de la participación de los comuneros en una protesta pacífica efectuada el treinta de enero del año dos mil veinte, manifestando su rechazo directo. Dicha protesta se realizó contra la visible contaminación generada por los cientos de camiones de la minera Las Bambas, los cuales atraviesan diariamente el territorio comunal.
El Juzgado, presidido por el magistrado Miguel Ángel Castelo Andia, emitió el 23 de octubre de 2025 la sentencia que confirmó la completa falta de pruebas sólidas presentadas por la Fiscalía de Espinar. El magistrado afirmó claramente durante la audiencia que no puede considerar probado un hecho por meras especulaciones, pues todo debe estar debidamente acreditado.
Además, el Juzgado enfatizó que tres de los acusados ni siquiera se encontraban presentes en el lugar donde ocurrieron los hechos durante la manifestación de la comunidad. El juez también señaló que no existe ninguna constancia de un supuesto acto violento llevado a cabo por parte de los diez acusados durante la protesta ambiental. La persona que supuestamente hizo la denuncia de secuestro durante el juicio oral negó rotundamente haber presentado dicha acusación y no reconoció su firma en el acta policial.
El hecho sugiere directamente que la grave acusación pudo haber sido fabricada intencionalmente con el propósito de silenciar a los diez defensores ambientales. Roger Choqueccota Qquehue, uno de los comuneros absueltos, manifestó una profunda satisfacción frente a la sentencia del Juzgado. El comunero declaró que, después de cinco largos años de angustia sufrida por sus familias y la comunidad, la justicia finalmente reconoce la inocencia completa de todos los acusados.
El señor Choqueccota Qquehue describió la sentencia como un triunfo trascendental para toda la comunidad de Urinsaya que luchaba por la justicia ambiental. Katherine Páucar, abogada de la organización EarthRights International (ERI), quien representó legalmente a tres de las personas acusadas, celebró el fallo. La abogada Páucar señaló que la sentencia, emitida con profunda justicia, reconoce la criminalización que sufren las personas que defienden firmemente el ambiente.
Además, reconoció la lucha de las comunidades frente a los diversos abusos cometidos por las empresas mineras operando en el Perú. Esta importante decisión judicial representa un avance significativo y sienta un precedente legal clave hacia el total respeto y la plena garantía del derecho a la protesta pacífica.
La abogada Katherine Páucar hizo un urgente llamado a la Fiscalía de Espinar para que se abstenga de apelar esta decisión judicial completamente justa. Ello pondría fin definitivamente al daño provocado por este prolongado proceso judicial, el cual afectó la salud mental y la economía de los diez acusados y sus respectivas familias. Páucar concluyó que la Fiscalía tiene la obligación de estar del lado de la justicia y no interponer más recursos para obstaculizarla. La absolución de los diez defensores del territorio comunal reivindica su derecho fundamental a la protesta.
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CANAL WHATSAPP GOOGLE NEWSEl exministro del Interior y de Justicia, Juan José Santiváñez en el Gobierno de la expresidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra ha confirmado su postulación como senador para las Elecciones Generales del 2026.
El exministro del Interior y de Justicia, Juan José Santiváñez en el Gobierno de la expresidenta de la República Dina Boluarte Zegarra ha confirmado su postulación como senador para las Elecciones Generales del 2026, mediante el partido político del exgobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta. Alianza Para el Progreso (APP), invitó al exministro a ser parte de su campaña electoral, a lo que Santiváñez decidió aceptar y hacerlo de conocimiento público, alegando que su objetivo es conseguir beneficios salariales para las fuerzas policiales y militares.
No había pasado mucho tiempo desde que renunció como ministro de Justicia. Luego de que los congresistas reunieran las suficientes firmas para removerlo de su cargo, Santiváñez decidió renunciar por su cuenta antes de que la moción de censura fuera oficialmente declarada. En ese momento, Dina Boluarte aún se hallaba en el poder, y fue la única que supo de las «intenciones» de Santiváñez de renunciar al cargo a fin de perseguir el Senado.
Luego de vincularse constantemente con APP, partido político de César Acuña, finalmente, el exministro ha dado a conocer públicamente su militancia en este a través de sus redes sociales. De esta forma, Santiváñez dio inicio a su campaña electoral siendo parte de una actividad donde, en sus palabras, declaró que su principal objetivo es lograr un beneficio salarial para los agentes policiales y militares, ya sea que se encuentren en activo o en retiro.
«Recuerden ustedes, cuando alguien les diga que no se puede, solamente digan una cosa: Santiváñez lo hizo, Santiváñez lo hará», fueron las palabras con la que cerraba un discurso dirigido, aparentemente a familiares de agentes policiales.
Cabe recordar que, en su momento, la salida de Santiváñez se buscó luego de que se filtraran audios donde el exministro, aparentemente, coordinaba un favor con el exprimer ministro, Eduardo Arana, en beneficio de Miguel Marcelo Salirrosa, alias «El Diablo», para trasladarlo a otro pabellón en el penal El Milagro. Además, luego de acabar censurado como ministro del Interior, dejó entrever sus intenciones de postular a las elecciones del 2026.
Finalmente, Santiváñez ya tiene partido y todo parece indicar que su postulación al Senado, en compañía de César Acuña, es inminente. En tanto, le preceden al menos 12 denuncias fiscales donde se le acusa de presuntos delitos de influencias, abuso de autoridad, negociación incompatible, entre otros.
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CANAL WHATSAPP GOOGLE NEWSLos mineros informales que protestaban en los exteriores del Congreso exigen avances concretos y se sintieron traicionados por la falta de resolución.
Congresistas de la Comisión de Energía y Minas no lograron ponerse de acuerdo y, tras tres horas de sesión, solo acordaron que el predictamen sobre la ampliación del Reglamento del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) debe seguirse trabajando en mesa de trabajo con otros sectores.
Los legisladores que defienden la ampliación del Reinfo proponen extender el plazo mucho más allá. Algunos plantearon que sea hasta 2028 o 2029, e incluso el congresista Pasión Dávila solicitó que sea indefinido.
Por su parte, la congresista Patricia Juárez, perteneciente al bloque que rechaza la iniciativa, criticó que los promotores de la medida estén defendiendo a la minería informal, en lugar de promover la formalización.
Mientras tanto, los mineros informales que protestaban en los exteriores del Congreso exigen avances concretos y se sintieron traicionados por la falta de resolución. Anunciaron que retomarán las movilizaciones la próxima semana si no se concreta la ampliación.
El predictamen que motiva la disputa se basa en tres proyectos de ley presentados por los congresistas Guido Bellido, Roberto Sánchez y Wilson Quispe. Estos buscan ampliar la vigencia del Reinfo hasta el 31 de diciembre de 2026, con la reincorporación de más de 50 mil mineros excluidos.
En una votación reciente, por 14 votos a favor y 8 en contra, la Comisión aprobó que el dictamen sea visto en mesa técnica, lo cual representa un freno al debate y aplaza la decisión hacia otra instancia.
El debate adquiere mayor tensión debido al conflicto entre formalización y minería informal: opositores advierten que la ampliación podría perpetuar la minería ilegal y favorecer redes criminales, mientras los promotores argumentan que sin esa prórroga miles de trabajadores quedarían excluidos y en la informalidad.
En este contexto, la Comisión de Energía y Minas decidió que la ampliación del Reinfo y las modificaciones al marco legal de la pequeña minería deben debatirse en diálogo con representantes del Estado, gremios y especialistas, para evitar decisiones apresuradas.
Así, tras una sesión llena de expectación, la apuesta por ampliar el Reinfo quedó momentáneamente en pausa.
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CANAL WHATSAPP GOOGLE NEWSLos docentes Fidel Almirón y Deyssi Nery Chambi presentaron en Arequipa el libro “Ñawi Ñawicha, Allinta yachay Yachana Qallariy”, un material educativo que busca promover el aprendizaje del quechua con un enfoque didáctico, cultural e inclusivo. La obra fue elaborada durante más de un año y medio e incluye textos, audios, videos y recursos interactivos.
El libro “Ñawi Ñawicha, Allinta yachay Yachana Qallariy” fue presentado en Arequipa por los docentes Fidel Almirón y Deyssi Nery Chambi como parte de un esfuerzo por revalorar y difundir el idioma quechua. La propuesta está orientada a estudiantes y público en general interesados en aprender desde un nivel básico, mediante un sistema que combina teoría, práctica y herramientas audiovisuales.
Durante la presentación, Almirón explicó que el nombre del libro, “Ñawi Ñawicha”, proviene de una expresión quechua que significa “ojito, aprende bien”, una invitación a estudiar con atención. El texto está dividido en secciones que incluyen historia, ortografía, gramática y literatura, con énfasis en la correcta pronunciación y acentuación. Además, se basa en la normativa oficial del Ministerio de Educación, empleando la variante Collao combinada con elementos Chanka.
El material incorpora actividades prácticas, historietas e ilustraciones, con el objetivo de facilitar la comprensión del idioma. Cada unidad está acompañada de códigos QR que permiten acceder a audios y videos, a fin de reforzar la pronunciación y la entonación de las palabras. Según los autores, el enfoque didáctico busca que cualquier persona, sea o no quechuahablante, pueda aprender el idioma y comunicarse en diferentes contextos.
El proyecto, desarrollado en Arequipa, tiene también un componente cultural. Almirón señaló que el libro incluye fragmentos literarios en quechua, entre ellos textos de José María Arguedas, con el fin de acercar a los lectores a la literatura andina. La obra está dirigida tanto a estudiantes como a profesionales que deseen incorporar el idioma en su vida académica o laboral.
La iniciativa es el resultado del trabajo que los autores han venido realizando para fortalecer la enseñanza del quechua en el sur del país. Almirón destacó que en la Universidad Nacional de San Agustín ya se han sustentado tesis en este idioma, lo que representa un avance en el reconocimiento académico de las lenguas originarias.
«Nosotros los quechua hablantes somos responsables de revalorar el idioma quechua. Creo que los tiempos han cambiado y vamos por un buen camino. Ya hemos sustentado la primera tesis en quechua. Luego ya vino la segunda tesis. La UNSA tiene dos tesis en quechua y dos premios nacionales en idiomas quechua por el sur” señaló Almirón.
El libro “Ñawi Ñawicha, Allinta yachay Yachana Qallariy” ya está disponible en librerías de Arequipa como San Francisco, Lector y Fabla Salvaje, además de canales virtuales. Con esta publicación, los autores buscan que la enseñanza del quechua trascienda las aulas y se convierta en una herramienta de identidad, comunicación y orgullo cultural para las nuevas generaciones.
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CANAL WHATSAPP GOOGLE NEWSJóvenes realizarán una movilización pacífica desde la Plaza España hasta la Plaza de Armas. La marcha exigirá reformas políticas, justicia y elecciones limpias.
La Generación Z de Arequipa convocó a una nueva jornada de protesta para este sábado 25 de octubre. La concentración será a las 4:00 p. m. en la Plaza España, desde donde los manifestantes recorrerán las principales calles hasta llegar a la Plaza de Armas. La movilización, según los organizadores, busca rendir homenaje a “Truko”, joven fallecido durante las protestas del 15 de octubre en Lima, además de exigir justicia y rechazar la participación de partidos políticos en la convocatoria.
En Arequipa, el dirigente David Calisaya explicó que la convocatoria de la Generación Z no permitirá la participación de autoridades o representantes de partidos políticos. Según indicó, esta movilización se caracteriza por su independencia y pretende mantener un enfoque ciudadano. Los organizadores señalaron que los militantes de agrupaciones políticas podrán asistir solo como ciudadanos y deberán evitar portar símbolos partidarios durante la marcha.
El recorrido de la protesta partirá desde la Plaza España hacia la avenida Ejército, pasando por las comisarías de Yanahuara y Cayma, para luego retornar al centro histórico. En la Plaza de Armas se llevará a cabo una jornada cultural con presentaciones de grupos de hip-hop y sicuris, quienes rendirán homenaje a los jóvenes fallecidos en movilizaciones recientes. La Defensoría del Pueblo también confirmó su presencia para acompañar y supervisar el desarrollo pacífico de la actividad.
Durante la convocatoria, Calisaya señaló que la plataforma de lucha mantiene los mismos ejes que impulsaron las movilizaciones anteriores: la censura de la Mesa Directiva del Congreso, la exigencia de una reforma policial y la derogatoria de las denominadas “leyes pro-crimen”, “pro-AFP” y “pro-corrupción”. Los manifestantes también demandan elecciones transparentes y rechazan lo que consideran un “pacto mafioso” entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Asimismo, el dirigente indicó que el movimiento Generación Z no responde a ninguna organización partidaria y que las acusaciones difundidas en medios nacionales sobre una supuesta politización de sus acciones son falsas. Explicó que los jóvenes del colectivo actúan de forma autónoma y buscan únicamente defender derechos ciudadanos frente a la corrupción y la violencia institucional.
“Somos jóvenes ciudadanos independientes, bastante jóvenes, que nos congregamos ciudadanamente en busca de defender nuestros derechos. Todo es político, sin embargo, no es partidario porque no tenemos una ideología detrás, no apoyamos a ningún candidato” dijo Calisaya.
La marcha del 25 de octubre en Arequipa se enmarca dentro de una convocatoria nacional impulsada por colectivos juveniles de la Generación Z. Con actividades culturales y mensajes de protesta pacífica, los organizadores buscan visibilizar sus reclamos por justicia, transparencia y reformas estructurales en el país. La movilización reafirma el compromiso del movimiento con la acción ciudadana independiente frente a la crisis política y social que atraviesa el Perú.
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CANAL WHATSAPP GOOGLE NEWS«Sus acciones podrían interpretarse como intentos de distraer la atención y no de atacar el problema de fondo»
José Jeri calificó de “desadaptados” a quienes lo critican por sus medidas, como transmitir cada patrullaje policial o dejarse acompañar por congresistas cuestionados durante el estado de emergencia.
Sus detractores sostienen que esas medidas solo buscan generar impacto mediático. En opinión de la fiscal de la Nación suspendida, Delia Espinoza, la prohibición de reuniones en espacios públicos y la limitación de derechos fundamentales tampoco eran necesarias.
Según dijo, estas decisiones, sumadas a otras acciones del presidente, podrían interpretarse como intentos de distraer la atención y no de atacar el problema de fondo.
Espinoza afirmó que lo más efectivo sería un trabajo silencioso, enfocado en desarticular las cabecillas de las organizaciones criminales. De lo contrario, advirtió, la ciudadanía no sentirá que realmente se avanza en la lucha contra la inseguridad, ya que, pese a las medidas, los asesinatos, robos y extorsiones continúan.
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CANAL WHATSAPP GOOGLE NEWSOperativo denominado “Los Camineros del Poder” contra una presunta organización criminal en la Municipalidad Provincial de La Mar, Ayacucho
La Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (DIRCOCOR), junto al Ministerio Público, ejecutó un amplio operativo denominado “Los Camineros del Poder”, dirigido contra una presunta organización criminal en la Municipalidad Provincial de La Mar, Ayacucho. Entre los inmuebles allanados figura la vivienda del alcalde Edwin Bladimir Navarro Torres, conocido como ‘Winko’. Lo señalan como presunto líder de esta red que habría direccionado contrataciones públicas entre 2024 y 2025.
El operativo incluyó 15 allanamientos simultáneos, trece en Ayacucho y dos en Lima, con el objetivo de incautar documentos, equipos electrónicos y evidencia patrimonial vinculada a delitos de colusión agravada y organización criminal. Según la hipótesis fiscal, la red habría manipulado bases, términos de referencia y valores referenciales para favorecer a determinadas empresas locales, obteniendo ganancias ilícitas por montos que superarían los 10 millones de soles.
Entre las obras bajo investigación figuran el mantenimiento de caminos rurales en Anchihuay, valorizado en más de un millón de soles. Y el mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Enrique Molina, en Cochas, por más de cuatro millones. En total, los contratos observados ascenderían a más de trece millones de soles. “El objetivo es desarticular una estructura dedicada al direccionamiento de obras públicas”, señaló un oficial de la DIRCOCOR durante el operativo.
Las diligencias se iniciaron en horas de la madrugada en viviendas y oficinas vinculadas a funcionarios y empresarios locales. El Ministerio Público informó que continuará con las investigaciones para determinar responsabilidades y evaluar posibles medidas restrictivas. El caso ha generado gran expectativa en Ayacucho y podría tener repercusión nacional por el alcance de las obras y los montos comprometidos.
Programa de la Red de Medios Regionales del Perú
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CANAL WHATSAPP GOOGLE NEWSConsideró necesario reincorporar a los buenos policías que fueron removidos de sus cargos durante el gobierno de Dina Boluarte.
El coronel en retiro y exjefe de la Diviac, Harvey Colchado, recordó que José Jerí votó a favor de leyes que favorecían al crimen cuando era congresista. Señaló que, si realmente busca combatir la criminalidad, debe mostrar coherencia derogando las normas que debilitaron el trabajo de la Policía y la Fiscalía en la investigación del delito. Además, consideró necesario reincorporar a los buenos policías que fueron removidos de sus cargos durante el gobierno de Dina Boluarte.
Mira la entrevista completa en https://www.youtube.com/watch?v=ZJ76lcnvse0&t=166s
#noticiasperu #ultimasnoticias #harveycolchado #policianacionaldelperú #policiaperu #entrevistaexclusiva #josejeri #criminalidad #criminalidadeurbana #extorsion #sicariato #delincuenciaorganizada
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CANAL WHATSAPP GOOGLE NEWSEntérate además que Guillermo Bermejo es sentenciado a 15 años de prisión por afiliación terrorista: su curul quedaría vacía
Siembra vientos y cosecha tempestades. Con esa expresión se puede resumir la sesión de este viernes en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde se revisaba la denuncia constitucional contra Pedro Castillo para inhabilitarlo por 10 años. El expresidente, quien se conectaba desde su celda en Barbadillo, avisó a los congresistas que aún conservaba sobres donde los legisladores le pedían ministerios y direcciones en el Ejecutivo. Con el avance de la sesión, los ánimos se calentaron y el popular prosor terminó llamando “basura” al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi.
No fue el único incidente, ya que Raúl Noblecilla, abogado de Betssy Chávez, se enzarzó en una discusión con Alejandro Cavero, quien borrachito de poder acabó tildándolo de viejonazo. Este Congreso es un circo.
A Guillermo Bermejo le cayó la noche. Después de haber calificado el proceso en su contra por afiliación terrorista como un “mamarracho”, el Poder Judicial lo condenó a 15 años de cárcel efectiva por hallarlo culpable de mantener vínculos con los remanentes de Sendero Luminoso en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).
El tribunal determinó que Bermejo tuvo contacto intencional con la cúpula senderista entre 2008 y 2009, lo que demostraría su relación con la organización subversiva, tras reuniones clandestinas con los hermanos Víctor Quispe Palomino (camarada “José”) y Jorge Quispe Palomino (camarada “Raúl”). Según la Fiscalía, fue en esos encuentros donde el hoy congresista habría sido adoctrinado ideológicamente y entrenado en el uso de armas.
Además, Bermejo deberá pagar una reparación civil de 100 mil soles y, por supuesto, perdería su cargo en el Congreso. Aunque la Mesa Directiva debe pronunciarse oficialmente, su puesto quedaría vacante en los próximos días.
Por el momento, el congresista ha solicitado la nulidad de la sentencia, dejando su suerte en manos de la Corte Suprema. Patricia Chirinos, seguramente, debe estar celebrando con fuegos artificiales.
En un giro legal tan oportuno como previsible, cinco congresistas de Perú Libre, Flavio Cruz, Waldemar Cerrón, Kelly Portalatino, Américo Gonza y María Agüero, han visto cómo se archivaban milagrosamente sus expedientes por realizar proselitismo.
¿La razón? Una reforma exprés del Reglamento del Congreso, impulsada y aprobada en septiembre por una cómoda mayoría (entre ellos, sus propios colegas), que de repente blanqueó actividades que antes estaban prohibidas. Los Jurados Electorales de Huancayo, ante la evidencia de que los legisladores participaron en el «I Congreso Macro Regional Centro» de su partido, con banderas, símbolos y toda la parafernalia partidaria, no tuvieron más remedio que archivar los casos pues ahora todo eso es legal.
Eso sí, el presidente del JNE, Roberto Burneo, recuerda secamente que la neutralidad electoral sigue vigente, y que cualquier decisión final podría depender de su «criterio de conciencia». Vamos, que la pelota sigue en el aire, pero por ahora, la jugada ha sido perfecta.
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Periodista y editora audiovisual. Culminó sus estudios en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y se ha especializado en periodismo digital gracias a la formación de Google Adsense, Google News Initiative y la Fundación Gabo.
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CANAL WHATSAPP GOOGLE NEWSJunín: Jueces inaplican ley de impunidad y condenan a militares por desapariciones en la UNCP. Ayacucho: Hospital Regional sin nutricionistas oncológicos pese a nueva Unidad de Quimioterapia Ambulatoria
Pasó en el Perú | Cusco. El congresista Jaime Quito advierte que el fraude electoral del 2026 ya estaría en marcha. Según el parlamentario, el gobierno actual no busca garantizar un proceso limpio, sino blindar a los grupos de poder y asegurar impunidad.
Denunció que el régimen, que hoy gobierna, estaría controlando instituciones clave como la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional, preparando el terreno para manipular las próximas elecciones. En sus palabras, “el fraude no se hará en abril, sino desde ahora”.
Además, advierte que el estado de emergencia en la capital no apunta a combatir la delincuencia, sino a restringir la protesta social, especialmente ante la movilización juvenil convocada para este sábado 25 de octubre, informó CuscoPost.
Pasó en el Perú | Junín. El Colegiado B de la Sala Penal Nacional adelantó el fallo del Caso Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), y condenó a 12 años de prisión a tres oficiales del Ejército en retiro, entre ellos Luis Manuel Delgado de la Paz y Danilo González Campana, por su responsabilidad en desapariciones y ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 1989 y 1993 en Huancayo.
Los jueces inaplicaron la Ley de Amnistía aprobada por el Congreso y promulgada por la expresidenta Dina Boluarte, así como la ley de prescripción de delitos de lesa humanidad, en atención al pedido del fiscal de derechos humanos, Telmo Michel Morales Cruzado.
El tribunal también absolvió a un acusado, declaró inimputable al general Elías Espinoza del Valle y reservó la sentencia para dos oficiales no habidos, entre ellos el general Luis Pérez Documet. Dispuso, además, que los condenados paguen de manera solidaria con el Ministerio de Defensa una reparación civil de S/150 mil por cada víctima de homicidio y desaparición forzada, y S/75 mil por secuestro agravado.
El fallo, que consta de más de 400 páginas, fue adelantado y será notificado íntegramente en los próximos días. La pena será efectiva una vez que la Corte Suprema confirme la sentencia, pero, debido a la edad avanzada de los condenados, deberán firmar mensualmente ante el juzgado, informó Huanca York Times.
Pasó en el Perú | Ayacucho. El Colegio de Nutricionistas del Perú alertó sobre la ausencia de profesionales en nutrición oncológica en la unidad especializada del Hospital Regional de Ayacucho. La advertencia fue hecha por Milagros Nieto, presidenta de la junta transitoria del Consejo Regional XVIII Ayacucho, quien señaló que muchos pacientes con cáncer no reciben orientación alimentaria adecuada durante sus tratamientos.
Nieto explicó que esta situación no es exclusiva de Ayacucho y refleja un problema estructural en el sistema de salud pública del país. Según datos del gremio, solo dos de cada diez hospitales en el Perú cuentan con nutricionistas clínicos en áreas críticas como oncología, pese a que el Ministerio de Salud establece su presencia dentro de los equipos multidisciplinarios de atención integral.
La especialista advirtió que la desnutrición en pacientes oncológicos puede reducir la eficacia de los tratamientos y aumentar el riesgo de complicaciones. “Una buena alimentación es parte del proceso de recuperación. No contar con un profesional que supervise la dieta del paciente limita sus posibilidades de mejorar”, señaló.
Ante esta situación, el Colegio de Nutricionistas pidió al Ministerio de Salud y a las direcciones regionales reforzar la contratación de especialistas en nutrición clínica en hospitales del país. La alerta busca llamar la atención sobre una brecha que podría estar afectando silenciosamente la recuperación de miles de peruanos con cáncer, informó Jornada.
Pasó en el Perú | Loreto. Durante las actividades por el Día del Trabajador Municipal, el secretario general del Sitramun Maynas, Robinson Velásquez, advirtió que la municipalidad atraviesa una situación crítica por el incremento desmedido de personal. Indicó que el sindicato alertó a la gestión y a la Contraloría sobre los riesgos presupuestales que implica mantener casi 2,000 trabajadores activos.
El dirigente señaló que, aunque la festividad busca reforzar la unión y reconocer el esfuerzo del personal, no se puede dejar de lado la preocupación por la sostenibilidad laboral. “Hemos advertido que esto es inviable, pero no hay respuesta. No se puede seguir inflando la planilla sin recursos”, expresó Velásquez.
“Pasó en el Perú”, noticiero nacional desde las regiones, se emite de lunes a viernes por todas nuestras plataformas.
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