La ciudad de Arequipa recibe desde hoy y hasta el 26 de septiembre la 37° edición de Perumin, Convención Minera, posicionándose como el punto de encuentro más relevante para la industria a nivel internacional. El evento, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), se lleva a cabo en el Centro de Convenciones de Cerro Juli, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.

La convención anticipa la asistencia de más de 65 mil 500 personas, congregando a inversionistas, especialistas, empresarios y autoridades. De acuerdo con los organizadores, este magno evento generará un impacto económico estimado superior a los 100 millones de soles para la región de Arequipa, dinamizando sectores clave como la hotelería, la gastronomía y el transporte, además de crear aproximadamente 8,000 empleos temporales.

Innovación en Perumin 37 de Arequipa

El Campo Ferial de Cerro Juli, con una extensión que supera las 14 hectáreas, alberga esta edición que presenta notables innovaciones. La infraestructura incluye seis pabellones de exhibición y más de 1 200 stands, ocupando un área de 29 mil metros cuadrados. Una de las novedades principales es la habilitación de un nuevo patio de maniobras, donde empresas líderes como Power, Maqui Perú y Sany Group realizarán demostraciones en vivo de maquinaria de distintos tamaños.

La participación internacional marca un hito, con la presencia de 740 organizaciones y 16 países representados en el Pabellón Internacional de EXTEMIN. Delegaciones de naciones como Australia, Canadá, China y Alemania, entre otras, forman parte de este ecosistema dedicado a la transferencia tecnológica y el conocimiento.

Jimena Sologuren, presidenta de Perumin 37, enfatizó la relevancia del evento en el contexto actual del país. “Durante estos días, el Perú se convierte en la capital minera del mundo. Y lo hace en un momento crucial, marcado por los desafíos económicos que enfrentamos y por un próximo proceso electoral que exige visión y responsabilidad”, señaló.

Conversatorios

El programa académico y de debate es uno de los pilares del evento. Destacan la Cumbre Minera, el Foro de Tecnología, Innovación y Sostenibilidad (TIS), que este año registra un récord de más de 630 trabajos técnicos postulantes, y espacios dedicados a la transición energética, la gestión del agua y la equidad.

Bajo un estricto plan de seguridad, Perumin 37 se desarrolla como una plataforma integral. Su lema, “Juntos por más oportunidades y bienestar para todos”, refleja el objetivo de dialogar sobre el rol de la minería como motor de un desarrollo sostenible para el Perú.

El suboficial Leandro Marcial Flores Cahuana no perdió su vida en una balacera persiguiendo delincuentes. Ni en ningún operativo salvando a un ciudadano del peligro. La perdió dando seguridad a una empresa privada en la región peruana de Arequipa. El 8 de octubre del 2024, mientras realizaba un patrullaje por las inmediaciones del proyecto minero Tía María, propiedad de Southern Copper Corporation (SCC), la camioneta en que se movilizaba junto a otro efectivo y un miembro de seguridad privada, se desbarrancó casi 100 metros por una densa neblina.

Flores murió y sus otros dos acompañantes quedaron heridos. Entre ellos el suboficial de primera Dember Wilmer Medina Márquez. Horas después del accidente, la transnacional emitió un comunicado en su cuenta oficial de Facebook, que finalizaba extendiendo las condolencias a la familia y amigos por el efectivo perdido. El cuerpo de Flores fue enterrado tres días después en la ciudad de Arequipa.

Según ley, a solicitud de privados, como mineras, miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) pueden brindarles servicios especiales de seguridad, previa publicación de una resolución del Ministerio del Interior (Mininter) y la suscripción del convenio. Este beneficio, que tiene la oposición de pobladores de comunidades en conflicto con actividades extractivas, está regulado en la actualidad por el Decreto Legislativo 1267, vigente desde el 2017, aunque estos documentos se suscriben desde hace 30 años. El decreto estipula que solo los efectivos que se encuentren de vacaciones, permiso o franco, pueden realizar esta labor.

En ese marco legal, Flores y Medina justamente cuidaban los terrenos de Tía María. Para un grupo de efectivos, estos acuerdos se convierten en una oportunidad para recibir un pago adicional a su remuneración habitual. El último convenio que firmó Southern con la Policía por Tía María es la Resolución Ministerial N°0087-2021-IN de febrero del 2021, por dos años. Cuando venció el plazo, las partes firmaron una primera adenda en mayo del 2023 para extender dos años más el pacto, hasta el 2025. 

Pagos millonarios

El Decreto Supremo N°152-2017-EF dispone pagar S/ 13.23 a cada efectivo y por cada hora. La empresa debe abonar la suma final en la cuenta corriente de la Dirección de Economía y Finanzas de la PNP dentro de los cinco días al mes siguiente del que se brindó el servicio policial. Luego, es la PNP la que realizará el pago a cada guardia. Si trabaja 8 horas por día, entonces recibirá S/ 105.84 por dicha jornada, por ejemplo. El monto mensual es indistinto a los días y horas trabajadas por cada agente. Además, debe contratárseles un seguro en caso de muerte, invalidez o lesiones.

Pero los guardias no son los únicos que se benefician. También lo hace directamente su institución, la PNP. La minera o empresa debe además retribuir S/ 10.54 por cada hora ante los gastos que incurra cada efectivo policial. Principalmente, por uso del uniforme y arma. Antes del 2020 se pagaba S/ 15.35, pero la cifra fue reducida por un informe de la División de Supervisión, Evaluación de Estrategias y Planes Institucionales de la Sub Comandancia General. El dinero debe abonarse a la Policía en el mismo plazo que el de para los agentes.

En el caso concreto de Tía María, un proyecto en conflicto social por cerca de 16 años, Southern pagó S/ 4 millones 173 mil al Mininter por resguardo policial entre febrero del 2021 a mayo del 2025. Quince policías diariamente, de lunes a domingo, incluido feriados, se reparten en dos turnos para vigilar las garitas del campamento y de la carretera Panamericana Sur, además de realizar rondas. Como lo hacía recientemente Flores hasta que falleció.

“No tengo nada que ver con los convenios. Mi función es operacional”, contestó el jefe de la Región Policial Arequipa, general Olger Benavides Ponce, consultado por el convenio con Southern. Tampoco le preocupa que un contingente policial provea seguridad a la transnacional mexicana afectando la neutralidad de su institución. “Están de franco”, justificó y cortó la entrevista.

No es el único negocio minero de la transnacional mexicana en Perú con seguridad policial. Southern mantiene vigentes cuatro convenios de cooperación interinstitucional con la PNP desde el 2018. Además de con Tía María, hay acuerdos con la explotación de las minas de Toquepala en Tacna y Cuajone en Moquegua, además de su proyecto Los Chancas en la región Apurímac. La minera empleó entre 53 a 61 policías diariamente para resguardar sus unidades en operación y proyectos en curso. Grupo que bien podría apoyar en hacer frente a la ola de criminalidad que ahoga al país. Más aún porque en diciembre 2024, el Congreso aprobó la Ley N°32197 que contempla que policías de forma voluntaria realicen patrullaje o fiscalización remunerados en sus vacaciones o días de franco por el Estado.

En los últimos siete años, hasta agosto del 2025, la transnacional pagó más de S/ 16 millones por los servicios extraordinarios de los efectivos policiales, según el cálculo a los cuatro convenios y sus respectivas adendas. Se solicitó a la PNP todos los pagos que hizo Southern para mayor precisión, pero la institución negó la información. Cuando culmine la vigencia de cada uno de los convenios, fuera de más ampliaciones, Southern abonará en total S/ 19.6 millones a las cuentas del Ministerio del Interior (Mininter).

El convenio más antiguo es la que se aprobó con la Resolución Ministerial N°0695-2018-IN para Los Chancas, un proyecto de cobre y molibdeno en el que la transnacional ha tenido problemas para llevarlo adelante. La compañía tiene mineros ilegales dentro de su concesión. Se firmó el convenio y tres adendas por 8 años. Southern va pagando S/ 8 millones 025 mil por ellos. En el caso de su mina de cobre Toquepala hay registro de dos adendas que contemplan 6 años de vigencia, desde el 2020 al 2026. El desembolsó es de S/ 3 millones 450 mil. Mientras que por Cuajone se pagó la suma de más de S/ 1 millón 243 mil a julio 2025.   

“Qué pasa si la Policía tiene convenio con una empresa que contamina. ¿A quién hace caso? ¿Al ciudadano que denuncia y que con sus impuestos le paga su sueldo, o a la empresa minera que le paga sus días de franco? Ahí hay un conflicto”, reflexiona Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado de Instituto de Defensa Legal (IDL). Añade que donde hay conflictos sociales no debería haber convenios, porque se transmite la imagen de una policía parcializada.

El abogado enumera tres detenciones arbitrarias de la Policía, cuando mantenían convenios, para demostrarlo. El del padre Marco Arana, en medio del conflicto por el proyecto Conga de Yanacocha (Buenaventura, Newmont Mining) en Cajamarca durante el 2012; la de la canadiense Jennifer Moore por emitir un documental en Cusco contra las actividades de Hudbay en 2017; y de integrantes de la Vicaría de Solidaridad de Sicuani por el conflicto de comuneros con Xstrata Tintaya, también en Cusco. Todas las detenciones fueron desestimadas finalmente por un juez. “Estos casos acreditan que hay un problema con la independencia de la Policía en el contexto del conflicto social”, puntualizó.

En el informe “Convenios entre la Policía Nacional y las empresas extractivas del Perú” se identificó 138 convenios firmados entre los años 1995 a 2018. Por ellos, la Policía recibió S/ 45 millones 538 mil entre 2010 y 2018, señala el documento elaborado por IDL, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y EarthRigths International.

Las reglas del TC

En abril del 2019, el Colegio de Abogados de San Martín (CASM) interpuso una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC). Específicamente, contra el DL 1267. Puntualmente el decreto estipula que la PNP puede “atender la seguridad externa de instalaciones estratégicas vinculadas con la explotación o transporte de recursos naturales”. Entre varias de las razones que la orden profesional esgrimió está que: se desnaturaliza la función policial, se configura una discriminación económica, el servicio es privatizado al ponerlo al servicio de intereses particulares y que en un contexto de conflicto social se afecta la neutralidad policial al contar con financiamiento corporativo. 

El TC declaró improcedente la demanda en agosto 2020, pero con reglas. Sostuvo que el deber de protección de la PNP no se menoscaba ni hay una discriminación económica, porque no existe reducción de personal al emplearse agentes en franco, vacaciones o en permiso. Tampoco admitió que se desnaturaliza la función policial debido a que los hombres del orden siguen actuando bajo la normativa institucional. Aun así, en sus fundamentos se reconoce que cuando se desatan conflictos sociales se podría desnaturalizar el uso de estos servicios. Y es que, cuando estallan conflictos, es la PNP la encargada de intervenir. Incluso el Tribunal insta a la institución a tomar medidas para evitar alguna eventual parcialización con el beneficiado.

Pero la parte más reveladora es la que establece cuándo la PNP está facultada a firmar un convenio con una minera. El TC argumenta que cuando una empresa acredite desprotección al no conseguir seguridad privada, por lejanía o por no haber empresas de seguridad, recién la institución podrá brindarle cuidado. Finaliza señalando: “… al examinar solicitudes de esta clase de entidades, deben examinar si es que previamente ellas efectuaron todas las diligencias posibles para obtener servicios de protección y resguardo por parte del sector privado. Esto deberá ser acreditado por la entidad que requiere los servicios, las cuales también deberán exponer sobre la existencia de una situación de riesgo concreto”.

Abogados representantes de la CASM, entre ellos Ruiz Molleda, pidieron aclarar este punto y considerar en el fallo como regla para que la PNP las cumpla. Los magistrados consideraron que esto no era necesario por ser parte relevante de la decisión principal. “Se desprende que son criterios que deben ser observados tanto por la PNP como por las entidades solicitantes de la prestación de Servicios Policiales Extraordinarios”, concluyó.

La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) tiene en su sistema más de 2 000 autorizaciones vigentes para la operación de empresas de seguridad privada, tanto sus sedes principales como sus sucursales regionales y provinciales del país. Solo en la región Arequipa existen 255 permisos para estos privados.

“Hay 900 empresas de seguridad privada que pueden dar ese servicio. Porque tiene que contratarse a la Policía”, cuestionó Ruiz Molleda. Sobre el convenio de Southern y la PNP por su proyecto Tía María, señala que la empresa debe demostrar que intentaron contratar seguridad privada pero que fue rechazado. “¿Tú crees que alguna empresa privada les va a decir que no por esos montos?”, preguntó. Caso contrario, el convenio debería ser anulado.

Liderman y Southern

La empresa contratista que da seguridad al proyecto minero Tía María, es J & V Resguardo SAC, que tiene como nombre comercial Liderman. Southern confirmó esto en el mismo comunicado en que dio a conocer la muerte del suboficial Flores Cahuana. Javier Villarroel Palo, supervisor de la empresa Liderman, fue uno de los heridos en el accidente (Véase cmunicado al inicio de la nota). Él mismo conducía la camioneta que cayó al barranco. No solo el proyecto Tía María tiene resguardo policial sino también privado, pese a que el TC ordenó a la PNP suscribir convenios siempre y cuando la empresa demuestra desamparo en cuanto a seguridad.

J&V Resguardo S.A.C. es una de sus subsidiarias de Azzaro Trading S.A., un holding (gran empresa con la mayoría de acciones de otras empresas) que nació en la Islas Vírgenes Británicas y que se nacionalizó en 2014. Ofrece “vigilancia, guardianía, supervisión y seguridad tanto a las personas como a las instalaciones industriales, comerciales, de bienes muebles e inmuebles” desde 1989. Dicha empresa cuenta con 26 resoluciones emitidas entre el 2023 y 2024 por la Sucamec para brindar estos servicios en sus 20 sucursales a lo largo de todo el país. En Arequipa lo hace mediante la resolución N° 00895-2023/GSSP.

Para el abogado Ruiz Molleda estos convenios deben ser revisados. «Aquí hay un tema de discriminación. Tienes plata, contratas a la Policía. Si no tienes plata, no tienes protección, es más, ese derecho se afecta”, sostuvo.

Tía María, un conflicto latente

La Defensoría del Pueblo, desde el 2009, tiene registrado como conflicto socioambiental la oposición de los pobladores del valle de Tambo (Islay, Arequipa) a la ejecución del proyecto Tía María por temor a daños ambientales. Durante buena parte de ese tiempo, Southern ha mantenido convenios con la Policía. Un año antes del 2011, periodo en que murieron los primeros tres pobladores por disparos de bala, estaba vigente el convenio de diciembre 2010.

“Hay mucha desconfianza con la Policía. Estamos seguros que apoya a la empresa minera Southern”, sostiene Miguel Meza, uno de los voceros del valle de Tambo, una zona agrícola con 14 mil hectáreas de cultivo. La intensidad de sus protestas siempre fue escalada. En 2011 fue así y ni qué decir del 2015. Empezaban con marchas, que se convertían en paros y bloqueos, hasta que la olla de presión estallaba. En ese año, el conflicto costó la vida de seis ciudadanos y un efectivo policial.

El 2025, lo que ocurre parece un calco. Con el anuncio de iniciar la construcción del complejo minero por parte de Oscar González Rocha, director ejecutivo de Southern, los pobladores acataron un paro indefinido entre febrero y marzo. Por la medida, sus dirigentes ya tienen investigaciones fiscales abiertas por bloquear carreteras. “La verdad no me parece neutral (la actitud de la Policía) … Lamentablemente la lucha esta criminalizada, a la Policía no le es difícil hacer un acta y pasarla a la Fiscalía para que nos investiguen”, aseguró Meza.

Por estos días, tanto el gobierno como el propio gobernador Rohel Sánchez ha asegurado que en octubre iniciará la construcción de Tía María. Esto podría reactivar, una vez más, la protesta. Meza finalizó asegurando que no pararán de reclamar con movilizaciones hasta que Southern finalmente se vaya.

DATO

Por la muerte del suboficial, el congresista Jaime Quito Sarmiento presentó un proyecto de ley N° 9272 para modificar el DL N°1267 en octubre del 2024. Busca modificar la norma y que no esté permitido dar servicio policial a empresas dedicadas a la exploración, explotación o de transporte de recursos naturales. Sin embargo, la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas del Congreso la tiene encarpetada desde hace un año. Sobre la propuesta el Ministerio del Interior fue la única entidad en opinar sobre la propuesta de Quito y concluir que no es viable.

En el segundo día de las manifestaciones contra Dina Boluarte y el Congreso, para la que se destinó a cinco mil efectivos policiales -que aplicaron una mayor represión-, en las brigadas de salud se han registrado, al momento, 11 heridos por bala de perdigón o por roce de bomba lacrimógena. También se reporta un total de 5 policías heridos.

Uno de los manifestantes, un brigadista que resultó herido en la pierna izquierda por un perdigón según lo informó otro de los brigadistas voluntarios. Fue atendido rápidamente al estar presentes en la denominada ‘Marcha de la generación Z’ juntos a ciudadanos de toda edad. La protesta se centró en contra del gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República.

Entre los heridos impactados por perdigones también hay dos periodistas de la agencia Reuters, Anthony Marina y Néstor Galarza, cuando estaban por la Av. Abancay, mientras cubrían el retiro de manifestantes. También, el fotoperiodista Juan Zapata del portal ‘Wayka’, agredido por agentes policiales en el cruce Jr. Leticia con Av. Abancay y a quien rompieron su drone producto de los golpes.

La Policía trataba de impedir que los manifestantes lleguen al Congreso o a Palacio de Gobierno. En su desmedida represión y sin importar la presencia de personas ajenas a la marcha, familias reunidas para descansar con niños pequeños y ancianos, los efectivos ingresaron al Real Plaza Centro Cívico persiguiendo dentro de las instalaciones a quienes protestaban, después de haber lanzado gases lacrimógenos en los alrededores del Palacio de Justicia, todo en el Centro de Lima.

Distintos medios que cubrían la marcha han captado en videos que al promediar las 9:00 de la noche, los policías lanzaban bombas lacrimógenas a corta distancia y directamente a los manifestantes, en lugar de lanzarlas al aire. Y hay denuncias en redes, de quienes asistieron a la manifestación de que la Policía estaría utilizando armas punzocortantes contra quienes protestan.

Asimismo, desde el día viernes, más de 50 activistas y líderes sociales amanecieron con sus celulares bloqueados. Según las operadoras, alguien los suplantó y reportó sus chips como robados, por lo que se encontraban desactivados chip y equipo y, por tanto, incomunicados. De acuerdo con lo que informaron, reactivar las líneas le tomó un día.

Por esto, los familiares de asesinados y heridos en las masacres de 2022 y 2023 acusaron al Estado de bloquear los celulares de los jóvenes activistas antes de la marcha nacional. También señalaron al ministro del Interior como responsable de vulnerar derechos fundamentales mediante espionaje telefónico.

El despacho del ministro de Educación, Morgan Quero, compró camisas, blusas, chalecos, galletas y hasta un vaporizador y un quita pelusas con la caja chica del Minedu, adquisiciones que no eran de ninguna necesidad urgente para el sector, según reveló este domingo un reportaje de Cuarto Poder.

El ministro más allegado de la presidenta, Dina Boluarte, utilizó recursos del sector educativo, en varias ocasiones, para compras de prendas personales, snacks y menaje por más de ocho mil soles, desde el 2024, cuando Quero Gaime asumió el cargo el 1 de abril. Ya a los pocos días, se registraron compras de camisas y polos con recursos públicos e incluso electrodomésticos para el cuidado de la ropa.

El Minedu justificó que estas adquisiciones forman parte del «protocolo oficial», pero las boletas dan cuenta que eran directamente para el ministro.

Es así que el despacho de Quero también autorizó constantes compras de galletas de soda, menta, vainilla, chocolate y hasta de naranja. En abril de 2024, tres facturas sumaron más de 400 soles; en diciembre, otra llegó a 335 soles en galletas. En total se compraron 3,094 paquetes de galletas, como también, café, frutos secos, agua, gaseosas, flor de Jamaica y aceite de oliva, por más de 8,300 soles.

Y para el consumo de esos snacks se compraron platos, vasos, jarras, saleros y cubiertos, además de un microondas y un hervidor eléctrico, por un monto de casi 1,600 soles. Hay además registros de compras constantes de papel higiénico, toallitas húmedas y pañuelos, insumos que normalmente cubren otras áreas administrativas del ministerio.

Minedu emitió comunicado inmediato sobre reportaje

El Minedu a través de un comunicado emitido la misma noche de este domingo, sostiene que los productos “fueron adquiridos para la atención de reuniones oficiales y que la ropa corresponde a la ‘dotación protocolar’ de las direcciones”. Sin embargo, los documentos revisados muestran que las prendas eran para el uso directo del ministro.

De acuerdo con el documento, el Ministerio de Educación (Minedu) denuncia una campaña de desinformación ante “falsas acusaciones” en el uso de recursos públicos. Afirman que existen en el despacho camisas institucionales de carácter protocolar, destinadas exclusivamente a actos oficiales y actividades no programadas de la Alta Dirección y que está disponible para los funcionarios de los dos viceministerios y del Gabinete de Asesores, cuando son convocados.

Asimismo, sustentan que la adquisición de insumos de cocina y menaje se limitan a compras mínimas, que se emplean en reuniones de trabajo y en el servicio institucional en horario de refrigerio, considerando que a diario se recibe a autoridades, representantes del sector privado y de la sociedad civil.

Afirman que la gestión de Morgan Quero “corrigió prácticas heredadas de administraciones anteriores” y que implementó una política austera de restricción de gastos innecesarios, como eliminar la adquisición de almuerzos y desayunos que fueron recurrentes y que estableció nuevos topes y mecanismos de control interno, garantizando desembolso únicamente a insumos indispensables para la labor institucional, dentro del marco presupuestal y bajo los procedimientos de control establecidos por ley.

La jefa nacional del Reniec, Carmen Velarde Koechlin, informó que la región Arequipa cuenta actualmente con una población total de 1 625 398 habitantes, según el padrón documentado por el organismo. De este total, 1 228 778 personas tienen 18 años o más y estarían habilitadas para votar en las elecciones generales de 2026.

Del universo de electores, 615 mil son mujeres y 613 mil hombres, lo que muestra una distribución casi equilibrada entre ambos sexos. Velarde precisó que dentro de este padrón destacan 111 398 jóvenes que sufragarán por primera vez, mientras que el grupo de adultos mayores de 60 años suma 254 330 ciudadanos, pese a que el voto es voluntario para los mayores de 70.

La funcionaria detalló además que 67 893 votantes en Arequipa tienen el DNI caduco, por lo que deberán actualizarlo antes del cierre del padrón el 14 de octubre de 2025. A nivel nacional, Reniec ha documentado a 37,056,516 peruanos y proyecta que 27,392,674 estarán habilitados para votar en 2026.

Diferencias de metodología

Velarde explicó que las cifras de Reniec difieren de las proyecciones del INEI, que estima la población a partir de censos y tasas de natalidad y mortalidad, mientras que el Reniec contabiliza a los ciudadanos que poseen un DNI vigente, lo que permitiría conocer con mayor precisión a la población registrada en cada región.

Susel Paredes, con raíces volcánicas, revela su vínculo con Arequipa. Escúchalo en #ElRegreso https://youtu.be/2V5dyExDnkI
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El video Susel Paredes, con raíces volcánicas | El Regreso se publicó en YouTube en este enlace

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Autor: Edwin Caicedo, Mongabay Latam. En Colombia, cuando una persona piensa en un páramo, lo primero que se le viene a la mente son montañas repletas de frailejones, lagunas inmensas y neblina que choca de frente con praderas verdes donde predominan los matorrales y habitan venados, águilas y osos. Todo eso, junto a mucha, muchísima agua, compone el imaginario colectivo de este tipo de ecosistema, que provee de este recurso a 17 millones de colombianos, según cálculos del Instituto Humboldt.

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Sin embargo, los páramos no son solamente “esponjas” que retienen y surten de agua a los ríos del país. Un dato poco conocido es que también son claves para la captura de carbono, un servicio ecosistémico que evita que gases contaminantes lleguen rápidamente a la atmósfera, y que es fundamental a la hora de enfrentar la crisis climática y el aumento global de las temperaturas.

Investigaciones recientes han evidenciado que este ecosistema de alta montaña, que solo se encuentra en seis países —y de los cuales Colombia tiene la mayor extensión con 2,9 millones de hectáreas—, es incluso un mejor sumidero de carbono que la selva amazónica, que abarca un poco más de 50.3 millones de hectáreas en el país.

Las cifras son claras: en los bosques tropicales, como los de la región amazónica, una hectárea puede capturar entre 60 y 230 toneladas de carbono, según datos de la FAO; mientras que algunos estudios sugieren que una hectárea de suelo en los páramos colombianos puede almacenar hasta 338 toneladas de carbono en sus primeros 30 centímetros de profundidad, e incluso más dependiendo de las condiciones locales. En puntos específicos dentro del páramo, como en las turberas —un tipo de humedal que existe en este ecosistema—, la captura de carbono puede alcanzar las 2000 toneladas.

Aunque todavía se conoce poco sobre los páramos como sumideros de carbono —pues es un tema reciente, que se empezó a estudiar en Colombia en 2010—, los hallazgos amplían la discusión alrededor de estos ecosistemas a mucho más que solo “fábricas de agua”. De hecho, para ser más precisos, los páramos no fabrican, sino que son reguladores del líquido, y funcionan como una esponja que captura lluvia y humedad (siendo capaces de contener hasta dos veces su peso seco en agua). Luego, van liberándola hacia pequeñas quebradas que se convierten en ríos de donde se abastecen las poblaciones.

Pese a su vital importancia, los páramos enfrentan numerosas amenazas. En un escenario de calentamiento moderado, los páramos verían aumentar su temperatura hasta en 1.5° C. Además, están recibiendo menos lluvia y, como consecuencia, son cada vez más secos. Esto se reflejó en la crisis que vivió Bogotá en 2024, cuando la falta de lluvias y la poca humedad en la zona del páramo de Chingaza, que surte hasta el 70 % del agua que consumen los capitalinos, generó racionamientos del consumo durante un año.

A lo anterior, se suma la degradación de este pequeño pero fundamental ecosistema —que ocupa apenas el 1.7 % del territorio continental del país—. Aunque no hay una cifra exacta de cuántas hectáreas de páramo se pierden cada año, pues no hay una entidad o estudio que mida su pérdida, se estima que alrededor del 13 % de ellos ya se encuentran transformados. Los principales factores que los ponen en riesgo son la agricultura y la ganadería.

En Colombia, es común ver vacas lecheras en los alrededores de algunos complejos de páramo. Son utilizadas en pequeñas fincas campesinas. También, la siembra de cultivos, principalmente de papa y cebolla. Esa realidad es más grave en la cordillera Oriental: de las cinco zonas con cobertura paramuna del país, esta es la de mayor transformación, con un total del 18 % de su cobertura modificada. Le siguen la cordillera Central, con un 9 %; la región Nariño-Putumayo, con un 8 %; y la cordillera Occidental, con un 5 %. De hecho, según datos del Instituto Humboldt, tan solo el 51 % de los complejos paramunos de Colombia tienen algún tipo de medida de conservación jurídica.

Con esas amenazas, el papel de los páramos cobra aún más relevancia. Si no se protegen, ese carbono que capturan y almacenan, se liberaría y aumentaría la situación global de emisiones.

Conrado Tobón, doctor en ecohidrología y líder del Grupo de Investigación en Hidrología y Modelación de Ecosistemas de la Universidad Nacional, es uno de los científicos que más ha estudiado la alta montaña en el país. Tras años recorriendo 17 de los 37 complejos de páramo de Colombia, insiste en la urgencia de reconocer que la captura y almacenamiento de carbono en sus suelos es uno de los servicios ecosistémicos más importantes que prestan.

Para él, también autor de uno de los libros más completos sobre estos ecosistemas en el país, y que tiene un capítulo dedicado exclusivamente a cómo funcionan sus suelos, un punto clave es que la pérdida de carbono no solo tiene implicaciones climáticas, sino también hídricas. A lo que se refiere, en palabras sencillas, es a que la materia orgánica del suelo (donde está capturado y fijado el carbono) también es fundamental para el ciclo del agua: permite la infiltración, retiene la humedad y regula el flujo hacia los acuíferos. “Si perdemos ese carbono, estamos perdiendo agua”, sentencia Tobón.

Así lo evidencian los estudios que ha realizado el grupo de investigación que lidera en el páramo Guantiva-La Rusia, en el departamento de Boyacá, al nororiente de Bogotá, donde han trabajado con más de 60 acueductos comunitarios para ayudar con la restauración de estos ecosistemas y evitar que los páramos pierdan la capacidad de proveer ese servicio.

“Las quebradas asociadas a cuencas que han sido transformadas se secan cada verano. Las comunidades lo han visto y lo reconocen”, asegura. Por eso, para él, conservar el carbono orgánico del suelo debería ser un objetivo nacional, tanto como lo es proteger el agua. “Sería otro servicio ecosistémico que ya está valorado en algunos páramos y que el país debería tener en cuenta al tomar decisiones sobre estos territorios”, insiste.

Con dicho análisis coincide Gloria Yaneth Flórez Yepes, profesora e investigadora de la Universidad de Manizales, y quien lleva más de 15 años estudiando estos ecosistemas. La experta es clara en señalar que la pérdida directa de carbono afecta el ciclo hídrico. “Cuando se pierde la materia orgánica, se afecta la densidad aparente del suelo y se reducen los procesos de infiltración. Entonces, el agua que debería quedarse, se va por escorrentía”, explica Flórez. Esta situación no solo compromete el equilibrio del ecosistema, sino también el suministro de agua para millones de personas montaña abajo.

Sumideros desconocidos en Colombia

Son pocos los investigadores y expertos que han estudiado en Colombia la capacidad que tienen los páramos para capturar carbono. Uno de ellos es Juan Carlos Benavides, experto en cambio climático y coordinador del Laboratorio de Ecosistemas y Cambio Climático de la Universidad Javeriana. Desde 2018, el científico trabaja junto a Conservación Internacional Colombia estudiando las capacidades que tiene el páramo del Parque Natural Regional Vista Hermosa de Monquetiva, en el municipio de Guatavita (Cundinamarca), para funcionar como sumidero de carbono.

La investigación forma parte de una iniciativa que busca conservar y documentar los servicios ecosistémicos que le presta la alta montaña a Bogotá y a los municipios cercanos, principalmente a través del conjunto de páramos de Chingaza-Sumapaz-Guerrero. El Parque Vista Hermosa de Monquentiva, con 14 437 hectáreas de extensión, forma parte del páramo de Chingaza y se ha convertido —según el experto— en un “centro experimental”, pues es importante para la gestión hídrica de la capital y los municipios aledaños, y además cuenta con el apoyo de la comunidad para su protección y estudio.

“Monquentiva se vuelve un centro experimental de alta tecnología en una colaboración muy estrecha con la comunidad para entender cuáles son esos caminos de recuperación”, explica Benavides. Gracias al trabajo de líderes locales como Gilma Rodríguez Jiménez, miembro de la Asociación de Mujeres Emprendedoras de Guatavita (Ameg), y Juan Camilo López, apicultor de la zona, se han venido implementando desde hace casi veinte años procesos de restauración ecológica. Esto, a su vez, ha permitido estudiar a fondo la dinámica del carbono, el metano y los humedales.

Una de las áreas que cobra especial relevancia para las investigaciones se encuentra donde solía estar la Laguna de Guasca: una de las varias lagunas sagradas de la región que fue desecada en busca de oro durante la época colonial. Luego, los terrenos fueron convertidos en una inmensa finca ganadera y agrícola por el holandés Gonzalo Linnus Martos. Desde 2017, Benavides dirige allí el estudio sobre los gases capturados por este ecosistema, que hoy es un área protegida dedicada a la investigación y la conservación de la biodiversidad.

Así como los páramos pueden pasar de ser sumideros a emisores de carbono tras degradarse —por ejemplo, al ararlos para sembrar papa—, la tendencia también puede revertirse. En Vista Hermosa de Monquentiva, el equipo de investigadores ha documentado cómo la zona ha recuperado su capacidad de capturar gases contaminantes. “En menos de cuatro o cinco años, usted tiene un cambio completo en el ecosistema y dejan de ser emisores de gases de efecto invernadero a ser acumuladores de carbono”, explica Benavides.

Las turberas, en particular, han mostrado una capacidad excepcional de acumulación de carbono. En Monquentiva, por ejemplo, una sola hectárea puede contener hasta 2000 toneladas, según señalaron los investigadores consultados para este artículo. “Eso es entre 5 y 10 veces más de lo que retiene un bosque tropical”, asegura Benavides. La clave, insiste, está en que estos ecosistemas se mantienen inundados, lo que impide la descomposición de la materia orgánica por la falta de oxígeno.

David Santiago Rocha Cárdenas, investigador especializado en captura de carbono y CEO de The Ecosystem Carbon Conservation SA (una compañía dedicada a la restauración y manejo sostenible de ecosistemas), tiene una forma sencilla de explicarlo: “[En las turberas] parece que el tiempo se detuviera. Las hojitas y material vegetal que cae allí no se descompone por completo, debido a la falta de oxígeno, lo que hace que el carbono se quede atrapado en el suelo”. Para él, que trabaja de la mano con Juan Carlos Benavides, este tipo de humedales y sus inmensas capacidades como sumideros de carbono han sido ignorados por años.

Pero no todos los páramos son iguales, ni todos tienen turberas, ni todos tienen la capacidad de capturar la misma cantidad de carbono. En algunos —como los del Parque Nacional Natural Los Nevados— el contenido de carbono es más bajo debido a la mezcla del suelo con ceniza volcánica, mientras que en otros, como Chingaza y Sumapaz, los primeros centímetros del suelo pueden acumular entre 360 y 760 toneladas de carbono, según estimaciones de los expertos consultados para este reportaje.

Conservar y producir: la clave para las comunidades

La restauración de los páramos requiere paciencia, ciencia y, sobre todo, trabajo con las comunidades locales, explica Patricia Bejarano, directora del programa de paisajes sostenibles de alta montaña en Conservación Internacional Colombia. “Este no es un proceso que se logre en dos o tres años… revertir un daño ecológico toma tiempo. Y uno no puede tener un proyecto exitoso de conservación si sus comunidades no tienen un bienestar”, enfatiza.

La Ley 1930 de 2018, conocida como la Ley de Páramos en Colombia, estableció que estos ecosistemas son estratégicos para el país y requieren de protección especial. Por ello, determinó qué actividades no se deben realizar en el ecosistema. Esto no significa que en el páramo no se puedan desarrollar actividades productivas o agropecuarias de bajo impacto, sino que estas deben ser ambientalmente sostenibles y cumplir algunos lineamientos, como el uso de buenas prácticas que respeten los estándares ambientales y que garanticen la protección del ecosistema.

En Vista Hermosa de Monquentiva la estrategia fue clara: reducir los disturbios —como la ganadería— y permitir la regeneración natural del ecosistema bajo una figura de protección. La declaratoria del parque por parte de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, la autoridad ambiental de la zona, facilitó una restauración pasiva, menos costosa y más sostenible a largo plazo. “El sistema viene recuperándose de una manera positiva porque los tres factores están dados: respaldo comunitario, algunos recursos económicos para el monitoreo y respuestas ecológicas favorables”, afirma Bejarano.

El respaldo comunitario ha sido clave. Transformar territorios que antes fueron potreros hacia usos sostenibles de la tierra implica asegurarle a sus habitantes unos medios de vida dignos y estables. Para ello, aseguran los expertos, es necesario fomentar sistemas productivos diversos que permitan mantener el ingreso familiar, retener a los jóvenes en el campo y adaptarse mejor al clima cambiante, al tiempo que se protege el ecosistema.

Leer más: Sin mujeres no hay pesca: siete historias de pescadoras que rompen barreras en Latinoamérica

Esa transición, reconoce Bejarano, debe ser justa: “No se trata solo de dejar de sembrar papa o de criar ganado. Se trata de proponer soluciones que permitan a las comunidades ceder terrenos sin que se afecte su calidad de vida”. Además, en muchos casos, las variaciones del clima ya están poniendo en riesgo sus sistemas tradicionales. “Inclusive la papa o el ganado de leche dependen mucho del clima… se generan muchas pérdidas, sobre todo en épocas de sequía”, insiste la experta.

En Guatavita, en inmediaciones del páramo de Chingaza, Gilma Rodríguez Jiménez, miembro de la Asociación de Mujeres Emprendedoras de Guatavita (Ameg), está entre quienes defienden la idea de que con prácticas sostenibles es posible cuidar la región que habitan y garantizar también el futuro de la empresa, con la que, junto con otras 39 mujeres, producen lácteos.

Ameg lleva 25 años convirtiendo la leche de las pequeñas fincas de sus asociadas en yogurt, arequipe, kumis o queso campesino, bajo las marcas Carbo Lac y Simqua. “Aprendimos que si se cuida el agua, hay más leche. Y si hay más leche, hay más producto. Eso nos cambió la forma de ver nuestra ganadería”, explica Rodríguez. Para ella y sus compañeras, la agricultura y el páramo pueden coexistir.

“Nos capacitamos en sistemas silvopastoriles, cercamos las fuentes hídricas, sembramos árboles para dar sombra y proteger el suelo, y llevamos el agua hasta los bebederos sin que las vacas pisen los nacederos”, afirma, mientras recuerda que actualmente incluso recogen el estiércol y lo convierten en compostaje para sus propios cultivos.

Los sistemas silvopastoriles —una forma de producción que integra árboles, pastos y animales en un mismo terreno— han transformado radicalmente el impacto ambiental de las fincas en este ecosistema. Antes, los modelos tradicionales de ganadería no solo compactaban el suelo y erosionaban los nacederos de agua con el paso directo del ganado, sino que también generaban pérdida de biodiversidad al pisar a otros animales y comerse la vegetación nativa.

Hoy, al combinar la siembra de árboles y pastos con el manejo rotacional del ganado (una práctica en la que los animales se mueven periódicamente entre diferentes parcelas para evitar el sobrepastoreo y permitir que la vegetación se recupere), se ayuda a conservar la humedad del suelo, capturar carbono y restaurar parcialmente el equilibrio ecológico de zonas altamente vulnerables.

Ameg no ha sido la única. Otras iniciativas productivas de la zona se han posicionado como una alternativa a la agricultura tradicional que impacta la alta montaña. Una de esas es la de Juan Camilo López, fundador de Apiman y productor de miel de abejas y otros derivados de la apicultura, como el polen. López, además, es coordinador logístico de Dulce Monte, una organización comunitaria que se encarga de comercializar todo lo que se produce de forma sostenible en las veredas cercanas a la zona rural de Guatavita, donde se encuentran los productores de Ameg y de las mieles de Apiman.

Así, estas comunidades replantean la agricultura y la ganadería en el páramo. Actualmente, en el Parque Natural Regional Vista Hermosa de Monquentiva es común encontrar osos andinos caminando libres entre las montañas, y no vacas pisando y compactando el suelo.

Falta investigar más para proteger más

Si en algo coinciden todos los expertos entrevistados para este reportaje es en que aún falta investigar mucho más sobre los páramos. No solo sobre su biodiversidad y su capacidad para regular el agua, sino también sobre su inmenso —y hasta ahora poco conocido— potencial como sumideros de carbono. Pero para ello, advierten, hacen falta recursos.

Aseguran que se necesita más investigación para poder conocer mejor cuántas toneladas acumula cada ecosistema, dependiendo de su composición o del tiempo que puede tomar su restauración en áreas degradadas.

“A nosotros, en Colombia, aún nos faltan muchos recursos para poder hacer buenas investigaciones”, advierte Gloria Yaneth Flórez. Para ella, no se trata solo de la voluntad académica, sino de la complejidad de trabajar en ecosistemas de alta montaña. Desplazarse hasta las zonas de páramo implica altos costos logísticos: acceder a territorios alejados, transportar equipos especializados para medir condiciones de suelo y agua, y sostener al personal técnico en sitios donde las condiciones de vida son difíciles por la altitud y el clima.

A eso se suma el costo de los análisis de laboratorio, como los que permiten determinar la cantidad de carbono almacenado en los suelos, medir la calidad del agua o identificar especies invasoras. Esta posición también la respalda Conrado Tobón, quien destaca que en muchos casos los datos disponibles vienen de tesis de grado de estudiantes universitarios que, al no contar con recursos suficientes, están limitadas en el análisis y la obtención de datos.

Además, se necesitan cifras actualizadas y un monitoreo constante sobre las amenazas y pérdidas de páramo en Colombia. En todos los casos, la máxima es similar: no se protege lo que no se conoce, y las capacidades del páramo son frágiles. Con humedales drenados, matorrales arados y zonas intervenidas con ganado, difícilmente podrán seguir reteniendo los gases que calientan la atmósfera.

Por eso, el trabajo de estos investigadores ha abierto la puerta para conocer mejor esas virtudes hasta ahora ignoradas, sumado al trabajo de personas como Juan Camilo y Gilma que, junto a decenas de líderes y campesinos que habitan esta zona, están protegiendo actualmente este ecosistema vital para el futuro de Colombia, pero también del mundo.

*Este reportaje forma parte de una alianza periodística entre El Tiempo y Mongabay Latam.

Imagen principal: el parque natural regional Vista Hermosa de Monquetiva, de 13 437 hectáreas, fue creado para proteger el páramo, un ecosistema clave para la provisión de agua en el centro del país. Foto: cortesía Andrea Moreno / El Tiempo

La reconocida cantautora Susana Baca se pronunció desde Arequipa sobre la coyuntura política que atraviesa el país. Confesó que en un inicio se alegró con la llegada de Dina Boluarte al poder por tratarse de una mujer andina que generaba esperanzas de cambio. Sin embargo, lamentó profundamente haberse equivocado en esa expectativa.

«Creí que haría algo bueno por el Perú… pero me equivoqué tanto”.

Susana Baca, cantante.

Aun así, instó a los peruanos a ser más responsables y cuidadosos al momento de votar en las próximas elecciones, para no volver a caer en promesas vacías. Baca fue enfática en que las autoridades responsables de la actual crisis deben ser castigadas con el desprecio y el olvido electoral del pueblo.

Si eres miembro de nuestra comunidad o del canal Premium de Youtube, puedes acceder a la entrevista completa, aquí: https://youtu.be/lGvmk-wCK3Y

Baca, tres veces ganadora del Latin Grammy, recordó también a las víctimas de la represión en protestas sociales, como los jóvenes Inti Sotelo y Brayan Pintado, asesinados en noviembre de 2020. A través de su música, como la interpretación de «Hasta la raíz» junto a Natalia Lafourcade, la cantante ha reafirmado su compromiso con la memoria de quienes perdieron la vida defendiendo la democracia.

Tras ofrecer un emotivo espectáculo en el Teatro Municipal de Arequipa, y luego de haber superado una grave crisis de salud que la llevó a estar en UCI, Baca pidió a los peruanos no rendirse en su lucha por un país más justo. También hizo un llamado a sus colegas artistas para seguir alzando la voz hasta recuperar una verdadera democracia pese a la censura tal como pasó con la cantante Yarita Lizeth.

A los arequipeños nos gusta decir que Arequipa es una ciudad de revoluciones. Tenemos una tradición opositora al gobierno central de turno, sea civil o militar, que nos viene de una afirmación ciudadana contraria a tutelajes. Y eso se ha ido convirtiendo en sentido común porque se transmite a las nuevas generaciones. El debate suscitado a raíz de la publicación de la Ordenanza Regional 538 que aprueba la Educación Sexual Integral-ESI, pareciera enmarcarse en esa tradición pues muchos toman partido rápida y apasionadamente sin fijarse mucho en argumentos: “de qué se trata, para oponerme”.

El tema es delicado y por eso lleva a discusiones. Los problemas relacionados con nuestras partes pudendas hieren sensibilidades. Tal vez no de los jóvenes, ahora expuestos a fotos y videos mil de sexo explícito a toda hora y sin censura, pero sí a los mayores de cincuenta para quienes esos asuntos son privadísimos y al verlos nos hacen dar un brinco. Como el brinco que dieron nuestros padres cuando, adolescentes, empezamos a besarnos, sin vergüenza, en lugares públicos.

La dura verdad es que tenemos serios problemas en colegios y escuelas públicas y privadas, cuya punta del iceberg lo constituyen el bullyng, el acoso sexual y el embarazo adolescente, para no hablar de otros más graves como la violencia sexual en las familias, abortos, la explotación sexual de adolescentes, las redes de producción pornográfica y hasta suicidios de chicas por causa de embarazos no deseados, que afectan a familias y a comunidades educativas enteras.

El mundo está cambiando a una velocidad vertiginosa y eso marea y da temor: cambio climático, sobrepoblación, migraciones, guerras, revolución tecnológica, miseria de las mayorías, crecimiento de la delincuencia, aparición de nuevas costumbres o polarización política. Ante ello, muchos miran para otro lado y quisieran olvidar que existen estos problemas. Otros, temerosos y angustiados, quisieran volver al pasado.

Entonces, los que no saben cómo enfrentar los cambios y al futuro incierto, se dejan llevar por los profetas del apocalipsis y cierran puertas y ventanas aferrándose a las respuestas del pasado: no al divorcio, el sexo es pecado, no al sexo, no a los anticonceptivos. Ante la propuesta de dar una educación sexual en la escuela saltan las sospechas y creen esas mentiras: “a los niños y adolescentes los van a confundir”, “los van a malograr”, “les van a enseñar perversiones”, “los van a convertir en homosexuales” o “les van a enseñar a abortar”.

Los verdaderos maestros, los funcionarios públicos y, por supuesto, las madres de familia que no saben muchas veces a quién acudir para buscar consejo, consuelo y hasta un milagro, no se pueden dar el lujo de ignorar los problemas que el mundo moderno trae, porque no se puede detener el transcurrir del tiempo.

Frente a esos problemas el Estado aprobó los Lineamientos de la Educación Sexual Integral – ESI mediante la Resolución Viceministerial N° 169-2021-ED de junio del 2021, señalando que ella debe ser de “calidad científica y ética…que permita a las personas vivir su sexualidad con responsabilidad, madurez emocional y respeto por uno mismo y los demás”. Queda claro que el primer objetivo de la ESI es contribuir al “establecimiento de relaciones afectivas igualitarias, armoniosas y libres de violencia”.

Pero, resulta que un grupo de políticos y religiosos – que se dicen orgullosamente conservadores – están levantando las banderas de la resistencia, la rebelión y la anarquía, pretendiendo que los consejeros regionales no aprueben políticas públicas y que los maestros y maestras no impartan la Educación Sexual Integral-ESI, o que médicos y enfermeras no apliquen el aborto terapéutico, cuando es una política aprobada por el Estado peruano hace cien años.

El pretexto es que los padres de familia deben ser los únicos responsables de la educación de sus hijos. O sea, pretenden que el Estado no intervenga en la educación. ¿En qué quedamos? ¿Es bueno que el Estado gaste más en armas, patrulleros y policías, intervenga más en nuestra vida diaria para darnos seguridad, es bueno cuando exigimos que el Estado gaste más en programas de salud y vacunación y es malo que intervenga en la educación de niños y adolescentes? ¿El miedo va a imponer la anarquía y el individualismo extremo?

Lo curioso es que entre esos religiosos que llevan la voz cantante se esconden los que encubrieron, protegieron y hasta justificaron la conducta de los abusadores de niños y adolescentes que formaron parte del Sodalicio de Vida Cristiana felizmente disuelto por el papa Francisco, o pertenecen al Opus Dei del cardenal Cipriani, aliado de sectas evangélicas (“con mis hijos no te metas”) que quisieran regresar al pasado del cinturón de castidad para las mujeres, la hoguera para los homosexuales y la poligamia para los varones.

Los padres de familia católicos, saben que hay lobos disfrazados de ovejas y seguramente se preguntan ¿cuál es la postura de la Iglesia sobre la educación sexual?

Luego del Sínodo de Obispos sobre la Familia en 2017 que abordó los temas álgidos que enfrenta, el papa Francisco dictó la Exhortación Apostólica “Amoris Laetitia” que sobre este asunto dice: “280. El Concilio Vaticano II planteaba la necesidad de «una positiva y prudente educación sexual» que llegue a los niños y adolescentes «conforme avanza su edad» y «teniendo en cuenta el progreso de la psicología, la pedagogía y la didáctica» Es difícil pensar la educación sexual en una época en que la sexualidad tiende a banalizarse y a empobrecerse… El impulso sexual puede ser cultivado en un camino de autoconocimiento y en el desarrollo de una capacidad de autodominio, que pueden ayudar a sacar a la luz capacidades preciosas de gozo y de encuentro amoroso.”

Es decir, la Iglesia desde el Concilio Vaticano II (hace 60 años) ve como positiva una educación sexual basada en los avances de la medicina, la psicología y la pedagogía, que ayude a madurar a los niños y adolescentes en el conocimiento y protección de su cuerpo y de su impulso sexual natural, evitando la banalización o vulgarización, a la que lo llevan las redes sociales y, más bien, asumiéndolo como la base de expresiones amorosas que, para los Padres de la Iglesia, son la continuación de la Creación.

Antes de seguir la corriente de la prensa amarilla que busca la sangre y a los culpables para colgarlos, o de esos políticos que buscan cámaras y primeras planas, los jóvenes y los padres de familia seguramente están separando la paja del grano, recordando que si hay una tradición revolucionaria en Arequipa ha sido para hacer prevalecer el respeto y la igualdad de trato a las personas, por diferentes que sean, norte que nos llevará a una sociedad y un Estado verdaderamente democráticos, donde haya oportunidades para todos, incluidos los inmigrantes y las personas LGTBI+.

Por: Rosario Cardeña

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) anunció que, tras un diálogo entre autoridades, empresarios y representantes de la sociedad civil, se logró llegar a acuerdos para la solución al conflicto del transporte turístico hacia Machu Picchu. Así se espera restablecer el servicio con seguridad y calidad.

Medidas acordadas para asegurar el servicio de transporte

De acuerdo con el comunicado oficial de la PCM:

• Plan de contingencia: Consettur Machu Picchu SAC e Inversiones San Antonio de Torontoy SA implementarán un plan de contingencia para garantizar la continuidad del transporte turístico en condiciones legales y seguras.
• Transparencia y socialización: La Municipalidad de Urubamba se compromete a socializar la información del proceso que definirá al nuevo operador del servicio de buses hacia Machu Picchu.
• Coordinación en seguridad: Municipios provinciales y distritales coordinarán con la Policía Nacional del Perú para garantizar la seguridad del transporte de turistas a la ciudadela.

Impacto económico y turístico de la crisis

El turismo en Cusco depende en gran medida del acceso fluido a Machu Picchu. La suspensión o el conflicto prolongado en el transporte podría afectar gravemente la economía local y la imagen internacional del sitio arqueológico, declarado Patrimonio de la Humanidad. Organismos internacionales han advertido que los problemas de gestión pueden poner en riesgo el estatus de Machu Picchu como maravilla mundial.

Retos pendientes en la gestión del transporte a Machu Picchu

Si bien los acuerdos representan un avance, persisten retos para garantizar la transparencia y sostenibilidad del servicio. Será clave asegurar que el proceso de licitación sea claro y que las comunidades campesinas involucradas tengan participación efectiva y beneficios reales. La implementación del plan de contingencia deberá monitorearse para que no sea solo una solución temporal, sino un paso hacia una gestión turística ordenada y sostenible.

Contexto del conflicto por el transporte turístico a Machu Picchu

La concesión de 30 años de la empresa Consettur Machu Picchu SAC para operar la ruta Hiram Bingham concluyó en septiembre de 2025. La Municipalidad Provincial de Urubamba designó como operador temporal a Inversiones San Antonio de Torontoy, conformada por comunidades campesinas locales, mientras se realiza un nuevo concurso público para definir al operador definitivo del servicio de buses hacia la ciudadela.

Este cambio generó tensiones entre Consettur y las autoridades locales, así como protestas y riesgo de paralización que podían afectar a más de 5,600 turistas diarios, poniendo en jaque uno de los principales motores económicos de Cusco y del país.

Lea la nota original aquí o visita el medio Cusco Post

 

El video Susel Paredes, el lenguaje loncco y su vínculo con Arequipa | El Regreso se publicó en YouTube en este enlace

 

La ciberseguridad de la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO) quedó en entredicho luego de que un grupo de hackers lograra vulnerar sus sistemas y acceder a información sensible. De acuerdo con la información obtenida por Noticias Trujillo, más de 27 mil fotografías de estudiantes, exalumnos y docentes fueron filtradas a través de foros en internet.

Hasta el momento, la universidad no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre este grave incidente, lo que genera incertidumbre entre la comunidad académica y los padres de familia.

Datos comprometidos

De acuerdo con las primeras indagaciones, los ciberdelincuentes habrían accedido únicamente a fotografías de los miembros de la comunidad universitaria. Sin embargo, aún no se descarta que también hayan obtenido acceso a otros tipos de información, como bases de datos internas, cámaras de seguridad o expedientes con datos sensibles.

Las fotografías filtradas podrían ser utilizadas en delitos digitales como la suplantación de identidad, creación de perfiles falsos o incluso estafas electrónicas. La preocupación aumenta debido a que la UPAO emplea un sistema de reconocimiento facial en sus ingresos y salidas, lo que obligó a estudiantes y personal a registrar imágenes personales en su base de datos.

Expertos advierten fragilidad en la ciberseguridad

Para el especialista en Tecnología de Información, Edward Vega Gavidia, docente y consultor de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), este tipo de ataques no debe ser tomado a la ligera.

“La filtración de datos privados no es un simple error, sino una amenaza directa a la integridad digital de estudiantes y profesionales. Los sistemas en el Perú son frágiles y muchas instituciones no cuentan con protocolos adecuados para responder a estos incidentes”, señaló Vega Gavidia a Noticias Trujillo.

Vega advierte que este tipo de vulneraciones deja en evidencia la falta de inversión en seguridad digital en el país y la necesidad urgente de que universidades, empresas y entidades públicas refuercen sus sistemas de protección.

Silencio institucional

La universidad hasta el momento guarda silencio. No se ha confirmado ni desmentido la información difundida, pese a la magnitud del problema. Se espera que en las próximas horas la UPAO emita un comunicado oficial a través de sus canales institucionales.

Mientras tanto, la incertidumbre se extiende entre los alumnos y docentes, quienes reclaman respuestas claras sobre el alcance del ataque y las medidas que se implementarán para proteger sus datos en el futuro.

Lea la nota original aquí o visita el medio Noticias Trujillo

 

Desde hace más de diez días, el Hospital III Base Puno de EsSalud enfrenta una crisis que expone las carencias del sistema de salud regional, donde la falta de medicamentos, equipos médicos y prótesis mantiene en pie de lucha a los médicos de la institución.

El conflicto se intensificó tras las declaraciones del presidente ejecutivo de EsSalud, Segundo Acho, quien calificó como ilegal la medida de protesta e implementó descuentos salariales como medida disciplinaria contra los profesionales que acatan el paro iniciado el 9 de septiembre.

Miguel Cáceres, secretario del sindicato del cuerpo médico de EsSalud Puno, rechazó las intimidaciones y confirmó que continuarán con la huelga indefinida pese a las amenazas económicas, argumentando que cumplieron todos los requisitos legales para ejercer su derecho a la protesta laboral.

La respuesta sindical incluyó una denuncia formal contra Acho por avocamiento indebido, considerando que sus declaraciones constituyen una forma de presión hacia los trabajadores que defienden mejores condiciones para brindar atención médica de calidad a los asegurados.

El vocero médico detalló que, aunque existen algunos avances en las negociaciones, estos resultan insuficientes ante la magnitud de las carencias que enfrenta el hospital, especialmente en áreas críticas que requieren atención inmediata para garantizar servicios óptimos.

La ausencia de tomógrafos, medicamentos esenciales y prótesis representa el núcleo del conflicto, situación que según los profesionales compromete la calidad de atención médica que pueden ofrecer a miles de asegurados en la región altiplánica.

Cáceres enfatizó que los médicos no temen a los descuentos salariales y mantendrán su posición hasta lograr el cumplimiento total de sus demandas, priorizando las necesidades de los pacientes por encima de las presiones administrativas ejercidas desde Lima.

La medida de lucha continuará hasta que las autoridades centrales de EsSalud atiendan integralmente los pedidos relacionados con el equipamiento médico, los insumos hospitalarios y las condiciones laborales que permitan brindar servicios de salud dignos en Puno.

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El Gobierno prorrogó por 60 días el estado de emergencia en varios distritos y centros poblados de Ayacucho, además de franjas estratégicas que atraviesan la región. La medida, oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 118-2025-PCM, entrará en vigencia desde el 28 de setiembre.

En el caso de Ayacucho, la disposición comprende distritos de la provincia de La Mar y áreas vinculadas al Eje Energético del Gas de Camisea, que recorre ocho kilómetros a cada lado del sistema de transporte de gas natural hasta llegar al distrito de Anco. También se incluye el Corredor Operacional Fluvial–Terrestre del Ene, que abarca márgenes del río Ene, zona considerada de alto riesgo.

Durante la prórroga, se restringen derechos constitucionales como la libertad de tránsito, reunión, inviolabilidad de domicilio y seguridad personal, en aplicación del artículo 137 de la Constitución.

El decreto establece que las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno en coordinación con la Policía Nacional, bajo las normas del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ejercerá el Comando Unificado en las operaciones militares.

La decisión busca reforzar la seguridad en Ayacucho y zonas aledañas, donde persiste la presencia de la organización terrorista Sendero Luminoso (OT-SL) y otras amenazas.

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César Acuña Peralta, líder de Alianza para el Progreso (APP) y anunciado candidato a la presidencia en las elecciones generales del 2026, recibió el rechazo de un colectivo de ciudadanos, quienes le gritaron “¡Acuña y Dina, la misma tontería!”.

Los manifestantes también lanzaron huevos y botellas contra la delegación de Acuña, a su paso por las inmediaciones del Gobierno Regional de Junín. Esto, en el centro de Huancayo.

Colectivo de ciudadanos rechazó en #Huancayo a César Acuña, quien llegó a esta ciudad para presentar a sus precandidados para las #Elecciones2026. pic.twitter.com/II5QuP04NZ

— Huanca York Times (@HuancaYorkTimes) September 21, 2025

Acuña realizó este sábado una marcha proselitista por la calle Real. Ante poca asistencia militantes de APP, presentó en la Plaza Huamanmarca a los precandidatos de su partido a las elecciones regionales y municipales que también se realizarán el 2026.

El colectivo de Huancayo protestó lanzando huevos y botellas, gritando consignas que comparan a Acuña con la presidenta Dina Boluarte. La tensión creció cuando la marcha contra el gobierno se cruzó con la de APP. Los organizadores criticaron a Acuña por representar lo mismo que el Ejecutivo, al cual responsabilizan por la crisis previsional.

En Lima, miles de ciudadanos tomaron las calles convocadas por colectivos y redes sociales. Las protestas se centraron en exigir que el Congreso derogue la reforma. Esta afecta principalmente a trabajadores informales, jóvenes y quienes no tienen un empleo estable.

La reforma, conocida también como “modernización del sistema de pensiones”, elevará la obligación de aporte de independientes desde 2 % en 2028 hasta 5 % en 2034. Quienes emiten recibos por honorarios denuncian que este aporte les generará carga financiera, sin garantías claras de que recibirán una pensión justa. 

En su presentación, César Acuña indicó su discurso mostrándose como alguien que lucha contra la corrupción, sin embargo, el gobierno regional de La Libertad, que él dirige como gobernador, está envuelta en denuncias de sobrecostos en compra de vehículos para la Policía y favorecimientos en la entrega de buena pro a empresas sin experiencia en obras públicas.

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https://twitter.com/investiga_pe/status/1969747559506702362

 

 

Diversos grupos de jóvenes y organizaciones ciudadanas han convocado movilizaciones en el Perú para expresar su descontento con el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso. El detonante principal son las pésimas reformas al sistema de pensiones, además de la preocupación por la corrupción y el país tomado por la delincuencia y el crimen organizado. Se atribuye la organización a los colectivos de la llamada Generación Z.

En estas manifestaciones, un símbolo llama la atención: la bandera pirata del anime japonés One Piece, con un cráneo sobre dos fémures en aspa y un sombrero de paja. Este emblema representa en la serie la lucha contra la opresión del “Gobierno Mundial” y la búsqueda de libertad total, valores que los jóvenes han trasladado a la vida real como señal de resistencia frente a lo que consideran injusticias institucionales.

El uso de esta bandera no es exclusivo de Perú. En Nepal, jóvenes de la Generación Z empezaron a emplearla para manifestarse contra la prohibición de redes sociales, la corrupción y el nepotismo, logrando la caída del primer ministro K.P. Sharma Oli. En Indonesia y Corea del Sur, también se ha visto en protestas contra aumentos salariales injustificados a legisladores y abusos de poder. La imagen del sombrero de paja y el cráneo se ha comparado con el impacto cultural de las máscaras de V de Vendetta o La Casa de Papel, transmitiendo un mensaje de rebeldía global.

En Perú, colectivos como Voz Ciudadana y Colectivo Jóvenes Líderes para el Perú han explicado que las movilizaciones no solo buscan cuestionar leyes pésimas como la de las pensiones, sino también denunciar la corrupción desde las altas esferas del poder, la mala gestión el gobierno y exigir transparencia. Expertos en política y antropología explican que aunque las marchas puedan no tener la misma magnitud que las de Nepal, es una clara expresión de una juventud más informada y motivada, preocupada por el impacto de decisiones políticas en su futuro.

La convocatoria se realizará el 20 y 21 de septiembre en la Plaza San Martín de Lima, con difusión activa en redes sociales y plataformas de streaming como Kick, lo que permitirá que el mensaje llegue a un público más amplio. A diferencia de marchas pasadas, los jóvenes organizadores buscan mantener el enfoque en las problemáticas centrales sin que la protesta pierda profundidad o se banalice.

La historia de la bandera de One Piece y su adopción por los jóvenes nos han demostrado que la cultura popular puede trascender del entretenimiento a la acción política. Ahora se ha convertido en un emblema de resistencia, unidad y cuestionamiento al poder. Prácticamente, conecta a los manifestantes con un movimiento global de la Generación Z que utiliza símbolos para expresar indignación y exigir cambios.

La historia de Luffy y la bandera de One Piece cala en la Generación Z

Monkey D. Luffy, el protagonista de la serie, crece sin un hogar convencional. Su padre, Monkey D. Dragon, es el líder de un ejército revolucionario y permanece ausente en su vida, su madre ni que hablar, es un misterio. Esto deja a su abuelo, Monkey D. Garp, un héroe de la Marina, con la tarea de criarlo. Garp intenta moldearlo con disciplina y una mano dura, con la esperanza de que siga sus pasos. Sin embargo, Luffy mira el mundo y ve cómo la justicia es una palabra vacía usada por los corruptos para controlar a la gente. Ve cómo los poderosos, como los Dragones Celestiales, viven por encima de la ley. Y cómo la obediencia ciega solo lleva a una vida sin libertad.

Él no quiere ser un robot que sigue órdenes. Lo que él busca es el viento en su cara y el mar sin fronteras. Lo impulsa el sueño de ser el hombre más libre del mundo.

Un día, en su aldea, se encuentra con un pirata llamado Shanks el Pelirrojo, quien encarna la libertad que él busca. Luffy se come por accidente una misteriosa fruta del diablo que le da un cuerpo de goma, y a cambio, pierde para siempre la capacidad de nadar. Pero Shanks ve en él algo más que un simple error. Cuando Luffy está en peligro, Shanks se sacrifica y pierde su brazo para salvarlo. Antes de irse, le entrega su sombrero de paja. «Devuélveme este sombrero cuando seas un gran pirata», le dice. Ese sombrero es ahora un juramento sagrado, un recordatorio constante de que alguien creyó en su sueño de libertad, incluso cuando el mundo le decía que era imposible.

Con el tiempo, Luffy se lanza al mar, pero su viaje de pirata no es por el oro, sino por la gente. Va encontrando a sus futuros amigos y cómplices, cada uno con una herida causada por la injusticia. A Zoro, con un camino truncado por las mentiras de otros. A Nami, atrapada por la codicia y la traición. Y a cada uno, Luffy les ofrece un lugar en su barco, un refugio donde pueden dejar atrás sus cicatrices y convertirse en la familia que siempre desearon. Es el tirador de la tripulación, Usopp, quien se encarga de crear un emblema para ellos. Con pintura y tela, diseña la bandera de la calavera y el sombrero de paja, un símbolo que nace de su unión por la libertad.

La bandera que ahora ondea en el mástil de su barco no es solo un estandarte. Es el símbolo de una lucha contra un sistema que ha perdido su camino. Es el emblema de su familia elegida, de su libertad y de su promesa de ser libres. Para Luffy, el título de Rey de los Piratas no se trata de poder o de riqueza. Es el sinónimo de alcanzar la libertad absoluta, la máxima expresión de vivir tu propia vida en un mundo donde todos los derechos son respetados. El bienestar de las personas es lo más importante.

Así la llamada Generación Z se estaría identificando con estos personajes y sus ideales.

Lea la nota original aquí o visita el medio LA LUPA

El gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, anunció que la construcción del proyecto cuprífero Tía María comenzará en octubre de 2025, tras las coordinaciones realizadas con el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Durante su participación en el Jueves Minero descentralizado del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, indicó que el Minem prevé autorizar el inicio de actividades en septiembre, mientras que la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) otorgará el derecho de servidumbre a fines de año y la Autoridad Nacional del Agua (ANA) emitirá su autorización en 2026.

Sánchez detalló que el proyecto, operado por Southern Perú Copper, contempla una inversión de US$ 1,802 millones y la producción de 120 mil toneladas de cátodos de cobre por año. Agregó que Tía María forma parte de una cartera priorizada junto a los proyectos Expansión Cerro Verde, Zafranal y Pampa de Pongo, que en conjunto suman una inversión estimada de US$ 6,954 millones en la región.

El gobernador destacó que la minería continúa liderando el monto de inversión en Arequipa y que la promoción de la inversión privada es clave para generar empleo, combatir la pobreza y fortalecer la recaudación tributaria.

Impacto económico en la región

Sánchez informó que, como resultado de la actividad minera, Arequipa ha recibido S/ 580 millones en transferencias por canon y regalías entre 2023 y 2025, cifra que podría incrementarse si los cuatro proyectos de gran envergadura avanzan según lo previsto.

El Círculo de Mujeres Sikuris de Arequipa alzó su voz contra el exceso de regionalismo y clasismo que aún persiste en la ciudad y que muchas veces linda con la discriminación hacia la música altiplánica. En su opinión, las autoridades arequipeñas deberían apostar por organizar eventos que inviten a la reflexión y eduquen a la población sobre lo dañino que puede resultar una ciudad sin tolerancia y sin respeto por la diversidad cultural.

Para este colectivo, abrir espacios para las mujeres sikuri no significa solo presentarse en escenarios, sino también construir un refugio para aquellas que buscan ser escuchadas y acompañadas. El grupo está conformado por mujeres de distintas edades y estilos de vida, unidas por el compromiso de fortalecer lazos y levantar la voz a través de la música.

Las letras que adaptan al conocido género musical altiplánico están pensadas para empoderar a la mujer, con la intención de llegar especialmente a las niñas, quienes suelen ser las más atentas en sus presentaciones.

Desde Arequipa, este círculo invita a más mujeres a sumarse, a conocer su trabajo y a estar pendientes de las convocatorias que realizan, reafirmando que la música también puede ser un espacio de resistencia y transformación social.

La Fiscalía de la Nación, mediante una resolución, designó este domingo al fiscal supremo titular Pablo Sánchez Velarde como fiscal de la Nación interino, en reemplazo de Delia Espinoza, para proceder a la transferencia del cargo.

Este lunes la Junta de Fiscales Supremos definirá al nuevo fiscal de la Nación, luego de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) impuso una suspensión a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por seis meses, en lo que sigue con el proceso sancionatorio por supuestas faltas disciplinarias.

Es así como, para evitar que la institución quede sin un representante, un fiscal supremo tiene que asumir de manera interina el puesto del que Espinoza fue retirada de forma momentánea. Toda vez que, mientras dura el proceso disciplinario, ella sigue ostentando el cargo de fiscal de la Nación.

Incluso, si la JNJ no la llega a destituir, y se le absuelve de todos los cargos, Espinoza Valenzuela regresaría a la institución y reanudaría su mandato como fiscal de la Nación.

¿Qué dice la resolución de designación de Pablo Sánchez?

«Siendo el fiscal supremo titular con mayor antigüedad en el Ministerio Público el abogado Pablo Wilfredo Sánchez Velarde, por imperio de la ley, le corresponde asumir en forma interina el cargo de Fiscal de la Nación, por el plazo legalmente previsto en la Resolución de la Junta Nacional de Justicia N. 143-2025-PLENO-JNJ o hasta otra disposición», se lee en la resolución.

Curiosamente, está suscrita por el propio Pablo Sánchez en ausencia de un Fiscal de la Nación titular.