En un operativo conjunto realizado el 11 de julio en la provincia de Puerto Inca, Huánuco, autoridades incautaron maquinaria pesada y equipos valorizados en más de cinco millones de soles, utilizados en actividades de minería ilegal. La intervención se llevó a cabo en el sector Paucarcito, dentro del territorio de la comunidad nativa Tsirotzire. Este operativo se da días después de otra intervención el 9 de julio en el sector de Nueva Esperanza.

Operativo en zona intangible

El operativo, denominado “Perla Dorado II-2025”, fue encabezado por el mayor PNP Sandro Vilca Saman, junto al fiscal Carlos Eduardo Nina Cruz, de la Primera Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Ucayali. También participaron efectivos de la Unidad Desconcentrada de Protección del Medio Ambiente de Huánuco, la Unidad de Control Fluvial de Puerto Inca y personal de inteligencia del Frente Policial Puerto Inca.

Tras un recorrido de dos horas en vehículo y una hora a pie, el equipo intervino un área de 15 hectáreas, donde se identificaron labores de minería ilegal en una zona clasificada como intangible. Se constató la deforestación del bosque y la alteración del cauce natural de la quebrada San Pablo.

Maquinaria y equipos incautados

En el lugar se hallaron cuatro excavadoras sobre orugas, tres de la marca Hyundai y una Caterpillar, así como cinco motores chinos, cuatro bombas de succión, dos chutes metálicos, mangueras, geomembranas, 180 galones de combustible, seis campamentos y cuatro pozas de procesamiento.

Según el informe oficial, el valor estimado de los bienes incautados asciende a S/ 5140,400. La Fiscalía dispuso su decomiso por estar presuntamente vinculados a los delitos de minería ilegal y contaminación ambiental en su forma agravada, conforme al Decreto Legislativo N.º 1100.

Expansión de minería ilegal en Puerto Inca

Las autoridades señalaron que personas con antecedentes por minería ilegal provenientes de regiones como Madre de Dios, Cusco y Puno se están desplazando hacia la provincia de Puerto Inca, intensificando la presión sobre zonas vulnerables de la Amazonía.

En esta región se han identificado numerosos puntos de deforestación y contaminación ambiental vinculados a la extracción ilegal de oro. La expansión de esta actividad ilícita representa una amenaza creciente para los ecosistemas y comunidades locales.

La Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público anunciaron que continuarán con las acciones de interdicción en la zona con el objetivo de frenar el avance de la minería ilegal en Puerto Inca. Las autoridades reiteraron su compromiso de reforzar la vigilancia en territorios comunales y áreas de alta sensibilidad ambiental.

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En un hecho que marca el inicio de una nueva etapa en su carrera política, el reconocido comunicador y actual precandidato presidencial Phillip Butters arribó la noche de este viernes 11 de julio a la ciudad de Trujillo, dando así inicio oficial a su primera gira nacional como aspirante a la presidencia por el partido Avanza País.

Su llegada, registrada a las 10:00 p. m., fue recibida con entusiasmo por una numerosa delegación de simpatizantes, militantes y dirigentes partidarios, quienes lo acompañaron en un recorrido simbólico por las principales arterias de la ciudad. La presencia de Butters generó gran expectativa en la población trujillana, convirtiéndose en tendencia local y en el punto de partida de una intensa agenda política rumbo a las elecciones generales del 2026.

Durante su estadía en la región La Libertad, Phillip Butters tiene previsto cumplir con una agenda cargada de actividades cívico-partidarias. Entre los actos más significativos figura su visita a la tumba de Víctor Raúl Haya de la Torre, en un gesto de respeto hacia el pensamiento político forjado en Trujillo y que ha marcado la historia contemporánea del país.

Además, la gira contempla visitas a los distritos de Otuzco, Paiján y Casa Grande, localidades claves en el desarrollo económico y social del norte peruano. Uno de los eventos más esperados será la Gran Concentración Partidaria Regional, programada para este sábado en el local Berlu del distrito de Alto Trujillo, donde se espera la asistencia de cientos de simpatizantes que se sumarán al proyecto de renovación política que promueve Avanza País.

Como parte del fortalecimiento institucional del partido, también se llevará a cabo la inauguración oficial de los locales partidarios en los distritos de Salaverry y Laredo, consolidando así la presencia de Avanza País en el territorio liberteño.

El domingo 13 de julio, el precandidato iniciará el día con un desayuno popular en el centro poblado El Milagro, seguido de un recorrido por zonas claves para la economía local. Posteriormente, sostendrá un almuerzo de trabajo con representantes sociales en Sausal y, finalmente, tendrá una importante reunión con los precandidatos a diputados y senadores del partido por La Libertad, en busca de fortalecer el equipo parlamentario de cara al proceso electoral.

“Regresar a Trujillo no solo es volver a casa; es reencontrarme con mis raíces, con mi gente y con la energía que necesitamos para construir un país distinto, sin medias tintas ni miedos”, declaró Phillip Butters en la previa a su llegada.

Con esta gira, Avanza País busca consolidarse como una opción real de cambio para el Perú, basada en propuestas claras, liderazgo firme y contacto directo con la ciudadanía. El objetivo: un país más libre, justo y democrático.

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El debate sobre la minería informal en el Perú ha resurgido con fuerza tras el reciente anuncio del gobierno de Dina Boluarte sobre una nueva estrategia para combatir esta actividad. Mientras el Ejecutivo insiste en los graves daños económicos, ambientales y sociales que genera la minería ilegal, los sectores vinculados a la pequeña minería y la minería artesanal denuncian una política de criminalización que, protege los intereses de las grandes empresas transnacionales.

Este artículo profundiza en el debate, incorporando no solo la crítica de un exdirigente de los mineros artesanales de Sandia y Carabaya, sino también las demandas concretas de la Federación Regional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal de Puno, que reclama formalización en lugar de represión.

La postura del gobierno: «No pactamos con la ilegalidad»

En un mensaje televisado desde Palacio de Gobierno, la presidenta Dina Boluarte alertó que el Perú ha dejado de percibir S/ 7500 millones debido a la minería ilegal, recursos que —según detalló— podrían haber financiado obras prioritarias para el país: 1500 escuelas rurales, 750 centros de salud, 375 comisarías y más de 5000 puentes, entre otros.

La mandataria convocó a una mesa de trabajo multisectorial con representantes del Congreso, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo y gremios mineros para diseñar una ley que combata este flagelo.

«El gobierno no pacta con la ilegalidad», afirmó, rechazando los recientes actos de violencia protagonizados por mineros informales en Arequipa y otras regiones.

Boluarte también denunció los efectos colaterales de esta actividad: destrucción ambiental, explotación laboral y trata de personas.

«Hemos restablecido el orden interno, y no permitiremos que el caos se imponga como en diciembre del 2022», sostuvo, en alusión a las protestas que dejaron decenas de muertos durante su gestión.

El mensaje fue respaldado por el gabinete ministerial en pleno, incluidos los titulares de Defensa, Interior y Energía y Minas, quienes insistieron en que la formalización —no la represión— es el camino. Sin embargo, el gobierno dejó claro que no tolerará más bloqueos ni vandalismo.

La réplica de los pequeños mineros: «El gobierno defiende a las grandes mineras»

Un exdirigente de los mineros artesanales de Sandia y Carabaya, —quien pidió reserva de su identidad por temor a represalias— acusó a Boluarte de servir a los intereses de Minsur, Yanacocha, Quellaveco, Las Bambas y otras corporaciones mineras.

«Su narrativa de ilegalidad es una excusa para perseguir al pequeño minero», afirmó en diálogo con este medio.

Según el ex dirigente, la minería artesanal sostiene a más de dos millones de peruanos, y el Estado, en lugar de facilitar su formalización, los reprime con balas y criminalización.

«Ya hay tres mineros asesinados. El mensaje es claro: si no te sometes a las transnacionales, serás eliminado», denunció.

El entrevistado también cuestionó la legitimidad moral del gobierno: «Boluarte llegó al poder por una traición, su régimen está manchado de sangre y corrupción, y el Poder Judicial le garantiza impunidad a las mineras».

Para el exdirigente, la gran minería saquea los recursos naturales con complicidad del Estado.

«El gobierno habla de combatir la ilegalidad, pero no ofrece soluciones reales. En lugar de balas, deberían darnos herramientas para formalizarnos», agregó.

Pero la crítica no viene solo del ex dirigente. José Coa Luna, presidente de la Federación Regional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal de Puno, en declaraciones a Pachamama Radio, defendió el derecho al trabajo de miles de pequeños mineros:

«La Constitución nos ampara. Cumplimos con las normas y solo pedimos condiciones justas para trabajar. No somos delincuentes, somos mineros que alimentamos a nuestras familias».

Coa Luna detalló los dos ejes de su lucha:

Ampliación del proceso de formalización hasta diciembre de 2025, para que más mineros puedan regularizarse.

Aprobación de la Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal, que garantice derechos laborales y acceso a mercados formales.

Cifras versus realidades sociales

Mientras el gobierno enfatiza las pérdidas fiscales (S/ 7500 millones evadidos), el ex dirigente de los mineros artesanales replica que la gran minería tampoco paga impuestos justos, gracias a exoneraciones y vacíos legales. Un ejemplo: en 2023, según la Sunat, solo el 30% de las utilidades mineras se declararon.

En cuanto al daño ambiental, el Estado insiste en que la minería informal contamina ríos con mercurio, pero el ex dirigente recuerda que proyectos como Minsur, Southern, Conga, Bambas  también han sido denunciados por devastar ecosistemas.

Sobre la violencia, el gobierno justifica el uso de la fuerza para «evitar otro diciembre del 2022», pero el exdirigente responde: «¿Por qué no hubo misma firmeza con los bloqueos de Las Bambas?».

¿Hay salida?

El desafío es complejo. El Estado debe combatir la ilegalidad sin ahogar a los mineros artesanales, mientras las comunidades exigen políticas de formalización reales, no discursos. La mesa de trabajo anunciada por Boluarte será clave, pero su éxito dependerá de si escucha a todos los actores… o solo a los poderosos.

Mientras tanto, el debate sigue abierto: ¿Es esta una lucha por el desarrollo o una guerra económica disfrazada de legalidad?

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El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Subespecializado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de Huancayo dictó, este domingo 13 de julio, 18 meses de prisión preventiva contra Saúl Rosmel Ricse Alanya (22), investigado por el presunto delito de violación sexual en agravio de una menor de 14 años, a quien habría captado por redes sociales.

De acuerdo a la Fiscalía, los hechos ocurrieron desde el 2024, cuando la adolescente tenía 13 años. El imputado, a través de Facebook, captó a la menor y le ofreció dinero a cambio de mantener relaciones sexuales. La fiscal Doris Ochoa Hilario, de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer, sostuvo que el investigado se aprovechó de la situación económica de la adolescente para seducirla.

Durante la audiencia, la Fiscalía indicó que hay otras menores agraviadas, cuya identificación aún está en proceso. También se informó que en su celular se recuperó más de 1,800 archivos digitales, entre imágenes y videos, de los cuales algunos tendrían relevancia penal. Parte del material habría sido grabado por el propio investigado.

Además, la Fiscalía sostuvo que Ricse Alanya ofrecía dichos videos de contenido sexual a través de WhatsApp y que recibía pagos mediante Yape, por montos de 20 y 50 soles. Esta presunta comercialización fue sustentada con capturas de pantalla que forman parte del requerimiento de prisión preventiva.

Denuncia desde abril

La denuncia fue presentada en abril pasado por la madre de la víctima, luego de que la menor reconociera a su presunto agresor. En esa oportunidad, el investigado fue detenido en flagrancia en una cabina de internet del sector de Palián, en Huancayo, con videos de contenido sexual que involucrarían a menores.

Aunque se le detuvo en el acto, fue libertado al cumplirse el plazo de detención por la fiscal Mavel Hinostroza Tomaylla de la Cuarta Fiscalía Penal corporativa; después, por competencia el caso fue derivado a la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer. Sin embargo, el 8 de julio fue nuevamente detenido, esta vez en la misma cabina de internet, en cumplimiento de una orden de detención preliminar por 72 horas, dispuesta por el Poder Judicial, como parte de una investigación por trata y pornografía infantil.

De los presuntos delitos atribuidos a Ricse por el Ministerio Público, el más grave sería la violación sexual a una menor de edad, por lo que el Poder Judicial ha ordenado su internado en el penal de Huamancaca, por el plazo de 18 meses, mientras duren las investigaciones.

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En conferencia de prensa sobre las protestas de los mineros informales, quienes han dado una tregua hasta el lunes, el premier Eduardo Arana aseguró que el gobierno de Dina Boluarte no está retrocediendo ante ellos y pide no politizar.

«Cualquier tipo de conversación o acercamiento es parte de los mecanismos de diálogo (…) esto no significa retroceder en nuestros principios ni menoscabar el derecho que tenemos todos los peruanos de vivir en paz», presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana.

Asimismo, aseguró que las negociaciones con los mineros informales es un tema de importancia nacional y pide que no se involucren intereses políticos: “Hago una invocación a que en estos temas que involucran al Perú entero no se deben politizar, se deben analizar técnicamente».

En la misma conferencia, Dina Boluarte anunció para este lunes a una mesa de trabajo nacional a fin de avanzar en la elaboración de una nueva ley para la pequeña minería y la minería artesanal. En esa línea, el ministro Jorge Montero, señaló que se revisará el marco normativo vigente a fin de garantizar condiciones laborales seguras, con enfoque en salud ocupacional y respeto a la dignidad del trabajador.

Tras la protesta de mineros informales, Dina Boluarte sostiene que los peruanos “hemos aprendido la lección”

Tras asegurar que han recuperado el orden en todo el país, felicitó a los peruanos por “aprender la lección”. También apuntó contra la Fiscalía de la Nación para que investigue «si es que este tiene compromiso real con el país».

«Felicito a todos los peruanos, mujeres y hombres del Perú que no se han sumado a la violencia y han rechazado el bloqueo de vías… Todos hemos aprendido la lección y no se dejan manipular con dirigentes que ocultan sus rostros», Dina Boluarte en referencia a las movilizaciones ciudadanas de 2023 que pedían su renuncia y que fueron violentamente reprimidas.

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Dina Boluarte equiparó las protestas de mineros informales con las movilizaciones ciudadanas de 2023, y las culpó de las decenas de muertes investigadas por represión policial y militar. La mandataria también felicita que los peruanos “aprendan la lección”.

Dina Boluarte asegura que su gobierno se mantiene firme en la formalización de los mineros. También sostiene que en el país no se dará cabida a la minería ilegal y todos los otros delitos conexos a esta como la trata de personas, delitos ambientales, sicariato, extorsión, etc. Sin embargo, la mandataria se refirió a las protestas que provocó su ascenso a la presidencia, culpando a los manifestantes de las muertes, cuando casi todos esos asesinatos son investigados con policías y militares como los presuntos perpetradores de estas ejecuciones.

«Hemos restablecido el orden interno en todo el territorio nacional. No vamos a permitir que el caos y la violencia se apoderen del Perú como pretendieron hacerlo en los nefastos días de diciembre de 2022 y los tres primeros meses de 2023 en las que causaron las muertes de decenas de peruanos y originaron una severa recesión que afectó el crecimiento de nuestra economía e impactó en el aumento el desempleo y la pobreza», Dina Boluarte desvía responsabilidad política y policial de las muertes por la represión en las protestas de 2023.

En referencia a las muertes en las marchas: Dina Boluarte sostiene que los peruanos “hemos aprendido la lección”

Tras asegurar que han recuperado el orden en todo el país, felicitó a los peruanos por “aprender la lección”. También apuntó contra la Fiscalía de la Nación para que investigue «si es que este tiene compromiso real con el país».

«Felicito a todos los peruanos, mujeres y hombres del Perú que no se han sumado a la violencia y han rechazado el bloqueo de vías… Todos hemos aprendido la lección y no se dejan manipular con dirigentes que ocultan sus rostros», Dina Boluarte en referencia a las movilizaciones ciudadanas de 2023 que pedían su renuncia y que fueron violentamente reprimidas.

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Por amor, se fue a vivir a Suecia: Evelyn Peña dejó Arequipa y en este episodio cuenta cómo inició su carrera profesional en otro país sin experiencia, solo con su título de la UNSA, y cómo eso transformó su vida.
Escúchalo en Spotify: https://open.spotify.com/episode/56CXGKBujSCVoDvIx7ahrR?si=r0k0edAoSfm12jD1p-QA9A
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El video El Regreso Podcast | ¿Te irías lejos por amor?Una arequipeña volvió a Suecia se publicó en YouTube en este enlace

PICO A PICO | De apoyar a las víctimas, a legislar en su contra. La traición de Fernando Rospigliosi —promotor de la Ley de Amnistía para militares y policías que cometieron crímenes de lesa humanidad— pasará a la historia.

La hija del periodista Hugo Bustíos, asesinado en 1988, le recordó el día en que él expresó su «solidaridad» con su madre. Un gesto que hoy se contradice por completo con sus recientes acciones como férreo defensor del fujimorismo. ¿Qué opinas? 

Ve el programa completo en https://www.youtube.com/watch?v=Y5FMz7I_2rs

#picoapico #fujimorismo #fujimori #fernandorospigliosi #militares #amnistia #leyamnistia #victimas #JusticiaParaLasVictimas #noticiasperu #congresoperuano #congresodelperú

El video Fernando Rospigliosi, EL GRAN TRAIDOR del Perú y de las víctimas de crímenes de lesa humanidad se publicó en YouTube en este enlace

Más de 850 estudiantes del nivel secundario del colegio Jorge Basadre, en el distrito de José Luis Bustamante, en Arequipa, continúan recibiendo clases en aulas prefabricadas y pabellones antiguos. La situación, que debía ser provisional, se ha extendido por más de nueve años sin solución. El director del plantel, David Quispe Tito, explicó que los módulos temporales fueron instalados durante una etapa de construcción, pero al no haber continuidad en la obra, las estructuras se mantuvieron como únicas alternativas disponibles para los escolares.

La infraestructura deficiente no solo afecta el aprendizaje, sino también el bienestar del alumnado. Varias de estas aulas se instalaron en zonas originalmente destinadas a recreación, dejando sin espacios de esparcimiento a los estudiantes. Incluso el aula de 4 años del nivel inicial funciona en una de estas estructuras improvisadas. Hay clases que se desarrollan delimitadas por muros prefabricados y paredes compartidas con salones contiguos o incluso con la vía pública, lo que evidencia el nivel de adaptación al que ha tenido que recurrir el colegio para albergar al estudiantado, que asciende a un total de 1900 estudiantes.

Peticiones no atendidas

Inicialmente, la responsabilidad de llevar el proyecto era del gobierno distrital, pero se buscó un convenio con el gobierno regional para que se encargue del proyecto, lo cual tampoco ha avanzado. Además, el proyecto de construcción se encuentra entrampado por un expediente técnico mal elaborado en su etapa inicial. Aunque existía un presupuesto de 18 millones de soles, este quedó desactualizado con el paso del tiempo.

“Han pasado nueve años y no hay avances concretos”, lamenta el director del colegio, quien ha insistido en reiteradas ocasiones ante el Gobierno Regional de Arequipa sin obtener respuestas efectivas. Las solicitudes de audiencia y las gestiones realizadas acabaron ignoradas, mientras el alumnado continúa estudiando en espacios improvisados.

Ambientes improvisados

La precariedad no solo afecta a las aulas, sino también a las oficinas administrativas. El actual espacio que alberga la dirección, secretaría y subdirección del colegio Jorge Basadre era originalmente un antiguo taller de química. Ante la ausencia de una infraestructura adecuada, se adaptaron estos espacios levantando divisiones con muros de triplay y poniendo muebles sobre las mesas de mayólica del antiguo laboratorio.

Además, los ambientes prefabricados y aulas deterioradas no solo reducen las condiciones pedagógicas, sino también comprometen la seguridad de los alumnos, quienes en ocasiones tienen que salir a realizar clases de educación física en los parques alrededor del colegio. Las limitaciones en el espacio impiden que se tengan áreas adecuadas para recrearse o participar en actividades al aire libre, fundamentales para su desarrollo integral.

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Mientras el país está en crisis, el Congreso y el Gobierno están ocupados blindándose, subiendo sueldos y silenciando críticas. El informe de Human Rights Watch 2025 lo deja claro: en Perú, la democracia está siendo desmantelada desde adentro. Y ni el congreso, ni la presidenta Dina Boluarte parecen entender bien el riesgo.

“Sus falencias académicas eran evidentes”: Harvey Colchado recordó cómo era el trabajo con Patricia Benavides cuando esta era fiscal de la Nación. El ex coronel PNP y ex jefe de la DIVIAC, lamenta que «ineptos» dirijan actualmente la Policía.

Harvey Colchado fue entrevistado por el periodista Víctor Caballero, conocido como Curwen. El ex jefe de la DIVIAC que trabajo de lado de la EFICCOP cuando era dirigido por la fiscal Marita Barreto, compartió varias estrategias y experiencias en la Policía. Tambien fue cuestionado por su cercanía en 2022 a Patricia Benavides. Colchado respondió que hasta ese momento no tenían evidencias de cómo era en realidad la fiscal de ese turno, pero sí le desagradó la arremetida de Benavides contra la fiscal Betsabé Revilla.

«Todos respetaba a. Patricia Benavides en 2022. Recuerda que recién en febrero, marzo de 2023, nosotros descubrimos el monstruo que era. En ese entonces estábamos luchando codo a codo. Nos dábamos cuenta de sus falencias académicas, eran evidentes», Harvey Colchado sobre Patricia Benavides.

Asimismo, el coronel PNP pasado al retiro contó que cuando recibía denuncias sobre policías corruptos, tenía que enfrentar la defensa de esos acusados ejercida muchas veces por Juan José Santivañez, quien más tarde escaló hasta ser Ministro del Interior en el régimen de Dina Boluarte.

Harvey Colchado lamenta que policías ineptos dirijan actualmente a la PNP

También lamentó que la PNP esté dirigida por un agente que fue el último en su promoción y que tiene denuncias de presunta corrupción en Arequipa, en referencia a Víctor Zanabria. Esa dirección cuestionable impide una lucha eficaz contra el crimen organizado.

«La presidente o el presidente necesita policías serviles, pero ponen a policías ineptos. Como es posible que el actual comandante general sea uno de los últimos puestos de su promoción», Harvey Colchado en referencia a Víctor Zanabria.

El ex coronel PNP y ex jefe de la DIVIAC, por ahora no piensa en la política, pero sí desea volver Policía: «Yo si he pensado meterme a la política, pero al final de mi carrera».

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Los diez militares condenados en el caso Manta y Vilca, un emblemático proceso por violaciones a los derechos humanos en Huancavelica durante el conflicto armado (1980-2000), podrían ser los primeros en solicitar la aplicación de la controvertida Ley de Amnistía, aprobada en segunda votación el 9 de julio por la Comisión Permanente del Congreso.

Así advirtió el especialista de derechos humanos, Carlos Rivera Paz, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL). Las mujeres de los poblados de Manta y Vilca fueron objeto de violaciones sexuales por militares de la base contra subversiva del lugar, que fue instalada en la década de los 80 para prestar resguardo de las acciones los grupos subversivos, pero se convirtieron en victimarios de quienes debían proteger. 

La Ley de Amnistía, que beneficia a militares y policías procesados o condenados por delitos cometidos durante el conflicto armado, generó el rechazo de las víctimas y sus familiares por la impunidad que asegura la norma. Rivera señaló que el caso Manta y Vilca, con sentencia en junio de 2024 y actualmente en apelación, tiene una audiencia clave en la Corte Suprema el próximo jueves 17 de julio y puede ser en esta ocasión que los militares en retiro pidan beneficiarse de la última Ley de Amnistía. 

“Si la presidenta Dina Boluarte promulga la ley rápidamente, como sospechamos, los condenados podrían presentar pedidos de amnistía en esa audiencia”, sostuvo Rivera Paz. Estos militares ya habían pedido acogerse a la ley de prescripción de delitos de lesa humanidad, dada en 2024 por el actual congreso. Este aspecto también será debatido por los jueces.

Cada condenado o investigado debe pedir su amnistía

Una vez que la ley sea promulgada y esté vigente, su aplicación no es automática: Cada condenado debe solicitar individualmente su aplicación ante el Poder Judicial, y los jueces, en audiencias en el cual se escuche al Ministerio Público y a las víctimas, decidirán si les es aplicable, explicó Rivera.

Sin embargo, el abogado señaló que confía en que los jueces, respaldados por 20 años de jurisprudencia y la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Barrios Altos, rechazarán estas solicitudes. Además, en varias situaciones, ya han inaplicado la ley de prescripción o lo han dejado para el final de los juicios, como en el Caso UNCP. 

“Ningún juez ha aplicado amnistías en casos de derechos humanos desde 1995. La ley es inconstitucional y contraria al derecho internacional”, aseguró.

Los militares que se beneficiarían en casos de Junín

Rivera, conocido defensor de derechos humanos, criticó la agenda del Congreso, liderada por el fujimorismo y la derecha extrema, que incluye leyes como la prescripción de crímenes de lesa humanidad y las restricciones a las ONGs para patrocinar a las víctimas. “No están peleando contra las ONGs, están liquidando los derechos de las víctimas”, denunció.

En Junín, casos como Manta y Vilca, la Universidad Nacional del Centro (UNCP) y la matanza de Pucará, que involucran a militares, son emblemáticos en la búsqueda de justicia.

Militares sentenciados en el caso Pucará

• Gral EP (r) Marco Antonio Ramos Cruz
• Gral EP (r) Manuel Delgado Rojas
• Gral EP (r) Carlos Bergamino Cruz

Militares sentenciados en el caso Manta y Vilca (en apelación)

A 12 años de cárcel

• Sabino Valentín Rutti 

A 10 años de cárcel

• Rufino Rivera,
• Vicente Yance,
• Epifanio Quiñones,
• Amador Gutiérrez,
• Raúl Pinto,
• Arturo Simarra
• Lorenzo Inga

A 8 años de cárcel 

• Martín Sierra Gabriel y

A 6 años de cárcel

• Pedro Pérez López

Militares en juicio caso UNCP

• Manuel Delgado Rojas, comandante general de la 31 Brigada de Infantería de 1989 a 1990.
• Elías Espinosa del Valle, jefe del Estado Mayor de la 31 División de Infantería, 1990.
• Luis Pérez Documet, comandante general de la 31 División de Infantería, 1991.
• Manuel Juan Viller Bachaves, miembro del Estado Mayor, 1991
• Luis Manuel Delgado de la Paz, miembro del Estado Mayor, 1992
• Danilo González Campana, G2 de la sección de inteligencia del Estado Mayor, 1992
• Boris Adolfo Rojas Esquivel, oficial de la 31 División de Infantería, 1992
• Robuan David Jaime Sobrevilla, comandante general de la 31 División de Infantería, 1993.

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Más de 430 colegios de Arequipa presentan riesgos serios de infraestructura y requieren intervención urgente, según datos oficiales. La región figura entre las diez con menor asignación presupuestal, pese a tener una brecha en infraestructura educativa de más de 4,344 millones de soles. A ello se suma que 438 de los 1,437 locales escolares presentan deterioro estructural crítico, lo que representa el 30.5% del total, revelando una situación alarmante para la comunidad educativa.

Fernando Villena, subgerente regional de Infraestructura Educativa, explicó que el diagnóstico de riesgo proviene del último censo educativo, donde directores y responsables de los colegios reportan fallas como grietas en muros o techos fisurados. Sin embargo, tras una verificación con especialistas en campo, se determinó que 179 de esos locales están realmente en estado severo, mientras que el resto necesita mantenimiento correctivo o preventivo. En muchos casos, los ambientes están en zonas vulnerables o con años sin intervención.

Las condiciones actuales ponen en evidencia la fragilidad de la infraestructura escolar pública en Arequipa. Algunos colegios requieren reconstrucción total; otros, rehabilitación inmediata para evitar mayores riesgos. El presupuesto destinado a mantenimiento preventivo, que oscila entre S/ 2,000 y S/ 9,000, resulta insuficiente para atender necesidades de fondo. Mientras tanto, estudiantes y docentes deben continuar su labor en espacios inseguros, con estructuras que ya han sobrepasado su vida útil.

Mantenimiento mínimo y obras inconclusas agravan el problema

Desde el Gobierno Regional de Arequipa se han elaborado al menos 85 fichas de mantenimiento correctivo para gestionar intervenciones mayores. Sin embargo, la respuesta presupuestal no ha sido proporcional a la magnitud de la demanda. “Nosotros hemos hecho un diagnóstico real con especialistas, no solo con cifras estadísticas”, precisó Villena ante representantes del Congreso. Subrayó que urge una revisión nacional para sincerar los datos de brechas y actualizar los indicadores.

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Arequipa enfrenta una grave crisis en la gestión de la limpieza pública y el recojo de residuos sólidos, lo que se ha visto reflejado en los últimos días debido a las protestas realizadas por los trabajadores de limpieza del Sindicato de Obreros Municipales de Arequipa. La falta de cobertura del servicio en varios distritos ha tornado la situación crítica y afecta directamente a la salud pública y la calidad de vida.

La reciente protesta de los trabajadores del servicio de limpieza, el pasado martes 8 de julio en el frontis de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), exigiendo un aumento de salario y mejorar las condiciones laborales, refleja la gravedad de la situación. Los trabajadores manifestaron que durante dos meses no habrían recibido un sueldo ni equipos de protección para la limpieza de residuos, exponiendo su salud.

Esta protesta paralizó el servicio de recojo de basura en la ciudad durante 48 horas, dejando las calles con desperdicios acumulados. El hecho no solo genera molestia entre los vecinos de las zonas afectadas, sino también crea una mala imagen de la ciudad. 

La punta del iceberg de la basura en Arequipa

Esta medida de protesta no es la primera en presentarse en la ciudad, ya que aproximadamente el 12% de los arequipeños no cuenta con un servicio formal de recojo de residuos. Las zonas de Polobaya, Quequeña, Yarabamba y distintos asentamientos humanos de Cerro Colorado y Alto Selva Alegre, acumulan los desechos en las calles, creando focos de infección y contaminación ambiental.

En la ciudad se producen mil 200 toneladas de basura al día, siendo las zonas del cercado, Cerro Colorado y Yura las principales generadoras de desechos. Sin embargo, solo el 68% de los desechos llegan al botadero Quebrada Honda y el resto termina en botaderos informales o quemados, lo que provoca mayor contaminación ambiental.

El Botadero Quebrada Honda no cuenta con la suficiente cantidad de maquinaria para el tratamiento diario de los residuos, además de no contar con una programa de manejo de residuos sólidos. Según la cantidad de residuos producidos al día, el programa de manejo debe cumplir con ciertas medidas preventivas de minimización y rehabilitación para minimizar el impacto ambiental en las zonas afectadas.

Relleno sanitario de la Quebrada Honda

El botadero está diseñado para recibir 900 toneladas diarias, pero actualmente la quebrada recibe más de mil toneladas, lo que ha generado su colapso. Un reciente informe de la Contraloría General, donde se revelan deficiencias en su gestión, resalta los siguientes puntos:

• Falta de maquinaria (solo cuenta con un tractor)
• Presencia de canes vagabundos, generando más residuos
• Programa de reconversión desactualizado, que no incluye nuevas celdas de emergencia desde el 2023.

Cada uno de los problemas detectados por la Contraloría, genera un grave riesgo sanitario para 5 mil habitantes del distrito de Yura, quienes han manifestado sus reclamos por malos olores y contaminación. La falta de cobertura en las zonas afectadas perjudica a los vecinos y a los trabajadores, quienes exigen la implementación de protocolos ambientales.

¿Cuál es la problemática en la ciudad?

En la ciudad se presenta un panorama similar. Los trabajadores del SOMA presentaron sus quejas a modo de manifestación en el frontis de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA). Reclaman el incumplimiento por parte de la municipalidad por la regularización de pagos y equipos de protección necesarios.

La protesta de los trabajadores, sin embargo, ha perjudicado la imagen pública de la ciudad, ya que al no efectuar labores de mantenimiento y limpieza en las calles del centro histórico, se han mostrado repletas de basura y las áreas verdes sin cuidado.

La secretaria General del Sindicato de Obreros Municipales (SOMA), Marleny Llanos, declaró que el incumplimiento de la municipalidad en cuanto a beneficios sociales a los trabajadores.

Además, manifiestan que la Municipalidad Provincial de Arequipa ha demostrado incapacidad para resolver problemas estructurales: incumplimiento de pagos a trabajadores, desatención de zonas marginales sin servicio de limpieza, y abandono del relleno sanitario Quebrada Honda.

Añaden que los recursos existen, pero falta priorizar:

• La salud pública en riesgo: Aumento de enfermedades respiratorias y gastrointestinales por acumulación de basura.
• Daño a la imagen turística: Calles del Centro Histórico inundadas de residuos durante protestas.
• Pérdida de productividad: 48 horas sin recojo afectaron a comercios, mercados y transporte.

Concesión a trabajadores

Tras varias reuniones entre trabajadores y la Municipalidad, se acordó pagarles un bono único de 2 mil soles y un incremento mensual de 100 soles. Los trabajadores retomaron sus labores y la Municipalidad emitió el siguiente comunicado, pero la solución definitiva aún aparece lejana.

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La Asociación de mártires marchará hasta a Lima. Realizarán una Marcha Fúnebre el 28 de Julio, por los fallecidos en las protestas contra Dina Boluarte. A dos años de la represión y a poco de que la mandataria culmine su gobierno, las víctimas siguen clamando justicia.

Los familiares de las víctimas vuelven a Lima. “Marcharemos contra la dictadura del Congreso y su títere Dina Boluarte, para reivindicar a nuestros hermanos caídos y sobrevivientes”, señala la Asociación de mártires y víctimas del 09 de enero Juliaca – Puno.

Realizarán una Marcha Fúnebre clamando justicia y también contra la inseguridad que no solo asedia a la capital peruana, sino a varias regiones, de mano de varias economías ilegales.

Víctimas de represión en marchas contra Dina Boluarte protestan frente a la JNJ

Recientemente, la Asociación de mártires y víctimas del 09 de enero Juliaca – Puno realizó una manifestación pacífica en el frontis de la Junta Nacional de Justicia en Lima, exigiendo justicia y cuestionando a Patricia Benavides. “No es fiscal, es una delincuente”, arengaron algunos.

La Asociación viajó la semana pasada hasta Lima para gestionar los casos que siguen en la Fiscalía, por sus familiares heridos y asesinados en las protestas contra Dina Boluarte. Tras reunirse con autoridades fiscales, realizaron un plantón  en el frontis de la sede de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en la capital. El plantón se realizó  después de que la asociación sostuviera una reunión con la actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza, en la sede central del Ministerio Público.

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La sentencia de seis años de prisión contra Pamela Cabanillas, incluye el pago de reparación de S/ 100 mil a favor de los agraviados por el delito de estafa. Vendió entradas falsas para los conciertos de Daddy Yankee, Bad Bunny, Coldplay, Harry Styles y más.

La Primera Fiscalía Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro (Tercer Despacho), a cargo de la fiscal provincial Jessica Elizabeth Flores Mariñas, logró una condena de seis años y cuatro meses de prisión para Pamela Cabanillas, por los delitos de estafa agravada y falsificación de documento privado.

La sentencia condenatoria incluye también el pago de 300 días multa, equivalentes a S/ 2562. Además, deberá pagar una reparación civil de S/ 100 585 a favor de 12 agraviados por el delito de estafa, y de S/ 5000 a favor de la persona jurídica Teledistribuciones S. A. por el delito de falsificación de documento privado.

Pamela Cabanillas fue denunciada penalmente luego de que en 2022 estafara a varios usuarios. Vendía entradas falsas para los conciertos de Daddy Yankee, Bad Bunny, Coldplay, Harry Styles, Morat y Don Omar, en Lima.

Mujer que estafó con entradas falsas a conciertos, decía tener contactos en APDAYC

Según la investigación, a cargo de la fiscal adjunta provincial Adela María Sánchez Loayza, el modus operandi de la ahora sentenciada era asegurar que tenía un “contacto” en APDAYC. Con esa información falsa trataba de generar confianza entre sus amigos y otras personas que la contactaron por redes sociales, ofreciendo alrededor de 100 entradas, previo pago a sus cuentas bancarias.

Con este accionar, Pamela Cabanillas obtuvo un beneficio económico indebido de aproximadamente S/ 120 000, incurriendo en el delito de estafa agravada. Asimismo, incurrió en el delito de falsificación de documento privado al haber adulterado entradas de Teledistribuciones S. A. para enviarlas a los usuarios como si fueran reales.

Cabanillas continuará recluida en el establecimiento penitenciario de mujeres Santa Mónica, donde venía cumpliendo una orden de prisión preventiva. El Ministerio Público exhorta a la ciudadanía a denunciar todo tipo de delito contra el patrimonio, incluyendo aquellos que se cometen a través de plataformas virtuales.

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Arequipa: Amplían tregua de protestas de mineros informales hasta el lunes, según Mario Zárate Torres, representante de la Asociación de Pequeños Productores Mineros Artesanales y Contratistas Secocha Urasqui (Asppmacsu).

Luego de reportarse la muerte de un ciudadano en medio de los disturbios provocados por los mineros informales que protestan y bloquean vías en Chala – Arequipa, varios medios se comunicaron con el representante de la Asociación de Pequeños Productores Mineros Artesanales y Contratistas Secocha Urasqui (Asppmacsu), Mario Zárate Torres, quien le confirmó esta noticia.

Tras la tregua anunciada ayer, por el dirigente de la Confemin, desde Lima, la Defensoría del Pueblo también confirmó el desarrollo de una mesa de diálogo. La medida avanzó luego  de diversas reuniones sostenidas “con los representantes de los distintos gremios de la pequeña minería y minería artesanal”, señala la entidad dirigida por Josué Gutiérrez.

“Saludamos la gestión de los dirigentes gremiales que, luego de sostener la reunión con la Defensoría del Pueblo en su sede central, el día miércoles 09 de julio, realizaron la consulta a sus respectivas bases a nivel nacional, a fin de reaperturar las vías bloqueadas”, asegura la Defensoría del Pueblo.

Municipalidad de Caravelí solicita a la Policía y autoridades que respeten el Estado de Derecho

Mientras, tras la muerte de un ciudadano en medio de los disturbios y bloqueos de vías que originaron los mineros informales en Chala, Arequipa, la Municipalidad Provincial de Caravelí expresó su rechazo a los actos de violencia. Pidió a la Policía Nacional del Perú que tenga en cuenta los derechos y la protección a las personas, por ser función constitucional de los efectivos.

Tras los enfrentamientos registrados el 11 de julio en Chala, que dejaron un fallecido y varios heridos, la Municipalidad emitió un comunicado, exigiendo a las autoridades el respeto al Estado de Derecho.  Asimismo, lamentó la muerte del ciudadano Alexander Checa Montaño e instó a una mesa de diálogo para restablecer la tranquilidad.

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PROFUNDA CRISIS EN LA PNP | Cuatro policías implicados en un presunto caso de asalto y secuestro en Juliaca (Puno) se encuentran en libertad, pese al escándalo generado.

Según la X Macro Región Policial, los agentes habrían interceptado al empresario Paúl Adolfo Roque Coora (32) en un falso operativo, reteniéndolo por varias horas y despojándolo de 10 mil soles. Parte de lo ocurrido quedó captado en video y difundido posteriormente a la opinión pública.

La decisión del fiscal penal Manuel Guarnizo Alfaro de dejar en libertad a los efectivos ha provocado indignación entre la población. Este caso se suma a otros en los que miembros de la Policía Nacional han sido implicados en presuntos actos delictivos.

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El video VIDEO REVELADOR | Policías implicados en secuestro y robo de S/ 10 mil en Puno fueron liberados se publicó en YouTube en este enlace

¿MERECIDO RECONOCIMIENTO? | Una fuerte polémica ha generado el reconocimiento otorgado por el congresista Waldemar Cerrón a la actriz cómica conocida como «Dayanita».

Aunque el evento tenía como objetivo homenajear a artistas por su contribución al arte y la cultura, la presencia de la popular actriz fue rechazada por miles de cibernautas en redes sociales.

La ceremonia también contó con la participación de artistas de amplia trayectoria, como el reconocido músico y humorista Pablo Villanueva, “Melcochita”. Durante su intervención, Villanueva pidió a las autoridades prestar más atención al talento peruano, y criticó que las “argollas” sigan acaparando los espacios de representación artística en el país.

Por su parte, el congresista Cerrón —hermano mayor del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón— aseguró que el reconocimiento busca agradecer a quienes, a través del arte, entregan alegría a la población, incluso en momentos difíciles para la sociedad.

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El video ¡DAYANITA EN EL CONGRESO! | «Dayanita» es reconocida por su contribución al arte y genera críticas se publicó en YouTube en este enlace

Pese a ser convocados, las autoridades regionales de Arequipa y del sector Educación no acudieron a la Vigésima Primera Audiencia Pública Descentralizada Regional de Arequipa, liderada por la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República. El evento se celebró este viernes 11 de julio en la Institución Educativa N.° 40038 Jorge Basadre Grohmann, ubicado en el distrito José Luis Bustamante y Rivero, con el objetivo de abordar la preocupante situación de la infraestructura educativa y otros problemas que afectan a miles de estudiantes en la región. 

A la sesión fueron invitados el gobernador regional Rohel Sánchez, la gerenta regional de Educación, Cecilia Jarita, así como los directores de las UGEL de Arequipa Norte, Arequipa Sur y de la provincia de Islay. También convocado, el jefe de la Gerencia Regional de Control de Arequipa de la Contraloría General de la República, no asistió. Ninguno de ellos se hizo presente. Esta ausencia fue interpretada por los organizadores como una señal de desinterés hacia los temas que aquejan al sistema educativo regional. 

La única que asistió fue Lucía Mamani Catunta, jefa de la Unidad Zonal Arequipa–Moquegua del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied). En representación de la Gerencia Regional de Educación estuvo Fernando Villena, funcionario de la Oficina de Infraestructura. 

Durante su intervención, el presidente de la Comisión de Educación, congresista Segundo Montalvo Cubas, lamentó la falta de compromiso de las autoridades convocadas. “Cuando en la cabeza no hay autoridad, todo funciona mal”, expresó. 

Educación en Arequipa 

Durante la audiencia se presentaron cifras que reflejan tanto los avances como las brechas pendientes en el sector educativo de Arequipa. Según el último informe del Índice de Competitividad Regional (INCORE) 2025, la región ocupa el sexto lugar en acceso a internet en instituciones educativas de primaria y secundaria, con un 75% de cobertura. Asimismo, se encuentra en el tercer lugar nacional con un 94.4% de colegios con acceso a electricidad por red pública. 

En cuanto al acceso al agua por red pública o pilón, Arequipa figura en el cuarto lugar a nivel nacional con un 81.9% de cobertura. Además, el 85.8% de los locales escolares tienen acceso a desagüe mediante red pública o tanque séptico. 

No obstante, la brecha de infraestructura educativa sigue siendo alarmante. Se estima que la región necesita más de 4 mil 334 millones de soles para cerrar esta brecha, lo que la ubica en el décimo lugar a nivel nacional en cuanto a menor demanda presupuestal. A nivel país, el requerimiento supera los 158 mil millones de soles, según detalló el congresista Montalvo, quien sostuvo que se debería declarar en emergencia el sector educación. 

Otro de los datos más preocupantes fue la cantidad de colegios en riesgo de colapso. De los mil 437 locales escolares registrados en Arequipa, 438 se encuentran en condición de alto riesgo, lo que equivale al 30.5% del total. 

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