El Gobierno Regional de La Libertad, liderado por César Acuña Peralta, comprará 100 patrulleros para la Policía Nacional del Perú, que estarán abocados a la lucha contra la inseguridad ciudadana, a partir del mes de enero del 2025.

La entidad regional lanzó la convocatoria en la quincena de agosto para la adquisición del centenar de camionetas, las cuales serán equipadas para patrulleros. La buena pro será este mismo mes y su entrega en 90 días.

Los 100 patrulleros comprenden una inversión equivalente a los 24.5 millones de soles. Estos mismos se sumarán a los 40 patrulleros que está recibiendo el GORE y haciendo las verificaciones necesarias para su recepción y posterior inmatriculación a la PNP.

40 patrulleros se entregarán este mes

De agilizarse todo, los 40 vehículos podrán entregarse a la institución policial este mismo mes en ceremonia especial. Con ello, la policía estará mejor equipada con un total 140 patrulleros, además de 20 motocicletas que se entregaron en junio pasado.

Sobre la nueva flota de 100 unidades, se conoce que son convocados en dos procesos distintos. El primer proceso es para la compra de 55 unidades vehiculares con las que se equipará a 30 comisarías de la sierra y 25 comisarías de la costa.

El segundo proceso es la compra de 45 camionetas y se distribuirán: 35 irán a la Unidad de Emergencia PNP Trujillo y 10, a la División de Investigación Criminal (DIVINCRI) Trujillo.

36 meses de garantía

En ambos procesos las características técnicas son las mismas. El tipo de vehículo es Pick Up de doble cabina, tracción 4 x 4. Lo más importante es que tienen una garantía de 36 meses y el mantenimiento correrá por cuenta de la empresa ganadora. Además, tendrá incorporado GPS para su rastreo inmediato.

Cabe mencionar que también será lanzada la convocatoria para la compra de 100 motocicletas, además del Laboratorio de Criminalística. Con todo este apoyo en favor de la PNP, la gestión del gobernador de La Libertad invertirá 50 millones por la seguridad ciudadana en la región.

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En La Libertad, los secuestros están a punto de convertirse en delitos comunes. Esto debido a que cada vez son más frecuentes a consecuencia de la incapacidad policial, fiscal y judicial para poder contenerlos.

Es así que, en apenas 55 días, se han perpetrado en la región tres secuestros. La última víctima es el pastor evangélico Oswaldo Alva Polo, atacado frente a su casa, el último domingo.

EL SECUESTRO

Bacilia Gonzales Acevedo, narró a la policía que el plagio de su esposo Oswaldo Alva ocurrió al promediar las 11:30 de la noche del domingo 1 de setiembre, cuando regresaban a su casa en el centro poblado de Chamis, distrito de Huamachuco, la provincia de Sánchez Carrión, en la sierra de La Libertad.

Sucede que había llegado de visita el también pastor Hilmer Manzanedo Bacilio, y los tres amigos fueron a cenar. Sin embargo, cuando estaban frente a la vivienda de los esposos, dos camionetas chocaron a propósito con el vehículo de Alva Polo y tras una discusión, los secuestradores sacaron sus armas.

Golpearon a Bacilia y balearon en la boca y hombro a Hilmer Manzanedo, tras lo cual se llevaron al pastor Oswaldo Alva con rumbo desconocido, hasta la fecha.

La policía confirmó el secuestro del pastor de la congregación Lazos de amor, en tanto se sospecha que el ataque en su contra tenga que ver con su vinculación a actividades mineras en el conocido cerro El Toro.

TRES EN MENOS DE DOS MESES

El secuestro del pastor de la congregación Lazos de amor, Oswaldo Alva Polo, es el tercero que se reporta en La Libertad en menos de dos meses, lo que confirma el nivel de inseguridad que se vive en la región.

El 8 de julio fue secuestrada en la puerta de su casa, en Trujillo, la estudiante de la Universidad César Vallejo, Krisstel Cotrina Cruz, de 19 años. Los criminales exigían medio millón de dólares y finalmente fue rescatada por la Policía.

El segundo secuestro en La Libertad ocurrió el 11 de agosto. La víctima fue Robert Quezada Crisólogo, de 26 años, a quien le mutilaron varios dedos de las manos para obligar a sus padres a pagar 10 millones de soles.

La familia pagó parte del rescate y finalmente fue liberado el 16 de agosto.

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Desde el pasado 26 de agosto los integrantes del Sindicato de Docentes de Educación Superior Pedagógica del Perú vienen acatando una huelga indefinida debido al incumplimiento de su pliego de reclamos por parte del gobierno central.

Gideón Bellido Miranda, profesor del instituto Nuestra Señora de Lourdes, comentó que demandan la modificación, reglamentación e implementación presupuestal de la ley 31653, además del incremento y nivelación de sus remuneraciones.

Más de 500 estudiantes de institutos pedagógicos en Ayacucho podrían perder el semestre por huelga

“La problemática data de años anteriores, pero el gobierno no hace nada para solucionar, lo cual se refleja en una baja calidad educativa para los futuros profesionales”, señaló.

Explicó que ante la falta de modificatoria de la ley No 31653 se ha dejado de lado el tema presupuestal para los institutos, escuelas de educación superior y de la carrera pública de docentes, la misma que fue promulgada en diciembre del 2022, producto del cual tienen sueldos iguales o menores a los de los colegios.

De igual modo, exigen el nombramiento extraordinario de docentes contratados, aprobado por la Ley No 32086, ley que dispone el nombramiento extraordinario de los docentes contratados.

“Los maestros contratados no saben si el próximo ciclo continuarán trabajando, porque existe una inestabilidad que viene desde hace años. El sector educación está abandonado a pesar que hay presupuesto para atender el pliego, por ello iniciamos esta huelga”, sostuvo.

Otro de los pedidos es el presupuesto y acompañamiento para el licenciamiento de los institutos superiores pedagógicos y escuelas de educación superior pedagógica y pago de la deuda social.

“Con esta medida buscamos que el Minedu reglamente la Ley N. º 31653, promulgada en 2022, que otorga importantes derechos a los profesores que laboran sin ningún beneficio”, acotó.

En lo que va del 2024 no se logró efectivizar, pese a que existe una sentencia judicial que le ordena a dicha cartera sacar esta disposición.

Hasta la fecha no se reglamentó la ley n º 31653, que salió el año 2022, la cual debía ser reglamentada con un plazo de 2 meses por el Minedu. 

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Muestras fueron enviadas al INS de Lima. Un nuevo caso sospechoso de la viruela del mono en la ciudad de Juliaca, pone en alerta epidemiológica a la región de Puno.

La responsable de Epidemiología de la Red de Salud San Román, Miriam Rodríguez Oviedo, indicó que las muestras del último caso sospechoso ya fueron enviadas al Instituto Nacional de Salud (INS).

“Se les ha tomado las muestras respectivas, estas han sido enviadas a Lima; al INS, vía Dirección Regional de Salud. Y ya nos ha llegado el resultado de uno de ellos, es negativo. Estamos a la espera del segundo, voy a ver el sistema para ver cuál es el resultado de la segunda muestra (…). Solo se enviaron dos muestras de la red de salud San Román”, informó la funcionaria, precisando que hasta el momento se detectaron dos casos sospechosos, de las cuales uno ya fue descartado.

Sobre las características de los pacientes, dijo que ambos son de sexo masculino. “Son pacientes que han venido al servicio de emergencia. Uno de ellos fue enviado por consulta privada de un médico”, agregó Rodríguez Oviedo.

Finalmente, dijo que el segundo pacientes, al igual que el primero, fue aislado preventivamente para evitar la posible propagación de la enfermedad infecciosa.

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La comunidad campesina de Huachocolpa, en el distrito del mismo nombre, en Huancavelica, recolectó 22.675 kilos de fibra de vicuña, en el tradicional chaccu y esquila, realizado el 21 de agosto, con presentaciones danza de las tijeras, reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad desde el 2010.

Hace 20 años, en el 2004, esta comunidad comenzó a poblar sus tierras con ejemplares de vicuñas traídas de la reserva nacional Pampa Galeras “Bárbara d’Achille”, ubicada en la zona alta de Lucanas, en Ayacucho.

Hoy, Huachocolpa destina 4 mil 500 hectáreas para las vicuñas, la especie de camélidos sudamericanos que viven en silvestría y en semisilvestría (o semicautiverio), explica James Quispe Mendoza, responsable en Huancavelica de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre del Serfor.

Para lograr esa cantidad de fibra, muy de madrugada, los comuneros subieron a las montañas a ‘capturar’ las vicuñas y reunirlas en el paraje Huanacopampa, a 4,600 metros sobre el nivel del mar. Allí lograron reunir a 722 vicuñas, pero de ellas solo 133 fueron esquiladas, es decir, el 18% de los animales reunidos.

Los demás fueron liberados por distintas razones: aún no alcanzan la edad para la esquila, el vellón de su fibra no alcanza la dimensión mínima necesaria para la esquila (2 c.m.) o los animales tienen alguna enfermedad.

Tras la esquila, los comuneros retiran algunas impurezas de la fibra y las guardan para venderlas a la empresa acopiadora Loro Piana, ubicada en Arequipa, o a otra. El precio de la fibra se cotiza a 310 dólares el kilo.

“Mientras el animal esté bien, va a tener buena cantidad y calidad de fibra. Si el animal está estresado, va a tener dificultades en la producción de fibra”, dice James Quispe, especialista del Serfor, la entidad que proyecta una población de 2500 vicuñas en esta comunidad.

Incluso, recuerda, en 2022 se reportó sobrepoblamiento de vicuñas y para manejarlo, trasladaron a un grupo de animales a otras comunidades que también quieren convertirse en vicuñeras.  

“Un área de mil hectáreas con buena calidad de Pasto, tiene una capacidad para albergar a mil vicuñas, o sea, una hectárea para cada animal. Pero si el pasto es malo, o se reduce, la capacidad de carga es de 4 hectáreas por una Vicuña”, explica Quispe Mendoza.

Este año, las condiciones del clima mejoraron y hay muchas crías. El año pasado, en cambio, muchos ejemplares murieron por la sequía que afectó a la sierra central y sur del país.

Todo depende del ambiente.

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La coloración del río Tambo ha empeorado en los últimos días. Esta vez, las autoridades y representantes de las juntas de usuarios de Islay (Arequipa) tuvieron una reunión para asumir nuevas medidas de protesta.

El alcalde provincial de Islay, Richard Ale Cruz, indicó que se plantearía una reunión con la población para asumir fechas de protesta. También se propondrá viajar hacia Lima para que escuchen sus reclamos por esta contaminación.

Incluso, han mencionado que se realizará una huelga de hambre, si el Ejecutivo no toma medidas urgentes, a raíz de esta contaminación.

La Autoridad Nacional del Agua (ANA) ha realizado nuevos estudios, incluyendo muestreos de metales pesados y otros contaminantes en el agua del río Tambo, ante esta nueva contaminación. El ente dio a conocer que los estudios los realizan laboratorios acreditados por el Instituto Nacional de Calidad y los resultados serán de acceso público.

Camaroneros afectados en Islay (Arequipa)

El gerente de Producción del GRA, David Vela Quico, indicó que son aproximadamente 177 productores camaroneros los afectados por esta contaminación. Han empezado a aparecer los camarones muertos en los costados del río Tambo.

La declaratoria de emergencia de río Tambo del 24 de julio no ha servido para mitigar los daños por la contaminación, ni mucho menos evitar esta nueva afectación del río.

El jefe zonal de Sedapar Mollendo, José Luis Mendoza, indicó que se realizaron pruebas a muestras de agua del río Tambo el último fin de semana. Los resultados dieron que esta agua sí era potabilizable, a pesar de esta coloración amarillenta a causa de contaminación.

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El Centro de las Artes de la Universidad Católica San Pablo (UCSP) de Arequipa conmemora su 25° aniversario con una ambiciosa producción del clásico literario «Los Miserables» de Víctor Hugo. Este esperado musical se presentará en el Teatro Fénix los días 6, 7 y 8 de septiembre a las 19:00 horas.

La obra tiene una duración cercana a las tres horas. La producción reúne a un elenco de 70 artistas, incluyendo solistas, coristas, bailarines y músicos. La obra estará bajo la dirección musical de la maestra Pilar Lopera Quintanilla, la Dirección Coral de Leonor Valencia Ramos y la Dirección Escenográfica de Jota MirMan.

‘Los Miserables’ en Arequipa

La novela de Víctor Hugo, publicada en 1862, está ambientada en la Francia de la restauración monárquica del siglo XIX. A través de la historia de Jean Valjean, quien busca redimirse tras ser perseguido por robar una hogaza de pan, la obra explora temas como la justicia, la ética y la fe. Además de reflexionar sobre la naturaleza humana frente a la adversidad.

El elenco está encabezado por Luis Enrique Valencia en el papel de Jean Valjean, acompañado por Daniel Lovón como Javert, Lucero Yto como Fantine, y otros destacados actores locales. Las entradas, con precios a partir de 25 soles, ya están disponibles en Joinnus y en puntos de venta físicos como el Centro de las Artes de la UCSP y la boletería del Teatro Fénix.

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A más de 30 días de haberse concretado la transferencia del proyecto integral Majes Siguas —que considera dos etapas— al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), el Consejo Regional de Arequipa (CRA) aún no recibe el plan de trabajo ni un cronograma de plazos por parte de la cartera ministerial, señaló el presidente del CRA, Fernando Cornejo Pacheco.

El legislador regional criticó la demora y la lentitud en la entrega de estos documentos para el desarrollo del megaproyecto.

El convenio, firmado el pasado 26 de julio, establecía que el Midagri debía elaborar y presentar un plan detallado de ejecución. Según Cornejo, este plan contemplará los trabajos a realizar en Majes Siguas I Etapa, que incluye la finalización del proyecto de irrigación y la construcción de la presa intermedia.

Según el medio Infobae, el titular del Midagri, Ángel Manero Campos, adelantó que su cartera está evaluando la posibilidad de que el estado de Canadá se encargue del desarrollo de Majes I a través de un acuerdo de gobierno a gobierno. Este modelo es similar al utilizado en el megaproyecto Chavimochic, donde Canadá también está involucrado.

Majes Siguas II

En cuanto a Majes Siguas II Etapa, Cornejo Pacheco indicó que el entrampamiento es legal, debido a las negociaciones entre el Midagri y la concesionaria Angostura Siguas (Grupo Cobra), que mantuvo a su cargo la ejecución del proyecto. «Midagri tiene toda la facultad para hacer negociaciones y evitar el arbitraje con el trato directo, esto ya depende de ellos», afirmó el consejero.

Para asegurar el cumplimiento del convenio de transferencia y supervisar el desarrollo del proyecto, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) creó una comisión multisectorial. Esta incluye a representantes de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, la Sociedad Agraria de Arequipa (SADA) y la Junta de Usuarios Regional de Arequipa. Así también el Colegio de Ingenieros del Perú de la región y la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema).

Asimismo, el CRA hizo lo propio. Se nombró a las comisiones de Infraestructura, Producción y Agricultura del Consejo Regional. También está la Gerencia General del GRA y Autodema para que realicen el seguimiento adecuado al cumplimiento del convenio. Cornejo precisó que están a la espera de la entrega del plan de trabajo por parte del Midagri. De esta manera coordinarán con ambas comisiones para monitorear los avances del proyecto.

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Las cifras del Ministro Santivañez. En el Perú, la inseguridad ciudadana va en aumento y se vive con temor, según lo revelado por diversas encuestas. Por ejemplo, el informe de opinión publicado por el IEP en agosto con relación a las acciones y logros del Ejecutivo en materia de Seguridad, anunciadas en el mensaje presidencial del 28 de julio, el 51% de encuestados se mostró insatisfecho. El 31% señaló estar MUY insatisfecho. Solo un 10% dijo estar satisfecho y apenas un 1% muy satisfecho.

El decir, el 82% de los más de 200 participantes de la encuesta del IEP, no están satisfechos con lo expuesto en cuanto a seguridad por la mandataria Dina Boluarte.

Pese a la alta insatisfacción con la labor del Ejecutivo en Seguridad Ciudadana y la permanente sensación de exposición a la violencia y delincuencia en las calles que afectan la productividad y la inversión económica; el titular del sector encargado de las estrategias gubernamentales para combatir el crimen organizado, secuestros, extorsión y más, ha estado dedicando tiempo y declaraciones a actividades que no tienen que ver con sus funciones. Estas son las cifras y los escándalos en los que se ha visto envuelto Juan José Santivañez, quien sigue ejerciendo como ministro del Interior, luego de los cambios ministeriales.

Resultados de la gestión Santivañez: En lo que va del 2024, el 27% fueron víctimas de delincuencia, según INEI

Según el INEI, la percepción de inseguridad llegó al 86%, cuatro puntos porcentuales más que el año anterior (82% en 2022).

Este 2024, el 27% de participantes en el informe del INEI, fueron víctimas de un hecho delictivo, cinco puntos porcentuales más que en 2022 (22%). Los más afectados por estos actos delictivos se encuentran en la macrozona sierra, llegando al 31%. Entre los delitos más señalados por los entrevistados por el INEI están: robo, intento de robo, estafa, robo de vehículo, maltrato y ofensa sexual.

El informe del INEI también revela que el 41% de los afectados por la delincuencia no denuncian porque consideran que es una pérdida de tiempo. Es decir, los ciudadanos no solo se sienten desprotegidos ante la delincuencia, sino que también perciben como ineficaces las acciones a tomar desde comisarías o pidiendo ayuda a autoridades policiales. Esto se condice también con el 13 % de afectados que no denuncian actos de inseguridad porque señalan que desconfían de la policía.

El último fin de semana se revelaron más audios en Cuarto Poder, presuntamente atribuidos al Ministro del Interior, Juan José Santivañez, quien venía ejerciendo como viceministro de Seguridad antes de ser ascendido al poder del MININTER. En una de las presuntas declaraciones que se investiga si corresponderían a Santivañez se le escucha confesar: “Tú sabes que para subir: todo vale”. Pues hasta ahora, lo único que está subiendo son las cifras de delitos y de inseguridad ciudadana, de acuerdo a estadísticas del mismo gobierno, como lo es el INEI y con más información del Instituto de Estudios Peruanos.

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Como se había previsto la semana pasada, la presidenta Dina Boluarte hizo un cambio de ministros. Los cambios son en Relaciones Exteriores, Vivienda y Construcción, Comnercio Exterior y Turismo y Cultura.

El nuevo canciller es Elmer Schialer, en reemplazo de Javier González-Olaechea quien estuvo en el cargo desde el 7 de noviembre de 2023.

En la cartera de Comercio Exterior y Turismo, Delisú León es la nueva ministra en remplazo de Elizabeth Galdo, quien estuvo cinco meses en el cargo, desde el 1° de abril de 2024. 

A la ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, la reemplaza Francisco Whittembury. Pérez de Cuéllar estuvo en el cargo desde el inicio del gobierno de Dina Boluarte. Asumió el cargo el 10 de diciembre de 2022.

Fabrizio Valencia es el nuevo ministro de Cultura, en reemplazo de Leslie Urteaga. Estuvo en el cargo desde el 21 de diciembre de 2022.

¿Quiénes son los nuevos ministros?

Elmer José Germán Gonzalo Schialer Salcedo, es diplomático de carrera y politólogo de profesión. Llegó al grado de Embajador y fue secretario general de Relaciones Exteriores, en la gestión de Ana Gervasi.

Respecto a la sorpresiva salida del ahora excanciller, Javier Gonzáles Olaechea se supo que la presidenta Dina Boluarte habría estado incómoda con el protagonismo que tuvo por el tema del fraude en Venezuela, durante la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA). También porque le dijeron que era “una figura presidenciable”, lo que no le habría gustado a la mandataria. Esto, además de “haberse sentido relegada en la ceremonia de aniversario en Torre Tagle”.

El exministro presentó su carta de renuncia 14 minutos antes de la ceremonia de juramentación de los nuevos miembros del Gabinete, y en esta le agradece a la presidenta Boluarte que le permitiera servir al país.

Fabricio Alfredo Valencia Gibaja, es abogado. En mayo del 2020 declaró a Limagris que «el Ministerio de Cultura no realiza una labor de prevención eficiente. Ya que, según la estadística, el Mincul tenía identificados más de 20 mil sitios arqueológicos en todo el país, y esto superaba su capacidad logística ampliamente», dijo.

“No hay labores de prevención porque no hay un plan de prevención, no hay un protocolo de intervención. Si bien es cierto esporádicamente se hacen charlas de capacitación sobre este tema, no se logra evitar las invasiones. Tampoco hay un protocolo para intervenir sitios en riesgo”.

Según se conoció, el cambio de la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, se debería a la mala imagen que proyectó y que tuvo su mayor expresión en el Festival de Cine de Lima, cuando fue abucheada, impidiéndole que hable.

Durich Francisco Whittembury Talledo, es ingeniero. Fue secretario general del ministerio de Vivienda y Construcción por invitación del entonces ministro Geiner Alvarado López en el gobierno de Pedro Castillo.

Aunque su designación como secretario general y de renuncia al mismo cargo coinciden con la fecha en que se publicó el Decreto de Urgencia que aprobó una partida de S/ 520 millones para el desarrollo de 133 proyectos en diferentes regiones del país, Whittembury dijo ante la Fiscalía que no tuvo participación en la elaboración de esa norma, ya que no era competencia de su oficina.

Úrsula Desilú León Chempén, abogada de profesión. Fue viceministra de Pesca y Acuicultura.

En el caso de la ahoa extitular de Comercio Exterior y Turismo, Elizabeth Galdo su salida se debería a sus desacuerdos con otros ministros. Quiso cambiar el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de su ministerio, añadiendo funciones contrapuestas a las que ya desempeñan otras carteras. Los titulares de Economía, Relaciones Exteriores y el de Ambiente se opusieron en Consejo de Ministros.

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El fin de semana cobró la vida de dos personas cerca a la discoteca Bananas, en el sector 1 de Ciudad Municipal, en el distrito de Cerro Colorado (Arequipa). Fredy Pacompia Aragón de 49 años, y su hijo Fredy P.A. de 16 años, fueron asesinados a balazos. Ellos fueron abatidos alrededor de las 02:40 horas.

A pesar de los esfuerzos para salvarles la vida, solo se certificó la muerte de ambos en el centro de salud Zamácola y la clínica San Juan de Dios.

El suboficial PNP Anthony Pérez Mamani, miembro de la Unidad Halcones, es acusado de ambos homicidios cuando se encontraba de franco. Él fue detenido por agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) para ser investigado.

Los hechos que desencadenaron la tragedia comenzó dentro de la discoteca Bananas. Maryori Pacompia de 19 años, hija de una de las víctimas, se vio involucrada en una pelea con otra joven. Según relató Maryori, tras ser expulsada del local, llamó a su hermano menor, quien a su vez contactó a su padre para que acudiera en su ayuda. Fredy llegó al lugar acompañado de su otro hijo, Jhampier, de 22 años.

Maryori asegura que el suboficial Pérez Mamani le disparó en el pie. Jhampier también recibió un disparo en el brazo. Ambos fueron trasladados al hospital Honorio Delgado Espinoza.

Prisión preventiva para policía en Arequipa

El juez del 2do. Juzgado de Investigación Preparatoria de Cerro Colorado, Paúl Ruiz Paredes, evaluará este miércoles el pedido de prisión preventiva presentado por el Ministerio Público.

El requerimiento contra Anthony Pérez Mamani es de 15 meses de prisión preventiva. El efectivo policial es acusado del delito de homicidio simple en agravio de Fredy Paúl Pacompía Arias y Fredy Pacompía Aragón. Además de tentativa de homicidio contra Maryori Pacompía Arias y Jeampiere Pacompía Arias. La audiencia será decisiva para determinar si el suboficial enfrentará el proceso judicial desde la cárcel.

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El reciente examen de admisión ordinario de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) de Arequipa, correspondiente a la Fase I del proceso 2025, se vio envuelto en controversias luego de que más de 13 mil postulantes experimentaran problemas durante la evaluación realizada el 1 de septiembre. La confusión generada por la mezcla de los cuadernillos de preguntas dirigidas a las áreas de Sociales e Ingenierías provocó un retraso en el desarrollo del examen, generando malestar entre los aspirantes y sus familias. 

Indignados por lo ocurrido, un grupo de postulantes y sus familiares realizaron un plantón en el rectorado de la UNSA. Todos exigen la anulación del examen debido a presuntas irregularidades. Los jóvenes también denunciaron que las preguntas de la evaluación se habrían filtrado. 

Un familiar de un postulante señaló: “Pedimos que se anule el examen ya que es un proceso irregular. Y también pedimos la intervención de las autoridades del Ministerio Público”. 

Según relataron los afectados, la entrega de los cuadernillos de preguntas comenzó a las 9 de la mañana. Pero fue suspendida entre las 9:30 y 10:00 debido al error en su distribución. El examen, que debía empezar a las 9, se reanudó recién a las 12:20, generando una espera prolongada y frustración entre los aspirantes. 

Los postulantes aseguran que este mismo problema ya ocurrió durante el proceso de admisión del Cepreunsa anterior y temen que se repita en los futuros exámenes. “No queremos que más postulantes como nosotros sean perjudicados”, expresó uno de los manifestantes. 

Ante esta situación, los jóvenes exigen la destitución del director de Admisión de la UNSA. Además, solicitan la intervención de una nueva autoridad que garantice la transparencia y corrección en los futuros procesos de admisión. Las autoridades aún no han respondido.

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La Fiscalía ha advertido que la ley aprobada en primera votación por el Congreso, que permite a la PNP investigar en lugar de la Fiscalía, es una forma más de seguir debilitando a las instituciones del Estado. El Fiscal de la Nación asegura que la medida impulsada por el fujimorismo carece de argumentos constitucionales.

Por su parte, el congresista Fernando Rospigliosi culpa a los “caviares” de oponerse a una norma que “mejoraría” la investigación.

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Durante el conversatorio ‘Minería de oro en la Amazonía peruana, ¿cómo vamos?’, realizado el 1 de agosto, expertos de diversas organizaciones presentaron datos alarmantes sobre la expansión descontrolada de la minería de oro y sus impactos sociales y ambientales. Sidney Novoa, director de SIG & Tecnologías para la Conservación de Conservación Amazónica (ACCA), fue uno de los ponentes quien compartió datos recientes y estudios sobre el terreno.

Panorama general de la minería aurífera 

Según los datos presentados, entre 2021 y 2024 se registró una deforestación total de 30,846 hectáreas debido a la minería aurífera en la Amazonía sur peruana. Un 26% de esta deforestación corresponde a probable minería ilegal, ocurriendo en áreas prohibidas fuera del Corredor Minero, según el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP).  

El informe señala que 36 comunidades indígenas en siete regiones amazónicas, incluidas áreas protegidas y zonas de amortiguamiento, están afectadas por la minería. Estas regiones son Loreto, Amazonas, Huánuco, Ucayali, Cusco, Puno y Madre de Dios. Además, Novoa destacó que se designaron 2 491 390 hectáreas como concesiones mineras en la Amazonía.

Se detectó un aumento del 900% en el número de dragas en zonas degradadas de La Pampa, pasando de 148 en 2021 a 1 331 en 2024. Este incremento también trajo un aumento estimado de trabajadores en la zona, de 592 en 2021 a 10 924 en 2024 según MAAP.

Cuerpos de agua y comunidades nativas

La minería aurífera, especialmente la ilegal, tuvo un impacto devastador en los cuerpos de agua de la Amazonía. Las dragas utilizadas en la extracción de oro liberan grandes cantidades de mercurio y otros contaminantes al agua, afectando la salud de las comunidades que dependen de estos ríos para su subsistencia. 

Solo en Loreto, el río Nanay fue uno de los más afectados, con más de 310 registros de dragas entre 2021 y 2024. En Huánuco, se identificaron 558 hectáreas de áreas mineras, un aumento significativo desde las 273 hectáreas reportadas en 2023. 

El 98% de esta actividad se encuentra en la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Comunal El Sira y el 36% afecta directamente a las comunidades indígenas Tsirotzire y Nuevos Unidos de Tahuantinsuyo. 

En Ucayali, por primera vez, se detectó la presencia de dragas operando en la cuenca del río Aguaytía en la provincia de Padre Abad. Al menos 7 balsas mineras fueron identificadas, de las cuales 4 fueron destruidas en un operativo en junio de 2024.

Tecnología y monitoreo

El experto destacó que el uso de tecnologías avanzadas como el sistema RAMI (Radar Mining Monitoring) permiten un seguimiento continuo de la deforestación y de las actividades mineras en regiones como Madre de Dios. 

En 2024, el monitoreo se expandió a otras áreas críticas de la Amazonía, como Huánuco, Loreto y Amazonas, lo que permite identificar los picos de actividad minera y las zonas más afectadas. 

El estudio reveló que la minería ilegal no solo está causando una deforestación masiva, sino que también está penetrando en áreas protegidas, zonas de amortiguamiento y territorios indígenas. 

Ello plantea desafíos para la conservación de la biodiversidad y la protección de los derechos indígenas. Conoce más sobre lo discutido en este conversatorio aquí.

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Los pobladores del anexo de San José de Ccachcccara, ubicado en el distrito de María Parado de Bellido, en la provincia de Cangallo- Ayacucho, atraviesan por una terrible situación, tras un sismo de magnitud 4 que se produjo el último sábado cerca de las 16: 00 horas.

La población del lugar se vio obligada a dormir en carpas por la explosión de gas volcánico, donde los más afectados fueron los niños y adultos mayores.

Actualmente, el panorama es preocupante, debido a que muchas familias amanecieron con malestar general (dolor de cabeza y estómago) por la inhalación de agentes tóxicos.

Según el reporte de la Red Sísmica Nacional, el movimiento comenzó a las 15:58 y se originó a una distancia de 11 kilómetros al oeste de Cangallo, con una profundidad de 18 km, una intensidad de III y latitud y longitud de -13.63, -74.24 grados.

Los últimos informes del área de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Pomabamba indican que habría más de 10 viviendas que acabaron con rajaduras en su infraestructura, y al menos 5 quedaron inhabitables por el colapso de los muros a base de adobe.

La teniente gobernadora de Ccachccara, Elicia Acha Cahuana, comentó que los moradores se organizaron desde la noche para estar en alerta frente a otro eventual sismo por las réplicas que se habría registrado.

“Lo que necesitamos es la dotación de medicamentos para las personas afectadas con la inhalación de gases tóxicos. También existe una gran incertidumbre y temor por parte de la población por la explosión volcánica”, dijo.

Por otro lado, las autoridades locales se han declarado en emergencia y solicitaron la pronta intervención del Gobierno Regional de Ayacucho a fin de evaluar los daños; además, de brindar asistencia a las personas damnificadas a causa de este fenómeno meteorológico.

A su vez, los residentes de Pomabamba iniciaron con una colecta de solidaridad para brindar ayuda a las familias que se vieron afectadas.

Se aguarda los resultados finales de los informes de daños y pérdidas para ser elevadas al Indeci. 

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La recolección de firmas para la revocatoria del alcalde de la provincia de San Román Juliaca, Óscar Cáceres Rodríguez y sus regidores, ya empezó desde hace días.

El promotor de la revocatoria contra el burgomaestre, Luis Alberto Palomino Cano, aseguró que en solo dos días logró recolectar más de mil firmas. No obstante, indicó que para lograr su objetivo debe recabar más de 2 mil rúbricas.

“Tenemos mucho respaldo. La gente voluntariamente está viniendo a firmas. Pero espero que las cuatro zonas, la central de barrios y las diferentes organizaciones se involucren en este trabajo. Yo sé que es difícil, pero no imposible”, declaró.

Asimismo, dijo que se instalarán treinta módulos de revocatoria en los mercados y centros comerciales. También hizo un llamado a los dirigentes y a los familiares de las víctimas del 09 de enero para que se sumen a la recolección de firmas.

Niega venganza

El alcalde, Óscar Cáceres, cuestionó la campaña de revocatoria promovida por Palomino Cano, señalando que el dirigente se quiere vengar de él porque rechazó un proyecto que presentó ante la comuna provincial de San Román.

Sin embargo, Luis Palomino negó las aseveraciones del burgomaestre y agregó que continuará con la recolección de firmas.

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La corrupción y la inseguridad ciudadana son los males más graves que afectan a nuestra Patria. Estos dos males van agarrados de la mano.

La gente repite que los principales responsables de que esas lacras subsistan son el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Luego un poco más abajo vienen el Poder Judicial, la Fiscalía y hasta la Policía.

La ciudadanía también sindica como entidades altamente corruptas a las municipalidades y gobiernos regionales.

Esto se pudo constatar en un fórum que se realizó el pasado 29 de agosto y donde se escuchó a miembros de la Comisión Regional Anticorrupción de Junín (CRAJ). El certamen fue organizado por la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza.

Los funcionarios de la Contraloría y la Procuraduría informaron con detalles, cifras, estadísticas, lineamientos, conceptos, causas y efectos, justificaciones y demás argumentos sobre la corrupción.

Por ejemplo, Iván Villarroel, de la Contraloría, refirió que la colusión y la negociación incompatible son los delitos en los que incurren la mayoría de autoridades y funcionarios. También enumeró los casos más emblemáticos de corrupción cometidos en la región Junín.

Kimberly Suárez, de la Procuraduría Anticorrupción, señaló que de enero a agosto del 2024 se alcanzaron los 3,787 casos de corrupción en la región. La mayoría por colusión y peculado.

El fiscal Miguel Ángel Villalobos, presidente del CRAJ, demandó que se cree una fiscalía anticorrupción más un juzgado. Criticó la ausencia de varias instituciones en dicho foro.

También fue interesante la radiografía regional del espectro político, económico y moral que hizo la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza.

Sin embargo, por más que los funcionarios se esforzaron en dar explicaciones, la reacción de la gente que asistió fue de disconformidad. Quienes tomaron la palabra emitieron críticas muy severas.

Se evidenció que la gente está cansada de escuchar exposiciones sobre la corrupción. Lo que quiere son resultados concretos y que hasta hoy no los encuentra. El malestar ciudadano va creciendo.

Entre algunas propuestas que alcanzaron los participantes figuran la organización de una marcha anticorrupción. Algunos pidieron que Miguel Ángel Villalobos dé un paso al costado y se renueve la junta directiva, porque ha fracasado.

También pidieron que los funcionarios corruptos sean expulsados del aparato del Estado. Difundir los temas de corrupción en escuelas y colegios. Jueces sin rostro contra el crimen organizado. Control de plazos para resolver denuncias. Que Sedam sea intervenido, entre otros.

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El equipo peruano de natación artística ha logrado un hito histórico al clasificarse a la final en la categoría equipo libre damas en el Mundial Junior de Natación Artística.

Con una impresionante rutina inspirada en la cultura selvática peruana, las talentosas nadadoras se colocaron entre las once mejores del mundo y como el mejor equipo sudamericano.

Este campeonato, que reunió a más de 400 nadadores de cinco continentes, se celebró por primera vez en Lima.

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La abogada de Keiko Fujimori y todos los inculpados se corren de la citación de nuevos testigos que ha mencionado José Domingo Pérez. Los testigos que generan  temor para la defensa de la lideresa naranja, son Patricia Benavides, Martín Vizcarra, Aldo Mariátegui, y también porque otros testigos han sido ofrecidos como peritos, pero los procesados afirman que no lo son.

La otra situación por la que está ‘piteando’ el equipo de Keiko, es por la etapa procesal en la que están recién informándoles sobre estos testimonios, pero José Domingo explicó que estos testimonios son cruciales porque permitirían demostrar que Fuerza Popular y su líder Keiko Fujimori actuaban como una organización criminal. No era que, ¿quién nada debe, nada teme?

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Por si a alguien le quedaban dudas, el domingo se volvió a confirmar que Dina Boluarte es el ángel de la guarda de Vladimir Cerrón. La filtración de un audio del ministro Juan José Santiváñez puso en evidencia la protección de Palacio de Gobierno para el prófugo líder de Perú Libre. En los audios Santiváñez reconoce que el vehículo presidencial, al que se refiere como cofre, se usó para facilitar la fuga del dinámico del centro.

Un dato que en cualquier otro país sería motivo de un par de mociones de vacancia. Tras el destape, la tía Dina estuvo picona. Aseguró que en su gobierno no escucharán las acusaciones y se limitarán a hacer oídos sordos.

Dina Boluarte se enojó porque la criticaron por andar abrazando a sus ministros más impresentables, como el mentado Santiváñez. Se nota que los audios tocaron nervio. ¿Llegará a caer la tía?

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