Un especial de Convoca.pe
El megacaso Lava Jato, que remece a varias naciones de Latinoamérica, es el último capítulo de la corrupción en el país, cuyo desenlace aún es desconocido. Adjudicaciones otorgadas a cambio de dinero, uso de testaferros, transferencias vía empresas ‘fantasmas’ u offshore son algunos de los elementos de esquemas de corrupción que han utilizado constructoras brasileñas, las cuales se han repetido en las recientes décadas en otros casos.
Poco después de que Odebrecht —una de las firmas brasileñas bajo indagación— reconociera en diciembre pasado ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos haber pagado sobornos a funcionarios peruanos por 29 millones de dólares, entre 2005 y 2014, el exmandatario Alejandro Toledo tiene la condición de prófugo y su proceso de extradición está en curso, y los expresidentes Ollanta Humala y Alan García están incluidos en procesos de investigación.
Sin embargo, esa cifra resulta mínima frente a las sumas de los proyectos que logró adjudicarse en esos años. Según la Contraloría, entre 1998 y 2015, Odebrecht participó en 23 proyectos por un monto de 16 mil 940 millones de dólares, que implicó un perjuicio de 283 millones de dólares al Estado Peruano.
El caso Lava Jato evidencia algunos de los mecanismos en que los más altos funcionarios peruanos ponen a disposición de las grandes corporaciones las decisiones y fondos públicos. Un modus operandi que no es nuevo en nuestra historia.
Varias de esas prácticas corruptas han quedado consignadas en los informes de comisiones investigadoras del Congreso creadas en los últimos 40 años, documentos que fueron revisados por el medio digital de periodismo de investigación Convoca y la asociación civil Japiqay.
El análisis comprendió casos investigados por grupos parlamentarios durante el gobierno de siete presidentes de la República, desde la administración militar de Francisco Morales Bermúdez hasta la gestión presidencial de Ollanta Humala, incluyendo las de Alan García y Alberto Fujimori, estos últimos considerados los de mayor corrupción.
Lo primero que se observa es que, a pesar de ocurrir en décadas y periodos gubernamentales distintos, las modalidades de favorecimiento se repiten una y otra vez generando inmensos perjuicios al Estado. Solo en ocho casos reseñados —que no son el total de los ocurridos en estas cuatro décadas— se encuentran involucrados más de 20 mil 220 millones de soles en pérdidas, lo que equivale a dos veces el presupuesto de 2017 en orden público y seguridad.
A continuación se presenta algunos de los casos más emblemáticos que fueron investigados por el Congreso en los últimos 40 años. Es una muestra de cómo la gran corrupción afecta nuestro país. No obstante, su impacto es difícil de calcular porque no se trata de un perjuicio económico, sino que representa el deterioro de las instituciones democráticas, afecta la propia democracia y la moral en la sociedad.
Sin embargo, para poder dar una idea aproximada del efecto que tienen en nuestras vidas, este equipo intentó calcular el perjuicio económico que algunos de estos casos originó a partir de las cifras registradas en los informes parlamentarios. En cada caso, las cifras consignadas en dólares fueron convertidas a la moneda vigente según el tipo de cambio de la fecha en que ocurrieron los hechos. Cuando se trata de intis o soles de oro (monedas ya no vigentes) estas han sido traducidas a cifras actuales siguiendo las fórmulas de conversión establecidas por el BCR (Ver metodología).
Aunque las cifras nos aproximan a medir el impacto económico de estos hechos, la corrupción ante todo es un mal sistémico, cuyos principales aliados son la falta de memoria y la impunidad. Creemos que es necesario recordar y conocer el impacto real de la corrupción en nuestras vidas.
Fondos del Banco de la Nación para el Banco Ambrosiano (1979)
En julio de 1979, el directorio del Banco de la Nación, presidido por Álvaro Meneses Díaz, autorizó la compra de acciones del Banco Ambrosiano Holding y la inversión de recursos públicos para formar sedes de esa entidad en América Latina y en el Perú. Las transacciones se ejecutaron entre 1979 e inicios de 1980, durante el régimen militar de Francisco Morales Bermúdez.
En 1981, Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano, fue detenido acusado de captar fondos de actividades ilícitas. Esto activó alertas en todos los países donde operaba.
En el Perú, se instaló una comisión en el Senado del Parlamento para investigar posibles irregularidades en las operaciones con el Banco de la Nación. El informe concluyó que se pagó un sobreprecio por las acciones adquiridas y que el presidente del Banco de la Nación habría utilizado su posición para beneficiarse personalmente a través de acciones de compañías subsidiarias del Banco Ambrosiano Overseas Ltda. También habría influido en el nombramiento de su hermano, Arnaldo Meneses, como representante del Banco Ambrosiano en el Perú y en las negociaciones con el Banco de la Nación.
Ante la comisión investigadora, los funcionarios responsables reconocieron e intentaron justificar el pago de 3 millones 056 mil 427 dólares por encima del valor de las acciones del Banco Ambrosiano. Esto representaba unos 909 millones 592 mil 675 soles de oro —de la época— por encima del costo real de las acciones.
El grupo investigador del Congreso estableció que se había cometido el delito de concusión y aprobó la denuncia ante el Ministerio Público, pero los delitos prescribieron en sede judicial.
En el 2004, dos décadas después, uno de los principales implicados, Arnaldo Meneses, fue nombrado Defensor del Contribuyente por el entonces Ministro de Economía y Finanzas, Pedro Pablo Kuczynski.
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Caso Guvarte: sobrevaloración en los penales (1982)
Otro de los grandes escándalos de corrupción cometidos entre 1980-1985, durante el gobierno de Fernando Belaunde, fue la sobrevaloración en la construcción de establecimientos penitenciarios, por parte del consorcio español Guvarte, el cual involucró al propio ministro de Justicia, Enrique Elías Larosa.
El mencionado consorcio obtuvo un contrato para equipar y construir varios penales en el país. La Contraloría observó dicho acuerdo. El proyecto se desarrolló con demoras e incumplimientos por parte del grupo empresarial; sin embargo, se determinó que el ministro Enrique Elías Larosa asumió el tema y aprobó que se continuará realizando los pagos pese a las faltas detectadas.
El informe parlamentario concluyó que se habrían cometido los delitos de colusión, peculado y corrupción de funcionarios. Además, se comprobó que hubo una sobrevaloración de unos 30 mil millones de soles de oro de la época y una deuda de 8 millones de dólares (unos 5 mil 687 millones 680 soles de oro de la época). Por estos hechos, el ministro Elías Larosa fue denunciado constitucionalmente ante el Legislativo, pero la acusación final no próspero debido a las gestiones de su bancada (PPC). En 1985, Elías fue electo diputado lo que le permitió obtener inmunidad y evitar el procesamiento por estos hechos.
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El remate del patrimonio público
En 1982, los Ministros de Economía, Manuel Ulloa Elías; de Agricultura, Nils Ericson; y de Justicia, Felipe Osterling, además de funcionarios del Ministerio de Justicia fueron denunciados por una comisión del Senado, por favorecer indebidamente una “conciliación extrajudicial” para pagar una compensación económica por $ 8’000,000 dólares (S/. 4,553’472,000 soles oro) a la Empresa Irrigadora Chimbote S.A., a pesar de existir normas legales y sentencias judiciales del Fuero Agrario que disponían la expropiación de las obras, maquinarias e implementos de esta empresa por haber incumplido las obras de irrigación que se le habían otorgado en 1955 y luego de que se le hubieran ampliado los plazos en numerosas ocasiones.
Incluso, como parte del contrato con el Estado peruano, la empresa había recibido casi 36,000 Has. de terreno a cambio de las obras de irrigación. Por el incumplimiento, estas tierras habían revertido al Estado. La empresa había interpuesto reclamos ante el Poder Judicial.
Una comisión mixta de diputados y senadores emitió el informe que señaló que los ministros Ulloa y Ericson habían cometido defraudación contra el Estado, y que los funcionarios del Ministerio de Justicia se habían coludido con la empresa privada para favorecer la mencionada “conciliación”. Sin embargo, dicho informe no logró la mayoría para ser aprobado en el Congreso.
Fuente: Informes Finales de la Comisión Investigadora Multipartidaria nombrada por el Congreso para la investigación del Caso Irrigadora Chimbote S.A.
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Salvataje financiero Banco de la Industria de la Construcción (BIC)
En 1982, la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) declaró en falencia económica y financiera al Banco de la Industria de la Construcción (BIC), perteneciente al Grupo Vulcano (del empresario Luis León Rupp), disponiendo su intervención y posterior liquidación.
La situación de falencia del banco había sido ocasionada por los créditos otorgados a las empresas del Grupo Vulcano sin las garantías adecuadas.
A raíz de eso, el Banco Central de Reserva (BCRP) dispuso el aporte de capital, por un monto de 75 millones 153 mil 800 dólares, al igual que en la Financiera Andina (FINANSA), del mismo grupo empresarial, por una suma aproximada de 1 millón 947 mil 119 dólares; con lo cual se constituía como el único acreedor, por lo que el proceso de liquidación de los activos de la entidad bancaria debieron destinarse a cancelar el referido aporte.
Sin embargo, posteriormente, el BCRP tuvo que realizar un nuevo aporte de 16 millones 096 mil 232 dólaresal BIC y de 3 millones 995 mil 753 dólares a FINANSA.
La comisión investigadora de la Cámara de Diputados estableció en 1987 que la falta de control público había permitido que el Grupo Vulcano realizara operaciones especulativas con los fondos aportados por el Estado peruano.
Además, las empresas deudoras del BIC no habían devuelto los créditos otorgados por éste, y más bien, los banqueros reclamaban ante el Poder Judicial asumir la conducción del proceso de liquidación, aduciendo su calidad de accionistas.
Fuente: Informe de la Comisión Parlamentaria Investigadora de los Remates y la Liquidación de los activos del BIC y BANCOPER.
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El remate del patrimonio público
Entre 1990 y 2000, el gobierno de Alberto Fujimori impulsó una política para anular la actividad empresarial del Estado. Por eso, uno de los casos más emblemáticos analizados por el Congreso en 2001 fue la privatización de las empresas públicas y su transferencia a manos privadas.
A partir de 1993, se efectuaron 228 operaciones de venta, concesión o liquidación de empresas públicas. Fueron privatizadas empresas mineras (90%); de manufactura (85.5%), hidrocarburos (68%), electricidad (68%) y agricultura (35%). El monto total de las transacciones alcanzó los 9 mil 221 millones de dólares; las investigaciones parlamentarias determinaron que solo 6 mil 445 millones de dólares ingresaron al tesoro público. Es decir, unos 2 mil 776 millones de dólares se quedaron en el camino, esto equivalía a unos 6 mil 495 millones 840 mil nuevos soles.
Además de los más de 6 mil millones de nuevos soles “perdidos” de la privatización, se debe sumar que, del monto que sí ingresó al tesoro público, unos 11 mil 419 millones 200 mil nuevos soles fueron destinados a las compras secretas e irregulares de armamento a grupos de traficantes que, como demostraron las investigaciones posteriores al régimen, devolvían parte del dinero a manera de “comisión” para Vladimiro Montesinos y altos funcionarios del Estado.
Las investigaciones parlamentarias, además, constataron que en los procesos de privatización se subvaloraron los activos de las empresas privatizadas, se otorgaron beneficios tributarios irregulares, se utilizó información privilegiada en beneficio de los privados y otras prácticas que ahondan el perjuicio generado al estado peruano con este proceso.
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Interoceánica Sur: El tránsito de graves problemas
La carretera Interoceánica Sur debe conectar Perú, Brasil y Bolivia y promover el desarrollo de la Región Macrosur. En el 2003, se hizo el estudio de factibilidad, en el cual, luego se determinó —en la comisión investigadora que presidió el congresista Isaac Serna— que se habían inventado y sobredimensionado los beneficios económicos para justificar las inversiones del proyecto, el cual se estimó en ese momento, en aproximadamente, 800 millones de dólares.
En el 2004, mediante la Ley 28214, se dio tratamiento excepcional al proyecto. En el 2005, se adjudicó la buena pro para los tramos 2, 3 y 4, a pesar de las observaciones de la Contraloría General, sin contar con estudio de impacto ambiental y sin pasar por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
Las empresas ganadoras de las licitaciones fueron: Tramos 2 y 3: Consorcio CONIRSA (formada por Norberto Odebrecht S.A., Graña y Montero y JJ Camet e Ingenieros Civiles y Contratistas) y el Tramo 4: Consorcio INTERSUR (Andrade Gutiérrez, Camargo Correa S.A. y Cía. Queiroz Galvão S.A)
La explotación empezó al año de haberse terminado de construir la obra. El Estado debe pagar los gastos de mantenimiento y operación. Los montos calculados para Pago por Obra (PAO) por el Ministerio de Transportes, son 250 millones de soles más que lo calculado inicialmente.
Con las adendas posteriores y los gastos adicionales, en 2008, el costo del Tramo 2 ya era 48,85% mayor que el presupuesto referencial; el Tramo 3, 16,26% mayor y el Tramo 4, 32,78% mayor; representando un gran sobrecosto en perjuicio del Estado.
Ahora se conoce que Odebrecht habría pagado al menos 20 millones de dólares en sobornos al expresidente Alejandro Toledo por la adjudicación de la Interoceánica Sur, de acuerdo con las pesquisas que realiza el Ministerio Público.
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Aprovechamiento indebido del Gas de Camisea
Durante el gobierno de Alejandro Toledo se emitieron dispositivos referidos a la explotación del gas de Camisea, perjudiciales para los intereses nacionales, con el fin de favorecer a operadores privados vinculados al entonces ministro Pedro Pablo Kuczynski, quien incluso estuvo vinculado a sus directorios (Hunt Oil, Techint, Tenaris, entre otros).
Los hechos más resaltantes fueron: las irregularidades en la autorización de instalación de la planta de fraccionamiento de líquidos de gas natural en Paracas; la reducción de obligaciones para el concesionario TGP (transportadora) y la distribuidora para Lima y Callao; reducción de las obligaciones de financiamiento del operador privado TGP y el adelanto de la garantía de red principal; cálculo irregular de regalías para la explotación de los lotes 56 y 88; condiciones para la exportación de gas desventajosas para el Perú.
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El negocio de los servicios básicos
Uno de los primeros programas impulsados durante el segundo gobierno del ex presidente Alan García fue el Programa Agua para Todos, que había sido una promesa de campaña electoral. Antes de crearlo, se declaró en emergencia el sector saneamiento y se establecieron mecanismos especiales para la contratación de empresas con el fin de ejecutar las obras en el marco del programa.
Las investigaciones a la gestión 2006 – 2011 determinaron una serie de irregularidades en el manejo del Programa Agua para Todos que significó dejar sin atención a miles de familias. Entre las normas especiales que se dictaron se encuentran las siguientes: se permitió la aprobación de proyectos sin contar con estudios de pre-factibilidad (más detallados) y con modalidades cuestionadas por el propio ministerio de Economía y Finanzas por el riesgo de sobrecostos y falta de garantías.
El programa Agua para Todos transfirió 4 mil 50 millones de soles a gobiernos locales, regionales y empresas de saneamiento para la ejecución de 1165 proyectos a nivel nacional. La falta de control y monitoreo habría permitido que 91 proyectos paralizados continuarán recibiendo recursos públicos.
De los casos analizados por el Congreso, el Megaproyecto Pachacútec (Ventanilla, Callao) resulta emblemático. Fue otorgado al consorcio integrado por Graña y Montero y la española Abengoa por 329 millones 112 mil 432 soles. La comisión investigadora detectó que, en el proceso de licitación, se habría generado un perjuicio de más de 97 millones de soles al haberse incrementado el valor referencial tras declararse desierta la primera convocatoria.
Durante la ejecución de los estudios para el expediente técnico, se detectaron otras irregularidades como el no cobro de penalidades por retrasos del consorcio. Además, se autorizó pagos por más de 4 millones de solespara la partida de “Intervención Social”, pese a que esta debía ejecutarse al inicio de las obras. Se detectó que el 80% de las facturas entregadas por el consorcio para justificar el gasto en esa partida fueron emitidas por las empresas que lo integraban.
Tras culminar su gobierno, el ex presidente Alan García fue nombrado miembro del Consejo Asesor Internacional de Abengoa. Mientras tanto, los pobladores de Pachacutec deben seguir costeando un promedio diario de 6 soles para obtener agua potable mientras el Estado peruano sigue invirtiendo en la ejecución del proyecto.
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Los contratos oscuros de colegios emblemáticos
La educación tampoco ha quedado exenta de los negocios. En 2008, un decreto de urgencia creó el Programa Nacional de Colegios Emblemáticos. Se presupuestaron mil 251 millones de soles.
Con ese dinero, debían remodelarse 238 colegios a nivel nacional. Solo se utilizó en 17 centros de estudios. En varios casos, como en el de Clorinda Matto de Turner en Cusco, la comisión parlamentaria encontró irregularidades en el otorgamiento de los contratos a consorcios que no garantizaban la culminación de las obras.
Solo en el Colegio Clorinda Matto de Turner, unas 4 mil alumnas se perjudicaron porque el consorcio dejó las obras sin terminar e inició un arbitraje contra el Estado: querían cobrar más. En el 2012, las alumnas protestaron tomando clases en la calle.
Fuente: Informe del caso “Colegios Emblemáticos” de la Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de investigar la gestión de Alan García Pérez como Presidente de la República
Discover Petroleum: evidencias de un faenón
En el 2007, la ciudadanía se conmocionó ante la difusión de una serie de audios y correos electrónicos que evidenciaron la presunta asociación ilícita de representantes de las empresas FORTLUCK (Fortunato Canaán y Mario Díaz Lugo) y DISCOVER (Jostein Kjerstad) para beneficiarse irregularmente de negocios con el Estado.
Para ello, contrataron operadores vinculados al poder político, Rómulo León y Alberto Quimper. Además, los audios difundidos pusieron de manifiesto el comportamiento de ministros y altos funcionarios de gobierno que se reunieron y concertaron con estos operadores para adoptar decisiones que favorecieran el otorgamiento de contratos, sin respetar los procedimientos legales ni institucionales; en las más diversas áreas: desde la adjudicación de lotes petroleros, la concesión para explotación de geotermia, hasta la construcción de hospitales y campos deportivos.
La constante en todos los casos estaba descrita en los correos electrónicos, obtener una sobreganancia de –al menos– 30% de los costos, para financiar futuras campañas electorales, al estilo de lo realizado en República Dominicana, por el régimen de Rafael Trujillo.
Estos hechos motivaron la renuncia del gabinete presidido por el entonces ministro Jorge Del Castillo. Las investigaciones parlamentarias demostraron que en estas negociaciones participaron los más altos funcionarios de Gobierno, incluyendo al presidente Alan García y su secretario Luis Nava.
Sin embargo, después de casi nueve años, todos los principales implicados fueron exonerados de toda responsabilidad en el Poder Judicial.
Un Vicepresidente con demasiada influencia
A pocos meses de iniciarse el gobierno de Ollanta Humala, el segundo vicepresidente de la República y congresista, Omar Chehade, fue acusado de promover una reunión con los oficiales generales de la Policía Nacional del Perú Guillermo Arteta, Raúl Salazar y Abel Gamarra, con el fin de coordinar la ejecución de un desalojo en la Empresa Agraria Andahuasi, favoreciendo el ingreso –con apoyo de la fuerza pública– a los representantes del grupo empresarial Wong, ante la oposición de los accionistas trabajadores y jubilados de la azucarera.
Para motivar el respaldo policial, prometió un estímulo económico a los policías que participarán en dicha intervención. Se trataba de “apurar” la solución para un caso cuya resolución en la vía judicial aún está pendiente.
Cuando esto se hizo público, fue acusado constitucionalmente por el delito de patrocinio ilegal e infracción al Art. 38º de la Constitución.
De hecho, su hermano Miguel Chehade y su amigo Miguel León Barandiarán, también participantes en la reunión promovida por el congresista, fueron condenados a cuatro años de prisión efectiva, por parte del Poder Judicial.
En el caso del vicepresidente, la correlación política en el Parlamento le fue favorable y no fue acusado constitucionalmente ni desaforado como legislador. Pero, se vio obligado a renunciar a la vicepresidencia de la República en medio de la indignación ciudadana.
Fuente: Informe Final de la Denuncia Constitucional N° 55 – 2011.
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