La comisión de Justicia del Congreso, que preside Gladys Echaíz de Alianza Para el Progreso, aprobó reformar las normas del proceso de colaboración eficaz, sin considerar que el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia no lo aconsejan, ya que podría ser adversa a la lucha contra el crimen organizado. Así lo advierte, el fiscal José Domingo Pérez.
Frente a esta propuesta aprobada, Pérez alertó sobre las graves consecuencias que traería la variación a la Ley de Colaboración Eficaz; cambios que terminarían por favorecer a los corruptos. Como se sabe, las autoridades del sistema anticorrupción se han apoyado de esta ley para desbaratar organizaciones criminales e identificar a sus integrantes.
Pero, pese a que la Comisión de Justicia consultó al Poder Judicial, al Ministerio Público y al Ministerio de Justicia, y que las tres instituciones cuestionaron los cambios por “redundantes, engorrosos e innecesarios”, el grupo de trabajo de Echaíz -quien fue fiscal de la Nación-, aprobó el dictamen.
Investigados buscan cambiar reglas del proceso
Llama la atención que su aprobación se diera breve tiempo después de que el Poder Judicial aprobara la colaboración eficaz del expresidente de la Corte del Callao, Walter Ríos. El investigado aportó información sobre 40 casos de corrupción y delató a 90 personas. Y también, días antes de que José Graña Miró Quesada y Hernando Graña Acuña, exdirectivos de Graña y Montero, también firmaran un acuerdo de colaboración eficaz sobre graves delitos de corrupción y el desembolso de alrededor de 60 millones de soles como reparación civil.
“Yo veo una situación que no es muy alentadora. El Congreso pretende modificar el proceso especial de colaboración eficaz, cuando este proceso ayudó a que se conozca la verdad de graves casos de corrupción como de lavado de activos y organización criminal”, señaló el fiscal Pérez al programa ‘Al vuelo’, de Raúl Tola.
“Me lleva a pensar que, como ha sucedido en otras latitudes, los investigados o interesados en la corrupción, lavado de activos y crimen organizado, nuevamente se vuelven a fortalecer. Y buscan cambiar las reglas del proceso”, afirmó el fiscal.
Proyecto podría llevar a la impunidad
Las reformas a la Ley de Colaboración las presentó originalmente la exlegisladora María Teresa Cabrera, del partido Podemos Perú, cuyo fundador y líder es el actual congresista José Luna Gálvez. El legislador es investigado por el caso Lava Jato y se le acaba de embargar bienes por 68 millones de soles.
En la misma comisión de Justicia están Héctor Ventura, María Cordero Jon Tay, Hernando Guerra García y María Zeta Chunga, de Fuerza Popular. Como se sabe, su lideresa, Keiko Fujimori y varios de sus dirigentes están acusados por crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsedad.
Sobre el particular, la procuradora del caso Lava Jato, Silvana Carrión, dijo que el dictamen, conforme está redactado, podría llevar a un efecto distinto al que se busca: la impunidad de las personas que son sindicadas por los colaboradores eficaces. El dictamen también lo observó la Procuraduría General del Estado y por otras procuradurías que integramos el sistema”, señaló.
¿Qué es lo que quieren cambiar a la colaboración eficaz?
El dictamen ya aprobado por la Comisión de Justicia y que cambiará artículos del Código Penal y del Código Procesal Penal pretende: Imponer un periodo de 8 meses para el proceso de colaboración eficaz. Que se contaría cuando se presenta la solicitud y se suscribe el acuerdo o se rechaza el pedido. Solo habrá una ampliación de 8 meses si se trata del delito de crimen organizado, o 4 meses si se presenta una justificación.
Además, la manifestación del aspirante a colaboración eficaz solo se hará ante la presencia del fiscal del caso y de su abogado.
Se prohíbe la corroboración de la declaración de un aspirante a colaboración eficaz con la manifestación de otros postulantes a la declaración. Y se castigará con prisión no menor de 4 años ni mayor de 6 años a quien identifique a un colaborador eficaz; o difunda su declaración parcial o completa. Cuando el autor es funcionario público, la pena será no menor de 5 ni mayor de 7 años.
El Búho, para más noticias sobre Arequipa, síguenos también en nuestras redes sociales:
Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y además en YouTube.
