A pesar de encontrarse fuera del país, el alcalde de Arequipa no dejó de asistir a la audiencia virtual de apelación que se instaló este lunes por el caso de las cámaras de seguridad.
La defensa del burgomaestre Omar Candia ha interpuesto un recurso impugnatorio para anular los 6 años de prisión efectiva que recibió en primera instancia. Mientras que el Ministerio Público pretende que se eleve la condena a 9 años, por considerarlo autor del delito de colusión agravada.
El proceso se encuentra en manos de los jueces de la Sala de Apelaciones Transitoria especializada en Extinción de Dominio, de la Corte de Justicia de Arequipa. Otras dos salas han examinado anteriormente el caso y terminaron ordenando un nuevo juicio para el alcalde. Esto ha hecho que el proceso, que empezó en el 2015, se extienda por más de siete años sin una condena firme.
La causa penal gira en torno a la adquisición e instalación de 40 cámaras de vigilancia que ejecutó la gestión de Candia Aguilar cuando era alcalde distrital de Alto Selva Alegre, en el 2008. Según la Fiscalía, el alcalde hizo un pacto colusorio con sus funcionarios para beneficiar a la empresa Soluciones Andinas, con un contrato por más de 2 millones de soles. Sin embargo, tras una auditoría de la Contraloría de la República, se detectó que el proyecto de videovigilancia se encontraba inoperativo.
Desde ya se ha advertido que la apelación podría tardar más de un mes para conocer la decisión final de los jueces. Esto, debido a que ninguno de los procesados se encuentra preso y por eso no tiene prioridad.
Alcalde de Arequipa y Fiscalía disconformes con la sentencia de primera instancia
Todas las partes involucradas en el proceso han apelado la sentencia N°112 – 2021, emitida el 30 de diciembre de 2021 por el juez Edy Leva. El magistrado condenó a Omar Candia Aguilar, al ex jefe de servicios comunales Reynaldo Díaz Chilo y al representante del consorcio, José Luis Ríos, a 6 años de prisión. También se les inhabilitó por 3 años para ejercer algún cargo público.
Entre tanto, el ex subgerente de Logística, Juan Lipe Lizárraga, y el consultor del proyecto, Sandro Martínez Sardón, recibieron 3 años de prisión suspendida por el mismo periodo.
El alcalde ha solicitado que se revoque la sentencia o que se declare nula, indicó su nuevo abogado, Pablo Talavera Elguera, durante la audiencia.
En cambio, el fiscal superior Carlos Herrera, ha pedido que la condena sea más elevada y ha planteado 9 años de cárcel. Lo mismo ha pedido el procurador de la Contraloría, Enrique Delgado, quien ha demandado que pague los 2 millones de soles que se planteó al inicio del proceso y no solamente los 36 mil soles que se dictó en primera instancia.
