El matiz comercial que distingue a la ciudad altiplánica de Juliaca, en Puno, ha cambiado desde el inicio de las protestas sociales. De la febril actividad de intercambio que se registraba durante el día, hoy la gran mayoría de negocios cierra sus puertas al público a partir de las 9 de la mañana. Las calles empiezan a lucir vacías, hay poco tránsito, y el movimiento se concentra ahora, principalmente, afuera de los bancos.
Juliaca, una población con más de 300 mil habitantes, lleva sosteniendo un paro indefinido desde hace más de 30 días. Las manifestaciones fueron escalando y tocaron techo el 9 de enero cuando 17 civiles fallecieron tras un violento enfrentamiento entre policías y manifestantes cerca al aeropuerto. En los días posteriores, las muertes de ciudadanos ascendieron a 20 en total. Y a eso se añade el asesinato de un policía quemado por una turba.
Frente a estos acontecimientos, la indignación popular creció y se ve reflejada en las calles, centro de multitudinarias movilizaciones que exigen diariamente la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el adelanto de las elecciones generales.
A las marchas se han sumado también campesinos y residentes de otras provincias que llegan en caravanas para protestar. En los últimos días, delegaciones provenientes de La Rinconada, uno de los mayores centros poblados dedicados a la minería informal, han vivificado las movilizaciones.
De igual modo, los piquetes y bloqueos en las carreteras recrudecen, lo que provoca que la población quede aislada y sufra el desabastecimiento de productos. Hoy, trasladarse de Arequipa a Puno ya no demora cuatro horas, sino que puede llegar a tardar más de día.
Juliaca no supera el dolor de los caídos
Tras la masacre del 9 de enero, las familias de las víctimas hoy reclaman justicia. Los hermanos de Marco Antonio Samillán Saga, un joven estudiante de Medicina y voluntario en una de las brigadas médicas, murió cuando intentaba rescatar a uno de los manifestantes heridos cerca al aeropuerto Manco Capac.
Falleció por el impacto de una bala que ingresó por su riñón derecho y salió por su pecho izquierdo. Su hermana menor, Milagros Samillán, contó que aquel día su hermano salió, junto a sus compañeros, para auxiliar a los heridos que generen las manifestaciones.
La pérdida de Marco sumió en el dolor a sus siete hermanos, quienes todavía se resisten a creer lo que le ha sucedido. Según la necropsia, su muerte fue causada por una bala que atravesó su cuerpo.
Pedro, su hermano mayor, pidió la intervención de organismos internacionales y de derechos humanos para determinar lo que ocurrió realmente aquel día. A su vez, rechazó el discurso de que Marco murió producto del enfrentamiento entre manifestantes.
“No podemos negar lo innegable. La señora Dina Boluarte ha tratado de minimizar esas muertes. Ha tratado de hacer parecer de que son personas extranjeras, son narcotraficantes, son terroristas, pero no es así. Usted ha podido ver que en las manifestaciones hay madres de familia, comerciantes que están reclamando un justo derecho. Entonces ella no puede decir que se han matado entre ellos”.
Pedro Samillán añadió que los orificios no son causados por piedras o por ondas que botan balas dum dum. “Ella no puede ser tan inconsciente, todos sabemos que aquí hubo una masacre donde 18 personas murieron en un solo día”.
“Queremos que se haga justicia por mi hermano y todas las personas que han caído en la lucha por la democracia”, reclamó.
Según el Ministerio Público, las pericias realizadas a los cuerpos de las víctimas concluyen que murieron por impactos de bala. El propio fiscal coordinador de las Fiscalías de Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina, dijo a los medios que todos los fallecidos en Juliaca fueron por proyectil de arma de fuego (PAF).
En la zona aledaña al aeropuerto aún se pueden notar las huellas que dejó aquella masacre. Los rastros de los disparos están impregnados en el concreto y en las paredes de las viviendas. En el suelo aún se pueden apreciar los casquillos de las armas de fuego empleadas aquel día.
Asimismo, vecinos de la urbanización Jorge Chavez, relatan con dolor y llanto cómo la policía disparó indiscriminadamente a los manifestantes y a sus casas. Juana Mamani, que vive en el Jirón 24 de Junio, muestra cómo un perdigón le cayó en el rostro y cómo una bomba lacrimógena rompió las ventanas del segundo piso de su vivienda.
Hasta el momento, ninguna de las familias ha recibido algún apoyo de parte del Estado, pese a que el gobierno había anunciado la entrega de bonos a los deudos. Y tampoco hay claridad sobre las investigaciones. “Todavía no se tiene conocimiento de cómo se está avanzando. Tenemos conocimiento que recién se están abriendo las carpetas (fiscales),” subrayó.
“Puno es el Perú”
“Puno no es el Perú” fue una desafortunada frase lanzada por la presidenta Boluarte contra este pueblo en medio de los pedidos de diálogo. En un contexto complicado sus palabras lejos de apaciguar el conflicto han alentado aún más la indignación popular.
Para el alcalde provincial de San Román, Óscar Cáceres, aquella expresión solo ha generado más rechazo a su gobierno. “Ella no merece llegar a esta ciudad. Ha sido declarada persona no grata porque ha ofendido a la población”.
De igual modo, las justificaciones que ha dado Boluarte sobre la masacre del 9 de enero, señalando que no fue la policía la que ocasionó sus muertes sino grupos violentistas, tampoco contribuyeron a la calma.
“No hay nada probado. Si usted ve es la población organizada en cada barrio, cada avenida, cada calle. Es la propia población que está reclamando. Si hay terceras personas no las hemos visto, nadie ha visto. No le consta a nadie (…) No hay veracidad de lo que ella dice”, señala la autoridad.
También desmiente que el Ejecutivo haya buscado el diálogo con las autoridades. “Las tres oportunidades que han llegado acá nunca me han convocado. ¿De qué diálogo podemos hablar si no hay ninguna muestra?”, replica.
La ciudadanía expresa en las calles una versión similar. Ramiro Díaz Tupa, un juliaqueño que vive en pleno centro de la ciudad, manifiesta que lo que hoy la población palpa es el abuso y la represión de este gobierno. La policía se ha retirado de las calles dejando sin seguridad la ciudad, solo se ven agentes custodiando el aeropuerto y las entidades públicas como el Poder Judicial y Ministerio Público.
“Nos han sentenciado a la muerte. Utilizan armamento para matar peruanos, sin medir consecuencias, si es padre, si es un niño. Tenemos derecho a la protesta, a la libre expresión, pero en el interior del Perú no se nos permite expresarnos”.
Ramiro Díaz, ciudadano juliqqueño.
Añade que hay un resentimiento con Lima, con la presidenta, la policía y la prensa limeña que no cuenta la verdad. “Todos los poderes del Estado están contra el propio pueblo. Lima quiere al interior del país dominado, sometido, por eso la región de Puno y Juliaca piden que se cambie la Constitución Política del Perú”.
Los ciudadanos han advertido que no levantarán su medida de lucha y continuarán las marchas y protestas hasta ser escuchados.
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