Los antecedentes policiales permiten a miles de cuerpos de policía en Arequipa y todo el mundo, resolver todos los días los más intrincados casos. Hoy en día, la investigación policial cuenta con lo último que ofrece la tecnología para identificar a los transgresores de la ley.
Las sociedades en las que las huellas digitales abandonadas en una escena del crimen pueden ser la pieza clave para identificar a violadores o asesinos. Y el ADN de una colilla de cigarrillo conduce a los perpetradores de un robo, se encuentran a kilómetros luz de una como la peruana. Aquí el archivo de antecedentes policiales que tiene puede compararse con el tesoro incaico que los españoles se llevaron en barcas a la Madre Patria. No sólo por su antigüedad, sino porque “huaqueros” lucraron indebidamente con ese patrimonio.
En Arequipa, la Oficina Regional de Criminalística (ORCRI) de la XI Dirección Territorial de la Policía, dependencia ubicada en el Complejo Santa Rosa de la avenida Goyeneche, custodia miles de tarjetas de antecedentes policiales pertenecientes a peligrosos delincuentes que pisaron la cárcel por sus actos.
Esta delicada información, que tiene carácter reservado, se encuentra en una base de datos computarizada. La base es manejada por la Policía a nivel nacional. Así, si alguien quisiera sacar un certificado de antecedentes policiales en una provincia donde nunca delinquió, le resultaría imposible “pasar piola”. La información de antecedentes se encuentra interconectada en las once direcciones territoriales de la Policía.
Eso es, al menos en teoría, porque lejos del afán moralizador emprendido por la institución, peligrosos delincuentes vendrían limpiado su pasado delictivo con la complicidad de malos policías quienes estarían sustrayendo sistemáticamente sus tarjetas de antecedentes policiales, a vista y paciencia de los oficiales responsables del área de Criminalística. La gota que derramó el vaso de esta creciente corrupción ocurrió en marzo de este año.
¿Tráfico en la Policía de Arequipa?
El caso Héctor Hurtado Calizaya se oye en los pasillos y revienta en los oídos de quienes conocen del tráfico de antecedentes. La tarjeta de antecedentes policiales de Hurtado no está en el archivo principal de la ORCRI. Aunque figura como sujeto con antecedentes policiales en la base de datos de la Policía. Por eso no puede tramitar un certificado de antecedentes policiales “limpio”, como intentó hacerlo.
Ante la presión que la propia policía ejerció sobre él, no le quedo otro remedio que confesar que había pagado 100 dólares a un uniformado del área del archivo, para que se los desaparezcan. Esa era la explicación de por qué no aparecía su ficha.
Al tomar conocimiento de la situación, el jefe de la ORCRI de entonces, comandante Fredy Portilla Málaga, decide -por misteriosas razones- no dar cuenta del hecho a la Oficina de Inspectoría ni al jefe de Región. No hay intención de hallar los responsables de la gravísima anomalía, ya que la irregularidad podría costarles la baja inmediata a los responsables.
Todo lo contrario. Portilla prefiere dejar pasar y hacerse de la vista gorda, mientras la encargada del archivo de Antecedentes y responsable directa, la suboficial PNP María Barrón Farro, repone la tarjeta ausente con otra llenada con ligereza, dejando en blanco los datos que en el año de 1989, el operador de entonces, cabo PIP Miguel Valdivia Paredes -que ya no labora en el área- sí llenó con cuidado en la tarjeta de Héctor Hurtado y en la de Juan Acrota, cómplice capturado junto a Hurtado en 1989.
Ambas tarjetas deberían consignar los mismos datos, y haber sido llenados por el mismo operador. Sin embargo, la “nueva” tarjeta de Hurtado ha sido evidentemente llenada por otra persona. La letra (grafía) es diametralmente distinta a la del antiguo operador, pese a que en ambas se consigna como operador a la misma persona (cabo PIP Miguel Valdivia).
Además, la “nueva” tarjeta no tiene el sello ni la firma que posee cualquier otra. Es fácil darse cuenta de que no se le ha puesto código a la tarjeta -error muy burdo. En su lugar se ha copiado el código de la tarjeta del cómplice Juan Acrota, faltándole, aun así, el último dígito. De esta manera, no existe correlación entre una y otra tarjeta.
Encima de todo, la torpeza del improvisado operador le obliga a dejar en blanco los campos en los que se coloca el lugar de nacimiento, domicilio y documentos de identidad del detenido. Pero lo más evidente es que se ha puesto con lapicero, en vez del sello correspondiente, la fecha en que supuestamente se llena la tarjeta (24 de abril de 1989).
Para remate, en 1989 faltaban más de 10 años para el milenio, por eso no era necesario que las tarjetas en blanco consignen el 2000 como referencia. En cambio, sí figura en la “nueva” tarjeta fabricada para Hurtado.
El hurto de Hurtado
El 24 de abril de 1989 la entonces Jefatura Departamental (PIP), traslada a las instalaciones de la ORCRI a dos individuos capturados momentos después de intentar, fallidamente, robar bajo la modalidad de “escalamiento” (subir por las paredes de un inmueble), bienes valorizados en 36 mil intis. El ilícito fue registrado en el atestado policial 489-DIC-R D/C/P como robo frustrado en agravio de Lizardo Rey Imata.
Los sujetos, entonces identificados como Juan Acrota Ponce de 21 años y Héctor Hurtado Calizaya de 19 años, fueron trasladados a la Unidad de Identificación de la Policía (UIP). Allí se les tomó fotos y registró sus huellas dactilares en tarjetas archivadas. Luego los pusieron a disposición del juzgado encargado de abrirles la instrucción.
Varios años después la tarjeta de antecedentes de Hurtado Calizaya desaparece del archivo policial. Un ingenuo Hurtado tramita un certificado de antecedentes policiales en Lima, confiado en salir “negativo”. Sin embargo, y para sorpresa suya, la base de datos nacional de la Dirección de Criminalística (DIRCRI) con sede en Lima, arroja positivo. Así se inicia el reclamo del implicado y el posterior alboroto en el Archivo de Antecedentes Policiales de Criminalística. Actualmente está bajo responsabilidad de la suboficial PNP brigadier María Barrón Farro, a quien Inspectoría de la PNP le ha abierto investigaciones por anomalías en el ejercicio de su función.
Prueba de ello es el informe 230 XI RPNP-IR-UI del 18 de mayo del 2002, abierto a Barrón. Al detectarse en la DIRCRI que algunas tarjetas de antecedentes llevadas a Lima, las habían llenado incorrectamente (huellas dactiloscópicas). Como resultado de ello, se le sanciona con 4 días de arresto simple. Sin embargo, a otro policía, Orlando Flores, se le cambia a zonas altas, pese a que la falta era de ambos.
De igual modo, el 25 de agosto de 2001, el entonces general de la XI Región Policial, Jesús Tanaka García, anuncia la separación definitiva de algunos suboficiales de la ORCRI. Ellos vendieron certificados falsos del Instituto Álvarez Thomas, los que utilizaron como méritos por algunos policías que deseaban ascender. Entre los supuestos responsables se encontraba la suboficial María Barrón. Pero la severa investigación anunciada por Tanaka García, termina con el archivo definitivo del caso, quedando impune el delito abiertamente denunciado por los medios. Al respecto, hay quienes señalan, al interior de la institución, que en ello juega a su favor ser esposa del actual jefe de la Oficina Regional de Inteligencia (ORI), mayor PNP René Espinoza.
Los delitos
La sustracción de una tarjeta del Archivo de Antecedentes Policiales no sólo configura delito contra la administración de justicia. También es delito contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documentos y negligencia. Además de los delitos tipificados en el propio reglamento de la Policía, impide la investigación policial tendiente a reconocer y capturar a delincuentes que pueden reconocerse a través de testigos.
Lo más grave del caso, según nuestras fuentes al interior de la Policía, es que este hecho no se registra por primera vez. Ya antes, se habrían detectado otros casos de sustracción de tarjetas de antecedentes, mantenidos ocultos por malos policías, todo lo cual amerita una severa investigación.
Texto: Unidad de Investigación | Publicado en Semanario El Búho No. 96 – 23 de mayo de 2003.
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