En marzo, el Congreso aprobó en primera votación el texto sustitutorio 785 que propone reconocer los “derechos del concebido”. La propuesta de Jackeline Jauregui Martínez de Aguayo, de Renovación Popular, busca proteger al embrión por encima de la vida de las gestantes. De esta forma, se recortaría el derecho para que las mujeres opten por el Aborto Terapéutico, cuando está en riesgo su vida.
La iniciativa propone garantizarle al feto los derechos a la dignidad, vida, identidad propia e independencia de la persona que acoge el embarazo. Incluso el feto tendría derechos a un libre desarrollo intrauterino, sin tomar en cuenta la voluntad de las mujeres.
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El proyecto fue aprobado el 13 de abril en segunda votación en el Congreso, convirtiéndose en autógrafa. Sin embargo, en mayo fue observada por el Ejecutivo que no le dio el visto bueno final. El controversial proyecto, cerca de convertirse en ley, esta misma semana fue aprobado por insistencia en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Esta iniciativa pretende dotar de derechos a una figura que nombra como “concebido”. Además, limita los alcances del Aborto Terapéutico en Perú. Esta práctica médica es legal en el país y está respaldada por una guía técnica del Ministerio de Salud, desde 2014. La viabilidad del aborto terapéutico se remarca en el código penal peruano.
Pese a esto, sus alcances están muy recortados y son poco específicos, haciendo que Perú sea condenado internacionalmente por violación de derechos de niñas.
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Dictamen para ampliar el derecho al aborto terapéutico
Ahora, el aborto terapéutico vuelve a estar en el centro de los debates más incendiarios, luego que esta semana Naciones Unidas dictaminó una condena contra Perú por violar los derechos de una niña.
Entre enero a abril de este año, los Centros Emergencia Mujer atendieron 2 mil 388 casos de violación sexual hacia niñas y adolescentes. Cerca de 20 niñas y adolescentes son víctimas de violación sexual, a diario.
Según estudios, las niñas de entre 10 y 14 años tienen cuatro veces más riesgo de morir durante un parto.
Sin embargo, entre 2018 y 2020 se registraron 2 mil 223 denuncias policiales por aborto. Casi 600 de estos casos están tramitados judicialmente. Esto revela la persecución penal contra mujeres y niñas y la voluntad de decidir sobre sus cuerpos y futuros.
El embarazo forzado, sin acceso al aborto terapéutico, constituyen una forma de tortura, según el artículo 37 de la Convención de Derechos del Niño.
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Defensoría del Pueblo se pronuncia por el caso de Camila
Camila, fue víctima de abuso sexual por parte de su padre desde los 9 años. Quedó embarazada a los 13 como resultado de estas violaciones. Funcionarios del Estado, incluyendo personal médico y de la comisaría local, omitieron intencionalmente o por falta de capacitación una serie de procesos que tuvieron un impacto irreversible y permanente en la vida de Camila.
La pequeña, con representación de su madre y la asociación Pro Derechos Humanos, solicitó un aborto terapéutico debido al embarazo tortuoso e indeseado, pero el Estado peruano no garantizó ni aseguró sus derechos. La ONU resolvió recientemente a favor de Camila lo que sienta un precedente para los derechos de las mujeres en todas las etapas de su vida.
“Su caso refleja las dificultades que tienen las niñas y adolescentes víctimas de esta forma de violencia para acceder a la interrupción terapéutica del embarazo, especialmente cuando existe un alto riesgo para la persona menor de edad”, menciona la Defensoría del Pueblo respecto a este dictamen.
Camila recibió apoyo de Promsex en su lucha contra el Estado peruano, que no cumplió con garantizar sus derechos básicos de educación y salud sexual y reproductiva, lo que tuvo un impacto significativo en su salud mental y física. Además, Camila fue víctima de hostigamiento penal por parte de una fiscal, quien intentó culparla por un presunto “autoaborto” en lugar de investigar adecuadamente la violación que había sufrido.
La historia de Camila es una historia de abandono y negligencia por parte del Estado, desde su nacimiento. El drama de esa niña revela las graves fallas del sistema estatal peruano en la protección de los derechos de las mujeres y las víctimas de abuso sexual, sobretodo menores de edad.
La negligencia del personal médico y policial, la falta de acceso al aborto terapéutico y la persecución judicial hacia una niña abusada, demuestran la urgente necesidad de cambios y mejoras en el sistema para garantizar la justicia y protección de las víctimas de violencia sexual.
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