El reciente reporte de la Defensoría del Pueblo sobre conflictos sociales revela que en julio se volvió a alcanzar un pico de 225 casos. En solo el último mes se presentaron siete casos nuevos en diversos puntos del país. Más del 60 % de estos casos son del tipo socioambiental.
En conflictos multiregionales sigue figurando el caso Repsol y en casos escalados a nivel nacional permanece la crisis política desatada desde diciembre de 2022. Arequipa registra cuatro casos que corresponden a las provincias de Islay, Caravelí, Castilla y Caylloma.
El Reporte de Conflictos Sociales n.° 233, correspondiente al mes de julio de 2023, también da cuenta de la evolución de casos durante el último año.
Además, al registro de conflictividad se sumó un fallecido en La Libertad. Este deceso se dio en un enfrentamiento cuando integrantes de la ronda campesina del sector Los Alisos ingresaron a una bocamina supuestamente en disputa con la Compañía Minera La Poderosa. El ciudadano fue identificado como Abraham Matos Villegas, integrante de la ronda campesina.
Mientras que en las protestas sociales que se desarrollan en el conflicto político, 57 personas resultaron heridas.
Casos por tipo y lugar
Loreto continúa siendo el departamento con mayor cantidad de conflictos sociales (30 casos), seguido de Cusco (18) y Apurímac (17). En cuanto a la tipología, los casos socioambientales siguen siendo los más numerosos (63.1 %). Este tipo de conflicto mantiene esta ubicación desde abril de 2007. El 68.3 % de los conflictos socioambientales están vinculados a la minería.
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Casos nuevos
En Cajamarca, el Comité de Usuarios del Canal de Riego Tres Tingos – Quinua Totora solicitan a la empresa minera Yanacocha la atención de sus demandas. Entre los principales pedidos está el acceso al agua, y a los reclamos se unen también 11 anexos en esa zona.
Otro caso nuevo en Huancavelica tambien involucra a otra minera. Las comunidades campesinas de Vilca, Chuya, Huancalpi y Coricacha, piden ser incluidas en el área de influencia de la unidad minera Corihuarmi. Esta pertenece a la empresa minera IRL S. A., y prepara una próxima modificación de estudio de impacto ambiental.
En la larga lista de disputas con empresas mineras aparece también el tercer conflicto social reportado en julio. Este caso involucra a la Compañía Minera La Poderosa en la región de La Libertad. La ronda campesina del sector Los Alisos también invoca por el acceso a justicia y un debido procedimiento a causa de una bocamina.
Lima Metropolitana registró también un caso nuevo. Comerciantes del Gran Mercado Mayorista de Lima paralizaron sus actividades, pidiendo la derogación del incremento del cobro de salida para los camiones.
En la provincia de Oyón (Lima), el caserío Ucruschaca solicita conformar el área de influencia directa en la modificatoria de estudio de impacto ambiental detallado de la Compañía Minera Raura S. A.
Loreto, la región con más conflictos sociales desde que se hacen estos reportes, registró un caso nuevo en el último julio. Organizaciones sociales y la población del distrito de Alto Nanay tomaron las instalaciones de la municipalidad en rechazo a la gestión de la actual alcaldesa.
El séptimo conflicto se reportó en el distrito de Paucarcolla, en Puno. La población, presidentes de las juntas administradoras de servicios y la municipalidad distrital advierten afectación al suministro de agua que abastece a la población. Este perjuicio sería ocasionado por las obras ejecutadas por EMSA Puno.
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