Esta semana conversamos con Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado y coordinador del Instituto de Defensa Legal (IDL) sobre los riesgos de medidas que promueven el uso excesivo de la fuerza de la Policía contra protestas ciudadanas.
¿En qué consiste la demanda ante el Tribunal Constitucional por la derogación del Principio de proporcionalidad por el uso de la fuerza?
Aparentemente parece una cosa rebuscada pero no lo es. Efectivamente el jueves 24 de agosto se realizó en la sede de Arequipa del Tribunal Constitucional la vista de la audiencia. Es una demanda de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Abogados contra la Ley 31012.
Esta ley deroga el principio de PROPORCIONALIDAD como límite a la actuación de la Policía en contexto de protesta.
Sobre el principio de proporcionalidad policial en protestas
La Policía tiene armas de fuego. En contexto de protesta, sólo puede usar armas de fuego de manera necesaria, proporcional y excepcional.
Esto tiene que ver con lo que pasó en Juliaca y Ayacucho, tiene que ver con las [más de] muertes [en las protestas contra Dina Boluarte].
Por ejemplo, si soy policía y alguien a 10 metros me está apuntando con un arma de fuego, para salvar mi vida o la de un tercero yo puedo usar un arma de fuego.
Pero si a 150 metros hay gente tirando piedras pero no tienen armas de fuego, ¿Esa gente constituye una amenaza seria para mi vida o la de un tercero?: No. ¿Puede usar armas de fuego?: No.
Esta norma 31012 modifica el Decreto Legislativo 1186 que regula el uso de la fuerza, de las armas de fuego de la Policía Nacional…
Esta ley [31012] que fue impulsada por el fujimorismo, busca congraciarse con la Policía…
Lo que hace esta norma es derogar el principio de proporcionalidad, y si hay un proceso penal contra un policía que ha cometido un delito el uso arbitrario e la fuerza, del arma de fuego, no se le puede ordenar prisión preliminar o prisión preventiva Osea, se les ha establecido un beneficio [para posibles delitos].
Esas dos normas, de derogar el principio de proporcional y la de eliminar la prisión preliminar o prisión preventiva en procesos penales contra policías por el uso arbitrario de la fuerza, son simplemente inconstitucionales.
¿Por qué todos estos años nadie ha presentado un pedido para que se derogue esta ley?
Esta norma fue promulgada el 11 de septiembre de 2019, cuando Pedro Olaechea era presidente del Congreso, cuando el Congreso era controlado por el fujimorismo. Similares proyectos quiere presentar Jorge Montoya.
Nosotros, en IDL, estamos convencidos que existe un andamiaje normativo e institucional que alienta y promueve la criminalización de la protesta. Por ejemplo, existen 150 convenios entre empresas mineras y policías […]
La Constitución dice que cuando hay una grave afectación del orden interno en el país se puede decretar estado de emergencia. Pero ¿qué hace el Ministerio del Interior?: No hay una grave afectación, [solo] hay amenaza y decreta estado de emergencia y suspende derechos: Libertad de reunión, libertad personal, inviolabilidad del domicilio y libertad ambulatoria.
Cuando hubo lo de Juliaca y Ayacucho ¿tiene sentido decretar estado de emergencia en todo el país?…
Sobre los intentos del gobierno para criminalizar a periodistas en protestas
Se presentó en la comisión de Constitución, [Alberto] Otárola, para hacer un pedido de delegación de facultades al Congreso. Uno de los temas es delegar facultades para regular sobre la instigación de delitos de disturbios de periodistas y ONGs. O sea, si tienes un medio y muestras simpatía por alguna marcha en el ejercicio de tu derecho de libertad de expresión, te pueden acusar de instigación.
Vea lal entrevista completa aquí (desdel el min, 43):
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