Solo tres de una serie de irregularidades denunciadas por las consejeras Elva Oviedo y Angélica Espinoza fueron recogidas por la Procuraduría Anticorrupción con sede en Arequipa que preside el abogado Gonzalo Bellido Loayza. Al día siguiente, martes, el presidente regional, Daniel Vera, lo acusó de no aportar pruebas, de ser manipulado por el gobierno central que vendría ejecutando una campaña de desprestigio en su contra y de infidencia por dar a conocer el informe a la prensa. Inmediatamente, Gonzalo Bellido ratifica su denuncia y empieza el toma y daca de nunca acabar.
Contrataciones
La transformación del exCTAR en Región Arequipa, trajo consigo la creación de nuevas gerencias para realizar todas las funciones contempladas en la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales. Se contrató entonces nuevo personal, pero sin concurso alguno.
Esto generó malestar en personal contratado de la Región que vio recortadas sus posibilidades de ascender u ocupar un puesto que corresponda a su experiencia.
Daniel Vera dijo a la prensa que los contratos se habían realizado de esta forma porque era urgente ocupar esas plazas para iniciar el trabajo. Además, que se había hecho un examen curricular, faltando -según el informe de Gonzalo Bellido-, al art. 28 del Reglamento aprobado por el D.S. 005-90-PCM, que dispone que el ingreso a la carrera pública en la condición de servidor de carrera o servidor contratado para labores de naturaleza permanente se efectúa mediante concurso.
Ante esto, Gustavo Chirinos, vicepresidente regional, asegura que las contrataciones realizadas son de carácter temporal. Y que por esa característica, según la última parte del artículo 38 de la Ley de la Administración Pública, se permite una evaluación curricular.
Lo que aún nadie ha podido aclarar en el Gobierno Regional de Arequipa es cómo se convocó a las personas para que dejen sus currículos. Además, cómo se hizo la evaluación, su rápida ascensión en pocos meses (algunos de los nuevos contratados pasaron de asistentes a directores administrativos). Y si es verdad el extendido rumor que la mayoría de nuevos empleados pertenece o es allegado al partido de la estrella.
Gustavo Chirinos aseguró que al próximo año se hará un concurso público para llenar las plazas de empleados cuyos contratos terminarán a fin de año. Dijo que también podrán participar los trabajadores permanentes de la Región. Dentro de dos meses se podrá comprobar si solo se trató de una excusa para salir del paso.
Tráfico de influencias
Según el informe de la Procuraduría, existen indicios razonables para determinar que Gustavo Chirinos incurrió en el delito de tráfico de influencias por la contratación de su sobrino, Guillermo Manrique Chirinos, quien laboró hasta hace tres meses como técnico-administrativo III en la oficina de la provincia de La Unión.
La defensa del vicepresidente y amigo íntimo del presidente fue que, desde su cargo, no tiene nada que ver con esta contratación. Según dice, la evaluación para el nuevo personal fue realizada por la oficina de Personal. Vera Ballón por su parte, semanas atrás dijo que el hecho se investigaría, pero a la fecha, parece que fue un pase de toreo más.
Para la prensa en general este caso no ameritaría más que un mea culpa moral por el supuesto “descuido”, antes que una acción legal. Pero según podemos concluir de todas las conferencias ofrecidas para explicar las irregularidades, esto nunca sucederá. Peor aún cuando ayer se denunció que otro allegado de Chirinos, el esposo de su prima hermana, Percy Gutiérrez Barrios, también tiene un contrato de trabajo en la oficina regional de Chuquibamba.
Los ahijados del PNUD
El gerente de Administración, Ernesto Cáceres, papeles en mano, desestimó la conclusión del Procurador sobre su doble remuneración. Demostró que devolvió a la caja fiscal el pago que le hizo en mayo, cuando empezó a percibir su remuneración del PNUD. Lo que no dijo es que lo hizo 26 días después.
Gonzalo Bellido, ante la carta notarial que le envió Ernesto Cáceres por “mellar su honor”, alega que la conclusión no iba directamente contra el administrador, sino contra la administración, por cometer este error el doble pago, teniendo en cuenta que el contrato de Ernesto Cáceres con el PNUD corría desde el 1 de mayo. El pago se produjo, aun cuando fuera devuelto posteriormente.
En abril de este año el PNUD creó el Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público (FAG) de 10 mil dólares para apoyar a los gobiernos regionales. Está destinado a la contratación de consultores especializados, quienes recibirían una remuneración no menor de mil 500 ni mayor de 3 mil 500 dólares
Pese a la reiterada negativa de la administración del Gobierno Regional de Arequipa de brindar información sobre el trabajo que realizaron los seis consultores -aparte de Ernesto Cáceres- contratados por el PNUD, El Búho concluyó que el trabajo de Alfredo Cook Cancela, Francisco Vélez Gonzales y Esther Vera Aspilcueta, cumple los requisitos mínimos para justificar su contratación con fondos del PNUD.
La duda sobre la suficiencia de los trabajos realizados permanece respecto al contador Raúl Esquivel Gallegos. Él se negó a dar información sobre su labor por “no contar con el permiso de la alta dirección”, pese a que es consultor externo. De Esquivel Gallegos solo sabemos que fue gerente de Sedapar de la administración edil de Roger Cáceres Pérez. Lo mismo ocurrió con Félix Arredondo Bernabé, a quien nadie parece conocer en el Gobierno Regional ni tampoco registra colegiatura profesional en el Colegio de Contadores.
Marina Sequeiros, ex gerenta general de la Región, que percibió 3 mil 500 dólares del PNUD entre mayo y setiembre por realizar gestiones de cooperación internacional en Lima, estuvo inubicable para darnos información sobre su trabajo.
La contratación, con estos fondos, de gerentes que actualmente se desempeñan en el GRA, no queda clara, desde que el fondo está destinado a asesoría externa de técnicos altamente calificados. Según los lineamientos del FAG, “el consultor no debe tener ningún vínculo laboral con la institución solicitante. Ni percibir incentivos laborales, racionamientos, ni movilidad o conceptos de similar denominación a cargo del Estado”. Sin embargo, no solo se vio favorecido Ernesto Cáceres con el pago del PNUD (cobró 7 mil 500 dólares en total), sino que otros tres gerentes entrarían en la lista de contratados de este organismo.
Los gerentes que, según fuentes confiables, recibirían pago del PNUD desde este mes serían: Jaime Ponce Dávila, gerente general; Denis Butrón Puertas, gerente de Desarrollo Social y; Víctor Huerta, gerente de Infraestructura.
Sentencia final
En realidad, nada ha quedado comprobado ni descartado. Pese a la respuesta previsible de Daniel Vera Ballón ante esta investigación, la última palabra la tiene la Contraloría General de la República. Esta entidad viene realizando una auditoría desde hace dos semanas aproximadamente. El informe de la Procuraduría no es concluyente. Las acciones legales ante la fiscalía, de comprobarse irregularidades, correrían por cuenta de la Contraloría.
Texto: Patricia Pinto Arenas | Publicado en Semanario El Búho No. 120 – 07 de noviembre de 2003.
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