La prefecta regional de Ica, Peggy Arias Barrios, desempeñó un papel clave en la conformación del partido político Ciudadanos por el Perú, encabezado por Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte. Entre agosto de 2021 y septiembre de 2022, Arias logró obtener órdenes de servicio por un monto total de S/ 45,000 a través del programa Cuna Más.
La colaboración entre al menos cinco prefectos y subprefectos con Nicanor Boluarte en la creación de Ciudadanos por el Perú continúa siendo evidente, ya que permanecen en sus cargos, según la información disponible en la página web de la Dirección de Gobierno Interior (DGIN) del Ministerio del Interior (Mininter).
Este involucramiento se habría llevado a cabo en cooperación con individuos vinculados a los ministerios del Interior y Desarrollo e Inclusión Social, según una investigación realizada por el diario El Comercio.
Entre los prefectos vinculados al proyecto político del hermano de la presidenta Boluarte se encuentran Peggy Arias Barrios, prefecta regional de Ica; Misael Menéndez, de Huancavelica; y Noriel Chingay, de Cajamarca. Además, se menciona a las subprefectas distritales Dinela Canta (Puente Piedra) y Diana Quispe de (Independencia).
El congresista Fernando Rospigliosi, de Fuerza Popular, señaló que la permanencia de estos funcionarios en sus cargos sugiere un respaldo gubernamental, a pesar de las críticas en su contra. Este hecho plantea interrogantes sobre por qué los prefectos y subprefectos involucrados en actividades proselitistas continúan en funciones sin enfrentar consecuencias legales.
Fiscalía investiga a Nicanor Boluarte: ¿Y los prefectos y subprefectos?
Aunque la Fiscalía ha iniciado una investigación contra Nicanor Boluarte y otros implicados por presuntos delitos como colusión agravada y tráfico de influencias, los prefectos y subprefectos siguen ocupando sus cargos sin enfrentar acciones por parte del Ejecutivo, la Fiscalía o el Congreso.
La expresidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, destacó la necesidad de una investigación penal y sugirió que el Congreso revise la pertinencia de las funciones de estas autoridades.
En tanto, Peggy Arias Barrios, quien asumió como prefecta regional de Ica en enero de este año, sigue en el cargo. La situación plantea interrogantes sobre la efectividad de los mecanismos de control y la responsabilidad de las instituciones ante posibles actos de corrupción.
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