- Este reportaje fue publicado originalmente en Otra Economía.
Cris Arica estudió cinco años la carrera de Educación en el Instituto Superior Pedagógico de Piura, en el norte del Perú, pero nunca pudo ejercer como docente. Mientras estudiaba, aún no había iniciado su proceso de transición, y aunque reconoce que se matriculó por presión familiar, cuenta que tenía la certeza de que nunca sería aceptada para enseñar en alguna institución educativa.
“¿Crees que alguien me hubiera contratado en un colegio, donde supuestamente hay que ser un paradigma para los estudiantes? Me iban a mandar a cortarme el pelo o a vestirme como ellos querían verme”, cuestiona Cris desde el distrito de Castilla, en Piura.
Con 24 años, Cris terminó su carrera, hizo prácticas pre-profesionales y dio algunas clases particulares. Pero, al empezar a asumir y mostrar su identidad de género como mujer trans, tuvo que guardar su título profesional y dedicarse a buscar otras oportunidades laborales.
“Antes de mi transición, me sentía como presionada. Luego, sabía que si presentaba mis documentos [para algún trabajo], nunca me iban a elegir”, dice Cris, expresando el sentir de miles de mujeres trans que, aunque tengan estudios superiores, capacidades y aptitudes para un puesto laboral, ven difícil ―prácticamente imposible― llegar a ejercer su carrera por todo lo que implica ser una mujer trans en un país sin Ley de Identidad de Género.
Trabajar a contracorriente
En Perú, las mujeres trans todavía enfrentan trato desigual, diversas manifestaciones de discriminación y hasta violencia. De acuerdo con datos de la Universidad Peruana Cayetano Heredia al 2020, solo el 3% tiene acceso a un trabajo formal, lo que obliga al 70% a dedicarse al trabajo sexual por ser una de las pocas alternativas de empleo. Su situación de vulnerabilidad es incluso mayor que otras personas de la comunidad LGBTI.
“No es lo mismo ser un chico gay que una mujer trans”, señala Patty Alburqueque, quien, al igual que Cris, integra Trans Organización Feminista en Piura. “Ellos estudian, tienen una profesión y más facilidades [para conseguir empleo]. Nosotras sufrimos el estigma y la discriminación en los centros de estudio. Por eso, nos terminamos alejando”, agrega Patty.
La falta de estudios es una de las principales razones por las que las mujeres trans suelen estar relegadas del ejercicio profesional y asociadas a oficios estigmatizantes, donde la violencia tampoco es ajena. “La sociedad nos encasilló en labores de estilismo, peluquería, decoración y hasta trabajo sexual”, dice indignada Patty.
Otra razón es, por supuesto, la discriminación. La II Encuesta Nacional de Derechos Humanos sobre Población LGBT, encargada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a Ipsos en 2019, reveló que un 37% de los peruanos no contrataría a una persona trans en caso de que tuviera una empresa. Al mismo tiempo, más del 70% de los encuestados reconoció que las personas gays, lesbianas, trans y bisexuales son las más discriminadas en Perú.
Según Patty Alburqueque, las pocas compañeras que han logrado obtener un trabajo formal lo han hecho a contracorriente, incluso en instituciones públicas. “Hay algunas que han podido entrar a trabajar a pesar de que otros trabajadores se oponían. Acá, en Piura una compañera entró a una municipalidad porque se plantó fuerte con el alcalde y le cuestionó el por qué no sería elegida si ella era abogada y cumplía con todos los requisitos para ese puesto. Y tenía razón”, cuenta Patty.
La activista se muestra a favor de promover una ley de cuotas para contrarrestar ese tipo de situaciones, y establecer un porcentaje mínimo de contratación de personas trans tanto en el sector público como en el privado. Ya existe experiencia al respecto, en el caso de las personas con discapacidad, otro grupo vulnerable.
La Ley 29973, aprobada en 2014, obliga a las instituciones públicas a contratar personas con discapacidad en una proporción no menor del 5% del total de su personal. En el caso de las empresas privadas con más de 50 trabajadores, el porcentaje no debe ser menos del 3%. Y aunque la gran mayoría de entidades todavía no llega a los mínimos requeridos, sí hubo un impacto ciertamente positivo, pues el número de empresas que contrata personas con discapacidad se duplicó en solo dos años: según el INEI, pasó de 725 en 2015 a 1432 en 2017.
“Creo que serviría establecer una ley de cuotas porque ya varios países la tienen y el Perú se está quedando atrás. Pero primero se necesita una Ley de Identidad de Género, porque hoy pueden contratarte, pero, por ejemplo, no respetan tu nombre”, explica Patty Alburqueque. El proyecto de Ley de Identidad de Género está estancado desde 2016.
En diciembre de 2020, colectivos de personas trans presentaron ante la Municipalidad de Lima, en la capital peruana, un proyecto de ordenanza para establecer la contratación de personas trans en una proporción no menor al 1 % de todo el personal. Pero la iniciativa “quedó en la nada”, asegura Miluska Luzquiños, directora ejecutiva de Trans Organización Feminista en Lima, debido a la oposición del alcalde de entonces, Jorge Muñoz.
“Sin una ley de identidad de género como marco de protección, las posibilidades de empleo quedan a criterio y a la buena voluntad del empleador”, explica la abogada. “Porque no se trata solo de incluir laboralmente a la persona trans, sino de darle las condiciones de equidad que deben tener en el empleo, desde la identidad de género hasta un salario adecuado”, agrega.
Para Luzquiños, sin un marco legal amplio, las personas trans van a tener que seguir recurriendo a procesos judiciales largos y engorrosos para cambiar de nombre. Y el reconocimiento de sus derechos debe tener consonancia con otras medidas que permitan proteger sus derechos laborales y la seguridad social.
Brechas que persisten
Lo que describe Miluska Luzquiños es parte de las tres brechas que el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) identificó en Perú sobre el ejercicio de derechos de las personas trans en el ámbito del empleo. La primera es, efectivamente, la falta de un documento que refleje la identidad de género, lo cual imposibilita el acceso a otros derechos. La segunda es la falta de políticas de acción afirmativa para asegurar el acceso al empleo, como podrían ser las cuotas laborales.
La tercera brecha está relacionada con la Ley 26626, que, aunque señala que las pruebas para diagnosticar VIH, SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual deben ser voluntarias (salvo en el caso de donantes de sangre y órganos y madres gestantes), son utilizadas de forma estigmatizante por algunas entidades privadas.
“El mercado laboral para las mujeres trans está totalmente precarizado: Si ya de por sí las mujeres vivimos violencia, las mujeres trans los viven mucho peor”, dice, desde Arequipa, en el sur del país, Roberta Marmanillo, coordinadora de la Asociación Humanidad Libre, una asociación que trabaja por los derechos de las mujeres desde hace veinte años.
Este año Humanidad Libre publicó el “Primer diagnóstico participativo sobre la situación social y Derechos Humanos de las mujeres trans en Arequipa”, en el que participaron 80 mujeres trans. Según este estudio, el 95% de ellas trabaja en la informalidad, siendo la peluquería estética y el trabajo sexual las actividades más usuales.
Además, un 19% consignó secundaria incompleta y un 23% dijo no haber podido terminar sus estudios superiores, debido principalmente al trato discriminatorio que recibieron. En general, cerca del 60% dijo no conocer sus derechos.
Para Roberta Marmanillo, estas cifras ilustran la realidad no solo de las mujeres trans en Arequipa, sino también en otras ciudades del Perú. “Dentro del estudio hemos encontrado a enfermeras, obstetras, psicólogas que tienen dificultad para conseguir un puesto de trabajo. Es una situación bastante crítica, en la que las mujeres trans no tienen derecho al trabajo solamente por motivo de su identidad”, lamenta la especialista.
Añade que, aunque establecer cuotas a favor de personas trans podría ser un primer paso para avanzar en la inclusión laboral, mejor sería trazar una política nacional de identidad de género. Pero para ello se hace necesario mantener el tema en la agenda pública, en medio de una complicada crisis política.
“En este momento estamos en una situación bien complicada, con un gobierno autoritario que no respeta la vida ni los derechos humanos, y que normaliza la violencia. Durante la pandemia y los meses de convulsión (protesta social), muchas mujeres trans han sido asesinadas y poco se ha hablado del tema”, sostiene Roberta.
La crisis lleva años. En 2019 la Dirección de Políticas y Gestión en Derechos Humanos del Ministerio de Justicia impulsó una propuesta para que las solicitudes de cambio de identidad se atiendan por la vía administrativa, y no sea necesario acudir a la vía judicial, como ocurre actualmente. La iniciativa quedó lista en manos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, pero se vio frustrada debido a la inestabilidad política y por los funcionarios a cargo. Nunca llegó a concretarse.
“Tenemos políticos y autoridades antiderechos. Ellos tienen en sus manos la posibilidad de reconocer la diversidad y promover el trabajo sin discriminación, y no lo hacen”, dice Cris Arica, desde su natal Piura. “Pero, bueno, a pesar de todo, seguimos adelante”, agrega, optimista, con una sonrisa.
