Ante el desborde de los casos de delincuencia organizada en Arequipa las autoridades promueven diversas estrategias. En contraposición a los alcaldes que reclaman una declaratoria de estado de emergencia para la provincia, el Gobierno Regional promueve la expulsión de los extranjeros indocumentados asentados en la ciudad blanca.
Una de sus iniciativas más recientes es la que pretende agilizar los procesos de expulsión. Desde la Policía Nacional se solicitó la implementación de dos salas para audiencias virtuales para atender las solicitudes de remoción de foráneos.
La celeridad es clave en trámites de este tipo. Cuando la Policía intercepta a un ciudadano inmigrante no documentado tiene hasta 12 horas para completar el proceso de expulsión, mientras que la oficina de Migraciones dispone de otras 12 horas para emitir la resolución de expulsión. Apenas un plazo de 24 horas que en muchos casos se ve entrampado por tiempos de traslados entre las dependencias involucradas.
Respecto al decreto legislativo que regula la entrada y salida de extranjeros que aprobó el Congreso, la disposición legal aún no puede ser aplicada. La normativa aún carece de reglamento.
Asimismo, se supo que en los próximos días llegará a Arequipa un equipo de especialistas de Migraciones. La finalidad es crear un programa piloto para la identificación biométrica de los ciudadanos extranjeros. Un desarrollo que permitiría mejorar el trabajo de las instituciones.
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