La reciente designación de Afdel Huberth Ordóñez Carpio como nuevo gerente regional de Infraestructura en el Gobierno Regional de Arequipa (GRA), en reemplazo de Yuri Ramos, quien estuvo en el cargo poco más de dos semanas, ha generado cuestionamientos y preocupaciones entre los consejeros regionales.
El consejero César Huamantuma expresó su inquietud ante las constantes modificaciones en las gerencias, sugiriendo que este cambio repentino podría ocasionar retrasos en la ejecución de los proyectos a cargo del GRA. En respuesta, el gerente general del GRA, Jesús Hinojosa Ramos, indicó que habría preferido que Yuri Ramos Herrera continuara en el cargo. Pero su renuncia, aclaró, se debió a asuntos personales.
Por su parte, el consejero Miguel Ángel Linares criticó la alta rotación de gerentes en el GRA, que bordea casi 60 cambios, según sus estimaciones. Linares pidió a Hinojosa que la evaluación a los funcionarios para ocupar cargos debe ser más rigurosa para garantizar estabilidad y continuidad en las carteras.
Burocracia en Gobierno Regional de Arequipa
Los legisladores regionales también cuestionaron a Hinojosa sobre el procedimiento para solicitar información a los gerentes. Un consejero explicó que le indicaron que debía obtener autorización de la Gerencia General para acceder a datos de la Gerencia Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos.
Hinojosa justificó este proceso, afirmando que los gerentes acordaron en una reunión que los requerimientos de información pasaran por Gerencia General. Además, alegó que esto le permitiría conocer y asegurar la calidad de la información, y corregir posibles errores antes de ser entregada.
La medida, aseguró, no es oficial, por lo que no debió ejecutarse sin previa acuerdo entre el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, y el presidente del Consejo Regional, Fernando Cornejo. Explicó que la legalidad de esta disposición está siendo evaluada por los abogados del GRA para ser discutida, y posteriormente aprobada o rechazada.
Al respecto, Miguel Ángel Linares afirmó que esta medida adoptada por los funcionarios regionales es ilegal. Alegó que los legisladores regionales tienen facultades para pedir directamente información a los gerentes. La consejera Yesenia Choquehuanca también expresó su desacuerdo, sosteniendo que esta medida burocrática busca obstaculizar sus labores de fiscalización.
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