Esta semana el Congreso se ha mostrado más autoritario que nunca. Ante cualquier institución que cuestione sus decisiones, reaccionan con rapidez y envían documentos exigiendo rectificaciones.
Esto ocurrió primero con el presidente del Congreso, Alejandro Soto, quien no toleró las declaraciones del ministro de Economía, José Arista. Arista mencionó en una entrevista que no pondría obstáculos en la promulgación de la propuesta que permite el séptimo retiro de fondos de las AFP, ya que considera esa batalla casi perdida y prefiere “guardar espacio para jugar en otras normas que está sacando el Congreso”. En una carta a la presidenta Boluarte, Soto ha exigido la adopción de medidas urgentes contra el ministro por fomentar un clima de división y confrontación.
Además, el procurador del Congreso ha exigido al Tribunal Constitucional que decida de inmediato si Inés Tello, miembro de la JNJ repuesta en su cargo por el Poder Judicial, debe seguir en su puesto o no, debido a que supera los 75 años. Los otorongos no perdonan.
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