La Fiscalía de la Nación cerró el círculo alrededor de Dina Boluarte. Este lunes se supo que el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, interpuso acusación constitucional contra la presidente por los hallazgos alrededor del caso Rolex.
La imputación contra la mandataria se interpuso el viernes ante el Congreso de la República. De acuerdo con el documento fiscal, la aún presidenta es señalada por el presunto delito de cohecho pasivo impropio en calidad de autora del delito.
Para el fiscal Juan Carlos Villena, los relojes Rolex y otras joyas que el gobernador Wilfredo Oscorima entregó a Dina Boluarte serían una contraprestación a cambio de decretos de urgencia que incrementaron los presupuestos del Gobierno Regional de Ayacucho.
La continuidad del proceso ahora depende del Congreso de la República. La acusación constitucional debe pasar primero por la Comisión Permanente para su admisión. De superar esta etapa pasará a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que emitirá un informe que será sometido a votación en la Comisión Permanente. De aprobarse recién pasaría al Pleno del Congreso, para ser sometida a votación y, de conseguir el respaldo requerido, podría suponer desde una suspensión hasta una destitución.
Tanto Boluarte como Oscorima han admitido la recepción y entrega como ‘préstamo’ de las lujosas joyas. También es claro que Gobierno Regional de Ayacucho consiguió ampliaciones de presupuesto.
El fiscal Juan Carlos Villena dispuso la desacumulación de las investigaciones en contra de Dina Boluarte, dado que a opinión de su despacho el caso por cohecho pasivo impropio era el más completo. La medida se aprobó el pasado 17 de mayo, mismo día en que la defensa de la mandataria planteó la demanda competencial ante el Tribunal Constitucional para bloquear las investigaciones de la Fiscalía en su contra.
Otra investigación en curso
Como se sabe, el Ministerio Público inició diligencias preliminares contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, y el ministro del Interior, Walter Ortiz. Esto, por la desactivación de la unidad especial policial que apoyaba al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), que dirige la fiscal Marita Barreto. El plazo de esta investigación, de 60 días, vence el 10 de julio de 2024.
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