Omar Candia está seguro de haber dado la talla en su primer año como alcalde de Arequipa. El edil expuso el balance de su gestión al frente de la Municipalidad Provincial, aunque con más promesas que resultados concretos.

La gran deuda de Candia con la provincia está en la inversión pública. El alcalde reconoció que la ejecución del presupuesto para obras no fue la óptima en su primer año. Al punto que la comuna no logró alcanzar la meta de gasto del Presupuesto Institucional Modificado.

El burgomaestre descargó la responsabilidad en la gestión que le antecedió. “Pero esto es lógico. Si no tienes un banco de proyectos que vas a ejecutar. Es una consecuencia lógica. Pero tampoco estamos mal. El problema es que empezamos con un Presupuesto Institucional de Apertura muy elevado para obras que no se sinceraba”.

Aún con lo explicado, las expectativas del alcalde son las de cerrar el año con un 70% de inversión pública. Con 22 obras a cuestas y una inversión estimada de 90 millones de soles. Algo poco probable a las luces de información del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), donde solo tiene un avance del 44,4%. Tuvo un Presupuesto Institucional Modificado de 79,3 millones de soles; y uso unos 35,2 millones. 

El Eje Vial Jerusalén – San Juan de Dios es ejemplo del mal año para Arequipa en inversión pública. La obra arrastra meses de retrasos y cuestionamientos de sobrecostos en insumos. Al respecto, Candia se excusó en los expedientes deficientes con que se inició la obra, en la gestión de Alfredo Zegarra.

¿De menos a más?

Las otras obras que ejecutó la actual gestión son menos potentes. Gran parte de ellas corresponden a trabajos en distritos. En su mayoría, mejoramientos de vías, centros de esparcimiento, y una piscina.

Las esperanzas de Candia para mejorar su performance están en su cartera de obras para el 2020. Ninguna de ellas licitada. Se trata del intercambio vial de avenida Kennedy (sin expediente); el Eje Metropolitano (sin expediente); puente de Sabandía; intercambio vial de vía Metropolitana; entre otros.

Lo positivo en la gestión de Omar Candia

En el aspecto positivo, la recaudación predial de la comuna se incrementó en el presente curso. Se elevó un 17% y alcanzó los 22 millones 258 mil soles. También hubo aumento en la recaudación de arbitrios municipales, que llegaron a los 9 millones 531 mil soles.

El Sistema Integrado de Transportes (SIT) también registra avances. Ya están acreditadas 10 unidades de negocio de las 11 que componen el sistema. Si bien existe una renovación de flotas, aún no se percibe del todo en los usuarios. Muchos de ellos acusan un simple ajuste estético en el pintado y estandarizado del color de las líneas. 

Otros aspectos que resaltó Candia son el cierre de locales donde se ejercía la prostitución y el impulso a actividades culturales. Entre las últimas se cuenta el próximo congreso de la Lengua Española, el relanzamiento de la Biblioteca Municipal y el cuidado del Centro Histórico.

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La noticia no ha caído bien en un sector de empresarios, ambientalistas y agricultores que piden la reubicación del proyecto energético. La razón es que la planta hidroeléctrica alterará la campiña arequipeña, el río Chili y parte del Parque Ecológico Las Rocas.

Un grupo de los opositores ha conformado un Frente de Defensa con el propósito que las autoridades den marcha atrás con este proyecto. La Municipalidad de Arequipa y Gobierno Regional de Arequipa tampoco han sido ajenos al problema. Ambas entidades encargaron realizar el estudio para la Evaluación de Impacto Patrimonial que generaría el proyecto.

Charcani VII con EIA aprobado

El 8 de diciembre último salió publicado en el diario El Peruano, la resolución ministerial 381-2019- Minem que aprobó el contrato de concesión entre Egasa y el Estado, el cual consta de 19 cláusulas y 4 anexos.  Con este documento se autoriza a la empresa iniciar la construcción de la planta hidroeléctrica, ubicada entre Alto Selva Alegre y Cayma.

Para ello, el Minem había considerado la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del proyecto “Instalación de la Central Hidroeléctrica Charcani VII y Sistema de Interconexión al SEIN”. Esto se dio a través de la Resolución Directoral 004-2018, emitida el 17 de diciembre del año pasado.

Entonces, los ejecutivos de Egasa indicaron que la empresa iniciaría la construcción, una vez cuenten con el permiso. La inversión del proyecto ascendería a 54 millones 855 mil dólares y se ejecutaría en un lapso de dos años.

Proyecto en conflicto con el valle y la agricultura

Los agricultores de la Junta de Usuarios del Chili Regulado fueron los primeros en protestar por la construcción de Charcani VII. El presidente Juan Álvarez declaró a El Búho que su preocupación no solo es por el agua y las tierras de cultivo, sino porque Chilina es el último valle que tiene la ciudad de Arequipa.

“Es el único valle que tenemos y prácticamente Arequipa sin el valle no sería nada. Nosotros conservamos el medio ambiente, la flora, la fauna. Además, la población capta el agua de la cuenca del Chili y a la larga van a sufrir las consecuencias”, indicó.

Juan Álvarez, presidente de la Junta de Usuarios del Chili Regulado

Álvarez no cree que el proyecto ocupará solo 5 hectáreas como dice la empresa, sino 147 hectáreas. “Todo el valle se lo ocuparían, porque en el proyecto son 147 hectáreas. Fuera de eso a nosotros nos darían agua por bombeo y también a la población”, indicó.

No obstante, el agricultor mencionó que no se oponen a la hidroeléctrica, lo que piden es que la planta se instale por encima del Santuario de Chapi y que no ocupen la bocatoma de agua que ellos administran. Los agricultores sostendrán este próximo 27 de diciembre una reunión en la que abordarán este problema, puntualizó.

Informe técnico sobre el valle

La Gerencia del Centro Histórico de Arequipa emitió un informe técnico en enero de 2018 donde advierten que el proyecto hidroeléctrico alteraría el paisaje de la campiña.

En el documento se hace mención al hecho que la construcción de sus componentes como la presa de regulación, el canal de conducción y otros, generarán un impacto al patrimonio. Se originaría un gran movimiento de tierras, alteración del cauce, impacto al paisaje natural, a las áreas agrícolas, flora y fauna.

“No puede ser procedente la Construcción de la Central Hidroeléctrica Charcani VII, por todos los antecedentes y consideraciones expuestas, por ser un proyecto de alto impacto negativo en términos ecológico, paisajístico, cultural, económico, social y urbanístico, el cual debe ser meditado y discutido en mayor profundidad; proceso técnico, social y político, que debe llevarnos al planteamiento y evaluación de otras alternativas”, concluye.

Asimismo, se recomienda que la Municipalidad de Arequipa tome la iniciativa en proteger éste patrimonio cultural de la ciudad, amparado en la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación N° 28296.

Sociedad civil en favor del valle

Diferentes profesionales, asociaciones civiles y colectivos medioambientalistas se han congregado en un Frente de Defensa del valle de Chilina. A este grupo se han sumado también los agricultores que rechazan la ejecución del proyecto.

El presidente de la comisión de regantes de Zamácola, Carlos Obando, hizo hincapié que existen normas que prohíben construcciones dentro del valle de Chilina, pero que, contrariamente, se pretende construir una hidroeléctrica en la misma cuenca.

Este nuevo grupo civil organizado buscará los mecanismos técnicos y legales para evitar la construcción de la hidroeléctrica. Una de las primeras medidas que analizan es interponer una apelación contra la resolución emitida por el Minem.

Asimismo, planificarán actividades en las que invitarán a la población a conocer las zonas de impacto como son el Parque de Las Rocas y el mismo valle de Chilina.

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No obstante, los aspirantes al Congreso no reportaron estas causas en sus hojas de vida ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), porque no es obligatorio, ya que no se trata de sentencias firmes.

Candidatos con procesos por corrupción

El candidato Camilo José Cárcamo Mattos fue dos veces alcalde distrital de Cháparra, en Caravelí; y una vez alcalde provincial de esa provincia. Registra cinco procesos judiciales en curso que ingresaron al juzgado en el presente año. Los procesos que lo implican son por los delitos de colusión y peculado.

En el primer caso, con número de expediente 7820-2019, Cárcamo Mattos es acusado por delito de colusión y se ha pedido la acumulación del proceso a otro expediente. El segundo proceso es el N° 9585-2019 donde está imputado por peculado y colusión y fue enviado desde el juzgado de Caravelí para su tramitación.

El tercer caso es el 4862-2019 ingresado por peculado y para el cual se ha pedido el sobreseimiento. El cuarto caso es el 6792-2019 donde Cárcamo es acusado por colusión; la audiencia se fijó para el 2020. El quinto proceso 7517-2019 tiene la etapa de investigación preparatoria concluida.

Ha participado en un total de 8 procesos electorales, antes de estas Elecciones 2020, y ha postulado por Fuerza Popular desde 2010, sin suerte. Buscamos los descargos del candidato, pero no contestó a nuestras llamadas. Representantes de su partido indicaron que se encontraba de viaje de campaña.

Otro candidato que tiene procesos por corrupción es Víctor Mejía Mejía, que va con el número 4 en la lista. Ha sido dos veces alcalde distrital de Ayo, en Castilla, entre 2003 y 2010, año en que no consiguió su segunda reelección. El candidato registra una denuncia de peculado en el expediente N° 13358-2018, que se encuentra en trámite.  

Además, una denuncia por abuso de autoridad del año 2010 que está en archivo. Al respecto, el postulante manifestó que la denuncia corresponde a un interés político de parte de sus detractores, cuando era alcalde.

“Como siempre todo alcalde tiene a la oposición que siempre se basa en hacer denuncias. La otra denuncia que me hicieron es porque no se entregó la documentación supuestamente en el momento de la carretera Ayo- Huambo y se judicializó, he tenido que poner un abogado. Pero yo no tengo hasta ahora ninguna sentencia”, señaló a El Búho.

Víctor Mejía, candidato al Congreso por Fuerza Popular

Candidatos con denuncias

El nombre del candidato José Antonio Manrique Salinas, candidato N° 2, figura con la denuncia N°2178-2019 en el Ministerio Público, por conducción en estado de ebriedad. El caso está en la Fiscalía de Mariano Melgar y tiene archivo preliminar. Consultado por este medio, Manrique negó el proceso y aseguró que se trata de una homonimia.

“Yo tengo un homónimo igual al mío, lo único que conduzco es un Duster y tengo 49 años. …tengo esa persona igualita a mí y ya me ha pasado con esa persona y que sí registra esos antecedentes. Yo ni siquiera tomo alcohol. No sé de donde me sacan eso…”, contestó.

José Manrique, candidato de Fuerza Popular

Sin embargo, el fiscal penal Alan Castro Choque, quien tiene a su cargo la investigación, señaló que su carácter reservado no le permite confirmar esta versión; y que corresponde al candidato demostrar, con el certificado de homonimia, que no se trata de él.

Por su parte, el candidato Julio Dueñas Lazarte aparece en los registros del Ministerio Público con una denuncia por estafa del año 2009. Actualmente está en archivo provisional. Lo mismo ocurre con la candidata Ruth Ramos Rosales, quien figura con una denuncia por usurpación (despojo) que se encuentra en archivo. Ella ha postulado antes en dos ocasiones, para el cargo de regidora distrital en Hunter, sin éxito.

Por último, la candidata Yudy Gordillo Manrique, tiene un proceso por abuso de autoridad, en archivo. Ella es docente en el colegio Independencia Americana y en 2018 postuló para el cargo de alcaldesa en el distrito Alto Selva Alegre, sin éxito.

Candidatos con procesos en Elecciones 2020

El abogado penalista Juan de Dios Medina manifestó que los casos en estado de archivo que están en la Fiscalía, no están cerrados por completo, pues es el Poder Judicial el que determina el archivo definitivo.

“En la Fiscalía los procesos nunca están cerrados, porque en la Fiscalía existe la cosa decidida no existe la cosa juzgada. Si el fiscal encuentra una prueba nueva, siempre puede reabrir el caso. Por ejemplo, en el caso del presidente Martín Vizcarra, en Moquegua lo archivaron una vez, lo reabrieron y de nuevo lo archivaron; y ahora el procurador Amado Enco está pidiendo que lo reabran porque solo fue a nivel fiscal”, explicó el especialista.

Juan de Dios Medina, abogado

El magistrado recalcó que solo un juez puede decretar el archivamiento y solo en ese caso, se puede decir que el caso está definitivamente archivado. Esto también es aplicable a los candidatos de las Elecciones 2020.

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“El Ladrillo Sindical del Sur”, así es como Fiscalía y Policía Nacional bautizaron a la hipotética organización criminal que extorsionaba constructoras y cobraba cupos. Un nombre demasiado aparatoso, que apuntaba al corazón del movimiento sindicalista en la ciudad: la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA) y su gremio más fuerte, el de Construcción Civil.

Sin embargo, durante el desarrollo de la audiencia de prisión preventiva, la imputación fiscal se fue resquebrajando, día a día. Elementos de convicción poco contundentes y una fundamentación menos potente que el nombre de la “banda”, acabaron por hacer polvo el ladrillo. Así, después de quince días de encierro, los once dirigentes sindicales quedaron libres y sin ninguna medida coercitiva.

El revés más sonado del Ministerio Público en los últimos años dio que hablar. No solo por la performance fiscal, sino por el momento en que se produjeron las detenciones y la postura de los detenidos respecto al conflicto Tía María. Una serie de eventos desafortunados que acabó con los dirigentes empoderados ante sus bases, de cara a los reclamos sociales de nunca acabar en Arequipa y el sur del país.

La detención

La mañana del 14 de noviembre, la detención de once representantes de organizaciones sindicales arequipeñas marcó el devenir noticioso de la ciudad. Aunque en la noche de la víspera ya se corría la voz de un operativo policial coordinado desde Lima, se desconocían los detalles de los intervenidos y las razones que lo respaldaban.

Todo empezó a las 3 de la madrugada. Un gigantesco operativo con 22 fiscales y 292 policías irrumpió en 22 inmuebles, incluidos los domicilios de los sindicalistas. Entre los intervenidos destacaban José Luis Chapa Díaz y Andrés Saya Alarcón, secretarios generales de la FDTA y Construcción Civil, respectivamente.

Altos mandos del Ministerio Público y la Policía, llegaron desde Lima a tomar la batuta de la intervención. El fiscal Jorge Chávez Cotrina y el general Juan Sotil Toledo se desplazaron entre los inmuebles bajo sospecha. Dependencias del Gobierno Regional de Arequipa y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) también fueron objeto de intervención.

Los primeros trascendidos apuntaban a una presunta organización criminal que extorsionaba a empresas de construcción y cobraba cupos a los trabajadores. Todo, con la colaboración de funcionarios del Gobierno Regional y la Sunafil. Para corroborar las acusaciones, se recabaron todo tipo de pruebas de las casas de los dirigentes: laptops, celulares, usb’s, hojas de papel y hasta dinero.

Se trataba de imputaciones graves y que los detenidos negaban en cuanto podían. El sindicato de Construcción Civil fue el más golpeado. Casi toda la directiva se encontraba tras las rejas. Su reacción fue entrar en huelga por algunos días, exigiendo la liberación de sus dirigentes. Mientras tanto, otros actores involucrados criticaron el operativo. Héctor Herrera, asesor legal en lo penal de los constructores, denunció vicios en las intervenciones. Sostuvo que se prohibió a los intervenidos escogerlo a él como abogado, por orden de la fiscal responsable del caso, Rosmery Mendoza Palomino. No obstante, el megaoperativo empezó a desinflarse al acercarse el vencimiento del plazo máximo para la detención preliminar.

¿Ladrillo de humo?

El Ministerio Público no inició con buen pie la audiencia de 36 meses de prisión preventiva para los sindicalistas el pasado 22 de noviembre. Su inicio tuvo que ser diferido por el juez José Luis Vilca Ponce, ante las protestas de los abogados defensores. Los anexos con los medios probatorios del requerimiento fiscal no se pusieron a disposición de las defensas. Los más de 3 mil folios que la Fiscalía consignó estaban digitalizándose al momento de la diligencia. Por esa razón, el juez difirió la audiencia para el domingo 24.

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Subsanado el inconveniente, Mendoza procedió a exponer su caso. El modus operandi descrito por la Fiscalía indicaba que los dirigentes, mediante paralizaciones, amenazas y hasta violencia física y verbal; extorsionaban a constructoras para que paguen cupos a la organización criminal, bajo la fachada de cuota sindical. Para garantizar su éxito, los forzaban a contratar a obreros sindicalizados bajo excusa de la bolsa de trabajo y así hacerse con los comités de obra y seguridad, con el fin de presionar a los empresarios. Con esto en mente, recurrían a operadores en la Gerencia Regional de Trabajo y la Sunafil, a fin de que se firmen actas de acuerdo favorables a los detenidos.

La oralización del caso fue tediosa y no solo incómoda para los abogados. En los tres días que el Ministerio Público se tomó para exponer sus pruebas, fueron recurrentes las observaciones del juez a la fiscal. Ninguna de las transcripciones de conversaciones y videovigilancia mostraban la exigencia explícita de dinero a cambio de tregua en las protestas o coordinaciones para ello. Documentos como actas de acuerdo, registro de sindicalizados, agendas con los nombres de obras, vouchers de bancarización de la cuota sindical y hasta chats de WhatsApp, tampoco apuntaban a una conducta típica de los delitos imputados. Solo revelaban el actuar regular de dirigentes sindicales. Lo único que incriminaba a los once eran las declaraciones de empresarios y personal de las obras; que describían protestas, amenazas y hasta agresiones en contra suya; pero de extorsiones nada. Las acusaciones tampoco estaban respaldadas de medios que permitan su corroboración. Solo eran señalamientos personales sin elementos de constatación. Así, a la acusación contra los dirigentes no le faltaba mucho; le faltaba todo.

Las defensas técnicas no requirieron demasiado esfuerzo para refutar las imputaciones de extorsión. El presunto cobro de cupos era en realidad el cobro de la cuota sindical de Construcción Civil, bancarizada, y prevista en el reglamento interno del sindicato. En tanto los pedidos para contratar obreros tienen antecedentes en el marco normativo nacional y una ordenanza regional vigente (la bolsa de trabajo) que los respalda. De este modo, sin comprobarse antijuridicidad en ambos reclamos, se descarta cualquier accionar ilegal.

La noche del jueves 29, antes que el juez leyera su resolución, los detenidos y sus familias se mostraban tranquilos. El desenlace era inminente. Todos libres sin ninguna medida coercitiva o apercibimiento. La disposición fue celebrada por las bases de Construcción Civil, que festejaron la liberación en la plaza España, con Andrés Saya cargado en hombros.

Construcción Civil y FDTA, capitalizando

Este año, tanto la FDTA como Construcción Civil se plegaron a colectivos en defensa del Valle de Tambo. La mayoría de las manifestaciones en la ciudad en contra del proyecto minero tuvieron como protagonistas a ambos gremios. Para José Luis Chapa, esta postura fue la que desencadenó “la persecución” en contra de los sindicalistas y la criminalización de las protestas.

“¿Cómo está la Confiep ahora? ¿Quiénes son los que quieren que salga Tía María? La Southern. ¿Quién maneja el país? Martín Vizcarra. A ellos es a los que conviene tener a los dirigentes presos”, afirmó al día siguiente de ser excarcelado. Asimismo, se dijo fortalecido, al igual que Construcción Civil.

Pese a la conspiranoia de Chapa, lo cierto es que no se trata del primer megaoperativo, en coordinación con Lima, que acaba desinflado. “Los desalmados del tráfico humano”, otro caso de nombre insufrible en que se pedían 36 meses de prisión preventiva, tiene a todos sus investigados en libertad. Al igual que en los ladrillos, obligó un desplazamiento masivo de fiscales y policías para una denuncia estentórea que se fue apagando. ¿Era necesario tanto show o de verdad existen intereses tras todo el humo?

Tras la debacle, el brío inicial de la Fiscalía casi desapareció. El martes 03 de noviembre, debió realizarse la audiencia de prisión preventiva para cinco personas investigadas por el Ministerio Público, entre ellos el abogado Héctor Herrera y el gerente de Trabajo, José Luis Carpio. Sin embargo, la fiscal desistió de su pedido el día de la diligencia.

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Un rasgo importante en el perfil de un candidato es la responsabilidad, si uno no se responsabiliza por sus hijos, ¿qué nos asegura que lo hará con el votante? Es aquí donde las sentencias por alimentos son primordiales para dar un voto consciente e informado.

En Arequipa encontramos a siete candidatos que cuentan en sus hojas de vida con sentencias por alimentos, para que el Poder Judicial obligue a dichos progenitores a responder a la responsabilidad económica de sus hijos, ante una negativa voluntaria.

Bladimiro “Cuatro sentencias” Begazo

Uno de los candidatos en estas Elecciones 2020 para el Congreso de la República es Salomé Bladimiro Begazo Begazo, conocido dirigente de Patria Roja. El postulante de Juntos por el Perú tiene 4 sentencias en su haber en el Modulo Básico de Paucarpata, todas de expedientes distintos.

El candidato tiene un largo pasado político, ya que representó a Arequipa en la Cámara de Diputados entre 1985 y 1990. Luego, fue reelegido como diputado en 1990, pero se mantuvo en el cargo solo hasta 1992, año en que Alberto Fujimori cerró el Congreso.

Los fallos de las sentencias que consigna Begazo en su hoja de vida son: dos fallos de pensión alimentaria, un prorrateo y solo un fallo de exoneración alimentaria.

Ante esto, es bueno hacer mención que Begazo consigna 63 mil 449 soles de ingresos anuales, según su declaración del 2018. Es decir, dinero no le falta.

Exnacionalista

El candidato de Avanza País – Partido de Integración Social, Víctor Velásquez Llerena, también consigna un proceso alimentario. Velásquez, exmiembro del Partido Nacionalista (hasta el 2015), tiene una sentencia por alimentos, con un fallo fundado en parte.

Velásquez Llerena coloca en su hoja de vida que tiene ingresos anuales por 61 mil 20 soles. No tiene pasado político fuera de haber estado inscrito en el Partido Nacionalista.

«El Regidor»

Mario Melo Villalva es una conocida figura política local, tras haber sido regidor provincial en los dos periodos del alcalde provincial Alfredo Zegarra (2011 – 2018). El escudero del exburgomaestre esta vez intenta ser congresista por el partido político Somos Perú.

Melo también tiene una sentencia por alimentos. El fallo dictamina que fue consentida y ejecutoriada. El exregidor declaró que percibe un ingreso anual de 26 mil 400 soles.

El exaprista hacia las Elecciones 2020

Julio César Ardiles Barcázar es otro de los candidatos por Arequipa que espera ganar en las Elecciones 2020. El postulante de Podemos Perú tiene una sentencia por alimentos en el Segundo Juzgado de Paz Letrado de Cerro Colorado.

El pasado político de Ardiles se circunscribe a haber pertenecido al Apra, partido al cual renunció en el 2017. El candidato es uno de los que presenta mayores ingresos económicos, dentro de la lista de sentenciados por alimentos. En el 2018 declaró un ingreso anual de 75 mil soles.

El otro Cavero en Elecciones 2020

El número 1 de la lista del Partido Político Contigo, Roberto Cavero Astete, experiodista, tiene varios intentos de ingreso a las grandes lides de la política. Aunque están distanciados, es hermano de Luis Cavero Astete, quien se encuentra encarcelado, tras ser acusado de ser el brazo político de la organización criminal de tráfico de terrenos “Los Malditos de Chumbivilcas”. Fue acusado en su condición de asesor del exalcalde Alfredo Zegarra, quien también está implicado en este caso.

Roberto Cavero tiene una sentencia por alimentos en el Módulo Básico de Paucarpata. También tiene otra sentencia por un proceso judicial contractual.

Cavero consignó que tiene un ingreso anual de 37 mil soles.

«El Omiso»

José Luis rojas Cifuentes también es el candidato del partido Perú Patria Segura. Ha postulado a la alcaldía provincial y al gobierno regional en varias ocasiones, sin éxito. Se presenta como un empresario exitoso que vivía en USA, pero tiene una sentencia por alimentos en lo Civil.

Sin embargo, también se le procesó en el área Penal, por omisión a la asistencia familiar. El candidato ha sido condenado por su resistencia al pago de alimentos. Pese a ello, consigna en su hoja de vida un ingreso anual en el 2018 de 50 mil soles.

Frida Fiorella Mattos Angulo es la séptima en esta lista, pero tras presentar su renuncia en la página del Jurado Nacional de Elecciones, ya no se encuentra participando en la contienda electoral.

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En este proceso electoral, los partidos políticos recurrieron a fórmulas conocidas. Así, el 70% de los candidatos en la Región Arequipa, ya había postulado antes a algún cargo de elección popular. Y una tercera parte lo hizo recientemente, en los comicios del 2018, según datos oficiales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Esto quiere decir que la campaña electoral estará dominada por rostros conocidos.

La elección se plantea entonces como un verdadero reto para los ciudadanos.

Apuestan por lo viejo conocido

Los partidos nacionales se inclinaron por candidatos con recorrido político o visibilidad, antes que apostar por la renovación en sus listas. A pesar de tener la posibilidad de formar alianzas con movimientos regionales, ninguno lo hizo.

Así, en Vamos Perú, acogieron en la misma lista a dos ex contendientes políticos, como son Víctor Hugo Rivera Chávez y Álvaro Moscoso Mercado. Ambos excandidatos al municipio provincial, disputaron elecciones en tres oportunidades, sin éxito, y hoy buscan una curul en el Congreso.

Otro conocido es Jaime Mujica Calderón, quien postula con el número 1 en la lista de Perú Patria Segura. El director de la Universidad San Martín de Porres participó en cinco procesos electorales sin suerte. El candidato destaca, no solo por su larga y poco fructífera trayectoria política, sino también por sumar nueve sentencias laborales en su hoja de vida, además de un abultado patrimonio personal.

Yamel Romero Peralta es otro que no desea quedarse deshojando margaritas, a pesar de haber sumado cinco derrotas consecutivas. El exalcalde de Arequipa postula por Solidaridad Nacional, el partido que hoy alberga a varios fujimoristas.

Según varios politólogos, los candidatos conocidos tienen más posibilidades de ser elegidos para el siguiente parlamento aunque, al mismo tiempo, su desgastada imagen resulta ser su mayor desventaja. Si hay muchos votos blancos o viciados, los conocidos, aún con poca votación, resultan elegidos.

Buscan su oportunidad

Quien ha decidido emprender el camino de la política, para sorpresa de varios, es el excontralor Edgar Alarcón Tejada. Fue presentado un mes atrás como asesor de Elmer Cáceres Llica, pero renunció alegando presuntas irregularidades en la gestión. Su candidatura fue rechazada por otros grupos políticos, que incluso pidieron su apartamiento del proceso.

Otro personaje que postula por vez primera es el abogado Vladimir Fuentes, quien asumió la defensa de los agricultores del valle de Tambo durante las protestas de Tía María. También fue abogado defensor del exdirigente Pepe Julio Gutiérrez.

Y la conocida dirigente de los profesores, Amalia Palomino Pacheco, postula por el partido Democracia Directa. La representante del Sutep militó hasta el año pasado en el partido de César Acuña, Alianza para el Progreso, además de la organización política Juntos por Alto Selva Alegre.

Un líder de la vieja izquierda que también postula es Bladimiro Begazo Begazo, quien fue dos veces diputado por la agrupación Izquierda Unida.

Candidatos manchados

Otra vez los partidos políticos incluyeron en sus listas a candidatos que registran antecedentes penales y civiles. De los 132 postulantes por Arequipa al siguiente Congreso, al menos 20 consignaron haber sido sentenciados por procesos que van, desde la pensión de alimentos, hasta el homicidio.

El candidato de Somos Perú, Mario Melo Villalba, consignó una sentencia por pensión de alimentos, en el 2010. Además, el también exregidor y fundador del movimiento Arequipa Renace afronta en la actualidad procesos por la depredación de la campiña arequipeña, junto al exalcalde de Arequipa, Alfredo Zegarra. Tiene una sentencia en segunda instancia por la aprobación irregular del Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) que data del 2014.

El postulante por Perú Patria Segura, José Luis Rojas Cifuentes, quien fuera candidato a la alcaldía de Arequipa, también registra una condena por alimentos, desde el 2014. Lo mismo ocurre con la candidata de Todos por el Perú, Fiorella Matos, quien figura con una sentencia por alimentos del 2015.

Eleazar Abarca Rivera, quien postula por Democracia Directa, fue sentenciado por delito medioambiental al convertir tierras agrícolas en aptas para uso urbano. Mientras Héctor Arias Cáceres, postulante por Unión por el Perú, cumplió condena por homicidio culposo emitida en el 2004. Además, tuvo otro proceso por cometer delito contra la seguridad pública en 1997.

Dos candidatos por Vamos Perú reportaron tener sentencias. El primero fue Álvaro Moscoso Mercado, quien fue sancionado en un proceso contractual civil en el 2005. De igual manera, el exalcalde de Caylloma, Rómulo Tinta, del partido Vamos Perú, consignó la sentencia del 2009 por usurpación de funciones. Asimismo, el candidato Víctor Hugo Rivera es investigado desde las elecciones del 2018 por el delito de violación sexual contra una periodista. El Ministerio Público aún indaga el caso.

¿Quiénes son mayoría?

La representación de las mujeres en política sigue siendo precaria. Si bien todos los partidos incluyeron a mujeres en sus listas, por la cuota obligatoria, los datos demuestran que solo lo hicieron por cumplir la norma. Así son 45 mujeres entre 132 postulantes, lo que representa el 34% del universo.

Al mirar con más detalle observamos que solo tres mujeres encabezan las listas partidarias: Rosario Paredes de Acción Popular, María Antonieta Agüero Gutiérrez de Perú libre y Eleana Vela Ramos de Perú Nación. Mientras que, más de la mitad de las candidatas, se encuentra en el quinto y sexto lugar de las listas.

Asimismo, existe una predominancia de candidatos adultos sobre los jóvenes en estas elecciones. El 73% (96) son mayores de 41 años y solo el 27% (36) son menores de 40 años. Los candidatos más jóvenes son: Jennifer Gómez Apaza (25), de Avanza País, y Benigno Cornejo Pacheco (25), de Alianza Para el Progreso. Mientras que el postulante de mayor edad es Óscar Dueñas Lazarte quien, a sus 80 años, busca llegar al parlamento con el partido Fuerza Popular.

A dónde van las propuestas

La gran mayoría de candidatos ha ofrecido continuar con las reformas políticas impulsadas por el Ejecutivo, así como continuar con la renovación del Tribunal Constitucional, la reforma del sistema judicial, la lucha contra la corrupción y eliminar la inmunidad parlamentaria.

A nivel regional, plantearon la reactivación del proyecto Majes Siguas II, más presupuesto para Arequipa y aprobar la nueva Ley de Minería. Aunque también se han presentado propuestas fuera de lugar como promover la vacancia del gobernador Elmer Cáceres Llica por una supuesta incapacidad de gestión.

Otras propuestas apuntan a dotar de autonomía a la Unidad de Inteligencia Financiera para levantar el secreto bancario en investigaciones judiciales. O, radicalizar las penas a violadores sexuales y castigar a los padres que abandonen a sus hijos.

Las elecciones del próximo 26 de enero se acercan y los candidatos ingresarán a una campaña electoral corta pero intensa. Pese a que algunos aceptaron firmar un pacto ético, la experiencia demuestra que las denuncias y agresiones serán pan de cada día.

La ansiada renovación del Congreso, solo dependerá del elector.

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Fue lugar de paso de los comerciantes que venían desde Puno, de reposo y de múltiples relaciones. Otros personajes históricos también fueron albergados por sus paredes y representan una época clave en la historia de Arequipa.

«Esta es una propiedad privada, aunque esta configurada como monumento histórico nacional; es uno de los poco edificios que tiene una configuración especial, es decir, es la integración de dos conceptos, la europea y la local. Probablemente quizás este sea uno de los que mejor caracteriza esa arquitectura de los años 40 que se denominó mestiza «

Wiliam Palomino- Gerente del Centro Histórico de Arequipa

El único tambo que tiene esta configuración (un gran patio donde se ponia a descansar a los animales y al rededor se encontraban las edificaciones para el descanso de los comerciantes) es el Tambo Ruelas. El Tambo de la Cabezona originalmente fue un molino de almidón. Mientras que el Tambo del Matadero ya está configurado para ese uso, no existe el gran patio porque se han construido edificaciones. El Tambo de Bronce contiene dos grandes patios que fue adecuado.

Tambo Ruelas, legado de René Leiva

La Municipalidad de Arequipa quiso intervenir este tambo hasta en dos oportunidades. La primera vez se aceptó, con la condición que el espacio sería utilizado por la Municipalidad para realizar actividades culturales, pero no hubo acuerdo entre las familias habitantes del lugar. La segunda vez fue cuando dispusieron poner un precio a la adquisición del terreno.

Hace más o menos 16 años, se intentó comprar el tambo a razón de unos 200 mil soles, cuando el valor de los edificios no era muy significativo como ahora, que han subido de manera exponencial. Ellos pusieron una cifra de 350 mil soles.

Wiliam Palomino- Gerente del Centro Histórico de Arequipa

El Tambo de Ruelas ha quedado huérfano. Quien fue su dueño y cuidador durante las últimas décadas, el señor René Leiva, ha fallecido. Y ahora el destino de esta casona es incierto. Desde los últimos intentos de la Municipalidad para conseguir el terreno, el Tambo siguió al cuidado de René Leiva.

«Yo valoro mucho la participación del señor Leiva, a pesar de no tener muchos recursos y no tener el apoyo de la familia, él realizó muchas gestiones. Alguna vez recibió apoyo extranjero, parte del trabajo para que el tambo se mantenga y no se degrade aún más, fue por él «

Wiliam Palomino- Gerente del Centro Histórico de Arequipa

Palomino insiste en la importancia del lugar donde se encuentra el tambo, un lugar de descanso que es parte del camino inca que se dirigía al Cusco. Y recalca que sería una pena que se pierda este vestigio histórico.

Ahora, a pesar de su valor histórico, es muy posible que su estructura esté en alto riesgo. Sus bases de madera se van deteriorando, poco a poco. Su restauración es costosa, entonces la pregunta es: ¿está destinado a desaparecer con el tiempo?

Posibles soluciones

La expropiación podría ser una de las soluciones, siempre y cuando la familia no se ponga de acuerdo.

«Otra posibilidad es que se pueda expropiar la propiedad, pero para eso hay que seguir un proceso y la entidad que podría hacerlo es el Ministerio de Cultura. La ley 28296 establece que si el monumento se encuentra en riesgo o peligro de ser alterado por falta de dinero o desinterés de los propietarios el estado, debe asumir (la tarea) de recuperarlo y mantenerlo».

Wiliam Palomino- Gerente del Centro Histórico de Arequipa.

Quienes han tenido la suerte de visitar el lugar sabrán del potencial turístico y cultural que representa el Tambo de Ruelas para Arequipa. Su encanto radica en que ha conservado de manera pura el encuentro de los tampus quechuas y los corrales europeos.

Ese edificio representa el choque de culturas, el más importante de nuestra historia. Esperemos un pronunciamiento del Ministerio de Cultura y también el de la familia.

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El emblemático Informe sobre la Brecha de Emisiones indica que incluso si se implementan todos los compromisos no condicionados del Acuerdo de París, las temperaturas aumentarán 3,2 °C a fines de siglo. Lo que provocará impactos climáticos destructivos y de amplio alcance en el medio ambiente. Para evitar este escenario y lograr el objetivo de 1,5 °C, los compromisos de reducción de emisiones deben quintuplicarse.

Compromisos de lucha

La décima edición del informe de UNEP alimentará el debate de la 25ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25), que tendrá lugar desde el 2 de diciembre en Madrid, España. En el año 2020, en la COP26 de Glasgow, Reino Unido, se espera que las naciones fortalezcan la ambición de sus compromisos climáticos.

«En los últimos diez años el Informe sobre la Brecha de Emisiones ha hecho sonar las alarmas. Y en esos diez años el mundo sólo ha aumentado sus emisiones (…) Nunca ha habido un momento más importante para escuchar a la ciencia. Si no prestamos atención a estas advertencias y no tomamos medidas drásticas para revertir las emisiones, continuaremos presenciando olas de calor, tormentas y contaminación mortales y catastróficas«

Secretario General de la ONU, António Guterres.

El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) advirtió que un calentamiento global superior a 1,5 °C a fines de siglo, aumentará la frecuencia e intensidad de los impactos del cambio climático.

«Nuestro fracaso colectivo para actuar a tiempo y de forma contundente contra el cambio climático significa que ahora debemos realizar reducciones más drásticas de las emisiones: más de 7% cada año durante la próxima década» (…) Esto muestra que los países simplemente no pueden esperar hasta finales de 2020, cuando entren en vigor los nuevos compromisos climáticos, para intensificar la acción. Los gobiernos nacionales y cada ciudad, región, empresa e individuo deben actuar ahora”

Inger Andersen, directora ejecutiva de UNEP.

Responsabilidad del G20

Las naciones del G20 son responsables de 78% de todas las emisiones globales. Pero sólo cinco de estos países se han comprometido con un objetivo de cero emisiones a largo plazo, indica el reporte.

A corto plazo, los países desarrollados tendrán que reducir sus emisiones más rápido que los países en desarrollo, por razones de equidad. Sin embargo, todos los países deberán contribuir más por el bien colectivo. Los países en desarrollo pueden aprender de los esfuerzos exitosos en los países desarrollados, e incluso pueden superarlos y adoptar tecnologías más limpias a un ritmo mayor.

El informe indica que en 2020 todas las naciones deben aumentar sustancialmente la ambición en sus NDC y dar seguimiento a las políticas y estrategias para implementarlas. Hay soluciones disponibles para hacer posible el cumplimiento de los objetivos acordados en París, pero no se están implementando a la velocidad requerida ni a una escala suficiente.

Informe sobre el medio ambiente

Cada año, el Informe sobre la Brecha de Emisiones evalúa la disparidad entre las emisiones previstas para 2030 según los compromisos actuales y los niveles consistentes con los objetivos de 1,5 °C y 2 °C, establecidos en el Acuerdo de París. Este informe intenta evitar mayor afectación al medio ambiente.

El reporte revela que las emisiones de gases de efecto invernadero han aumentado 1,5% anual durante la última década. En 2018, alcanzaron un récord de 55,3 gigatoneladas de CO2 equivalente -incluyendo los cambios en el uso del suelo, como la deforestación-.

Para limitar el aumento de temperatura, se requieren 15 gigatoneladas de CO2 equivalente menos para la meta de 2 °C, y 32 gigatoneladas de CO2 equivalente menos para la meta de 1,5°C. Esto implica que son necesarios recortes en las emisiones de 7,6% anual entre 2020 y 2030 para cumplir con el objetivo de 1,5 °C y de 2,7% anual para el objetivo de 2 °C.

Aún es posible limitar el cambio climático a 1,5 °C, según el informe. Las soluciones son abundantes. Hay muchos esfuerzos ambiciosos de gobiernos, ciudades, empresas e inversores. También existe una mayor comprensión sobre los beneficios adicionales de la acción climática. Por ejemplo, el aire limpio y el impulso a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Como lo hace cada año, el informe se centra en el potencial de sectores seleccionados para lograr recortes de las emisiones. En esta edición se analiza cómo la transición energética y el potencial de eficiencia en el uso de materiales pueden contribuir a cerrar la brecha de emisiones.

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¿Decisivo por qué? No era ningún secreto que, de los 7 miembros del TC, Ernesto Blume, José Luis Sardón y Augusto Ferrero tenían ya su voto dirigido a favor de Keiko. Ellos ya habían votado muchas veces en un sentido coincidente con las cuestiones que el fujimorismo defendía en el parlamento; asimismo favorecieron a personajes ligados a esa tienda.

Pero no lograban la mayoría para liberar a Fujimori, ya que Eloy Espinosa-Saldaña, Manuel Miranda, Marianella Ledesma y Carlos Ramos siempre expusieron su posición distante a la tienda política naranja. Pero es aquí cuando Ramos toma protagonismo, al inclinar la balanza de manera inesperada y polémica para gran parte de la comunidad jurídica, más allá de la impopularidad de la decisión.

A todo esto, ¿quién es Carlos Ramos?

Nacido en Arequipa en 1960, hijo del reconocido historiador puneño Augusto Ramos Zambrano. También fue sobrino materno del ilustre pintor arequipeño Teodoro Núñez Ureta. Sus estudios secundarios los acabó en el colegio La Salle.

Su carrera se forjó en las dos universidades más importantes de la Ciudad Blanca. Cursó estudios de Literatura en la Universidad Nacional de San Agustín y de Derecho en la Universidad Católica de Santa María, donde logra graduarse en 1984. Luego estudió una maestría en Derecho Civil y bajo la asesoría de Fernando de Trazegnies preparó la tesis «Toribio Pacheco, jurista peruano del siglo XIX», que fue publicada por el fondo editorial de la PUCP en 1993.

Posteriormente gana una beca para estudiar en la Universidad La Sapienza de Roma, Italia, a comienzos de los 90’s. Luego obtiene el doctorado en la PUCP, en 1999 y ejerce la docencia en diversas universidades, tanto nacionales como extranjeras, en calidad de docente invitado. Antes de ostentar el cargo de tribuno del TC, fue director de la Academia de la Magistratura del Perú. En 2014, como magistrado del Tribunal Constitucional, también es designado director General del Centro de Estudios Constitucionales del propio TC.

Entre sus publicaciones, destaca la colección Historia del Derecho Civil Peruano, obra que comprende 12 volúmenes.

En Arequipa mantiene numerosas amistades desde sus años universitarios, tanto entre abogados, como entre intelectuales locales ligados a la literatura y a la bohemia. Por esa razón y por sus logros, fue nombrado Doctor Honoris Causa, tanto por la Universidad Nacional de San Agustín, como por la Universidad Católica Santa María. Además, recibió un premio del Colegio de Abogados de Arequipa, en 2011.

“No estaba muerto, estaba de parranda”

El cargo que Ramos ostenta como miembro del máximo ente de consulta jurídica constitucional; no fue obstáculo para cierto comportamiento que sus propios colegas consideraron impropio y sancionaron.

Y es que estuvo involucrado en un escándalo, luego que el domingo 26 de mayo el magistrado en funciones hizo que la Policía Nacional del Perú desplegara un gran operativo en la ciudad de Trujillo, ante su inexplicable desaparición. Los hechos consignados en el parte policial narran que aquella noche Ramos decidió salir del hotel donde se encontraba, sin informar a su seguridad personal. Tomó un taxi con rumbo desconocido.

La escolta policial se dio un gran susto al no encontrarlo en el céntrico hotel de Trujillo. Ante la importancia de su investidura, la PNP inició una búsqueda exhaustiva en la ciudad.

Durante horas el magistrado arequipeño fue buscado en hospitales, clínicas, postas, e incluso en la morgue central. Los efectivos policiales encargados del amplio operativo logran contactar al taxista que recogió a Ramos del hotel. Es él quien les informa que lo había llevado al nightclub “Scapes”, en el distrito de Huanchaco.

La preocupación era mayor ya que se acercaba la hora de partida de su vuelo hacia Lima y los efectivos policiales, tras revisar el local, no ubicaron al magistrado “prófugo”. El operativo policial de búsqueda desplegado en la ciudad recién dio sus frutos a las 4:45 de la mañana, cuando logran ubicarlo en el nightclub «Badany’s».

Los efectivos policiales que lo ubicaron narran que el magistrado se excusó indicando que salió con unos amigos. Constataron que se encontraba bien de salud y fue escoltado hasta su hotel. Como dice la canción, “no estaba muerto…”.

Voto decisivo para Keiko Fujimori

El 24 de noviembre, un día antes de decidir su voto, Ramos había declarado sobre el caso.

“Yo no tengo una posición oficial al respecto, que no se busquen motivos innobles cualquiera sea mi decisión, mi decisión no va a ser innoble, basada en causas bajas, va a ser una decisión tomada en base a principios jurídicos (…) “Si más adelante aparecen hechos que confirmen la culpabilidad de Keiko Fujimori, ese no es un asunto que concierne al Tribunal Constitucional”

Luego, según declaró a un diario capitalino, explicó su decisión en el hecho que las condiciones que decidieron la prisión preventiva de Keiko Fujimori habían cambiado. Esto es, que el cierre del Congreso hacía imposible ya la manipulación política y la obstrucción a la justicia.

No consideró, señalan algunos analistas, que las movidas congresales, expresadas en el ya famoso chat de La Botika, no habían sido considerados en el análisis de la prisión preventiva, sino los diversos actos de obstrucción que no tenían que ver con el Congreso.

Un semanario capitalino da cuenta también de su volubilidad a la hora de decidir su voto. En una ocasión habría elaborado hasta tres resoluciones contradictorias sobre el mismo tema. Además menciona otros votos cuestionables de Ramos, como haber evitado que se investigue a Alan García y haber apoyado fallos que favorecen a grandes empresas que no pagan sus deudas a Sunat. Entre ellas, dos universidades con fines de lucro.

En el caso de Keiko Fujimori, sus cambios de opinión no han sido explicados a detalle. La publicación del fallo, el próximo jueves, será solo el inicio de un largo debate en el que la figura de Carlos Ramos parece destinada a empequeñecer.

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Si la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), supervisa que las Universidades cumplan con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC). ¿Quién se encarga de licenciar a los institutos para que brinden un servicio educativo de calidad?

A nivel nacional, la responsabilidad es del Ministerio de Educación (Minedu) que, a través de la Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes; establece 15 componentes agrupados en las siguientes cinco CBC que debe cumplir todo instituto para licenciarse:

1. Gestión Institucional, que demuestre la coherencia y solidez organizativa con el modelo educativo propuesto.
2. Gestión académica y programas de estudios pertinentes y alineados a las normas del Ministerio de Educación.
3. Infraestructura física, equipamiento y recursos para el aprendizaje adecuado, como bibliotecas, laboratorios y otros, pertinente para el desarrollo de las actividades educativas.
4. Disponibilidad de personal docente idóneo y suficiente para los programas de estudios, de los cuales el 20% deben ser a tiempo completo.
5. Previsión económica y financiera compatible con los fines

El licenciamiento de los Institutos de Educación Superior (IES) y las Escuelas de Educación Superior (EES) públicas y privadas comprende la revisión de todos los programas de estudio y las filiales. Esta no debe exceder, según la ley, los 90 días hábiles contados desde el día siguiente de la presentación de la solicitud de licenciamiento.

Grupos y plazos del licenciamiento

Según el cronograma emitido por Minedu, se dividió a los Institutos y Escuelas de Educación Superior en 17 grupos, otorgándoles fechas establecidas para que presenten su solicitud de licenciamiento.

El primer grupo habría comenzado a solicitar su licenciamiento en el 2018, según Minedu. El último grupo, el N° 17, tiene plazo desde el tres de junio hasta el tres de agosto del 2024 para hacerlo. Hasta la fecha 274 institutos a nivel nacional se habrían presentado para licenciarse.

Según el artículo 24 de la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior, el licenciamiento es necesario para que las instituciones puedan seguir ofreciendo su servicio educativo.

“El licenciamiento es la autorización de funcionamiento que se obtiene a través de un procedimiento de verificación del cumplimiento de Condiciones Básicas de Calidad de los IES y EES públicos y privados, de sus programas de estudios y de sus filiales, para la provisión del servicio de educación superior”, articulo 24 de la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior

“Los IES y EES públicos y privados solo podrán desarrollar el servicio educativo autorizado mientras mantengan su licenciamiento vigente”, articulo 24 de la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior

El licenciamiento a los institutos se otorga por un plazo de cinco años y este debe renovarse continuamente seis meses antes de que venza el plazo.

Tecsup N°2

El primer Instituto de Educación Superior Tecnológica de Arequipa en Licenciarse, fue “Tecsup N°2”, con fecha siete de mayo del 2018, ubicado en la Urbanización Monterrey en José Luis Bustamente y Rivero. Esta se dió a conocer a través de la Resolución Ministerial N° 209.

El Instituto presentó su solicitud de licenciamiento el cuatro de diciembre del 2017. Cuenta con 13 programas de estudios y ofrece los niveles formativos, profesional técnico (3 años) y técnico (2 años). La modalidad de sus carreras es presencial y la duración es de 4 (2 años) a 6 (3 años) periodos académicos.

El total de créditos de sus carreras oscilan entre 82 y 138, y el número total de horas es entre tres mil 168 y mil 984. Todas se llevan a cabo en la única sede que tiene en Arequipa.

Cibertec Perú S.A.C.

El segundo Instituto en licenciarse fue Cibertec, el 24 de mayo del 2018, con la Resolución Ministerial N° 700. Su licenciamiento se dió en su sede principal ubicada en Lima. Las filiales de Cibertec se encuentran en Arequipa, Trujillo y Callao. Tiene 28 programas de estudio y el plazo también fue de cinco años.

Cibertec ofrece los niveles formativos, profesional técnico y técnico, las modalidades de sus programas son presenciales y semipresenciales. La duración varía entre cuatro y seis periodos académicos.

Steve Jobs

El Instituto Superior Tecnológico Steve Jobs fue el tercero en licenciarse en Arequipa, el 16 de julio del 2018. Se incluyeron solo dos programas de estudios en la sede principal ubicada en Calle José Morales Alpaca, Urb. La Perla, en Arequipa.

Los programas presentados fueron Desarrollo de sistemas en Información y Administración de Empresas. El nivel formativo que ofrece es de profesional técnico, es decir, la carrera dura 6 periodos académicos (tres años).

La modalidad de estos dos programas es presencial y tienen un total de 125 y 120 créditos respectivamente. Con un total de dos mil 800 y dos mil 688 horas académicas.

CETEMIN

El cuarto instituto de Educación Superior Tecnológico en obtener el licenciamiento, fue CETEMIN, el 17 de octubre del 2018. Dio cuenta de 10 programas de estudios, una filial en Arequipa y un local adicional en Lima.

Los programas con mayor demanda son Explotación Minera, Electrotecnia Industrial y Metalurgia. La sede principal queda en Lima, en el km 29 de la carretera central, distrito de Lurigancho – Chosica. El Instituto presentó su solicitud de licenciamiento el 11 de mayo del 2018.

Ofrece dos programas con nivel formativo de profesional técnico y ocho con nivel formativo de técnico. La modalidad en todos sus programas es presencial y tiene una duración de dos a cuatro periodos académicos.

En cuanto a los locales, su sede principal queda en Lima, otro local también en la capital y una filial en Arequipa, ubicado en el distrito de Vítor.

Certus

El 15 de noviembre del 2018 se otorgó el licenciamiento a Certus, a sus 16 programas educativos y a sus 10 locales y filiales. La sede principal se encuentra en Lima, Av. Santiago de Surco N° 4717, otros locales quedan en el distrito de San Miguel, Santiago de surco, Los olivos, etc.

Tiene dos filiales, una en Chiclayo y la otra en Arequipa, ubicada en Av. Goyeneche N°325. El nivel formativo que ofrece es de profesional técnico, en modalidades presencial y semipresencial con seis periodos académicos cada uno.

Alas Peruanas

El último instituto en licenciarse en Arequipa, fue el Instituto de Educación Superior Particular Alas Peruanas – Lima Instituto de Estudios Empresariales, el primero de febrero del 2019.

Este instituto cuenta con cinco locales, la sede principal ubicada en el distrito de san Isidro en Lima y cuatro filiales en Piura, Chiclayo, Ica y Arequipa. Esta última ubicada en Calle Rivero N° 530.

Cuenta con nueve programas de estudio y ofrece el nivel formativo de profesional técnico. La modalidad es presencial en todas sus carreras y duran seis periodos académicos.

Estos son los únicos institutos de educación superior licenciados hasta el momento, todos son privados y tecnológicos. A nivel nacional solo se ha licenciado un instituto público y los pedagógicos recién comenzaron a solicitar su licenciamiento.

Para revisar si un instituto recién presentará su solicitud de licenciamiento o está en camino de licenciarse, se puede revisar la página del Ministerio de Educación y ver la fecha que le corresponde, de acuerdo al grupo en el que está asignado. De los seis institutos mencionados anteriormente, la mayoría tuvo que subsanar errores dos o tres veces para obtener el licenciamiento.

Pre y post licenciamiento

Desde el 2018 comenzaron a licenciarse los institutos y escuelas de Educación Superior Tecnológicos. Este año se inició con los Institutos y Escuelas de Educación Superior Pedagógicos. Según Minedu, solo pueden solicitar el licenciamiento los institutos y escuelas de educación superior que hayan tenido la licencia de funcionamiento anteriormente.

Antes de aprobarse el Reglamento de la Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior en el 2017; la licencia de funcionamiento la otorgaban las Municipalidades Provinciales y Distritales, según Minedu.

Sin embargo, esto no aseguraba que los institutos impartan un servicio educativo de calidad, por lo que, tras la publicación de la Ley N°30512, todos los institutos y escuelas de educación superior tecnológico, pedagógico, público y privado, deben obtener su licenciamiento del MINEDU.

Después de solicitar y aprobar la etapa de licenciamiento existe otra instancia que brinda un mayor nivel formativo a los institutos, se trata de la «Acreditación Institucional».

En el Perú, el encargado es el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace). Este es un organismo técnico y especializado, adjunto al Ministerio de Educación.

El proceso de acreditación consta de cuatro etapas, estas son llevadas a cabo por los “Comités de Calidad”, grupos formados en cada instituto. Ellos son los encargados de llevar a cabo este proceso.

Primero está la “Etapa de Sensibilización”, que según el Sineace, comprende la motivación a los institutos para que voluntariamente se acrediten. Después está la “Etapa de Autoevaluación”, que consta de la formación del comité de calidad y la elaboración de un plan de mejora, que es llevado a cabo por el instituto.

La tercera fase es la “Etapa de Evaluación Externa”, en la que un grupo autorizado y calificado por Sineace supervisa la institución. Finalmente está la “Etapa de Acreditación”, en la cual se otorga o se deniega el reconocimiento público del instituto.

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