Pese a contar con un informe favorable de Asesoría Legal y de la Sub Gerencia de Transporte del Ministerio Público, se pretendería retirar el vehículo oficial a Delia Espinoza.
Pese a un informe favorable de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio Público, para otorgar un vehículo a Delia Espinoza, Fiscal de la Nación repuesta por orden judicial, en razón de su seguridad personal, se estaría desconociendo el sustento legal y retirarle esa unidad vehicular.
De acuerdo con el informe emitido por la asesoría jurídica de la misma Fiscalía y conforme a lo que dispone el artículo 13º del Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de seguridad y protección a funcionarios/as públicos/as, dignatarios/as y personalidades, se establece que corresponde a la entidad pública brindar la unidad vehicular con su respectivo conductor.
Asimismo, refiere el documento oficial que, según el artículo 19º de la Directiva N.º 010-2012-MP-FN sobre la asignación y uso de vehículos en el Ministerio Público, «respecto a razones de emergencia y excepcionalidad para la asignación y uso de vehículos; Asesoría Jurídica del Ministerio consideró que “debe declararse procedente la solicitud de la Dra. Delia Milagros Espinoza Valenzuela”, a fin de que se le otorgue un vehículo oficial.
Al respecto explican en el informe que “el concepto de emergencia alude a urgencia, necesidad, alarma o excepción”, resultando aplicable en el presente caso en consideración a las valoraciones desarrolladas en la parte considerativa de la ya referida Resolución de la Comandancia General de la Policía Nacional del 30 de setiembre de 2025.
Sub-Gerencia de Transporte también determina que resulta atendible lo solicitado por Delia Espinoza
También determinan que a dicha resolución «deben sumarse hechos sobrevinientes que afectan la seguridad ciudadana, dando lugar a la reciente emisión del Decreto Supremo N.º 124-2025 de la PCM este 21 de octubre de 2025, por el cual se declaró en estado de emergencia a Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao.
“La procedencia de lo solicitado por la Dra. Delia Milagros Espinoza Valenzuela se refuerza con el mérito de las conclusiones del informe de la Sub-Gerencia de Transporte, de fecha 23 de octubre de 2025, en el cual se cita los alcances del artículo 19º de la referida Directiva, de forma tal que excepcionalmente resulta atendible lo solicitado”, dice a la letra el informe.
Igualmente, hacen hincapié en que, “si nos proyectamos al ámbito penal, la asignación y uso de vehículos de la entidad encuentra exenciones, encontrando una exención típica en el último párrafo del artículo 388º del Código Penal, de forma tal que el uso estrictamente personal del vehículo asignado se encuentra excluido de tipificación penal”.
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En sus oficinas congresales, la parlamentaria Lucinda Vásquez utilizaba a sus trabajadores en labores de índole personal. Foto captada de Cuarto Poder
Lucinda Vásquez, quien llegó al Congreso representando a la región San Martín, por el partido de Perú Libre y hoy pertenece a la bancada de Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial, utiliza a sus trabajadores, asesores y auxiliares, para que le corten las uñas y le preparen sus alimentos.
Tal como lo reveló “Cuarto Poder” este domingo, presentando una demoledora fotografía que capta a la legisladora recostada en un sofá, mientras su asesor, Edward Rengifo Pezo, le hace una pedicure y le aplica masajes demuestra que utilizaba a su personal en labores ajenas a sus funciones. Esto fue el 6 de noviembre del 2024 en la oficina 103 del edificio Santos Atahualpa del Congreso.
Igualmente, mostraron varias fotografías en las que se ve a Willer Sajami, asesor II de la parlamentaria, preparando el desayuno para su jefa, en día y horario laboral, el 19 de enero del 2023, a las 9:03 de la mañana. El trabajador está en la cocina de la casa de la congresista en Lima, muy sonriente, junto al esposo de la legisladora, según el dominical.
El funcionario no respondió y se quedó en silencio cuando el medio le consultó si cocinarle a la congresista era parte de sus funciones. Sajami es militante del partido Ahora Nación, del candidato presidencial Alfonso López Chau.
Caso sería delito de peculado
Igualmente, al asistente Luis Llaguento Heredia, también se le ve en otra fotografía cocinando en la casa de la parlamentaria de izquierda, quien al ser cuestionada para el informe negó la denuncia y evadió las preguntas, pidiéndole al periodista: “Consúltame qué hace Lucinda Vásquez, qué leyes hace Lucinda Vásquez (…) No obligo a nadie. Tampoco es voluntario (…) No puedo contestarle”.
Como se informó, Lucinda Vásquez tiene una denuncia constitucional por presuntamente interceder ante funcionarios por el nombramiento de docentes. Y en mayo de este año, también en “Cuarto Poder” informó que la parlamentaria contrató a sus sobrinos nietos Jimmy Pinchi Pezo, Edwar Rengifo Pezo y Kenyi Castro Rivas para que trabajen en su despacho.
De acuerdo con lo advertido por la abogada penalista Carla Cárdenas, en el reportaje, la congresista podría estar cometiendo el delito de peculado.
“Si es que se utiliza al personal para otros fines privados, se está cometiendo el delito de peculado”, dijo.
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La exfiscal dela Nación, Delia Espinoza Valenzuela es la nueva decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL) hasta el año 2028.
Delia Espinoza anunció una batalla legal para que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) cumpla con la medida cautelar que ordena su inmediata reposición en el cargo de Fiscal de la Nación.
La suspendida fiscal señala como «absolutamente ilegal» la decisión de la JNJ de acatar el fallo judicial en teoría, pero no reponerla en la práctica. Acusó a la JNJ de intentar «sacarle la vuelta» a la orden de un juez constitucional.
Por eso, advirtió consecuencias penales que los miembros de la JNJ podrían afrontar por el delito de desobediencia a la autoridad (Artículo 368 del Código Penal), ya que la naturaleza de una medida cautelar es de cumplimiento obligatorio e inmediato.
Asimismo, señala que la JNJ está desacatando abiertamente otra parte de la orden judicial al continuar con el trámite del procedimiento administrativo disciplinarioen su contra, incluso citando testigos para el 3 de noviembre, a pesar de que el juez ordenó su suspensión.
Motivaciones políticas y falta de garantías
Espinoza afirmó que ella es blanco del «poder político» y que la JNJ y el Congreso de la República «se han juntado» para destituirla. Cree que es una «represalia» por ser una figura «incómoda» que ha estado haciendo su trabajo honestamente.
También sugirió que la decisión anterior de la JNJ de obligarla a entregar el cargo cuando Patricia Benavides aún estaba destituida (y no solo suspendida) fue una «trampa» para generar argumentos para su posterior destitución.
Por último, cuestionó la reunión privada entre el presidente de la JNJ, Ríos Patio, y el fiscal de la nación interino, Tomás Gálvez, poco antes de que este último tuviera que rendir una declaración, señalando que «no es normal» y que Gálvez debería apartarse del caso por ética.
Un quiebre Institucional
Finalmente señaló que ha habido una invasión de competencias en su caso y otros con un patrón más amplio de quiebre institucional. Se preguntó cómo el Tribunal Constitucional se «extralimitó» en sus funciones e «invadió competencias» del Poder Judicial en el caso de Keiko Fujimori, así como los pedidos del Congreso para remover a fiscales como José Domingo Pérez.
Concluyó que la orden del juez «se tiene que cumplir sí o sí» y que confía en volver a su cargo, ya que la historia juzgará a quienes han «pisoteado el Estado de derecho».
Mira la entrevista completa aquí: https://youtube.com/live/ognBh8DXfoU
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Fundadora y directora de El Búho. Es periodista con más de 20 años de experiencia dedicada a temas de corrupción, conflictos socioambientales y derechos humanos.
El mural que rendía homenaje a los hermanos Eduardo y Herbert Quintanilla, fundadores del grupo musical Kjantu Perú, en una pared de la esquina de las calles Cusco y Moquegua, en el centro de Huancayo, fue reemplazado por una pinta política de Omar Venero, precandidato a la alcaldía de Huancayo de Renovación Popular, lo que […]
El mural que rendía homenaje a los hermanos Eduardo y Herbert Quintanilla, fundadores del grupo musical Kjantu Perú, en una pared de la esquina de las calles Cusco y Moquegua, en el centro de Huancayo, fue reemplazado por una pinta política de Omar Venero, precandidato a la alcaldía de Huancayo de Renovación Popular, lo que generó descontento en el sector artístico local.
La obra reconocía los más de cuarenta años de trayectoria de los músicos en la difusión de la música andina y su aporte a la identidad cultural wanka.
Kjantu Perú, fundado a finales de los años ochenta en Huancayo, pertenece a una generación fundamental en la historia de la música andina contemporánea. Su disco Rondeando Notas (1998) marcó un punto de quiebre en la sonoridad del folclore urbano del valle del Mantaro. Con canciones como Mis Dolores, Fuiste mía y Sin ti, alcanzaron millones de reproducciones y consolidaron una estética que combina zampoñas, quenas, guitarras y charangos con una sensibilidad melódica moderna, sin perder la raíz de la identidad huanca.
Mural de Kjantu Perú fue inaugurado el 1 de marzo de 2023.
Con siete discos publicados, Kjantu Perú es reconocido como una de las agrupaciones más emblemáticas de la región. A lo largo de su trayectoria, exploró un sonido propio, abriendo diálogo entre la música tradicional y las nuevas corrientes urbanas. Esa apertura les permitió mantenerse vigentes por más de cuatro décadas, siendo parte de una generación de artistas que definió la nueva identidad sonora de Huancayo y del centro del país.
A través de un comunicado en su cuenta de Facebook, Eduardo Quintanilla expresó su rechazo a la eliminación del mural, calificándola como una falta de respeto hacia el arte y la cultura, y advirtió el oportunismo político detrás de este tipo de acciones:
“Una vez más vemos cómo la política, con sus representantes viejos y nuevos, antes de querer gobernar ensucian aún más sus mentes ignorantes e insensibles al arte y la cultura… A nosotros los artistas querrán borrarnos lo que quieran, pero callarnos jamás. El arte es el corazón y el alma de un pueblo, y ello perdura en el tiempo”, sostuvo.
Dos años después, el mural artístico fue reemplazado por una pinta de Omar Venero, precandidato a Huancayo de Renovación Popular
Consultado por Huanca York Times, el director del colectivo En Blanco, promotor de los murales en homenaje a cultores vivos de la cultura, Rodrigo Salvador, indicó que el grupo no busca generar confrontación política, sino promover la memoria cultural a través del arte urbano.
“Ya en otra ocasión borraron nuestros murales. Nosotros responderemos con arte, pintaremos más murales”, expresó.
Sin embargo, reconoció que los muros intervenidos pertenecen a propiedades privadas, lo que limita la capacidad de intervención y protección de las obras. A la fecha, no existen ordenanzas ni marcos normativos locales que resguarden el arte urbano o su permanencia en el espacio público.
Kjantu Perú continúa levantándose de cada golpe, con la misma fuerza que une el arte y la música, con el cariño de siempre.
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La Reserva Nacional de Paracas (RNP), la primera área natural protegida marino costera del Perú, celebra 50 años de creación consolidándose como un modelo de gestión que vincula directamente la riqueza biológica con la prosperidad económica de sus comunidades. Así lo expuso Fernando Quiroz Jiménez, Jefe de la RNP, durante su participación en la Cumbre Perú Sostenible […]
La Reserva Nacional de Paracas (RNP), la primera área natural protegida marino costera del Perú, celebra 50 años de creación consolidándose como un modelo de gestión que vincula directamente la riqueza biológica con la prosperidad económica de sus comunidades. Así lo expuso Fernando Quiroz Jiménez, Jefe de la RNP, durante su participación en la Cumbre Perú Sostenible 2025.
Quiroz destacó que la RNP es parte de las 78 «joyas de la naturaleza» que el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) protege a lo largo del 18% del territorio nacional.
El ecosistema de Humboldt y su riqueza inconmensurable
La Reserva Nacional de Paracas abarca 335 000 hectáreas, con un 65% de superficie marina, y debe su excepcional biodiversidad a la Corriente de Humboldt. Esta corriente fría, al generar un afloramiento de nutrientes del fondo marino, sostiene una vasta cadena alimenticia.
Entre las especies emblemáticas que alberga la RNP, Quiroz resaltó:
Fauna marina: Cinco de las siete especies de tortugas marinas del país, una de las principales colonias de lobos marinos del Pacífico (con más de 2000 ejemplares), y la población del pingüino de Humboldt (más de 600 ejemplares).
Aprovechamiento: La biodiversidad no solo es un espectáculo turístico, sino la base de dos grandes actividades económicas: la pesca artesanal y el turismo.
La Reserva Nacional de Paracas abarca 335 000 hectáreas, con un 65% de superficie marina, y debe su excepcional biodiversidad a la Corriente de Humboldt. (Foto: Inforegión)
Turismo, pesca y liderazgo femenino
Quiroz Jiménez enfatizó que la conservación de Paracas ha generado un círculo virtuoso que se traduce en rentabilidad económica local.
1. Motor turístico con empleo pleno
La Reserva Nacional de Paracas se ha posicionado como el segundo destino turístico más visitado del Perú, solo después de Machu Picchu.
Afluencia récord: La RNP y el destino Ballestas cerraron el año pasado con más de medio millón de visitantes y registraron más de 400,000 visitas solo durante el último verano.
Cero desempleo: El crecimiento del turismo ha dinamizado drásticamente la economía del distrito de Paracas, donde el 99.9% de la población está activamente laborando en el sector turístico (agencias, operadores, servicios), generando más de 231 puestos de trabajo directos.
2. Pesca, macroalgas y emprendimientos
Más de la mitad de los 7000 pescadores artesanales de la región Ica ingresan a la RNP para realizar sus faenas, proveyendo insumos frescos para platos bandera como el ceviche y el arroz con mariscos a nivel nacional.
El Jefe de la RNP destacó una actividad complementaria clave: la colecta pasiva de macroalgas. Las ramas de algas que se desprenden por acción física son recolectadas por las comunidades en las orillas de las playas.
Liderazgo Femenino: En esta actividad de colecta, las mujeres tienen un rol protagónico: más de 14 asociaciones de algueros son presididas por mujeres, generando una economía complementaria a la pesca tradicional. Las algas se exportan al mercado asiático y regresan en forma de productos de uso diario como fideos y pastas dentales.
La gestión de la RNP se basa en un modelo de gobernanza participativa y la búsqueda de alianzas público-privadas para asegurar la sostenibilidad. (Foto: Inforegión)
Gobernanza participativa y fondos privados
La gestión de la RNP se basa en un modelo de gobernanza participativa y la búsqueda de alianzas público-privadas para asegurar la sostenibilidad y el valor agregado de la conservación.
Emprendedores por naturaleza: A través del programa «Emprendedores por la Naturaleza» de Sernanp y con la colaboración de empresas como el Consorcio Camisea, se están destinando fondos para concursos que permitan a los pobladores (pescadores, artesanos, operadores) mejorar sus cadenas productivas.
Conexión con el mercado: Se está implementando la conexión directa de la «pesca al día» con restaurantes responsables, garantizando un mejor precio para los pescadores que cumplen con las buenas prácticas de vigilancia participativa en el ecosistema marino.
Fideicomiso privado: El modelo incluye un fideicomiso proveniente de una donación de la empresa Consorcio Camisea, lo que demuestra la confianza del sector privado en la gestión de la RNP como un «activo» que brinda bienes y servicios ambientales esenciales.
Quiroz Jiménez finalizó su exposición invitando a los presentes a ver las áreas naturales protegidas no solo como espacios de conservación, sino como activos de desarrollo sostenible que deben ser preservados a perpetuidad, en un enfoque de paisaje y territorio.
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El gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, informó que tras su visita al MEF (Ministerio de Economía y Finanzas), logró garantizar el financiamiento de más de S/ 280 millones destinado a la ejecución de los saldos de obra de los hospitales Maritza Campos y Camaná. Ambos proyectos estuvieron paralizados durante años por distintos problemas, desde malos contratos, a falta de financiamiento.
El anuncio se dio tras la reunión con la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, el último viernes en Lima. Allí se habrían abordado los avances del proceso de endeudamiento interno destinado al financiamiento de estos establecimientos de salud.
La titular del MEF informó que ya se culminaron todos los informes técnicos y actualmente se viene elaborando el informe legal correspondiente. Además, se comprometió a remitir el expediente a la Contraloría General de la República la próxima semana, para su revisión y emisión del Decreto Supremo de aprobación del endeudamiento interno.
Una vez aprobado el decreto, el Gobierno Regional de Arequipa recibirá el desembolso inmediato de los fondos, iniciando el proceso de contratación para la ejecución de las obras. Según el cronograma, el Hospital de Camaná tendrá un plazo de ejecución de 11 meses, mientras que el Hospital Maritza Campos será culminado en 12 meses.
Asimismo, el MEF también habría ratificado su compromiso con 13 proyectos estratégicos que implican una inversión total estimada de 14,257 millones de dólares. Esto incluiría el análisis y destrabe del nuevo Hospital Goyeneche, que será ejecutado bajo la modalidad de acuerdo Gobierno a Gobierno entre Perú y Francia.
Alcaldes se reúnen con Jerí
De otro lado, se informó que un total de 21 alcaldes distritales, de la provincia de Arequipa, sostuvieron un diálogo con el presidente de la República, José Jerí, el pasado viernes. Las autoridades le expusieron las necesidades en materia de seguridad y plantearon se autorice el uso del 20 % del canon y sobrecanon en temas de seguridad.
Por ejemplo, la contratación de más personal de serenazgo, poner en funcionamiento el Laboratorio de Criminalística y la Escuela de Suboficiales de la Policía Nacional del Perú en La Joya.
Asimismo, se habló de la urgencia de atender la problemática ambiental generada por el área degradada Quebrada Honda, así como la necesidad de priorizar la construcción de un relleno sanitario en la cuenca sur – oriental.
El mandatario Jerí habría escuchado los pedidos y se comprometió a gestionar una nueva reunión con los alcaldes en un plazo de 45 días, para dar seguimiento a los compromisos asumidos.
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Las notas publicadas por “Semanario El Búho” fueron elaboradas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del equipo editorial. Conozca más en https://elbuho.pe/quienes-somos/.
La escritora y traductora arequipeña participó en el panel: Convivencia de lenguas y culturas en la comunidad iberoamericana, durante el Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) Arequipa, 2025. Aquí su ponencia.
y qué dicen los peces; y qué piensan las culebras.
Dinos también las fábulas lejanas
y qué techos resguardan la vigilia;
qué corazones hay y qué osamentas,
cuántos cristales, cuántas melodías
vagan entre los árboles y rocas.
Cuéntanos, además, si a tu retorno
habrás de ver mejor o estar ya ciego.
Empiezo con este poema del libro Tienda de ultramarinos de José Ruiz Rosas, mi padre, limeño de nacimiento y arequipeño de adopción, que descansa en paz en esta ciudad desde 2018. Fue miembro de la Academia Peruana de la Lengua en mérito a su poesía e impregnó el quehacer cultural y literario de esta ciudad a la que dedicó sesenta años de su vida. Él nos inculcó el amor por nuestro mestizaje lingüístico y cultural y el profundo respeto por el otro y su sola palabra. Habría sido inmensamente feliz de vivir este magnífico congreso en Arequipa, iniciativa de su hijo, también poeta, mi hermano Alonso. En su memoria van estas reflexiones.
He nacido y vivido en la Ciudad Blanca hasta los 19 años. Cuando viajaba a Lima, desde niña, el habla me sonaba extraña, me faltaban los diminutivos y me preguntaba si era que nadie me querría. Me fui enterando de que se debía al sustrato del aimara y quechua del español arequipeño, y que en las lenguas vernáculas hablar así era la expresión de su cortesía; y observaba que las diferencias de vocabulario, las morfológicas y sintácticas aumentaban en número a medida que la migración de las zonas más altas del departamento de Arequipa crecía, así como de los aledaños, en especial de Puno, y de Ayacucho, Apurímac, Cusco y Moquegua.
Esa falta de homogeneidad, supe más adelante, iba consolidando el castellano andino, aprendido como segunda lengua por hablantes de quechua y aimara, que en mi infancia y adolescencia eran en su mayoría de extracción social baja y escolaridad e instrucción incompletas, lo que suscitaba comentarios despectivos entre gente de lengua materna española y economía boyante y cierta pátina de habla culta. Actitud que en casa no se aprobaba, a diferencia de ambientes escolares privados. En nuestra librería familiar «Trilce» se ofrecía los escasos libros que podían conseguirse sobre quechua y aimara hasta que la librería cerró. Esto, a fines de los años sesenta.
En 1975, de estudiante en Budapest, asistí a poco de llegar a una exposición sobre el apartheid en Sudáfrica. Fue entonces que entendí de golpe cuán racista era el Perú que acababa de dejar y qué papel sutil jugaba el uso «correcto» de la lengua española en esa discriminación. Hacía tres años que el gobierno de Velasco Alvarado había oficializado el quechua. Pero persistía el desprecio a lo largo y ancho del país, velado o no, de parte de quienes dominaban la norma del español frente a quienes lo «malaprendían», entre otras razones por ser a menudo analfabetos en sus lenguas maternas, y tener las consiguientes deficiencias gramaticales y dificultades fonéticas que configuran el dejo delator en primer lugar. Por sus prejuicios, los privilegiados hablantes de lengua materna española, se arrogaban superioridad y su uso del idioma era una clara herramienta hegemónica de poder frente a los otros.
Medio siglo después, en términos absolutos, la alfabetización ha aumentado de manera notable; oficialmente, solo 5 % de peruanos no saben leer ni escribir. Aun así, hay diferencias escandalosas entre la población masculina y la femenina, y la urbana y la rural y amazónica. Al empezar el nuevo siglo, 70 % de la población iletrada eran mujeres, más marginadas, aferradas a sus hábitos tradicionales y ajenas al mundo occidental.
En el Perú subsisten 47 lenguas originarias. El quechua y aimara, a su vez familias de lenguas que presentan variantes dialectales(1), y 39 amazónicas agrupadas en 17 familias lingüísticas(2). La Constitución las considerada oficiales en el ámbito de su predominancia, según la Ley N° 29735 de 2011, que regula su uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión(3). Como fundamento de la tradición oral e identidad cultural, constituyen patrimonio inmaterial de los pueblos originarios del Perú, y están en igualdad de derechos. Esto en teoría, pues la realidad es distinta.
Difiere mucho el número de hablantes de cada una. Frente a casi 3 millones 800 mil de los diferentes quechuas y 450 mil de aimara, cuatro de las lenguas amazónicas no llegan a la decena de hablantes y su riesgo de extinción es inminente. Otras siete gozan de vitalidad, son habladas por todas las generaciones en los ámbitos de uso y es continua su transmisión de una generación a otra. El ashaninka, por ejemlo, de la familia arawak, lo hablan unos 74 mil peruanos(4). En las lenguas están codificados sus saberes, su relación específica con la naturaleza y el entorno, y cuando se extinguen, desaparecen con ellas buena parte de aquellos conocimientos ancestrales.
En su detallado Atlas Lingüístico del Perú de 2001(5), Andrés Chirinos Rivera calculó a partir de los resultados censales de 1993, además de las densidades distritales por lengua materna, el índice de sustitución lingüístico por departamentos, tanto de migrantes como de lugareños. Este llamado ISL refleja cómo en el Perú de fines del siglo xx se consideraba en términos despectivos a los pobladores que no hablaban castellano y conservaban el idioma vernáculo y las costumbres propias que los caracterizaban como «indios», y a quienes se les atribuía la condición de analfabetos. Es en ese proceso de sustitución lingüística, en aquel tránsito de abandonar la lengua materna para adoptar la de prestigio, pues implica progreso y hasta supervivencia, que se dan las múltiples variaciones del castellano como segunda lengua y las consiguientes discriminaciones veladas o explícitas hacia sus hablantes, en lugar de celebrar el enriquecimiento lingüístico que ello implica.
Desde 2008, vale decir antes de promulgarse la Ley N° 29753, el Ministerio de Educación del Perú ha ido normalizando los alfabetos de 20 lenguas originarias, lo cual implicó el reconocimiento de esas minorías étnicas y un esfuerzo para que no acaben por extinguirse, considerando que sus rasgos lingüísticos no son ni remotamente cercanos al español, lo que desde hace centurias ha entorpecido un bilingüismo o trilingüismo fluido en las diferentes zonas. Aun así, las campañas de sensibilización gubernamentales que comenzaron en 1972 y son cada vez mayores y muy loables y significativas. Desde el punto de vista sociolingüístico, no serán eficaces mientras la población no practique ampliamente, y sobre todo, no sienta el respeto a la diferencia.
También conviven en este Perú multilingüe 50 mil personas de lenguas maternas extranjeras (6). Algunos son discriminados por racismo o clasismo, como ocurre con los hablantes de las lenguas vernáculas. En otros, en cambio, cuyas lenguas maternas gozan de un consenso de prestigio universal (inglés, alemán, italiano, portugués), el acento en su oralidad española, si existe, es más un rasgo encantador.
Normalizar todas las lenguas originarias del país es inviable pues muchas se circunscriben al ámbito geográfico en que se hablan.
No obstante, un mayor aprecio por ellas en las sociedades contribuye a disminuir la discriminación e incrementar su transmisión a las generaciones nuevas. Además de valiosas ediciones bilingües patrocinadas algunas por instituciones no gubernamentales, los ministerios de Cultura y de Educación del Perú han incrementado en los últimos años acciones y estrategias para fortalecer la percepción del valor de las lenguas originarias y su contribución a la cultura del país. Incorporan la temática y la enseñanza de lenguas originarias en la educación básica regular. Las visibilizan e incentivan a quienes son agentes de promoción. Fomentan la producción de contenidos en lenguas indígenas por parte de los propios pueblos. Promueven y difunden contenidos en lenguas indígenas en los entornos digitales, medios de comunicación, industrias culturales y artes. Existe un Premio Nacional de Literatura para los géneros de novela, cuento, poesía, ensayo y literatura infantil en lenguas originarias.
La Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios también convoca un concurso de video y cine indígena y afrodescendiente comunitario. En 2023, por ejemplo, el Ministerio de Cultura publicó el relato Paco Yunque de César Vallejo en una preciosa edición multilingüe del original español y seis lenguas indígenas(7). Editoriales independientes como Pacarina apuestan por la literatura en lenguas originarias, acaba de salir una antología de poesía de la Amazonía.
Hoy en día, al menos, es políticamente incorrecto discriminar a la población originaria por su habla como se ha hecho desde hace siglos con más de una lengua. Y resulta exótico apreciar sus manifestaciones culturales y a menudo muy rentable comercializarlas, pero no está tan claro que algo o mucho del desprecio de antaño por las personas no persista en el fondo de los corazones. Ha señalado hace poco el historiador José Carlos Agüero, que el desprecio «no acaba, sino que se actualiza porque la humillación teje subjetividades a largo plazo». Y mientras siga siendo una constante, explícita u oculta, seguirá ausente el respeto a la dignidad del otro, del diferente, indispensable para una coexistencia armoniosa y productiva.
Pero también, más allá del resentimiento que se ha venido arrastrando desde el Virreinato. Un resentimiento que a veces es lo único que se tiene, dice Agüero, en el presente se observa un fenómeno más complejo. Por ejemplo, se demoniza con un solo verbo, el peruanismo «terruquear», que el utilísimo Diccionario de Peruanismos de la Academia Peruana de la Lengua aún no consigna, a quienes cuestionan cualquier injusticia cometida por el poder o simplemente simpatizan con ideas progresistas, insinuando o acusando directamente que sean allegados a la trágica y repudiable lucha armada de las últimas décadas del siglo pasado, para de ese modo restar cualquier legitimidad a sus reclamos o puntos de vista.
Y sucede que muchas de las personas que ejercen ese extendido «terruqueo» (sustantivo que también merece su entrada en el mencionado Diccionario) son de igual extracción indígena que los «terruqueados», sea en primera o segunda generación. De hecho, el racismo activo de amplios sectores de la política desde altos cargos y poderes del Estado y élites económicas o personajes informales malamente enriquecidos, sin medida ni clemencia . Y, más brutalmente, de las propias Fuerzas Armadas para tratar a los pobladores del sur del país. Pongamos por caso, como a no ciudadanos solo por ser andinos. Da fe de lo que yo llamaría «la traición étnica», algo que desde luego no es una especialidad de aquí. Se traiciona sin reparos, cuando lo natural sería una lealtad étnica de castellanos múltiples y lenguas vernáculas.
Como si bastara con haber ascendido una ñizca, como decimos aquí en Arequipa. O mucho, en la escala social, y haberse blanqueado o no una pizca o mucho y haber pulido. O ni siquiera, una ñizca o mucho ese un castellano de los múltiples, adquirido con dificultad como segunda lengua, para menospreciar a quienes están todavía a la zaga en el empeño de progresar limpiamente, que son numerosos.
Muchas gracias a los presentes por haber elegido este panel. Y a la Real Academia Española de la Lengua, al Instituto Cervantes y a la Asociación de Academias, por esta invitación que me honra y me ha permitido dirigirme a ustedes en mi ciudad natal.
Referencias bibliográficas
Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe y Rural, Documento Nacional de Lenguas Originarias del Perú, Lima, 2013.
Andrés Chirinos Rivera, Atlas lingüístico del Perú, Cusco, Ministerio de Educación, Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas, 2001.
José Carlos Agüero, Desprecio, la política del miedo en el Perú, Lima, La Siniestra S.A.C., 2023.
Inés Pozzi-Escot, El multilingüismo en el Perú, Cusco, Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas, 1998.
( 1) De la familia aru o aimara han sobrevivido el aimara y el jaqaru y de la familia quechua las variantes mayoritarias del quechua sureño (de Ayacucho y Cusco-Collao) y el central (de Ancash, Huánuco, norte de Lima, Pasco y norte de Junín; y dos variantes quechuas intermedias, el huanca y el quechua norteño, el ferreñafano-cajamarquino, el chachapoyas-lamas de Amazonas y San Martín respectivamente y el amazónico de las cuencas del Napo y Pastaza en Loreto). [Chirinos Rivera, 2001, p. 35]
( 2) Arawa, arawak, bora, cahuapana, kandozi, harakbut, huitoto, jíbaro, muniche, pano, peba-yagua, simaco, tacana, ticuna, tucano, tupí-guaraní y záparo [Ministerio de Cultura, 2023, pp. 1-3]
(3) En el Proyecto de Ley de Lenguas presentado por el Ministerio de Educación al Congreso de la República figuran como oficiales las siguientes lenguas:
1. El castellano en todo el territorio peruano. 2. El achuar, el aguaruna, el aimara, el amahuaca, el ashaninka, el bora, el arabela, el cacataibo, el candoshi, el capanahua. El cashibo-cacataibo, el cashinahua, el chamicuro, el chayahuita, el cocama cocamilla, el culina, el ese eja, el huitoto, el harakmbut, el iñapari, el jacaru, el jebero, el matsigenka, el mayoruna, el nomatsiguenga, el ocaína, el orejón, los quechuas central, jauja-huanca, norteño y sureño, el resígaro, el secoya, el shipibo-conibo, el taushiro, el ticuna, el urarina, el yagua, el yaminahua, el yanesha y el yine en las zonas en que se hablen. Con la salvedad de que esta enumeración no excluye a otras lenguas que puedan ser descubiertas por futuras investigaciones lingüísticas. [Cf., Pontificia Universidad Católica del Perú, 2011, p. 5]
( 4) El nomatsigenga de la familia arawak, cuenta con casi 4 mil hablantes. El awajún y el wampis de la familia jíbaro, con 57 mil y 4 mil hablantes cada una. Y el shipibo-conibo, de la familia pano, con más de 34 mil.
( 5) Andrés Chirinos Rivera, Atlas lingüístico del Perú, Cusco, Ministerio de Educación, Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas, 2001.
( 6) Constituyen un 0,2 % de la población total según el censo de 2017. Hablan, ya sea chino cantonés o mandarín en comunidades chinas en Lima y algunas ciudades de la costa. El japonés es hablado por los nikkei en Lima, en Huaral, en el puerto del Callao y la selva de Junín. El italiano por familias de inmigrantes en Lima, Callao y La Libertad. El alemán en las comunidades de Oxapampa y Pozuzo de descendientes de colonos austríacos. El árabe libanés y palestino en comunidades de Lima y regiones del sur. El inglés es hablado por descendientes de migrantes británicos y norteamericanos. Por último, el portugués en zonas fronterizas con Brasil (Madre de Dios, Ucayali, Loreto).
( 7) Los quechuas áncash, chanca y cusco-collao, el aimara, el ashaninka, el awajún, el shipibo-conibo y el ticuna.
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La región enfrenta un aumento de la pobreza monetaria, mientras la inversión pública evidencia dificultades en su ejecución, pese a la recuperación de la actividad productiva y el crecimiento de las exportaciones mineras.
En 2024, la pobreza monetaria en Arequipa se incrementó a 15,8%, lo que representa un aumento de 1,9 puntos porcentuales respecto al año anterior. Esta cifra equivale a unas 224 mil personas que no lograron cubrir la canasta básica de consumo, estimada en 454 soles. La situación refleja la persistencia de desafíos estructurales en el ingreso y acceso a bienes esenciales en la región.
Crecimiento económico y reestructuración laboral en Arequipa
La actividad productiva en Arequipa creció 1,2% en el segundo trimestre de 2025, impulsada por sectores como electricidad, gas y agua (+33,9%), construcción (17,6%) y agropecuario (11,1%). Este dinamismo, sin embargo, contrasta con la reducción de empleos registrada entre 2022 y 2024, con una pérdida cercana a 14,6 millones a nivel nacional y una reconfiguración del mercado laboral.
La informalidad laboral disminuyó del 67% al 62,2%, mientras que el empleo formal creció en 29.996 trabajadores. Por sectores, la minería e hidrocarburos lideró la creación de empleo con 8.741 trabajadores, mientras el comercio reportó una disminución de 17.866 puestos de trabajo. Estos movimientos muestran traspasos internos que afectan la estabilidad y los ingresos de las familias arequipeñas.
La brecha salarial persiste entre trabajadores formales e informales. Por ejemplo, en minería e hidrocarburos un empleado informal percibe 2.158 soles frente a 6.876 soles de un trabajador formal. Sectores como pesca, agropecuario y transporte muestran niveles de informalidad superiores al 75%, estos son retos estructurales que limitan la seguridad laboral y el acceso a beneficios sociales.
“Ahora sí, lo que queríamos hacer es que esta ciencia ha ido produciendo una brecha por cerrar. Y es porque, y vamos a ver después, no se ejecutan los presupuestos para inversión pública que tienen los gobiernos nacionales en equipo, de manera adecuada”, explicó Franco Yngunza, analista de estudios económicos de ComexPerú.
Exportaciones y pobreza multidimensional en Arequipa
En 2024, las exportaciones regionales alcanzaron 6.534 millones de dólares, impulsadas principalmente por minerales. De enero a agosto de 2025, el cobre concentró el 37% de los envíos, seguido por oro en bruto (23%), molibdeno y concentrados (4%) y plomo (2%). La concentración de la canasta exportadora en minería subraya la dependencia de este sector para la economía regional.
En cambio, la pobreza multidimensional afecta a dos de cada diez arequipeños, equivalente a 318 mil personas, y contempla carencias en salud, educación y vivienda. Aunque la tasa descendió de 28,75% en 2023 a 22,4% en 2024, persisten brechas importantes en servicios públicos básicos. El 97,6% de establecimientos de salud de primer nivel y 11 de 12 hospitales presentan infraestructura inadecuada.
Entre los niños de 6 a 35 meses, la prevalencia de anemia alcanza el 44,2%, mientras uno de cada cinco hogares carece de acceso a saneamiento. Esta situación evidencia la insuficiencia de programas sociales y limita el desarrollo de capital humano, con impactos directos en la productividad y calidad de vida de la población.
“Esto, que se traduce como casi el 44% de prevalencia de anemia en niños entre 6 y 35 meses de edad, es un porcentaje bastante alto. Estamos hablando de que casi uno de cada dos niños tiene anemia en el departamento”, indicó Yngunza.
Inversión pública y capacidad de gestión municipal en Arequipa
Más de la mitad de la inversión pública en Arequipa depende de los gobiernos locales, que concentran el 60% de los recursos asignados. Sin embargo, solo ejecutaron el 69,6% de su presupuesto en 2024. Algunos municipios, como Uraca, lograron ejecutar apenas el 18,2% de sus recursos, mientras Yarabamba llegó a 58,3%, demostrando sus limitaciones en planificación y gestión.
Entre enero y septiembre de 2025, la ejecución de inversión pública mostró mejoras: el Gobierno Regional alcanzó 82% y los municipios 53,3%, cifras superiores a 2024. No obstante, la baja capacidad técnica y administrativa sigue siendo un factor clave que impide la correcta implementación de proyectos, generando obras paralizadas que afectan directamente a la ciudadanía.
Franco Yngunza señaló: “No es que falte dinero, sino que hay una falta de capacidad principalmente de los funcionarios de los gobiernos locales para ejecutar este presupuesto. Esto se traduce en servicios deficientes y obras que no cumplen su propósito”.
Obras paralizadas y brechas de servicios en Arequipa
Hasta junio de 2025, Arequipa registró 133 obras paralizadas en los tres niveles de gobierno. La mayoría son responsabilidad municipal, con 57 detenidas por incumplimiento de contratos y 11 por problemas de planificación inicial en expedientes técnicos. Las obras afectadas incluyen abastecimiento de agua, pistas, veredas, puentes y caminos vecinales, fundamentales para la vida cotidiana.
Los proyectos paralizados reflejan la necesidad de reforzar la capacidad de formulación y evaluación de proyectos, así como mejorar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno. Iniciativas como las obras por impuestos han mostrado resultados positivos en Arequipa, permitiendo la culminación de proyectos que podrían servir como modelo para replicar buenas prácticas.
El informe presentado por ComexPerú, destaca que la combinación de crecimiento económico, pero con retos en inversión pública y servicios básicos, define la compleja situación de Arequipa. La correcta ejecución del presupuesto y el fortalecimiento de capacidades locales son esenciales para mejorar la calidad de vida, reducir la pobreza y garantizar que los beneficios del desarrollo económico lleguen a todos los ciudadanos.
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En esta conversación nos habla de como entiende Arequipa y la música como reflejo de nuestra identidad, de su labor en la formación de nuevas generaciones y de la ciudad como un espacio sonoro
Zoila Vega, reconocida musicóloga y docente arequipeña, ha recorrido escenarios y archivos en busca de comprender la historia musical del sur del Perú. En esta conversación nos habla de como entiende Arequipa y la música como reflejo de nuestra identidad, de su labor en la formación de nuevas generaciones y de la ciudad como un espacio sonoro que guarda memoria y crea comunidad.
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CRIMINALIDAD EN EL PERÚ | El estado de emergencia y las constantes apariciones ante cámaras del presidente José Jerí parecen no ser efectivas frente a la ola de criminalidad, extorsiones y sicariato que preocupa a todos los peruanos.
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«ninguno de los que ahora se solidarizan con los gazatíes y Hamás, incluidos los participantes en las excursiones en yates y otras embarcaciones pequeñas a la costa de Gaza, condenaron la matanza de israelíes del 7 de octubre de 2023»
Hace dos años, un día como hoy, varios comandos de Hamás se introdujeron al territorio de Israel y mataron a unas 1200 personas –mujeres, hombres y niños y soldados desprevenidos–, la mayor parte de los cuales celebraban la fiesta de Simjat Torá. No fue un hecho de guerra contra instalaciones militares, sino un ataque terrorista contra civiles.
El gobierno de Israel respondió de inmediato con una guerra en Gaza para desarmar a Hamás, el grupo que gobierna este territorio y que desde hace unos 20 años ha construido una red subterránea de cuarteles y pasadizos bajo las edificaciones civiles: viviendas, hospitales, escuelas y organismos públicos. Esta guerra ha hecho también, obviamente, víctimas entre los civiles de Gaza, utilizados como escudos humanos, lo que ha servido para el relanzamiento del antisemitismo, camuflado de condena por ciertos grupos participantes de la cultura occidental y, entre estos, como los más exaltados, los grupos comunistas residuales y sus anexos.
Sin embargo, ninguno de los que ahora se solidarizan con los gazatíes y Hamás, incluidos los participantes en las excursiones en yates y otras embarcaciones pequeñas a la costa de Gaza, condenaron la matanza de israelíes del 7 de octubre de 2023. La muñeca sueca llamada Greta, creada para animar a ciertos grupos de ecologistas, nunca se enteró de lo que los terroristas islamistas de Gaza les había hecho a los civiles de Israel.
¿Por qué?
Porque hay en este antisemitismo, retroalimentado de cuando en cuando si los judíos ejercen el derecho de defenderse, una raíz religiosa: desde que el cristianismo fue impuesto como la religión oficial y única en el Imperio Romano en el año 380 por el Edicto de Tesalónica de Teodosio, la persecución, la tortura y la quema de judíos en las plazas públicas con la participación del pueblo han creado un sedimento cultural en las mentes de muchos de sus creyentes, fobia que se manifiesta, con más o menos intensidad, en la animadversión que en algunos puede llegar al odio contra los judíos, aunque muchos de ellos ignoren lo que ellos son. Esa manera de ser de la religión cristiana contraría las enseñanzas de Jesús, quien fue un judío, y, desde luego, no se le halla en los evangelios.
El antisemitismo ciego y bárbaro llevó, en Europa, a las matanzas de judíos por grupos del pueblo, animadas por algunos monjes y curas. Y, en ciertos casos, por personas que debían dinero u otros bienes a judíos. En Europa oriental, estas matanzas, conocidas con el término ruso de pogroms, eran frecuentes hasta antes de la Revolución Bolchevique de 1917.
El exterminio de más de 6 millones de judíos por Hitler y sus seguidores (el referéndum de 1933 le concedió más del 90% de los votos) tiene esa raíz. También se percibe ese fondo religioso en los fusilamientos de unos 800,000 disidentes ordenados por Stalin, de los cuales gran parte fueron judíos. Y, lamentablemente, la ideología inspiradora de esos asesinatos se ha reproducido en muchos de sus seguidores. Bulle cuando una corrida mediática les pone ese señuelo ante los ojos. ¿Qué le habrían hecho a Carlos Marx si hubiera sido coetáneo de Stalin y hubiera vivido en algún lugar de la Unión Soviética?
Que las matanzas de judíos las perpetren ahora ciertos grupos creyentes en el Islam no importa y parecerían ser bienvenidas. Al contrario, no hay ninguna condena contra los grupos musulmanes que ahora mismo están matando a cristianos por miles. Tal lo que sucede en Nigeria, una república del centro de África. El grupo armado islamista Boko Haram ya ha matado a más de 185,000 personas de religión cristiana desde 2009. El propósito es erradicar el cristianismo en estos países. Y la cuenta sube a razón de 32 cristianos asesinados por día. Casi todos estos cristianos son de raza negra, cuya vida parece valer menos para los medios occidentales.
En Gaza, hasta antes de los hechos relatados, vivían unos 2 millones de árabes en inmuebles que se fueron amontonando. Allí y donde la única actividad económica era el comercio. No había ni hay industria, ni agricultura ni ganadería. Pero su ejército de decenas de miles de soldados era muy poderoso. ¿De qué viven y cómo pagan este ejército supercaro y su dédalo de subterráneos? De recursos que fluyen abundantes de ciertos países árabes productores de petróleo. Y de los servicios de agua y energía eléctrica provenientes de Israel, a pesar de que lo considera su enemigo. En lugar de aplicar esos recursos al desarrollo económico, prefieren utilizarlos en esa manera de existir, justificada por la idea, de imposible realización, de echar a los 8 millones de judíos del territorio de Israel.
Israel tiene ahora más 10 millones de habitantes, de los cuales unos 8 millones son judíos y unos 2 millones árabes. El ingreso per cápita de los israelíes es algo más de 54,000 dólares por año, uno de los más elevados en el mundo. Lo obtienen con su educación, su formación profesional, sus inversiones, sus inventos y descubrimientos y su trabajo y tesón. Dicho sea de paso, un 32% de los premios Nobel, un índice de la sabiduría en el mundo, han sido conferidos a judíos. Una colectividad que llega a mucho menos del 1% de la población mundial y a la cual la humanidad le debe tanto.
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Abogado y novelista. Profesor Emérito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Doctor en Derecho por la Universidad de Paris I (Sorbona). Autor de diversas publicaciones sobre Derecho Laboral
Doctor en Derecho por la Universidad de Paris I (Sorbona).
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La moción de censura que vacó el máximo cargo de Perú fue el noveno intento desde que asumió la presidencia en diciembre de 2022 tras la caída de Pedro Castillo.
Por: Christopher A. Martínez/Latinoamérica21. El 10 de octubre, el Congreso peruano aprobó una moción de vacancia por “permanente incapacidad moral” y puso fin al gobierno de Dina Boluarte. El suyo se convierte así en el caso número 25 de “fracaso presidencial” (esto es, todos los presidentes que han sido obligados a dejar el poder) en América Latina desde 1980 a la fecha, si contamos a aquellos que han permanecido en el cargo por un periodo significativo (quedan excluidos casos como los de Rosalía Arteaga de Ecuador, Adolfo Rodríguez Saá en Argentina, y Manuel Merino de Perú que ejercieron presidencias interinas por menos de dos semanas).
La moción de censura que vacó el máximo cargo de Perú fue el noveno intento desde que asumió la presidencia en diciembre de 2022 tras la caída de Pedro Castillo luego de su fallido intento de autogolpe. Con ello, Perú alcanzó un nuevo récord regional: cinco presidentes “fracasados” antes de concluir su mandato, superando a Bolivia y Ecuador, que acumulan cuatro casos cada uno.
Más que un episodio aislado, la salida de Boluarte confirma un patrón que he documentado en mi libro Why Presidents Fail (2024): la creciente dificultad de los mandatarios latinoamericanos para sostenerse en el poder.
Las causas inmediatas de la caída de Boluarte
Los análisis sobre los principales desafíos enfrentados por la administración Boluarte identifican tres factores principales que ayudan a explicar su caída. El primero es la frecuencia y magnitud de las protestas callejeras. En solo dos años, su gobierno fue testigo de más de 1.700 protestas, según el Observatorio para la Democracia y Gobernabilidad. Las manifestaciones dirigidas específicamente contra el Ejecutivo son un factor clave para explicar la inestabilidad presidencial. Según mi investigación, cada protesta masiva de ese tipo aumenta en casi 30% el riesgo de que una presidencia fracase.
El segundo factor es el peso de los escándalos presidenciales. El llamado caso Rolex y las acusaciones por enriquecimiento ilícito, sumados a su polémica ausencia para someterse a cirugías estéticas, combinaron elementos de corrupción y moralidad pública. En mis estudios, este tipo de escándalos –ya sean por corrupción, escándalos morales o abuso de poder– elevan en promedio un 13% el riesgo de que un presidente sea forzado a dejar el cargo.
El tercer elemento es la inseguridad y el crimen organizado. Como señaló el analista Will Freeman, Boluarte podría ser la primera presidenta latinoamericana destituida por su incapacidad de enfrentar el crimen organizado. Este es un aspecto novedoso en la explicación de las presidencias fracasadas: la erosión del control territorial y la inseguridad como detonantes de crisis políticas.
El trasfondo estructural
Pero las causas inmediatas solo cuentan una parte de la historia. La inestabilidad de Perú –y de Boluarte en particular– tiene raíces más profundas en la debilidad crónica de sus partidos.
Los presidentes en cualquier país, tanto para que sus proyectos se aprueben como para que sus gobiernos sean estables, necesitan de relativamente buenas relaciones con los partidos. Esto puede lograrse en países con partidos débiles, medianamente institucionalizados, o fuertes. No obstante, como argumento en Why Presidents Fail, solo en el caso de estos últimos las relaciones presidente-partidos se sustentan en aspectos programáticos y en visiones compartidas de largo plazo. En los partidos oficialistas, estos elementos generan lealtad real hacia el presidente; en los de oposición, produce un espíritu republicano, institucional, que los induce a respetar los procesos y principios democráticos. Todo esto contribuye a presidencias más duraderas y democráticas.
Por el contrario, cuando los partidos son parcialmente institucionalizados o claramente débiles, la cooperación presidente-partidos descansa en aspectos meramente instrumentales y superficiales, y en lógicas de quid pro quo; todas orientadas al corto plazo. Sin embargo, esa estabilidad es engañosa: no descansa en convicciones ideológicas ni en acuerdos programáticos, sino en intercambio de favores, en “lealtades” transaccionales y efímeras, las cuales rápidamente pueden cambiar de dueño.
En este tipo de sistemas, el cortoplacismo domina. Las alianzas cambian al ritmo de las conveniencias inmediatas, y la “compra de voluntades” reemplaza las visiones políticas orientada al largo plazo. En ese escenario, la caída de un presidente depende menos de una convicción moral o ideológica y más de la convergencia circunstancial de actores dispuestos a coordinar su destitución sin mayor consideración por las implicaciones futuras de sus acciones.
Del blindaje al abandono
Durante más de dos años, Boluarte se benefició de esa lógica. Los partidos representados en el Congreso la protegieron de ocho mociones de vacancia entre enero de 2023 y mayo de 2024. Pero su supervivencia claramente no respondía a una coalición ideológica, sino a un pacto de conveniencia. Más bien a una “coalición autoritaria” como la etiquetó el académico peruano Omar Coronel. Esta coalición ad hoc, virtualmente sustentada en asegurar el poder y los cargos políticos hasta 2026, fue clave para explicar la estabilidad del gobierno de Boluarte a pesar de los significativos desafíos a su autoridad por parte de las masivas olas de protestas antigubernamentales. La propia naturaleza de este tipo de coaliciones no puede entenderse sino en un contexto de partidos débiles o inexistentes, como es el caso de Perú.
Cuando la presidenta se volvió (aun más) impopular, incapaz de ofrecer una respuesta al avance del crimen organizado y debilitada por los escándalos, su utilidad política se agotó. Las protestas de las últimas semanas de la “Generación Z” y las movilizaciones de transportistas cansados de las extorsiones y sicariatos debilitaron significativamente a Boluarte. La gota que rebalsó el vaso fue el ataque armado al popular grupo de cumbia Agua Marina el 8 de octubre. Este trágico evento no solo validó las demandas sociales, sino que dejó sin margen de maniobra a los partidos oficialistas en el Congreso. Estos últimos, en un esfuerzo clásicamente egoísta y cortoplacista para mejorar sus chances de ganar la reelección, abandonaron raudamente a Dina Boluarte. Las mismas fuerzas que habían cerrado filas en su defensa decidieron abrirle la puerta de salida en una votación unánime.
¿Expectativas, tras la salida de Boluarte?
A diferencia de otras crisis presidenciales, el reemplazante de Boluarte proviene del mismo sector político que fue blanco de las protestas, aunque la expresidenta concentraba el grueso del descontento. Se trata, en rigor, de una suerte de gatopardismo sucesorio: cambiar algo para que nada cambie. Bajo estas condiciones, la transición corre el riesgo de fracasar, incluso antes de concretarse en su intento por desescalar –aunque sea temporalmente– la crisis.
Christopher A. Martínez es doctor en Ciencia Política en Loyola University Chicago, Estados Unidos. Es Investigador de la Escuela de Gobierno de la Universidad San Sebastián, y Director Alterno del Núcleo Milenio sobre Crisis Políticas en América Latina – CRISPOL. Autor del libro Why Presidents Fail: Political Parties and Government Survival in Latin America. Podcast: Por qué fracasan los presidentes.
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Harvey Colchado advierte que el Gobierno le está haciendo reglaje y que tendría intenciones de victimarlo, según le han asegurado fuentes de la Policía y civiles. Foto: Perú21
AGENDA REGIONAL | Para Harvey Colchado, la corrupción alimenta el colapso dentro de la Policía Nacional. Plantea reordenar al personal por meritocracia, evitar rotaciones sin especialización y aplicar controles internos más severos, incluido el polígrafo, en cargos estratégicos. Advierte que, si mandos corruptos ascienden, arrastran a la institución; pero si se impulsa a los honestos, el cambio se ve rápido.
Mira la entrevista completa en https://www.youtube.com/watch?v=ZJ76lcnvse0&t=166s
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Zoila Vega Salvatierra, escritora y docente, reflexiona sobre la enseñanza de la música en un mundo de cambios frenéticos. «Las universidades deben actualizarse en tecnología y contenidos, es urgente», dice. Escúchala en #ElRegreso https://open.spotify.com/episode/2cbytK7ukShjR2tTrZxVDK
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La Sociedad de Beneficencia de Arequipa (SBA) administra actualmente más de 300 inmuebles y sostiene su funcionamiento mediante los alquileres de estas propiedades, el cementerio y museo La Apacheta, las zonas azules y pequeños talleres productivos. De acuerdo con su gerente, Augusto Arce, la entidad recauda alrededor de 13 a 14 millones de soles anuales, cifra que permite mantener los albergues, comedores y programas sociales dirigidos a más de 350 beneficiarios, entre niños, adultos mayores y personas con enfermedades mentales.
Las rentas de los inmuebles han mostrado un incremento significativo: de un promedio de S/230 000 mensuales en 2024 pasaron a S/480 000 en 2025, impulsadas por procesos de desalojo y recuperación de propiedades. La Beneficencia también mantiene una sentencia judicial favorable por más de S/800 000 frente a la red de salud Arequipa-Caylloma, deuda que, con intereses, asciende a cerca de S/2 millones. A ello se suman los ingresos del cementerio La Apacheta, que genera unos S/450 000 mensuales con la venta de nichos y mausoleos, además de las zonas azules, que aportan más de S/100 000 al mes.
Aunque la institución mantiene finanzas positivas, Arce precisó que solo se sustenta la manutención de los programas, pero no mejoras ni ampliaciones. Tampoco recibe apoyo económico de autoridades, por lo que sus operaciones dependen únicamente de los programas productivos. Con la estabilidad contable alcanzada, la SBA planea relanzar la Lotería de Arequipa, desaparecida hace más de dos décadas, con la meta de ampliar sus ingresos y financiar nuevos proyectos sociales.
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Remodelación del Hotel Presidente paralizada
Uno de los principales inmuebles en disputa es el Hotel Presidente, ubicado en el centro histórico, cuya gestión se encuentra judicializada desde 2020, tras una serie de irregularidades en procesos de licitación y desmantelamiento. Mientras no exista una resolución judicial definitiva, Arce indicó que la Beneficencia no podrá atraer inversión ni ejecutar obras de remodelación.
Lotería de Arequipa: un proyecto para generar recursos sociales
La SBA busca reactivar la Lotería de Arequipa en 2026. El plan contempla la creación de un directorio propio que supervise y transparente la gestión de los fondos, garantizando que las utilidades se destinen a los hogares y comedores administrados por la entidad. Con ello, la Beneficencia apunta a recuperar un proyecto tradicional que en el pasado financió obras sociales en la región.
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El ministro boliviano de Medio Ambiente y Agua, Álvaro Ruiz, afirmó que los incendios en esta área protegida se deben a la presencia de estas actividades ilegales.
Por: Iván Paredes Tamayo, fuente: Mongabay Latam. El Parque Nacional Noel Kempff Mercado, ubicado en el departamento de Santa Cruz, es el área protegida de Bolivia más afectada por los incendios. En esta reserva, 15 000 hectáreas ya fueron arrasadas por las quemas. Desde el Gobierno boliviano aseguran que son provocadas por el narcotráfico y la minería ilegal. Fuentes policiales afirmaron, además, que la droga que se produce en esta área protegida sale a Brasil por su cercanía.
Ante la consulta de Mongabay Latam, el ministro de Medio Ambiente y Agua de Bolivia, Álvaro Ruiz, confirmó la presencia delictiva en el Noel Kempff Mercado. “Las actividades ilegales pueden ser las principales responsables” de los incendios, sostuvo, y añadió que las sospechas recaen en la minería ilegal y el narcotráfico.
Ruiz explicó que en varias ocasiones bomberos forestales y militares sofocaron los incendios en el parque Noel Kempff Mercado, uno de los más extensos de Bolivia, pero que en otros puntos se activan nuevos focos.
La zona con fuego activo en el Parque Noel Kempff Mercado, en el departamento de Santa Cruz, Bolivia. Foto: cortesía: Viceministerio de Defensa Civil
Una fuente policial explicó a Mongabay Latam que la presencia de narcotraficantes en el área protegida data de hace más de 40 años y que en un inicio se encontraron plantaciones de hoja de coca, pero luego de varios operativos, se destruyeron laboratorios especializados para fabricar clorhidrato de cocaína. “Esa cocaína refinada se va directamente a Brasil, por la cercanía que hay con el parque Noel Kempff Mercado”, dijo la fuente, que pidió reserva de identidad.
El Parque Nacional Noel Kempff Mercado tiene una extensión de 1 523 446 hectáreas recostadas sobre el oriente de Bolivia, al norte del departamento de Santa Cruz y en la frontera con Brasil. La UNESCO declaró a esta reserva como Patrimonio Natural de la Humanidad en el año 2000. Aun así, esta área protegida viene siendo avasallada por actividades delictivas.
Fue creada en 1979 con el nombre de Huanchaca y con algo menos de la mitad de su tamaño actual. La reserva conoció tres diferentes etapas en su evolución. La inicial, hasta 1986, podría calificarse de inactiva. El parque existía sobre el papel, pero sin presencia física de controles o guardas ni una gestión concreta en cuanto a investigación científica ni cualquier otro tipo de aprovechamiento. La soledad del lugar facilitó su colonización por el creciente narcotráfico que se movía por la región. Dentro del parque comenzaron a funcionar laboratorios de producción de cocaína, se construyeron pistas clandestinas de aterrizaje y el negocio de la droga se hizo dueño de la zona.
El escenario se tornó violento, y fue así cuando el 5 de septiembre de 1986, en la meseta de Caparú, una de las más altas del parque, fue asesinado por narcotraficantes Noel Kempff Mercado, el naturalista más reconocido del país, quien acompañaba a una misión de investigadores españoles.
Serranía de Caparú, en el Parque Nacional Noel Kempff, Santa Cruz, Bolivia. Foto: Hermes Justiniano
Tras el asesinato del naturalista
La noticia de la tragedia sacudió a la sociedad y motivó un cambio de actitud hacia el parque. Fue creado el Centro Regional de Conservación de la Naturaleza con la tarea de planificar y gestionar el área, que un par de años más tarde cambiaría de nombre para homenajear al científico fallecido. Allí comenzó un lento proceso de organización que se consolidaría a partir de 1993, cuando dos organizaciones, la local Fundación de Amigos de la Naturaleza (FAN) y la estadounidense The Nature Conservancy (TNC), diseñaron y presentaron un proyecto para la gestión global del área. Ahí comenzaba la época dorada.
En esa misma meseta de Caparú, donde a Noel Kempff Mercado lo sorprendió la muerte, existe una hermosa cascada de agua de 88 metros de altura. Otra de sus maravillas es el río Paucerna, donde se denuncia que hay minería ilegal.
Hace tres meses, la fuerza antidrogas de Bolivia y el Ministerio Público hallaron y destruyeron dos «megalaboratorios» para procesar cocaína en el parque nacional. Estas factorías tenían una capacidad aproximada para producir media tonelada diaria de cocaína de alta pureza. Según la investigación, en uno de estos laboratorios se producía alrededor de 500 kilos de cocaína por día, ya que contaba con ambientes y equipos para la cristalización y purificación de la droga y se identificó que allí operaban «ciudadanos colombianos y brasileños».
Uno de los laboratorios de cocaína destruidos en el parque Noel Kempff Mercado. Foto: cortesía El Deber
El segundo laboratorio se encontraba en proceso de instalación, pues, aunque también tenía ambientes y equipos, aún no estaba operando por falta de instalaciones de luz y agua, según la fiscalía boliviana.
«Nosotros no vamos al parque porque están los narcos en el lugar donde se encuentran nuestras parcelas, ellos están justo donde tenemos que ir”, explicaron a Mongabay Latam investigadores del Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado (MHNNKM), que pidieron resguardar sus nombres por su seguridad.
Estas personas explicaron que esas parcelas para monitoreo se asignaron y visitaron desde 1993. Y que a partir de entonces se incorporaron a una red de inventarios forestales en 2001. “Es una red de más de 200 investigadores de toda la Amazonía. Se publica cantidad de artículos, cada dos años esas parcelas deben medirse para ver la dinámica de cuántos individuos crecieron, murieron, etcétera”, dijo la fuente.
“Cada vez que nos dicen que entremos desde el SERNAP (Servicio Nacional de Áreas Protegidas), a la semana aparece alguna noticia de narcotráfico. No es chiste, son vidas en peligro”, dijeron. Y remarcaron que hay fondos económicos de ingleses y alemanes para esto, pero que desde 2018, aproximadamente, no pudieron retornar, según otro funcionario del MHNNKM. Según expertos, los narcotraficantes incendian los terrenos del área protegida para abrir caminos, instalar sembradíos de hoja de coca y hasta para construir pistas clandestinas.
Joao Paulo Berté, delegado policial en la localidad Vila Bela, frontera entre Brasil y Bolivia, afirmó que tienen registro de al menos cinco encuentros armados de narcos en los operativos de la Gefron (policía de frontera). Ocurrieron en los últimos dos años y medio en el límite con el parque Noel Kempff Mercado.
“Hemos logrado identificar colombianos trabajando en las fronteras, son los mejores en la química de la coca. Los traficantes que son de Bolivia contrataron a esos colombianos. Se les ha detectado en Vila Bela haciendo compras. Y tenemos información confirmada de que también fueron detectados en San Ignacio de Velasco”, municipio de Bolivia, dijo Berté.
Transporte de droga
Sobre los actores bolivianos en frontera, el funcionario brasileño dijo que se trata especialmente de familias que trabajan con el transporte. Y que dominan esta parte del negocio. Berté explicó que es precisamente por esta falta de control del transporte que el Primer Comando Capital (PCC) hace el “esfuerzo” de pasar las drogas por Paraguay, territorio que sí controla.
Para Berté, el narcotráfico se intensificó con toda certeza desde la pandemia. Auguró que, en cinco años, la frontera de Bolivia y Brasil tendrá un “crecimiento en violencia”. Pues antes existían entre tres y cuatro familias disputando el negocio del transporte de la cocaína, pero actualmente serían alrededor de 15 clanes.
Cascadas, en el parque Noel Kempff Mercado, Bolivia, una área protegida donde se expande el narcotráfico y la minería ilegal. Foto: cortesía Sernap
“Empiezan a disputar territorios, compradores, a denunciarse entre ellos”, dijo. Sobre su certeza de que el PCC opera en Brasil y Bolivia, explicó que se puede identificar a esta mafia por su forma de ataque.
Según la policía antidroga boliviana, los comunarios están involucrados en el narcotráfico por la zona del parque Noel Kempff Mercado y la TCO Bajo Paraguá. Sobre todo en las comunidades de Florida y Porvenir, donde tienen más vegetación para esconderse.
En la investigación hay pistas sobre colombianos que lavan dinero de la cocaína en municipios bolivianos de Concepción, San Ignacio, San Miguel y San Rafael. “En todos lados están los prestamistas, colombianos en moto, que son informantes, saben de los movimientos. Esto es una empresa organizada. Hay narcos con almacenes, compran tierras, tienen estancias por todos lados, alquilan maquinaria a otros agricultores, así legalizan la plata del narco. Hoy esos narcotraficantes son sojeros, ganaderos, y los más grandes son los brasileños”, apuntó la fuente policial.
Mongabay Latam consultó al Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas sobre las acciones que realiza en el parque Noel Kempff Mercado. Esta entidad afirmó que se realizan “operativos permanentes” en la reserva. Y que incluso instalaron el año pasado una base móvil que puede albergar hasta 32 uniformados de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN).
Según esta entidad, se realizó una inversión de 3.3 millones de bolivianos (más de 474.000 dólares) para instalar esa base móvil. Se encuentra en la región donde Noel Kempff Mercado acabó asesinado por narcotraficantes.
Imagen principal: la base móvil que se instaló en el parque Noel Kempff Mercado. Foto: cortesía ABI
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El jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Gaspar Morán, alertó sobre un cambio demográfico profundo en el Perú, marcado por una caída en la tasa de fecundidad y un aumento de la población adulta mayor. Hace 60 años, cada mujer peruana tenía en promedio 6,6 hijos; hoy la cifra es de 1,8 […]
El jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Gaspar Morán, alertó sobre un cambio demográfico profundo en el Perú, marcado por una caída en la tasa de fecundidad y un aumento de la población adulta mayor. Hace 60 años, cada mujer peruana tenía en promedio 6,6 hijos; hoy la cifra es de 1,8 hijos por mujer y se espera que siga disminuyendo.
Morán explicó que esta transformación afectará la disponibilidad de mano de obra y exigirá ajustes en la planificación de políticas públicas.
“Si ahora quisiéramos que nuestros hijos estudien medicina, le recomendaría gerontólogos, porque habrá más adultos mayores que niños”, indicó. Según proyecciones, para 2036-2037, la población de menores de cinco años será equivalente al número de adultos mayores.
El jefe del INEI subrayó la relevancia de la estadística para anticipar cambios y tomar decisiones informadas. Señaló que los datos permiten prever situaciones cotidianas, como riesgos de salud o condiciones climáticas, y destacó que el país cuenta con 1,5 millones de funcionarios públicos trabajando por el bienestar de 34 millones de habitantes.
Además, Morán anunció próximos proyectos estadísticos, incluyendo una encuesta de victimización y un censo penitenciario, con el objetivo de generar información de base confiable para enfrentar los desafíos del futuro.
“Tenemos que atacar la raíz de los problemas con datos precisos”, enfatizó, destacando que la planificación basada en estadísticas es esencial para el desarrollo del Perú.
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AGENDA REGIONAL | Para Harvey Colchado, exjefe de la Diviac, la corrupción es el “hilo conductor” que explica el deterioro institucional en el Perú. Señala que el país arrastra expresidentes encarcelados o investigados, además de fiscales y oficiales que habrían pagado por sus cargos o ascensos.
Ese circuito de favores, advierte, coloca en el poder a personas cuya prioridad es recuperar la inversión realizada o responder compromisos políticos, antes que servir al país.
Mira la entrevista completa en https://www.youtube.com/watch?v=ZJ76lcnvse0&t=166s
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La Contraloría General de la República acaba de revelar un esquema de presunta corrupción institucionalizada en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, con un perjuicio de S/ 3,418,686.40. Siete contratos de emergencia del Fenómeno El Niño 2023-2024 se pagaron a empresas improvisada que no cumplían requisitos, dejando «obras de fachadas» que a la […]
La Contraloría General de la República acaba de revelar un esquema de presunta corrupción institucionalizada en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, con un perjuicio de S/ 3,418,686.40. Siete contratos de emergencia del Fenómeno El Niño 2023-2024 se pagaron a empresas improvisada que no cumplían requisitos, dejando «obras de fachadas» que a la fecha ya no sirven. Se trata de trabajos de mantenimiento de techos en diversos locales de la UNICA.
El fraude se originó mediante la contratación directa DIRECTA-PROC-2-2023-UNICA-1, supuestamente para obras urgentes de emergencia. La Contraloría determinó que esta urgencia fue fabricada, incluyendo infraestructura de zonas seguras, como la Facultad de Agronomía en Subtanjalla, no declarada en «grave peligro inminente» según decreto de emergencia de El Niño.
Los informes legal y técnico que avalaron la contratación ilegal fueron firmados por Rudecindo Jesús Gutiérrez Valdez (Asesoría Jurídica) y Juan José Ramírez Rodríguez (Abastecimiento). Ambos funcionarios permitieron adjudicaciones sin concurso y sin justificar la necesidad de fondos de emergencia, facilitando que el dinero público fuera desviado.
Contraloría inspecciona techo: Personal de control verifica el deterioro de la infraestructura universitaria, constatando la ineficacia de las obras contratadas.
Cuatro empresas improvisadas cobraron más de 3,4 millones de soles
Entre el 22 de diciembre de 2023 y el 8 de enero de 2024 se adjudicaron los contratos a cuatro postores sin capacidad técnica, sumando S/ 3,418,686.40. Entre ellos están GPRADA S.A.C., INVEEL A&D Universal SAC, Servicios de Calidad Reyes EIRL y Consorcio Noel, quienes realizaron trabajos considerados «obras de fachadas» en varias sedes universitarias, incluyendo la Ciudad Universitaria 2 y el Comedor Universitario.
Lo más increíble que la empresa INVERSIONES.LANDER.EIRL, responsable de supervisar la mayoría de los contratos, dio conformidad a informes finales a pesar de las fallas graves, evidenciando filtraciones, humedad, empozamientos y deterioro prematuro en techos y paredes. La Contraloría verificó que la infraestructura quedó totalmente vulnerable.
De las obras ya no queda casi nada, cuando deberían seguir siendo útiles por varios años. En la Ciudad Universitaria encontraron cableados expuestos y aguas estancadas, y en el Comedor Universitario proliferaron hongos. En la Facultad de Ingeniería Mecánica, las filtraciones afectaron incluso pizarras interactivas y laboratorios.
Aula afectada por filtraciones: El techo en mal estado provocó daños en pizarras interactivas y mobiliario, dejando el espacio inutilizable para clases.
Los contratos incluyeron obras en Facultad de Derecho, Ingeniería Química, Odontología, Contabilidad y Agronomía, todas con fallas graves. La sede de Subtanjalla sufrió inundaciones en aulas y oficinas por un desnivel del piso. Estas obras carecían de planificación técnica y supervisión profesional. Prácticamente habrían simulado hacer obras para cobrar dinero.
No hay error administrativo en los procesos, habría sido intensional
La auditoría establece que esta situación no fue un error administrativo, sino una acción deliberada con responsabilidad máxima. Se imputan penal y civilmente a Christian Erik Valenzuela Vásquez (OEC) y Alejandro Sulpicio Escate Hernández (Infraestructura y Mantenimiento) por convalidar empresas sin idoneidad y autorizar el desembolso de los S/ 3.4 millones.
El Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 12263-2025-CG/GRIC-AC cubre el periodo del 5 de setiembre de 2023 al 17 de junio de 2024 y documenta la evidencia física y legal de las fallas. La Contraloría ha ordenado el inicio de acciones legales contra los funcionarios y la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción.
Este caso expone un desfalco sistemático en la UNICA, donde la manipulación de normas de emergencia y la adjudicación a dedo permitieron que 3,4 millones de soles fueran pagados por servicios ineficientes y peligrosos, dejando la infraestructura universitaria en riesgo y afectando gravemente la seguridad de estudiantes y personal académico.
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