En medio de la creciente preocupación por el retraso en la construcción de la carretera en Huanchaco, un poblador denunció públicamente que la empresa a cargo de la obra estaría utilizando sus oficinas como un local de venta de menús, situación que generó indignación entre los vecinos y llamó la atención durante la visita del […]
En medio de la creciente preocupación por el retraso en la construcción de la carretera en Huanchaco, un poblador denunció públicamente que la empresa a cargo de la obra estaría utilizando sus oficinas como un local de venta de menús, situación que generó indignación entre los vecinos y llamó la atención durante la visita del gobernador regional de La Libertad, César Acuña.
El incidente ocurrió cuando un ciudadano encaró al gobernador regional para expresarle su malestar por lo que consideró una falta de respeto hacia la población. Según relató, en el mismo espacio destinado a la oficina de la empresa constructora se estaría ofreciendo comida al público, mientras que la obra avanza con lentitud.
Acuña, sorprendido por la denuncia, aseguró desconocer el hecho y giró la mirada hacia el gerente general del Gobierno Regional de La Libertad, Martín Namay, quien lo acompañaba en la visita de inspección.
Durante su intervención, el poblador denunciante detalló que el avance físico de la obra apenas alcanza un 4%, a pesar de que el Gobierno Regional ya transfirió 40 millones de soles para su ejecución.
Además, lamentó la ausencia de liderazgo distrital:
“No tenemos alcalde de Huanchaco, no hay quien nos represente”, señaló, recordando que, pese a los compromisos asumidos por Namay y el gerente regional de infraestructura, Jorge Luis Bringas, de iniciar los trabajos desde Huanchaco hacia el óvalo, esto nunca se cumplió.
“Los pobladores pedimos que avancen de manera estratégica, pero no pasó”, agregó indignado.
Malestar en la propia obra
El vecino también reveló que incluso el ingeniero residente de la obra habría manifestado su frustración y descontento con la situación:
“Esta obra no vale, yo renuncio”, habría dicho el profesional, según el testimonio recogido.
No obstante, los ciudadanos insisten en que el proyecto debe continuar, dejando en claro que, pese a los problemas, no existe otra alternativa viable para mejorar la transitabilidad en la zona:
“Como huanchaqueros queremos que la obra se ejecute, no tenemos otra opción, necesitamos la obra”, enfatizó.
Ante la presión vecinal, el gobernador regional César Acuña anunció la anulación del contrato con la empresa ejecutora, argumentando que se detectaron irregularidades en la documentación presentada.
Sin embargo, el anuncio no calmó los ánimos de la población, que exige no solo la continuidad de la obra, sino también sanciones ejemplares contra autoridades, funcionarios y empresarios involucrados.
Advertencia a la autoridad
Finalmente, el poblador que lideró el reclamo lanzó una advertencia política directa al gobernador:
“Si usted declara nulidad, muere Huanchaco y muere cualquier candidatura política de usted”, afirmó, evidenciando la tensión entre la población y las autoridades regionales frente a un proyecto considerado vital para el desarrollo de Huanchaco.
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INPE y Policía decomisaron celulares, drogas y objetos prohibidos en el penal de varones de Arequipa. | IMAGEN: Difusión/El Búho
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) intensificó los operativos de control en el penal de varones de Arequipa (Socabaya), con el objetivo de frenar las extorsiones y actividades ilícitas que se organizan desde el interior de los pabellones. En un operativo extraordinario, los agentes decomisaron 3 celulares y 21 envoltorios de papel con sustancias prohibidas.
La intervención, liderada por el director del penal, Rolando Cárdenas Campos, contó con la participación de 27 agentes de seguridad penitenciaria, 117 policías encabezados por el comandante PNP Daniel Elías Torres García, y 2 fiscales. El operativo se realizó en los pabellones C y D, considerados de mediana y máxima seguridad. Mientras los fiscales levantaban las actas correspondientes, la Policía Nacional se encargó de las pruebas de campo a las sustancias halladas.
El presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, ordenó estas acciones como parte de una estrategia nacional para cortar las comunicaciones ilegales que alimentan las mafias de extorsión. La revisión incluyó inspecciones a internos, pertenencias, celdas y áreas comunes, sin dejar espacios libres de control.
En un segundo operativo, desarrollado en el pabellón D-3, el personal intervino las celdas de cinco internos, donde se encontraron celulares, 3 cargadores, 4 cables USB, un chip y un audífono. Este trabajo se realizó bajo la supervisión de Omar Córdova Villar, director de la Oficina Regional Sur Arequipa, tras un seguimiento de inteligencia penitenciaria.
Celulares, drogas y objetos prohibidos en Socabaya
La presión de los controles también alcanzó al pabellón D-4, donde se detectaron 5 bolsas con estupefacientes y 4 con tabaco, sustancia restringida en el sistema carcelario. El panorama confirma que los intentos por vulnerar la seguridad continúan, pero las autoridades refuerzan la vigilancia.
Los controles no se limitan a los pabellones. En el área de revisión de paquetes, se intervino a José Eduardo Félix Huamani, quien intentó ingresar una memoria USB dentro de su vehículo. Asimismo, Haydeé Yessica Barreto fue descubierta con 2 celulares escondidos en su cartera, destinados al interno Luis Abel Barreto Chávez.
El director del penal, Rolando Cárdenas Campos, recalcó que no se dará tregua a las extorsiones y que se mantendrán los operativos de forma constante. La estrategia busca reafirmar el principio de autoridad y frenar la salida de llamadas que sostienen las mafias desde la cárcel.
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Bajo serios cuestionamientos, el ministro Juan José Santiváñez, se enfrentaría a una moción de censura o a una investigación, como lo sostienen algunos congresistas y especialistas, debido al “despacho paralelo” y en horas de trabajo que habría desarrollado el actual titular de Justicia.
Aunque Santiváñez Antúnez niega que haya habido irregularidades, la coincidencia de los parlamentarios con los peritos, está en que las reuniones de un funcionario, “dentro del horario de trabajo, dentro del horario de funciones, obviamente tiene que rendir cuentas”.
Diego Bazán, congresista de Renovación Popular, dijo este martes que, particularmente, está a favor de apoyar la presentación de una moción de censura contra Juan José Santiváñez, tras cuestionar seriamente su retorno al Gabinete Ministerial. “La salida de Santiváñez es necesaria y urgente, debido a los cuestionamientos que existen en su contra y a que no haría un buen papel dentro del sector al que fue designado”.
También aprobarían una moción de censura, el vicepresidente de Fiscalízación, Carlos Zeballos (Bloque Democrático Popular), quien dijo que su bancada presentará una, considerando su censura previa cuando fue ministro del Interior y, porque tiene acusaciones e investigaciones de por medio. Y de igual parecer es el congresista Alejandro Cavero (Avanza País) quien afirmó a El Comercio que sí apoyaría la censura de Santiváñez debido a que nunca debió volver al gabinete.
¿Qué dijeron otros congresistas?
Otros congresistas están de acuerdo con citarlo para que responda y aclare la razón de sus reuniones, dado que por lo menos en una de estas estuvo una persona investigada. Tal es el caso del presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Elvis Vergara (Acción Popular), quien dijo que su grupo citará al ministro para que aclare sus reuniones en el bar El Cordano, como denunciaron los programas Panorama y Cuarto Poder.
Norma Yarrow, de Renovación Popular, dijo que debe indagarse “cualquier reunión que tenga una persona que es pública, sobre todo con personas vinculadas a alguna investigación”. Álex Paredes (Somos Perú) también dijo que el problema es que los encuentros del ministro se hayan realizado en horario laboral, lo que debe ser investigado por el Ministerio Público. Y coincidió Jorge Montoya (Honor y Democracia) quien afirmó que las reuniones deben ceñirse a lo que establece la ley y que todo apunta a que fueron en horario de trabajo.
Patricia Juárez, de Fuerza Popular, dijo sobre si apoyaría citar al ministro Santiváñez al Congreso que, se tendría que ahondar un poco en el tema al interno de la bancada para analizarlo de manera conjunta.
Expertos afirman que reuniones debieron hacerse en la sede institucional
El Comercio consultó a algunos expertos para que dieran su opinión sobre las reuniones de Santiváñez. José Luis Gargurevich, director ejecutivo de ProÉtica, dijo que, “todo acto de gestión de intereses se hace en la sede institucional, debe estar programado y registrado en la Agenda Oficial… es un mandato de ley”. “La transparencia es un principio del Código de Ética de todos los servidores públicos, pero también la prohibición de mantener conflicto de intereses”, dijo.
Dijo que se debe abrir investigaciones penales por parte de la Fiscalía y evaluar sanciones que recomiende la contraloría, más allá de la responsabilidad política. “Los actos de opacidad de los altos funcionarios de Estado deben ser sancionados, políticamente, pero también a través de los órganos de control, si es que queremos recuperar el rol de la Contraloría”.
El abogado penalista y exfiscal anticorrupción, Jorge Vargas Sueldo, dijo que los videos deben ser evaluados dentro de las pesquisas del Eficcop en torno a presuntos actos de corrupción durante la gestión de Juan José Santiváñez en el Ministerio del Interior. Más que a abrir una nueva investigación se le debe citar como testigo en el ‘Caso Ícaro’.
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Autoridades incautaron casi ocho kilos de carne de lagarto usados en un restaurante amazónico de Arequipa. | IMAGEN: Serfor/El Búho
Un operativo conjunto del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y la Policía Nacional del Perú (PNP) terminó con el decomiso de carne de lagarto en un restaurante amazónico ubicado en el distrito de Socabaya, Arequipa. La intervención se realizó tras detectar videos en TikTok, donde el local promocionaba platos elaborados con esta carne prohibida.
Los agentes encontraron cinco trozos del reptil, que en total sumaban casi ocho kilos. Según las investigaciones preliminares, el producto era empleado en la preparación de platos típicos de la Amazonía. El hallazgo no solo evidenció la tenencia ilegal de fauna silvestre, sino también un serio riesgo para la salud pública.
Serfor explicó que el consumo de carne de animales silvestres está prohibido en el Perú. La caza indiscriminada de lagartos puede provocar la reducción drástica de la especie y afectar los ecosistemas amazónicos, ya que estos depredadores cumplen un rol fundamental en el control de otras poblaciones. Además, consumir esta carne expone a la población a zoonosis, enfermedades que se transmiten de animales a humanos.
La administradora técnica de Serfor en Arequipa, Luis Felipe Gonzáles, recalcó que la ciudadanía puede denunciar casos similares a través del aplicativo Alerta Serfor, una herramienta gratuita que permite reportar situaciones irregulares desde cualquier lugar.
Una infracción muy grave que pone en riesgo la biodiversidad
La mujer identificada como responsable del local enfrentará un proceso administrativo sancionador por una falta muy grave, de acuerdo con el Decreto Supremo 007-2021-MIDAGRI. La sanción incluye el pago de una multa que se determinará según los lineamientos de gradualidad de la norma.
Policía y Serfor intervinieron un restaurante amazónico en Arequipa que promocionaba carne de lagarto en redes sociales. | IMAGEN: Serfor
El Serfor recordó que la tenencia, venta o transporte de fauna silvestre de origen ilegal puede castigarse con multas que van desde 10 hasta 5000 UIT, en el marco de la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Las autoridades insistieron en que estos actos no solo afectan la biodiversidad, sino que también alteran la salud de los ecosistemas y, en consecuencia, de la propia población.
El organismo reiteró su llamado a la población a no consumir ni comercializar carne de animales silvestres y a denunciar cualquier situación sospechosa que ponga en peligro la fauna amazónica.
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Autoridades del GORE Arequipa y la ANIN supervisaron avances del terreno donde se levantará el nuevo IREN Sur. | IMAGEN: GRA
Discretos avances en el proyecto del nuevo Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur (IREN Sur). El Gobierno Regional de Arequipa (GRA), a través de la Gerencia Regional de Salud (Geresa), coordina con la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) para concretar la entrega del terreno donde se levantará la infraestructura de contingencia. Esta etapa garantizará que los pacientes con cáncer reciban atención continua mientras dure la construcción del hospital definitivo.
El gerente regional de Salud, Walther Oporto Pérez, encabezó una reunión técnica en el predio de 8 332 m², junto a representantes del IREN Sur, del Hospital Honorio Delgado y funcionarios de la ANIN. El terreno ya cuenta con el visto bueno de la autoridad nacional, un paso clave para iniciar la siguiente fase del proyecto.
Actualmente, el Hospital Honorio Delgado prepara el acta de libre disponibilidad y se encarga de la delimitación y limpieza del espacio. Según Oporto, el terreno se entregará antes de la quincena de setiembre, primero al GORE y luego a la ANIN, entidad que ejecutará las obras de contingencia.
Este espacio albergará una infraestructura temporal que permitirá instalar equipos de alta tecnología como el resonador magnético y el tomógrafo, vitales para mantener la capacidad de diagnóstico y tratamiento en la región. La estrategia de ejecución será bajo la modalidad Fast Track, lo que significa optimizar plazos y acelerar la puesta en marcha de los servicios oncológicos.
Una obra de largo aliento para la atención del cáncer en el sur
El proyecto global del nuevo hospital oncológico está valorizado en S/ 1,200 millones y se ejecutará en un plazo de 24 meses. El cronograma establece que las obras principales culminarán en diciembre de 2028, con la apertura oficial del hospital en enero de 2029. Será un hito histórico en la atención del cáncer en el sur del país.
Durante la última visita técnica, los equipos de Geresa, IREN Sur y ANIN también supervisaron los estudios topográficos y de suelos, así como la definición de accesos para pacientes. Este avance representa un paso firme hacia un hospital de primer nivel que busca brindar atención integral y digna a miles de pacientes oncológicos.
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El Poder Judicial inició un juicio de enormes proporciones contra 46 individuos investigados por su presunta responsabilidad en una serie de delitos vinculados a una guerra por el control de la minería ilegal. Este conflicto ocasionó una sangrienta masacre en 2022 en la provincia de Caravelí, Arequipa.
El colegiado, presidido por los jueces Soledad Coaguila Turpo, David Morales Flores y Mauricio Hernani Neyra, declaró complejo el proceso. Esto, debido a la pluralidad de crímenes, el alto número de acusados y el voluminoso cuerpo probatorio.
La dimensión del caso se evidenció aún más el pasado mes de mayo, cuando la Policía Nacional, en un megaoperativo, detuvo a seis presuntos integrantes de la organización criminal «Los Intis», vinculados al tráfico de armas y a la minería ilegal en Caravelí. El operativo, ejecutado en Arequipa y Lima, incluyó allanamientos donde se incautó armamento de guerra. Además, importantes sumas de dinero en efectivo, cuyo origen no pudo ser justificado.
Según las autoridades, este grupo estaría conectado con los hechos del 2022. El comandante PNP Manuel Salazar Quiroga confirmó que la organización está ligada a los enfrentamientos entre los grupos Atico Calpa y Calpa Renace. Mineras que se disputaban el control territorial de concesiones de la empresa Intigold Mining.
Graves delitos en juicio en Arequipa
Los procesados enfrentan cargos por una larga lista de delitos que incluyen organización criminal, usurpación agravada, fabricación y tenencia de materiales peligrosos, fabricación y porte de armas, sicariato y homicidio simple. La Fiscalía sostiene que los acusados conformaron dos estructuras criminales rivales que, entre 2021 y 2022, se enfrentaron violentamente.
El episodio más trágico ocurrió el 2 de junio de 2022, cuando un violento ataque con armas de fuego y explosivos en la zona de Huanaquita, Atico, dejó un saldo de 14 personas fallecidas y varios heridos. El hecho conmocionó a la región de Arequipa por su extrema brutalidad.
De los 46 imputados, 19 se encuentran actualmente en prisión preventiva. Otros se han acogido a la figura de la confesión sincera, mientras que el resto enfrenta el proceso en libertad pero con medidas restrictivas. La acumulación de pruebas es considerable, e incluye testimonios clave, pericias balísticas, exámenes de necropsia e interceptaciones telefónicas.
Este megajuicio marca un hito en la búsqueda de justicia para las víctimas de la minería ilegal en Arequipa.
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Pedro Castillo seguirá preso: PJ desestima su pedido mientras Claudia Sheinbaum le brinda apoyo internacional.
Jefa de investigación de Panamericana denuncia plan para atentar contra su vida: Acusa a Dina Boluarte y Juan José Santiváñez
Entre gritos, Dina Boluarte vuelve a atacar a los detractores de su gobierno
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Un grupo de padres de familia en Arequipa denunció que el Instituto Peruano del Deporte (IPD) habría cometido graves irregularidades en la organización de un torneo de ajedrez. Los afectados sostienen que nunca se les informó sobre la fecha exacta del certamen, pero días después descubrieron que ya existía una lista de ganadores publicada sin que los inscritos pudieran competir.
Padres acusan irregularidades en Arequipa
La molestia creció cuando los denunciantes señalaron que, pese a cumplir con el proceso de inscripción, no se les comunicó oportunamente el cronograma oficial. Recién semanas después, al revisar medios de comunicación, encontraron que se habían difundido resultados y nombres de ganadores, lo que despertó sospechas de favoritismo y corrupción en el proceso.
De acuerdo con los padres, al menos doce jóvenes quedaron fuera de la competencia sin recibir explicación alguna. “Nos enteramos por la prensa que ya había ganadores, cuando nuestros hijos nunca fueron convocados. Esto no es justo”, expresó Genaro Zapata, uno de los padres presentes en la protesta realizada frente a la sede del IPD en Arequipa.
Los denunciantes aseguran contar con documentos y grabaciones que demostrarían irregularidades en la gestión del evento. Además, señalaron que en una primera reunión la presidenta del IPD regional reconoció el problema y se comprometió a realizar una nueva convocatoria, pero días después negó haber hecho tal promesa. Esta contradicción aumentó la desconfianza de los familiares.
“Mi hijo se prepara bien, estudia bien, y no me parece justo. Han vulnerado sus derechos al no participar de este torneo”, reclamó otra madre de familia, indignada por lo sucedido con su hijo de 17 años.
La protesta busca que el IPD rectifique y organice un nuevo torneo antes del cierre de fechas oficiales, previsto para inicios de septiembre. Los padres recalcan que esta situación no es un hecho aislado, sino parte de una serie de quejas recurrentes contra la entidad deportiva en la región.
La demanda central es que se garantice igualdad de condiciones para todos los jóvenes ajedrecistas y que no se repitan actos que, según denuncian, atentan contra la confianza en la práctica deportiva en Arequipa.
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El consejero regional por la provincia de Arequipa, Miguel Ángel Linares Riveros, insiste que el Consejo Regional de Arequipa (CRA) no tiene competencia para definir su vacancia. Según el legislador, este es un asunto estrictamente electoral que solo puede ser resuelto por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
“He tenido que ser yo quien oficie directamente al Jurado, por lo que, en el acto, hice llegar mi solicitud en la que pongo de conocimiento que se debe aplicar la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales… Secretaria General me indicó que la aplicación es objetiva… En los próximos días debe salir la resolución de mi vacancia”, afirmó Linares.
El consejero explicó que, ante la falta de pronunciamiento del pleno regional, decidió comunicarse directamente con funcionarios del JNE para acelerar el proceso de vacancia. Recordó que, según la normativa vigente, tras sus tres inasistencias consecutivas injustificadas, el Consejo Regional debió elevar el caso al ente electoral para que este emita la resolución correspondiente.
No obstante, desde la Presidencia del Consejo Regional de Arequipa respondieron, mediante un comunicado, rechazando los señalamientos de Linares y ratificaron que la institución sí tiene competencia para declarar la vacancia.
“Rechazamos las afirmaciones que tratan de desacreditar a nuestra institución, restándole competencias que la ley explícitamente nos confiere”, precisa el pronunciamiento, que además cita el artículo 30 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Dicho artículo establece que la vacancia puede declararse por inasistencia injustificada a tres sesiones consecutivas y que es el Consejo Regional el que debe pronunciarse, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.
El comunicado también recordó que el propio Linares, mediante el Oficio Múltiple 07-2025-GRA-CR/MALR, remitido el 25 de julio, solicitó que se declare su vacancia y se traslade el acuerdo al JNE.
Cruce de versiones
Frente a las críticas, Linares rechazó que su pedido afecte el trabajo de la Comisión de Educación, la cual preside. “Seguiré fiscalizando y denunciando actos de corrupción”,aseguró. Destaca que dicha comisión mantiene la mayor productividad dentro del Consejo.
Además, apuntó contra el presidente del CRA y miembro de su comisión, Osías Ortiz, a quien acusó de no haber asistido a 15 sesiones de trabajo, situación que —dijo— está respaldada por las actas oficiales. Por ello, exigió que Ortiz se rectifique tras declarar que su proceso de vacancia perjudica el normal desarrollo de la comisión.
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El Poder Judicial autorizó que se inicie el juicio oral al expresidente Pedro Pablo Kuczynski por lavado de activos en el caso de Westfield Capital vinculado con Odebrecht. Foto: La Razón
Culminada la etapa de investigación por el delito de lavado de activos, el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional autorizó se inicie el juicio oral al expresidente Pedro Pablo Kuczynski y otros, en el marco del caso Westfield Capital, vinculado a la empresa brasileña Odebrecht.
Este caso de lavado de activos con el agravante de organización criminal en perjuicio del Estado peruano involucra a las empresas Westfield Capital Limited, First Capital Inversiones y Asesorías Limitada, Dorado Asset Management Limitada y Latín American Enterprise Managers, para el que se han admitido 2,577 medios probatorios.
Fue el juez Jorge Chávez Tamariz quien emitió la resolución de más de 2 000 hojas, este lunes 1 de setiembre, en la que dispone el enjuiciamiento del exjefe de Estado y su entonces socio, el empresario chileno Gerardo Sepúlveda, por este caso. Para ambos, la Fiscalía solicita una pena de 35 años, así como una reparación civil que alcanza casi 46.7 millones de dólares.
Asimismo, el juez dispuso que todo lo actuado sea remitido a un juzgado penal colegiado nacional para que fije fecha y hora del inicio del juicio oral contra el exjefe de estado como parte de este proceso penal.
¿Qué hizo la presunta organización criminal que conformó PPK?
El magistrado acusa a Kuczynski Godard de conformar una presunta organización criminal que recibió más de 12 millones de dólares de la constructora brasilera Odebrecht y otras, a través de consultorías y asesorías encubiertas, sobre el proyecto de la Carretera Interoceánica Sur tramos dos y tres, el proyecto de Irrigación Olmos, Rutas de Lima cuando PPK fue un alto funcionario del gobierno del expresidente Alejandro Toledo.
El fiscal José Domingo Pérez además de incluir en su acusación -en su condición de “personas jurídicas”- a las empresas mencionadas, para las que demandó la prohibición de realizar a futuro actividades relacionadas al delito cometido con carácter de definitivo y la empresa Dorado Asset Management Company para la cual solicitó su disolución y liquidación.
La Procuraduría Ad hoc para los casos Odebrecht y Lava Jato solicitó una reparación civil a favor del Estado peruano ascendente a US$ 46 682,264.96 (cuarenta y seis millones seiscientos ochenta y dos mil doscientos sesenta y cuatro con 96/100 dólares americanos).
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Parece que la residencia en el penal de Barbadillo le sigue saliendo con “todo incluido” al expresidente Pedro Castillo, pues la Corte Suprema, haciendo oídos sordos a los argumentos creativos de su defensa, ha decidido que su prisión preventiva por rebelión (ese incómodo incidente del golpe de Estado) se extienda indefinidamente. Su abogado, Juan Sifuentes, alegó con entusiasmo que su cliente ya cumplió “en demasía” los 32 meses de encierro y que, tras la liberación del exministro Sánchez Palomino (a quien la justicia le perdonó la fiesta porque “no intervino en el mensaje a la Nación”), la acusación coautora se había desvanecido.
Sin embargo, el fiscal Martín Rivas Belotti, en un giro que nadie vio venir, argumentó que eso no era un nuevo elemento de convicción y que, de hecho, los motivos para mantenerlo tras las rejas siguen más vigentes que nunca. Castillo, desde su participativa butaca virtual, no perdió la oportunidad de criticar al sistema de justicia, tildando de “sinónimo de injusticia” a los jueces provisionales y acusando colusión entre juez y fiscal. Todo queda en familia, mientras el hábeas corpus que anuncian se prepara para su próxima temporada judicial.
En tanto, el expresidente recibe apoyo internacional de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien insistió que su caso es pura persecución política y discriminación. Incluso solicitó la intervención de la ONU.
Jefa de investigación de Panamericana denuncia plan para atentar contra su vida: Acusa a Dina Boluarte y Juan José Santiváñez
Y estalló la bomba. Tras destaparse la denuncia que coloca a Juan José Santiváñez como presunto cabecilla de una organización criminal en complicidad con la Policía Nacional del Perú, el escándalo ha crecido: ahora hay denuncias de planes contra quienes se atrevan a seguir investigando al engreído de Dina Boluarte.
La jefa de investigación de Panamericana Noticias, Karla Ramírez, reveló que desde la mismísima Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior se habría ordenado acciones en su contra, disfrazadas bajo la fachada de un asalto. La periodista denunció la existencia de una carpeta investigativa con datos personales y detalles de su trabajo, todo ligado a sus indagaciones sobre Santivañez, Nicanor Boluarte y su estrecha relación con la mina “El Dorado”.
Panorama difundió audios que comprometen al general PNP en actividad Mejías Cajadillo, quien —cuando lo apretaron con pruebas— no tuvo más remedio que admitir sus vínculos con el proyecto minero.
¿Y qué dijo Santivañez? Lo de siempre: minimizar. Según él, la denuncia carece de veracidad porque la periodista “está estresada”. Por poco y sale con la vieja excusa machista de que “tiene problemas de mujer”.
Digno ministro de Dina.
Entre gritos, Dina Boluarte vuelve a atacar a los detractores de su gobierno
Mientras, Dina Boluarte sigue sin dar la cara ni aceptar entrevistas. Sin embargo, la tía aprovecha cualquier actividad oficial para soltar sus discursitos furibundos. Desde Carabayllo, la descarada volvió a las andadas y a voz en cuello gritó en defensa de su gobierno. Para empezar, dijo que seguirá trabajando por el país sin dejarse amilanar. Acto seguido, soltó su veneno contra el 94% de peruanos que desaprueban su gestión. Los tildó de negacionistas, odiadores y que buscan la anarquía, el desorden y el terror.
Señora presidenta, quien parece consumida por el odio es usted. Si tanto quiere demostrar la limpieza de su régimen, ¿por qué se muere de miedo de dar entrevistas a la prensa? Más transparencia y menos retoques, Dina.
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Periodista y editora audiovisual. Culminó sus estudios en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y se ha especializado en periodismo digital gracias a la formación de Google Adsense, Google News Initiative y la Fundación Gabo.
Ayacucho: Pobladores de Cora Cora tomaron municipalidad en medida de protesta. Junín: Concejo aprueba vacancia de alcalde por contratación de su sobrina política
Pasó en el Perú | Lambayeque. La ministra del Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, llegó a Chiclayo para entregar 20 millones de soles al municipio distrital de Santa Rosa, al gobierno regional y a la comuna provincial de Chiclayo, para financiar obras de impacto turístico en el marco de la Ruta del papa León XIV.
Lambayeque es una de las cuatro regiones que forman parte de la iniciativa turística que busca difundir los escenarios y legados del papa León XIV durante su labor apostólica en el Perú, informó Semanario Expresión.
Ayacucho: Pobladores de Cora Cora tomaron municipalidad en medida de protesta
Pasó en el Perú | Ayacucho. La provincia de Parinacochas atraviesa días de tensión. Este lunes, pobladores de Cora Cora tomaron la sede de la Municipalidad Provincial como medida de protesta contra la gestión del alcalde Yony Reyes. La movilización incluyó una vigilia en el frontis del local, resguardado por efectivos policiales.
La acción se produjo tras el paro cívico de 24 horas realizado la semana pasada, donde dirigentes, regantes y trabajadores ediles denunciaron obras paralizadas, deficiencias en servicios básicos y presuntas irregularidades en la administración municipal. Algunos pobladores incluso plantearon la vacancia del alcalde.
Durante la protesta, dirigentes y sindicalistas exigieron transparencia y rendición de cuentas. “Pedimos que el alcalde venga y dé la cara”, señaló Víctor Gutiérrez, secretario del sindicato municipal. El regidor José López Puchuri también cuestionó la gestión y solicitó la intervención del Ministerio Público y la Procuraduría Anticorrupción.
Autoridades locales como el subprefecto Franklin Caruas y funcionarios ediles llamaron al diálogo para evitar una mayor confrontación. Los pobladores, sin embargo, advirtieron que mantendrán la vigilia hasta obtener respuestas concretas y no descartan nuevas medidas si sus reclamos continúan sin ser atendidos, informó Jornada.
Junín: Concejo aprueba vacancia de alcalde por contratación de su sobrina política
Pasó en el Perú | Junín. El Concejo Municipal de El Tambo, en Huancayo, aprobó la vacancia del alcalde Julio César Llallico Colca por la causal de nepotismo, con ocho votos a favor y cuatro en contra. La acusación se basa en la contratación de Luz Estefani Ramos Flores, esposa de su sobrino Eslider Alexander Guidotti Llallico, en la Subgerencia de Obras, pese a que no cumplía con los requisitos del cargo.
El pedido fue presentado por el primer regidor Iván Medina, quien sostuvo que Ramos Flores solo tenía un año y cuatro meses de experiencia cuando la convocatoria exigía cuatro. Aun así, su contrato fue prorrogado cinco veces entre noviembre de 2023 y setiembre de 2024. Como prueba, mostró el acta matrimonial de la pareja, en la que el alcalde figura como padrino.
En la sesión, Llallico rechazó las acusaciones y señaló que el proceso de contratación se realizó conforme a la ley. Su defensa alegó que no existe vínculo de consanguinidad ni afinidad que configure nepotismo según la normativa municipal. El alcalde anunció que apelará la decisión y continuará en funciones mientras el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resuelve en última instancia.
Tras la votación, simpatizantes de Llallico lo recibieron en las afueras de la municipalidad, mientras otro grupo respaldó al regidor Medina, quien asumiría el cargo en caso el JNE confirme la vacancia. El burgomaestre enfrenta además cuestionamientos por retrasos en pagos a proveedores y problemas en el recojo de residuos sólidos en El Tambo, informó Huanca York Times.
Cámara de Comercio de Loreto ya tiene certificación ISO internacional
Pasó en el Perú | Loreto. La Cámara de Comercio de Loreto obtuvo la certificación ISO 9001 de calidad y la ISO 37001 antisoborno, posicionándose a la par de otras instituciones como las cámaras de Lima, Arequipa, Trujillo y San Martín. Según su presidente, Jorge Morales Traverso, este reconocimiento permitirá a Loreto contar con un centro de arbitraje acreditado para la conformación de Juntas de Resolución de Disputas, requisito que la normativa nacional exige en obras públicas de más de cinco millones de soles.
Morales señaló que esta certificación contribuirá a reducir la paralización de obras en la región y abrirá la posibilidad de firmar convenios con instituciones internacionales. En esa línea, adelantó que ya existen conversaciones con la Federación Internacional de Árbitros, con sede en Miami, para organizar congresos en Iquitos, informó ProyContra.
Arequipa: Dos hechos delictivos conmocionaron el fin de semana
Pasó en el Perú | Arequipa. Este fin de semana en Arequipa estuvo marcado por dos graves hechos delictivos que evidencian la audacia de la criminalidad. El primero fue un violento asalto al hostal “Kaprichos” en la urbanización 9 de Octubre, donde cinco sujetos armados irrumpieron a medianoche, robaron 11 mil soles tras reducir a las trabajadoras y huyeron tras disparar contra vehículos, logrando evadir un operativo policial.
Paralelamente, en Miraflores, extorsionadores quemaron intencionalmente el local de neumáticos ‘Kevin’; dos sujetos en motocicleta rociaron combustible e incendiaron el establecimiento, causando pérdidas de 300 mil soles como represalia por no pagar el «cupo», luego de que el propietario hubiera denunciado amenazas previas.
Ambos casos, que mantienen en alerta a la ciudadanía, son investigados por la policía, quien analiza las grabaciones de seguridad para identificar a los responsables, informó El Búho.
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PASÓ EN EL Perú | Noticiero desde regiones – 01 setiembre 2025 – Programa de la Red de Medios Regionales del Perú
LAMBAYEQUE: Mincetur entrega S/20 millones para obras por la Ruta del papa León XIV.
AYACUCHO: Pobladores de Cora Cora tomaron municipalidad en medida de protesta.
JUNÍN: Concejo aprueba vacancia de alcalde por contratación de su sobrina política.
LORETO: Cámara de Comercio de Loreto ya tiene certificación ISO internacional. Arequipa: Dos hechos delictivos han conmocionado el fin de semana en Arequipa.
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– Congresistas asumen comisiones para maniobrar por sus intereses – López Aliaga y Mario Vizcarra en preferencias para presidencia 2026 – Dina Boluarte y sus ministros disfrazan investigaciones con anuncios inviables – Conexión regional: Caso Saweto y la justicia que tarda / deslizamientos preocupantes en Huancavelica
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Reconoce reuniones en el Cordano, pero dice que todo es un “cuento” de la Fiscalía. Ratifica que no conoce a Nicanor Boluarte y que ya no tiene relación con Pedro Tenorio
El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez minimizó la nueva investigación Ícaros en el que se le involucra y a Nicanor Boluarte, calificándola de un "cuento" de la Fiscalía. Sin embargo, reconoció la reunión que tuvo con uno de los investigados en el bar Cordano. Imágenes: Panorama
El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez dijo que “parte del Ministerio Público es una organización criminal”, calificó de “cuento”, la nueva investigación que se le sigue, denominada ‘Ícaros’, pero reconoció sus reuniones en el bar Cordano con al menos uno de los involucrados. Ratificó no conocer a Nicanor Boluarte y que no ve a Pedro Tenorio desde 2023.
Santiváñez Antúnez, en entrevista en RPP, calificó al fiscal Carlos Ordaya del EFICCOP, como «un peón de una organización mucho más grande» que operaría en la Fiscalía. Además, aseguró que «hay alguien arriba que está estructurando todo este tema» y que no duda de que la fiscal de la Nación «tiene mucho interés en investigarlo».
Respecto a la presunta red criminal que él encabezaría bajo la denominación de «hombre clave», refirió que hace tres días recién se le notificó por dicho caso y lo calificó como «otro cuento» cuyo objetivo sería «atacar» al Gobierno. Afirmó que el Ministerio Público sería parte de una organización criminal en la que estaría implicado «un grupillo de jueces que están absolutamente identificados y que tendría un modus operandi».
«Cuando deciden atacar a un político, el modus operandi es el mismo: un dominical, la creación de una noticia criminis, la formulación de un requerimiento, la ejecución y nuevamente el dominical… Son los mismos periodistas, son los mismos fiscales, son los mismos jueces, es el mismo modus operandi lo que llaman algunos elementos de EFICCOP, es lo mismo», remarcó.
El ahora titular del Minjusdh sobre las imágenes reveladas en los programas dominicales en las que se le ve en reuniones en el bar Cordano, ubicado cerca a Palacio de Gobierno, en horario de trabajo, dijo que se trataban de reuniones «privadas y amicales», por lo que no tuvieron lugar en la Oficina de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial.
Respecto a la reunión con Marco Antonio Palacios Meza -también investigado en el caso Ícaros, quien sería el intermediario entre Santiváñez y Percy Tenorio, Santiváñez Antúnez dijo que se reunió en ese local porque «el proceso para entrar [a Palacio] dura 40 minutos» y que en el encuentro se trató temas relacionados con su defensa legal.
«Marco no solamente es mi exsocio, Marco es mi abogado en la denuncia interpuesta ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra la Fiscal de la Nación… y en el proceso de indemnización por daños y perjuicios que me ha interpuesto quien en algún momento calificamos como parte de una organización terrorista… el exterrorista que nosotros calificamos y que nos ha demandado por indemnización», explicó.
El ministro de Justicia dijo la reunión fue sumamente rápida, porque habían negado, en primera instancia, la apelación a la demanda interpuesta por esta persona. Había que decidir «si yo me presentaba o no a la audiencia, o él asumía como abogado. Por eso es que la reunión no dura ni 4 o 5 minutos, y le explicaba las razones por las cuales yo consideraba que no debía publicitar más este procedimiento», agregó.
Santiváñez dijo también que Palacios Meza es su amigo desde hace 25 años y que, incluso, fue practicante de su despacho. Negó que haya hecho el papel de intermediario entre él y Percy Tenorio. Sobre las supuestas relaciones con otras personas, dijo que solo le incumbe a él.
«He leído de las supuestas relaciones personales que podría tener el Dr. Palacios, y es un tema que le incumbe exclusivamente a él. El Dr. Palacios, a mí, [no] me ha propuesto alguna conducta ilegítima, algún tema ilegal. Jamás hemos conversado de ninguno de sus clientes y mucho menos generado algún tipo de acción que favorezca», remarcó.
De otro lado, Santiváñez refirió que, desde 2023, no mantiene ninguna relación con Percy Tenorio, a quien la Fiscalía sindica como uno de los principales operadores de confianza de Santiváñez, a quien habría beneficiado irregularmente con 5 contrataciones de defensa legal de efectivos policiales por S/200 mil cada una.
«Pedro Tenorio, el 2020, fue mi cliente, porque, fue el coronel jefe de la DINOES en las marchas donde fallecieron Inti y Bryan…me busca -no era él abogado- para patrocinarlo y…suscribo un contrato con el ministerio del Interior y la Policía para la defensa del señor Tenorio, año 2020…el contrato fue con el despacho, lo patrocinó 2020 [al] 2023… Habiendo pasado 4 años, no nos pagaban. La decisión que tomamos los socios del despacho fue renunciar a la defensa. Incluso el señor Tenorio se molestó por eso», dijo.
No conoce variación de términos de referencia, pero sí que no le pagan a Tenorio
El ministro Santiváñez insistió en que desde el año 2023 no mantiene ningún tipo de comunicación con Percy Tenorio, “ni telefónica, ni visitas, ni nos hemos visto, porque la relación, penosamente, por esta situación, se deterioró porque el señor siempre decía que en algún momento nos iban a pagar, pero, al final, comercialmente se tomó la decisión de no ver el caso más porque implicaba muchas audiencias», agregó.
Santiváñez contó que Tenorio obtuvo la defensa de los generales investigados por las muertes en las protestas de 2022 debido a una «ley especial» que establece «el derecho que tienen los efectivos policiales, cuando son denunciados por la presunta comisión de un delito de lesa humanidad, a elegir sus abogados y que esto se realiza mediante un protocolo de contratación en el que el ministro del Interior no participa en ninguna parte del proceso”.
Sobre la variación de los términos de referencia que permitieron que el estudio de Tenorio obtenga los contratos, dijo, “yo no conozco la variación de los términos de referencia. No estoy involucrado ni tampoco ningún ministro del Interior está involucrado en la contratación de este tipo de, digamos, concursos privados, porque en realidad son concursos cerrados”.
Explicó que no es abierto a que inviten a postular a todo el mundo. «Viene el funcionario, dice ‘este es mi abogado’ y, finalmente, lo que hace la Policía es contratar al abogado que solicita el oficial, tanto así, que el propio decreto de urgencia establece el silencio administrativo positivo». “También dicen, ‘ha licitado’, pero no le han pagado un sol al señor. Hasta el día de hoy no le pagan. Ha pasado 1 año, 8 meses y no le pagan”, afirmó.
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En relación con las protestas, el funcionario señaló que no se descartan sanciones para los transportistas que afectaron a la población con el bloqueo de vías y desabastecimiento de vehículos.
La Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) anunció medidas para el Sistema Integrado de Transporte (SIT). Esto, luego de las manifestaciones registradas esta mañana en la parte alta del distrito de Alto Selva Alegre. Aquí, un grupo de transportistas formales confrontó a los vehículos informales conocidos como «colectivos» por ocupar rutas concesionadas.
El gerente de Transporte y Movilidad Sostenible de la MPA, David Hernández Salazar, señaló que se trabaja en la ampliación de la flota vehicular de los concesionarios del SIT para responder a la creciente demanda ciudadana.
En relación con las protestas, el funcionario señaló que no se descartan sanciones para los transportistas que afectaron a la población con el bloqueo de vías y desabastecimiento de vehículos. “Tomar las calles no es una medida y dicho sea de paso es sancionado”, afirmó.
Hernández informó que este 2 de septiembre se sostendrá una reunión con los operadores del SIT para acordar la incorporación de más unidades, cumpliendo las condiciones de los contratos y avanzando hacia la etapa operativa del sistema. Agregó que el 4 de septiembre se presentarán los detalles de las nuevas unidades y se darán a conocer los plazos establecidos para su implementación.
“Vamos a hacer la implementación del sistema en el eje norte y sur, que es donde más vehículos requerimos, por eso vamos a apoyar a los operadores, a que pongan las unidades que necesitan”
Respecto al transporte informal, adelantó que su gestión intensificará los controles y acciones de fiscalización. “Hay espacio en la formalidad para que los operadores puedan trabajar dentro de las empresas que actualmente tienen concesiones”, precisó.
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El precandidato oficial a la presidencia por el partido Perú Moderno, Reynaldo López, arribó a la ciudad de Arequipa para presentar parte de su plan de gobierno de cara a las Elecciones Generales 2026. Durante una conferencia de prensa, el político se refirió al tema de la inseguridad ciudadana y aprovechó para responder a las polémicas internas que atraviesa su agrupación.
Entre sus principales propuestas, López anunció la construcción de dos “megacárceles” para hacer frente al hacinamiento penitenciario en el país. Asimismo, planteó implementar el programa denominado “cárceles productivas”, donde, según explicó, “los presos tendrán que trabajar para comer”.
El precandidato defendió la aplicación de medidas radicales en el trabajo policial. “La Policía Nacional tendrá la autoridad para combatir y poner mano dura contra los delincuentes cuando estén en flagrancia, si eso implica la muerte, pues bien, no hay nada que hacer”, afirmó. En esa misma línea, añadió: “Si a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o a cualquier organismo internacional no les gusta, bueno qué pena, denunciaremos el tratado y nos iremos”.
Respecto a la situación interna de su partido, López confirmó que es el precandidato oficial de Perú Moderno. Esto, tras la renuncia de Carlos Anderson y el proceso disciplinario contra Pedro Guevara. “El señor Anderson acaba de renunciar hace dos días, ya no forma parte del partido, y el señor Guevara, lamentablemente, por una serie de conductas antipartidarias será sancionado en los próximos días”, señaló.
López aseguró que Guevara será sancionado. Esto, por “mancillar el honor de muchas personas.Además de afectar y manchar al partido Perú Moderno con declaraciones que no tienen nada que ver con la verdad”, aunque no dio mayores detalles.
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Desde hace más de un mes, el cerro Runayocc, en la provincia de Huaytará (región Huancavelica), ha sido escenario de constantes deslizamientos de tierra, lo que ha generado creciente preocupación entre los pobladores. Según denuncian los vecinos, los movimientos de tierra y rocas se producen en varios momentos del día, afectando su tranquilidad. En respuesta a los pedidos de la ciudadanía, autoridades regionales y personal de gestión del riesgo inspeccionaron la zona y determinaron que se trata de un caso de reptación del suelo. Además, advirtieron que los deslizamientos representan una amenaza tanto para las familias que habitan cerca de la falda del cerro como para los cultivos y el ganado de la zona. El fenómeno ha despertado tal interés que numerosas personas han acudido al lugar con drones y otros dispositivos para registrar los movimientos del cerro.
Editora audiovisual. Ha trabajado como productora, locutora y redactora digital en medios de comunicación. Realizó su formación profesional en la Universidad Nacional de San Agustín. Sus áreas de interés incluyen la cultura y la promoción de los derechos humanos.
El Concejo Municipal de El Tambo aprobó la vacancia del alcalde Julio César Llallico Colca por la causal de nepotismo, tras la contratación de la esposa de su sobrino. La decisión se tomó con 8 votos a favor y 4 en contra. Aunque ahora el caso irá al Jurado Nacional de Elecciones, que tomará la […]
El Concejo Municipal de El Tambo aprobó la vacancia del alcalde Julio César Llallico Colca por la causal de nepotismo, tras la contratación de la esposa de su sobrino. La decisión se tomó con 8 votos a favor y 4 en contra. Aunque ahora el caso irá al Jurado Nacional de Elecciones, que tomará la última decisión en aproximadamente un mes.
La sesión extraordinaria se realizó este lunes y estuvo marcada por el debate entre los regidores, quienes evaluaron el pedido presentado por el primer regidor Iván Joel Medina Esquivel, quien acusó al alcalde de beneficiar a su sobrina política, Luz Estefani Ramos Flores, esposa de Eslider Alexander Guidotti Llallico, con un contrato en la Subgerencia de Obras a pesar de no cumplir los requisitos.
El regidor sustentó que la convocatoria exigía cuatro años de experiencia profesional y Ramos Flores solo tenía un año y cuatro meses. Pese a ello, su contrato se prorrogó en cinco ocasiones entre noviembre de 2023 y setiembre de 2024. Como pruebas presentó el acta matrimonial de Ramos Flores y Eslider Alexander Guidotti Llallico, sobrino del alcalde, en la que Llallico figura como padrino.
Durante la sesión, Llallico rechazó las acusaciones y afirmó que el proceso de contratación se realizó de acuerdo con la normativa.
La abogada del alcalde, Lucy López, sostuvo que el vínculo familiar señalado no constituye nepotismo, porque Eslider Alexander Guidotti Llallico se encuentra en el octavo grado de consanguinidad y, según la Ley Orgánica de Municipalidades, no se considera causal de vacancia. Agregó que Luz Esthefani Ramos Flores, esposa de Guidotti, no guarda afinidad con el burgomaestre.
El propio Llallico afirmó que solo actuó como testigo en el matrimonio de la pareja y que ello no puede considerarse falta.
Tras la votación, Llallico señaló que demostrará en los fueros que correspondan que toda su conducta fue transparente y sin transgresión a la ley.
En tanto, en las afueras de la municipalidad, simpatizantes de Llallico, convocados por los agentes municipales de los diversos anexos, vitorean respaldándolo.
Otro grupo de personas también se apostó en la salida de la municipalidad, para respaldar el regidor Iván Medina Esquivel, el primer regidor que podría asumir la Alcaldía de El Tambo, luego de que se pronuncie el Jurado Nacional de Elecciones.
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La comunidad educativa del colegio Divino Jesús, en el distrito de Castilla, protestó este último viernes para exigir al Gobierno Regional, la devolución de un terreno que, según denuncian, fue prestado en 2022 como local de contingencia para la construcción del centro de salud de Tacalá, pero que ahora estaría destinado a un proyecto distinto, […]
La comunidad educativa del colegio Divino Jesús, en el distrito de Castilla, protestó este último viernes para exigir al Gobierno Regional, la devolución de un terreno que, según denuncian, fue prestado en 2022 como local de contingencia para la construcción del centro de salud de Tacalá, pero que ahora estaría destinado a un proyecto distinto, un centro oftalmológico.
Durante una reunión con el congresista Segundo Montalvo, presidente de la Comisión de Educación del Congreso, padres de familia, alumnos y docentes manifestaron que la medida afecta directamente a la institución, que necesita el espacio para albergar a más de 1200 estudiantes en condición vulnerable.
Natalia Villar, subdirectora del nivel secundario, explicó que el problema se arrastra desde hace varios años y que, pese a las gestiones realizadas, no han recibido respuesta del Gobierno Regional.
“En abril del año pasado nos sorprendió la noticia de que ahí (espacio del colegio) se iba a construir un centro oftalmológico, al cual no nos oponemos porque la salud es básica, pero no lo pueden hacer en un terreno que no le corresponde. Hemos cursado cartas notariales, pero no hay respuesta”, sostuvo.
Ante los reiterados pedidos de la comunidad educativa, el congresista Montalvo visitó el colegio Divino Jesús como parte de su agenda en Piura, con el fin de conocer de cerca la situación del terreno en disputa.
En respaldo a la institución, el parlamentario aseguró que el predio pertenece al Ministerio de Educación y anunció acciones inmediatas para garantizar su devolución.
“Este terreno está inscrito en registros públicos a nombre del Ministerio de Educación. Estoy completamente seguro que vamos a hacer respetar ese derecho que le asiste a la institución educativa Divino Jesús”, declaró.
Los docentes advirtieron que la falta de espacio limita la proyección de crecimiento del plantel. Explicaron que cada año aumenta la demanda de alumnos, pero resulta imposible abrir más aulas sin la recuperación del terreno ocupado por el Gobierno Regional.
Con ese objetivo, Montalvo señaló que coordinará con el Ministerio de Educación y el Gobierno Regional para acelerar la devolución del predio y dar una solución definitiva al colegio.
En paralelo, el parlamentario también habló sobre otros temas del sector, como exigir que se cumpla con destinar el 6% del PBI a educación, como lo establece la Constitución. Señaló que ya se remitieron documentos al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y al presidente del Consejo de Ministros, para exigir su cumplimiento. Además, respaldó un proyecto de ley que busca elevar la inversión al 10%.
Finalmente, Montalvo se refirió a la Ley 31653, destinada a los institutos tecnológicos y pedagógicos, que lleva más de 32 meses sin reglamentarse. Aunque denunció la demora ante el Ministerio Público y señaló pedidos de informe del Ejecutivo, la falta de cumplimiento también compromete al Congreso, que hasta ahora no ha garantizado el cumplimiento de la norma.
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