El Estado dejó casas a medio hacer en un terreno en litigio, resolvió el convenio de la obra y se desentendió de los damnificados, quienes quedaron a la espera de lo que les prometieron y ahora continúan en asentamientos que comenzaron siendo albergues temporales.
El proyecto residencial Ciudad Salaverry atrajo a más de 2000 compradores con la promesa de viviendas asequibles. Sin embargo, tras la adquisición de la Parcela B al Ejército Peruano, se desató un prolongado conflicto legal. Estas familias, tras invertir sus ahorros y esperar décadas para tener un hogar propio, se ven atrapadas en una situación incierta
