Ruth Bárcena, a cuyo esposo los militares asesinaron en Ayacucho durante las protestas del año pasado, y presidenta de la Asociación de Familiares de Asesinados y Heridos del 15 de Diciembre, cuenta el entorpecimiento de las investigaciones fiscales y la persecución que ha sufrido a seis meses de la masacre.
