Título profesional del Contralor General de la República cuestionado por comisión de la UNSA

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Foto: Macronorte

Una comisión especial, nombrada por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), determinó que el Título Profesional de Contador Público que obtuvo el actual contralor general de la república, Edgar Alarcón Tejada, no cumplió los requisitos de ley, por tanto, devendría en nulo.

La comisión, formada tras las denuncias de plagio en el Trabajo-Informe que empleó para titularse, estuvo integrada por los decanos de la Facultades de Derecho, Contabilidad y Filosofía y Lingüística, los doctores, Javier Lizárraga Lazo, quien la presidió, Orlando Agustín Macedo Guillen y Dante Callo Cuno.

Según el informe emitido este martes, el cual será presentado el jueves ante el Consejo, Alarcón Tejada ni siquiera cumplió los requisitos mínimos para obtener el Título, al no acreditar el mínimo de 3 años de Experiencia Profesional en el campo, razón por la que ya no se pronunciaron sobre el tema del plagio.

 

LOS REQUISITOS

De acuerdo al art. 27 Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas, que regía en aquel momento, el bachiller podía optar por tres modalidades para obtener el Título Profesional: presentación y sustentación de una Tesis; rendición de un examen de suficiencia; y acreditar 3 años de experiencia profesional acompañando un Trabajo-Informe donde describa su experiencia en el campo profesional, debiendo exponer sus actividades específicas “de las que fluyan conclusiones y sugerencias para el campo profesional”. Alarcón Tejada se acogió a esta última, aunque tampoco cumplió con describir su experiencia o aportar sugerencias y conclusiones, copiando el íntegro de su contenido de un curso que recibió.

Según el art. 39 del mismo Reglamento, la documentación a ser presentada debía incluir un Certificado de Trabajo, en Original y Copia, que acredite un mínimo de 3 años de ejercicio profesional. El certificado debía especificar el Centro de Trabajo, la Fecha de Ingreso, el Cargo que ocupó; y estar firmado por el Representante Legal de la empresa o institución de que se trate. Además, era obligatorio incluir la Boleta de Pago o Constancia de Remuneración.

 

LOS DOCUMENTOS

Con una carta poder, la esposa del contralor, María Gordillo, se acercó en marzo del año 2000 a la UNSA para efectuar todos los trámites, antes que el entonces empleado de la Contraloría se apersonara a sustentar su trabajo-informe titulado por él mismo como “Trabajo de Investigación”.

En el file que obra en los archivos universitarios figuran: el Certificado de Trabajo N° 031-2000 CG/RRHH expedido en Lima el 24 de marzo de 2000 y firmado por William Angulo Cuadros, Jefe de Recursos Humanos; y Manuel García Galarreta, jefe de Administración y Finanzas. En él se hace constar que Edgar Arnold Alarcón Tejada “prestó servicios en este organismo superior de Control, desde el 3 de setiembre de 1997, hasta la fecha (marzo 2000)”. Con este documento, según concluye la Comisión, queda acreditado que no se cumplieron los 3 años mínimos de Experiencia Laboral efectiva que exigía la Ley y el Reglamento para obtener el título.

Además, en el mismo expediente figura la Boleta de Pago emitida el 31 de enero del 2000, con código N° 16959, donde figura como fecha de ingreso, nuevamente, el 3 de diciembre de 1997. Y un tercer documento, extrañamente remitido vía Fax, con fecha 3 de abril de 2000, un nuevo Certificado de Trabajo con fecha de ingreso del 3 de diciembre 1997. No existen certificados adicionales sobre otra experiencia laboral.

Lo que la comisión no ha determinado es si las autoridades de entonces fueron sorprendidas o hubo algún tipo de “especial anuencia” a la hora de admitir el expediente, puesto que el requisito básico para acogerse a esta modalidad de titulación profesional, no se cumplía en ese momento.

Edgar Alarcón

A pesar de no cumplir con el requisito mínimo de 3 años de experiencia profesional y el informe con aportes propios y originales, Edgar Alarcón Tejada obtuvo en tiempo récord su título profesional de Contador Público en el año 2000.

En la boleta de pago también puede leerse que el Contralor desempeñaba el cargo: XII Profesional Asistente II, cuando era obvio que aún no había obtenido el Título Profesional, lo que también configura una irregularidad, puesto que los puestos de trabajo en el sector público, deben ajustarse a la descripción, en este caso, a ostentar un Título Profesional, con el que no contaba en enero de 2000. Más aún, en el momento de su ingreso a la entidad de Control, diciembre 1997, aún no tenía ni el Bachillerato que lo obtuvo, en la modalidad “automático”, en 1998.

Inexplicablemente, apenas un año después de este cuestionado acto en el que obtuvo su Título, el actual Contralor fue nombrado Jefe de la Oficina de Administración de la Contraloría General de la República, con resolución suscrita por la entonces contralora, Carmen Higaonna.

CONCLUSIONES

La Comisión presidida por Javier Lizárraga, concluye por UNANIMIDAD, que no se cumplieron los requisitos para la obtención del Título, aunque también señala que las posibles acciones, tanto en el ámbito administrativo, como judicial, habrían prescrito.

No obstante, hacen notar que el Título Profesional de Edgar Alarcón Tejada, fue obtenido de modo fraudulento, ya que a la hora de presentar sus papeles se afirma que cumple con los requisitos lo que no podría tratarse de un error de cómputo.

En relación a las denuncias de plagio, la Comisión optó por mayoría en no pronunciarse al respecto por ser innecesario al haberse determinado que no se cumplió con el requisito formal.

Preguntado al respecto, el presidente de la Comisión, Javier Lizárraga Lazo, señaló que, efectivamente, tampoco se cumplieron las formas del Trabajo-Informe, ya que el contenido es una reproducción de un manual del SIAF, no conteniendo aportes del graduando, de ningún tipo.

En la próxima sesión de Consejo Universitario se determinaría qué medida administrativa o pronunciamiento adoptará la UNSA en relación a este hallazgo y si existen responsabilidades también por parte del personal administrativo que tramitó el expediente.

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