Edgar Alarcón tiene 2 denuncias constitucionales de la Fiscalía de la Nación por peculado doloso, pero nadie lo saca del cargo de presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso. Esto sucede porque los diversos legisladores que han pasado por el Parlamento se han asegurado de mantener durísimos mecanismos de blindaje. Estos mecanismos se originan en el principio de inmunidad; es decir, la protección que requieren algunas autoridades para poder ejercer su función sin el riesgo de convertirse en blancos fáciles para sus enemigos. Según nuestra Constitución, gozan de este derecho: el presidente, congresistas y magistrados en diversos niveles. Pero, en la tierra de la trampa que se construye detrás de cada ley, este mecanismo está tomando giros perversos.
Es así que, el presidente de la República puede ser sometido a un proceso de vacancia por la existencia de audios que “demostrarían” que mintió; pero al mismo tiempo, es muy engorroso destituir a un congresista, aunque tenga una sentencia confirmada en última instancia (¿se acuerdan de Edwin Donayre?) por su inmunidad. En otras palabras, se puede impulsar el derrocamiento de la primera autoridad nacional del país sin que se haya realizado un juicio previo, con un debido proceso; pero los que están procesados y sentenciados tienen impunidad porque son congresistas. Algo no cuadra. Y es que la Constitución contempla una causal de vacancia presidencial por “incapacidad moral permanente” que, ciertamente, no ofrece un sistema de comprobación objetiva, lo que ha dejado espacio para trampas políticas que vienen debilitando el sistema democrático con un discurso impostado de lucha anticorrupción. Es decir, el remedio peor que la enfermedad.
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