El Acuerdo de Escazú y la economía responsable

Columnista invitado Gonzalo García Núñez

La Cámara de Diputados de la República Argentina hace pocos días se adhirió y ratificó el Tratado internacional de Escazú. Este protege los derechos ciudadanos de acceso a la información, la participación pública y el acceso a la Justicia en asuntos ambientales. El score fue 240 votos a favor y 4 en contra. 

Escazú

El contenido de Escazú  viene en línea directa de la histórica Cumbre de Río +20.  Esta última es el hito fundador de la lucha universal para defender  la tierra contra los efectos malsanos del cambio climático y de la propia acción humana. El proceso de suscripción del tratado viene siendo respaldado por la OCDE puesto que el Acuerdo propicia la sana inversión ambiental. 

La OCDE recomienda que para lograr una economía responsable y favorecer la inversión, el Perú debería “priorizar la ratificación del Acuerdo de Escazú”.  Igual piensa la ONU-CEPAL, gran animador de la iniciativa.

El texto original fue aprobado el 4 de marzo de 2018. Luego viene transcurriendo  un periodo de consultas  y el 26 de setiembre se cerró  el plazo de ratificación, siguiendo el procedimiento habitual de los Convenios internacionales. Terminado ese último  plazo, el texto se deposita en New York, sede de Naciones Unidas, para que el que lo decida se adhiera sin fecha. Ya han firmado trece países: Brasil, Colombia, Costa Rica, Granada, Guatemala, Haití, Jamaica, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Santa Lucía. Cuando lo ratifique uno más, el numero clausus, el tratado entrara en vigencia.  Chile, Venezuela y Cuba, entre otros países minoritarios, todavía  no lo han firmado.  

Con esta aprobación platense se baja la bandera a uno de los acuerdos más modernos y avanzados de protección del ambiente en el mundo. Que se denomina Acuerdo de ESCAZU por ser el lugar de la sede de la suscripción de este consensuado instrumento latinoamericano. 

Digresión aparte, el nombre rinde respetuoso homenaje a este distrito de apenas  67 362 habitantes, situado en el centro del territorio de Costa Rica.  Escazú, tiene, además, el privilegio de haber alcanzado el segundo más elevado  índice de desarrollo humano regional (0,930/1). Resultado ganado por sus habitantes al conseguir solidos índices de salubridad pública, educación gratuita, libre acceso a Internet y el más elevado coeficiente de participación ciudadana en asuntos sociales, según rinde cuenta su Ministerio de Planificación en el portal de desarrollo humano. Escazú tuvo así una trayectoria que lo llevó a ser el símbolo internacional bien ganado de un país ecológicamente maduro. 

Vale recordar que Costa Rica, en un momento que es jalón de su historia, optó por prescindir de Fuerzas Armadas, luego de la revolución del 1948, que encumbró al poder a José Figueres y su Partido de Liberación Nacional, considerado en su tiempo como el Alfonso Ugarte tico. Y que fue capaz de dar un gran salto tecnológico al fabricar chips en un joint Venture con una gran firma tecnológica norteamericana, hace algunos años, y producir los circuitos electrónicos que hasta hoy se consumen en computadores y celulares del planeta.

De allí la doble importancia- también la simbólica- que la Cámara de Diputados del Rio de la Plata aprobara el Acuerdo de Escazú por tan amplio margen, confirmando el voto unánime del Senado. Y sancionara el texto que venía  ya firmado por 23 de los 33 países de América Latina y el Caribe, entre ellos el Perú, y ratificados por diez (Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Uruguay y ahora serian once con Argentina…)    

El acuerdo, entonces, es puro siglo XXI. No tiene precedente. Consolida derechos que son herramientas defensivas para la sociedad civil, afirma el ingeniero Andrés Napoli, director ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). 

Defiende la vida, dice Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. Esta no es una cuestión desdeñable, al extremo que ha recibido el  respaldo de una declaración de múltiples organizaciones de la sociedad civil, entre ellas de una sesuda Declaración de los  Obispos peruanos. Escazú es el primer tratado a nivel mundial en contener disposiciones específicas sobre la protección de los activistas y defensores ambientales. Los defensores de derechos ambientales, operando dentro de la ley, tendrán protección como corresponde a las obligaciones generales de un Estado democrático. 

Respuesta al  doloroso saldo de agresiones y  muertes de conciudadanos que defienden el medio ambiente. Global Witness contabiliza  212 defensores ambientales asesinados en el año 2019; y cuatro ambientalistas por semana asesinados -desde el 2015 a hoy- en nuestra América Latina. 

Al respecto ¿cómo no evocar el rostro de fallecidos en el Perú? Desde el alevoso crimen  contra el recordado  ingeniero Godofredo García Baca en el valle de San Lorenzo-Piura;  hasta el reciente homicidio de Roberto Carlos Pacheco Villanueva, hijo del conocido ambientalista Demetrio Pacheco, asesinado cuando salía a recorrer su concesión forestal ubicada en la margen derecha de la carretera Interoceánica en Madre de Dios. Pacheco fue uno de los más importantes defensores de la explotación respetuosa del territorio en armonía con la naturaleza. Y no son los únicos casos.  Solo en 2018 fueron asesinados más de 80 líderes de luchas socio ambiental.

¿Cómo protegerlos?

El origen de la violencia mortífera es bien conocido. Las raíces se hunden en la codicia. Unos matan para seguir talando bosques de manera  ilegal. Menos árboles, más lucro. 
Contrario sensu otros peruanos pugnan por frenar la vil deforestación de la madera más noble. Y son amenazados, perseguidos, emboscados, asesinados. 

Muchos delincuentes se apropian y destruyen el suelo  mientras organizaciones criminales  persiguen las delictivas utilidades de la minería aluvial del oro y la explotación de los placeres de los ríos. El mercurio, insumo necesario para separar el oro,  contamina los ríos. Y  se derrama luctuosamente en Choropampa, a costa de la vida de la gente de Cajamarca que  lo guardó creyendo que no era veneno.  Hay  los enemigos de la naturaleza  que administran  los laboratorios ilícitos  de maceración de  droga, el contrabando, la trata de personas, en fin la criminal lista de los circuitos lucrativos contraria a la ecología es extensa.   

Desterrar estas prácticas delictivas garantiza la paz social, defiende los derechos ciudadanos y otorga el marco legal apropiado para la atractividad de las sanas inversiones. 
Por eso algunos estiman que al tratado le falta ser más incisivo en cerrar las venas abiertas de la amazonia; algo que podría explicarse en el hecho que ya existen instrumentos como el tratado amazónico al que no se quisiera superposición o traslape. 

Pero de nuevo, ¿Quién protege a los que enfrentan la voracidad rapaz y corrupta del negocio ilegal?

En el Perú, hay un conjunto de normas orgánicas que desarrollan los principios constitucionales de soberanía del Estado en el manejo del territorio y de sus recursos.  No cabe debilitar al país aislándolo  de los avances que trae Escazú en materia de la consolidación  jurídica regional  latinoamericana de los derechos a los que se refiere el tratado. 

Por lo demás, estos mecanismos tienen numerosos antecedentes de instrumentación de normas vinculantes en salvaguarda de los derechos de acceso ciudadano  a la información, la justicia  y la participación pública en la toma de decisiones ambientales. Ninguna de estas leyes se contrapone a Escazú. Ni la de Transparencia y Acceso a la Información Pública (N° 27806), ni  la ley General del Ambiente (N° 28611).

Instituciones públicas  regulan y supervisan el cumplimiento de  lo dispuesto en la legislación como el Ministerio del Ambiente (MINAM), la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA), el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), entre otras. Y está  vigente  el Convenio N° 169 sobre pueblos indígenas  de la OIT que obliga a realizar procesos de consulta a fin de que los derechos de las comunidades se respeten y no se vulneren (Ley de Consulta Previa N° 29785).  

El Ministerio del Ambiente implementa, además,  el Sistema de Información de Salvaguardas, de acuerdo a los lineamientos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC).  Lo que registrará el cumplimiento de las salvaguardas ambientales y sociales para asegurar la sostenibilidad de los proyectos de inversión a nivel nacional, la mitigación de riesgos sociales y ambientales; así como la participación de los actores, la transparencia y la resolución de conflictos y quejas.

¡Cómo no buscar el fortalecimiento de estas instituciones que coinciden plenamente con los ODS del tratado! 

Concordar y afianzarlas con compromisos internacionales sustantivos es consistente y coherente con progresos nacionales que ya existen.  Los refuerza.  

En ninguna parte por lo demás, Escazú  auspicia  la creación de personerías jurídicas que pudieran estar  fuera del marco de  las que establece la  ley,  el Código especializado ambiental y, en el ámbito penal, por el código sustantivo.  Se dice, en alguna desaforada intervención  que el acuerdo establece nuevas obligaciones que el Estado no está en condiciones de cumplir. Error. Aquí están las evidencias que existe la infraestructura jurídica necesaria. Además si la cuestión mereciera comparación, ya se cuenta con obligaciones tanto o más constrictivas que las de Escazú en otros instrumentos internacionales. Por ejemplo, el Art. 18º del TLC con EEUU vigente desde hace más de una década. 

Si hemos sido capaces de cumplirlo, Escazú no representa ningún  problema. 

¿O solamente es posible cumplir con el TLC con los Estados Unidos? 

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