La segunda ola de la pandemia por covid-19 está en pleno desarrollo en el país, incluyendo Arequipa; y la capacidad hospitalaria empieza a sentir el golpe. Ante nuevas quejas por cobros excesivos, nos preguntamos: ¿qué sucedió con el auspicioso convenio, promovido por el expresidente Martín Vizcarra con las clínicas privadas?
El 24 de junio del 2020, el ahora candidato al Congreso Martín Vizcarra salió a dar un ultimátum a las clínicas privadas, donde señaló que, de no lograrse un consenso, apelaría al Artículo 70 de la Constitución Política: “A nadie puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley”.
Al día siguiente se realizó una reunión entre el mandatario y representantes de las clínicas privadas, estando como mediador Max Hernández Camarero, secretario Ejecutivo del Acuerdo Nacional. ¿Cuál fue el gran anuncio de Vizcarra? El precio por atención a un paciente con covid-19, al margen del tiempo de hospitalización, sería de 55 mil soles más IGV, el cual sería asumido por el gobierno, ya sea a través de EsSalud o del SIS.
En Arequipa, como en gran parte del país, este acuerdo nunca se hizo efectivo.
Costos inalcanzables en clínicas privadas de Arequipa
La imperiosa necesidad de este convenio radica en que los costos que un paciente covid debe cubrir en estas entidades de salud podían alcanzar hasta el medio millón de soles, como hiciéramos notar en otro reportaje, exponiendo el caso de la dueña de una empresa tradicional de gaseosas en Arequipa. Los costos de atención médica por 35 días en este centro de salud privado superaron los 450 mil soles; con el agravante que, pese a ello, la paciente perdió la vida.
Por ejemplo, los costos de la clínica Vallesur por día en cama hospitalaria son de 3 mil a 4 mil soles. Pero si el paciente ingresa a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), el monto se vuelve imposible, alcanzando un presupuesto de entre 8 mil a 10 mil soles por cada 24 horas. Los montos en la clínica San Pablo no difieren mucho, lo que quedó confirmado con una reciente denuncia por cobros excesivos.
La familia Pinto Quintanilla denunció públicamente a la clínica San Pablo por el cobro de 270 mil soles por la hospitalización del padre. Este fue internado el 3 de enero de este año por covid-19, posteriormente el 18 de enero ingresa a UCI ante la gravedad de su cuadro, y fallece el 1 de febrero.
Ante el hecho que se hizo público, la clínica se vio obligada a emitir un comunicado días después, indicando que se llegaría a un acuerdo con la familia.
A pesar que estas sean de inversión privada, es menester recalcar que la salud es un servicio público, lo cual implica que debe tener una regulación, al margen que sea administrada por el Estado o por entidades privadas.
El convenio fantasma en Arequipa
El convenio para estos costos sociales que asumiría el Gobierno Central nunca se hizo efectivo en la región. En este caso, como lo confirma el titular de la Defensoría del Pueblo en Arequipa, Ángel María Manrique Linares, hubo cero pacientes beneficiados con el anuncio de Vizcarra.
“En Arequipa no existe ningún convenio suscrito entre clínicas privadas de la región, con el Gobierno Regional de Arequipa, a través de su Gerencia Regional de Salud. No existe. Eso del anuncio del año pasado solo se pudo concretar en Lima, con algunas clínicas. No se ha llegado a ejecutar en la región Arequipa”
Titular de la Defensoría del Pueblo en Arequipa, Ángel María Manrique Linares.
Según explica Manrique, el responsable de no haber hecho efectivo este convenio que anunciara el expresidente Vizcarra, es el Gobierno Nacional, a través del Sistema Integral de Salud (SIS). Esta entidad es la directamente responsable de realizar acuerdos con entidades privadas, lo cual no hizo en la región Arequipa.
Considerando que el SIS es administrado por el Ministerio de Salud, sorprende la omisión, dado que incluso mediante el Decreto de Urgencia 086-2020, el gobierno de Martín Vizcarra autorizó la intervención del Ministerio de Salud en la gestión de acciones dentro de la región Arequipa. Esto sucedió el 22 de julio del 2020, aproximadamente un mes después de anunciarse el convenio.
“Lamentablemente eso no se lleva a cabo en Arequipa (sobre el convenio). Fue un anuncio solamente aplicable en Lima, nunca se llevó a cabo en Arequipa”
Titular de la Defensoría del Pueblo en Arequipa, Ángel María Manrique Linares.
Exjefe del Comando Covid sobre convenio trunco
El extitular del Comando Covid de Arequipa, Gustavo Rondón Fudinaga, confirmó que durante su gestión nunca pudo hacerse efectivo el auspicioso trato.
Según explica, las clínicas privadas en aquel momento no contaban con capacidad, por lo que no podían aportar con la adición de camas hospitalarias o camas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Estas últimas representaban la diferencia entre la vida y la muerte durante el pico de la primera ola en la región.
“Las clínicas estaban saturadas (…) En la práctica no era factible porque prácticamente todas estaban saturadas, se comprobaba. Era un poco letra muerta, pero más que nada por la propia realidad”
Extitular del Comando Covid de Arequipa, Gustavo Rondón Fudinaga.
Sobre esta supervisión de la capacidad que reportaban las clínicas privadas, el exjefe del Comando Covid recalca que se realizó un monitoreo semanal para verificar si realmente el aforo estaba a tope. Es decir, en las clínicas ValleSur, San Pablo y Arequipa, las únicas que estaban habilitadas para poder recibir y tratar pacientes infectados con este virus.
“Fue fallido, una buena intensión después de todo, pero fallida, en la práctica, fallida”
Extitular del Comando Covid de Arequipa, Gustavo Rondón Fudinaga.
Rondón Fudinaga intenta poner paños fríos, explicando que no fue responsabilidad de quienes gestionaban las clínicas, ya que la realidad no lo permitía.
Desprotección en el sector privado
La Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud) también es otra entidad que mantiene una presencia únicamente nominal y virtual en Arequipa. Este es el órgano competente para supervisar los costos y praxis médica de las clínicas privadas, dado que también cuentan con especialistas técnicos que pueden supervisar debidamente a estas entidades privadas, además de un monitoreo de precios de medicamentos a nivel nacional.
“SuSalud no ha abierto ninguna sede institucional en Arequipa. En cambio, tiene SuSalud en Lima y tiene SuSalud en el norte. Y en Arequipa brilla por su ausencia. Nunca ha habido. Hubo en el momento más crítico de la primera ola, vinieron con un módulo que estuvo una semana y de ahí se fueron”
Titular de la Defensoría del Pueblo en Arequipa, Ángel María Manrique Linares.
Manrique critica que la única respuesta de SuSalud, es que cualquier queja se realice por teléfono o vía internet. “Eso no sirve pues, el ciudadano está llamando, llamando, y no lo atienden”, afirma Manrique Linares.
Recordemos que SuSalud tendría directa injerencia en supervisar a las clínicas privadas, en cuanto a costos de servicios, precios de medicamentos, si el usuario fue atendido debidamente con su póliza de seguros, etc.
Es notorio que la desprotección de los pacientes con covid-19 en Arequipa fue permanente, incluso con promesas presidenciales de por medio. Esta situación no se ha revertido, y no se ha planteado tampoco alguna alternativa en el caso de volver a colapsar la capacidad hospitalaria pública en la región, ya que los costos en una clínica privada terminan siendo otro calvario para los afectados con esta enfermedad, asumiendo deudas desmesuradas.
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