Loreto: Petróleo, desarrollo y conflictos sociales

“solo vamos a tener paz social, cuando se cumpla con lo que se ha comprometido el Estado; y que está por Decreto Supremo que es, el cierre de brechas que se necesita y es importantísimo hacerlo ya”

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Los últimos días del año pasado la actividad comercial que genera mayores ingresos para Loreto estuvo semiparalizada. Pero activa. Semiparalizada porque las federaciones nativas decidieron bloquear varios ríos en las cuencas del circuito petrolero. Activa porque desde una de las empresas operadoras se lanzó la propuesta de otorgamiento de un denominado fondo social para que se destine al desarrollo de los pueblos afectados por la actividad petrolera. Seguido, además, por la posibilidad de un fideicomiso indígena que aún sin concretarse ya generó divisiones.

De todos los pozos explotables, los lotes 192 y 8 que operaba Pluspetrol son los que han reducido a cero la producción. La empresa optó por el retiro y el Estado aún busca otra que la reemplace, pues a pesar de haber otorgado a ALTAMESA esa posibilidad, la compañía no puede operar en la zona.

Robos en las instalaciones del Estado

En el interín se ha denunciado el robo de material de esos campamentos, especialmente el cobre, que ha sido confirmado por un informe de Contraloría General de la República donde se señala: “la Contraloría General evidenció daños de equipos en cuatro locaciones de producción de petróleo del Lote 192, en la región Loreto, debido a la falta de vigilancia adecuada; ocasionando que tres de ellas se encuentren inoperativas en la actualidad. Esta situación genera el riesgo de mayores daños al resto de bienes existentes en el referido lote petrolero, bajo custodia y cuidado temporal de Perúpetro S.A., con el consiguiente perjuicio económico a dicha entidad”.

El Órgano de Control Institucional (OCI) de Perúpetro, con anterioridad, identificó que en las locaciones Capahuari Norte, Huayuri, Shiviyacu se evidenció la sustracción generalizada del cableado de los equipos de la mini central; sustracción del cableado de salida de la central de generación eléctrica Wartzila; así como la destrucción de los tableros de control de los generadores de energía eléctrica y sustracción de las barras de cobre de sus tableros de control.

Es decir, un robo de materiales en las instalaciones del Estado que deberían estar protegidas.

Así está actualmente uno de los lotes que tantos recursos dio en el pasado. Hoy, por las pérdidas en todos los sentidos, hasta las federaciones nativas exigen a Perúpetro que se vuelva a operar.

Propuestas para solucionar perjuicios ambientales y económicos

En el lote 67 la situación es similar, sólo que está semiactiva. Los pobladores de Curaray se consideran afectados por las actividades extractivas del petróleo y buscan la atención del Estado. Beltrán Sandi, apu de la zona y presidente de la Federación de Comunidades Nativas (FECONCU), al explicar lo que se denomina “el paro amazónico” ha dicho que “no hay otra manera de protestar que haciendo detener las embarcaciones” de la empresa Perenco que opera en la zona. Desde octubre del año pasado se vive esta situación y la producción ha llegado a bajar a cero barriles en la mayoría de meses. Esa situación continúa y en enero se comenzó mal el año 2022 porque no se ha producido ni un solo barril.

El lote 95 ha sido el más productivo. El año pasado ha llegado a producir más de 3 millones de barriles. Es el lote con mayor producción y que ha generado mayor riqueza en la región Loreto, no sólo por los impuestos que paga, el canon petrolero que genera, sino también porque los ejecutivos de PETROTAL, empresa con capitales peruanos que opera en el distrito de Puinahua, han lanzado una serie de propuestas.

“PetroTal, a fin de contribuir como un nexo entre el Gobierno y las comunidades de la región Loreto, presentó tres propuestas al Ministerio de Energía y Minas, a Perupetro, y a la Presidencia del Consejo de Ministros: establecer un Fondo Social, crear un Fideicomiso Indígena y, redistribución del canon y sobrecanon petrolero en Loreto”, según información que se publicó en noviembre del año pasado en la mayoría de medios nacionales.

Una de las más atrevidas ha sido aquello de otorgar el 2.5% de la producción petrolera para el desarrollo de las comunidades. Todos los líderes de las federaciones se han mostrado a favor de la misma y han exigido al Poder Ejecutivo que por lo menos analice las propuestas. En ese estado se encuentran, aunque el Estado no haya mostrado interés siquiera en discutirlo.

Fideicomiso indígena divide opiniones

El CEO de PetroTal, Manolo Zúñiga, declaró al diario Gestión: “continuamos haciendo esfuerzos relacionados a los temas sociales, demostrando liderazgo con iniciativas que son valiosas y que deberían proporcionar una relación más fructífera y estable entre el Gobierno y las comunidades, para lograr la paz social”. Sin embargo, aquello del Fideicomiso Indígena ha levantado más polvo. Porque desde las federaciones indígenas, de la PCM y MEF y de economistas y funcionarios de Loreto se han escuchado declaraciones confrontacionales.

Por ejemplo, el director de Energía y Minas de Loreto, Gastón García Pizango, ha dicho a Pro & Contra, que se trata de “un engaña muchachos”; que no solucionará el problema de recursos y sí va contribuir a crear mayores conflictos.

Mientras que el economista Róger Grández desde “Prospectiva Amazónica” ha señalado que “el mal llamado Fideicomiso Indígena está enmarcado en el Plan de Cierre de Brechas, y que el Estado mismo sabe que es improbable abrir un presupuesto para constituir un fideicomiso, sabiendo que va contra la Cuenta Única del Tesoro (CUT), como tampoco calza en las condiciones de exigencias financieras (fondo constituido y garantizado para gastos a futuro). El Estado está jugando un partido con demasiados riesgos de acción, al parecer sin ánimo de solucionar el problema, y con mala intención de seguir postergando soluciones integrales en suelo indígena”.

Richard Vásquez, asesor de las federaciones, dijo que la propuesta ya tiene la aprobación del Poder Ejecutivo y la están evaluando para concretarla.

En ese mismo sentido, José Fachín, quizás el dirigente indígena más activo cuando se presentan conflictos sociales ha asegurado que “el fideicomiso indígena se dará sí o sí” (diario Pro & Contra del lunes 31 de enero).

Paz social con desarrollo en los pueblos de Loreto y ¿el cierre de brechas?

En todo este ambiente ¿es posible una paz social con desarrollo en los pueblos de Loreto? Un conocedor del tema petrolero es José Mansen Bellida. En declaraciones a La Red explicó que “solo vamos a tener paz social, cuando se cumpla con lo que se ha comprometido el Estado; y que está por Decreto Supremo que es, el cierre de brechas que se necesita y es importantísimo hacerlo ya”. El Estado no cumple su rol y, como la tienen más cerca, los pobladores exigen a la empresa privada lo que debería atender el Ejecutivo.

“La población exige a la empresa privada –que no está obligada a atenderlos- porque es la única manera de llamar la atención del Estado; y es cuando toman las empresas privadas. Siempre se fueron contra Oxy, Pluspetrol con justa razón o no, porque han contaminado los ríos y los bosques. Es cierto, pero es que no fueron fiscalizados por el Estado. El Estado nunca se quiso hacer cargo del problema y simplemente pateó la pelota para que las empresas se hagan cargo, que no les corresponde.

Y lo único que tienen las poblaciones es la empresa que la tienen enfrente y a ellos les exigen lo que le corresponde al Estado. Que les hagan un colegio, una posta médica. La empresa lo puede hacer sí, pero tiene que haber el sostén que es el ministerio de Educación y los sistemas de Salud igualmente. Como empresa no se puede decidir sin la aprobación del Estado”, dijo el mismo Bellido.

Hace días llegaron hasta Saramurillo ejecutivos de PetroTal, Petroperú, PCM y del Gobierno Regional de Loreto para iniciar la obra de construcción del local comunal. Es cofinanciada por la empresa privada y aunque ello no asegura la paz social, al menos da un respiro para continuar las operaciones petroleras; que no es sólo de explotación sino de traslado del crudo ya sea hacia Brasil o por el Oleoducto Nor Peruano para su comercialización.

Todo ello ocurre en un clima político nacional donde no se sabe qué va suceder. Es necesario que exista paz social en todos los pueblos de Loreto, especialmente la zona petrolera; pero si desde el Estado no se diseña una política concreta para el Plan de Cierre de Brechas, la misma seguirá abierta de manera inversamente proporcional a los pozos petroleros que se mantienen cerrados.

Un especial de Pro y Contra (Loreto) para la Red de Medios Regionales del Perú

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