El hecho de no ofrecer condiciones básicas de calidad (CBC) en centros de enseñanza superior fue motivo suficiente para que, en el año 2012, en Ecuador, se procediera al cierre definitivo de 14 instituciones educativas que distaban mucho de ser auténticas universidades.
Esta drástica medida, amparada en una clara política para asegurar la calidad en la educación superior ecuatoriana, permitió rescatar a casi 40 mil estudiantes que eran sistemáticamente engañados al recibir una deplorable enseñanza que puso al desnudo un serio fraude académico y social, gracias a una incontrolable mercantilización de la enseñanza universitaria amparada por un Consejo de Educación Superior – CONESUP, cuya conformación incluía a algunos representantes de las mismas “universidades”, quienes ejercían como juez y parte al interior de dicho organismo.
No es difícil imaginar el cuestionable nivel de educación que recibía la incauta clientela (estudiantes) de estas denominadas universidades de garaje, muchas de las cuales operaban con una infraestructura sumamente precaria y con una plana docente de dudosa solvencia académica y profesional. No obstante haber gozado de plazo prudencial para que adecúen y mejoren sus CBC, no respondieron con diligencia y fueron suspendidas en sus actividades académicas.
La lección de Ecuador constituye un referente importante en América Latina en tanto representa una iniciativa pionera, valiente, responsable y coherente con la aspiración de formar profesionales verdaderamente útiles al país y la sociedad. En ese sentido, el cierre de estas pseudo universidades constituyó un paso vital para reformar el sistema universitario ecuatoriano; aun a costa de infundadas denuncias de abuso por parte de algunos mercaderes de la educación superior, supuestamente “afectados” por esta medida.
A diez años de la experiencia ecuatoriana, en el Perú, con un vergonzoso voto mayoritario de bancadas de Perú Libre, Fuerza Popular y Renovación Popular; el Congreso de la República aprobó una ley para favorecer una muy mal entendida autonomía de las universidades peruanas a través de una nueva composición del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU, como máximo órgano supervisor del sistema universitario en el país. Recordemos que fue gracias a SUNEDU que se inició un complejo y largo proceso para garantizar que todo estudiante universitario peruano reciba una educación auténticamente superior, exigiéndoles a las universidades públicas y privadas ofrecer CBC, las cuales nunca fueron demostradas por casi 50 instituciones educativas peruanas a las cuales, con muy justa razón, se les negó licenciamiento y por ende, su funcionamiento.
Es obvio que, de no haber existido SUNEDU, todo hubiera seguido como antes y la enseñanza superior, mayormente hubiera continuado siendo un engaña muchachos; un buen negocio económico para unos y un pésimo negocio educativo para otros. Buen negocio para quienes lucraban con una demanda generada por cientos de miles de estudiantes que culminan la Secundaria; con la aspiración de seguir una carrera profesional que les asegure un mejor futuro con (in)dependencia económica y hacer realidad sus sueños; pero, al mismo tiempo, un muy mal negocio para un país que se llena de pseudo profesionales. En el mejor de los casos, profesionales subempleados y sub calificados.
Y ni qué decir de la fuga de talentos. Está auspiciada por universidades incapaces de invertir en investigación como parte de una fórmula para retener y promover talentos con filiación académica nacional. Semilleros de Investigación, Think Tanks, Centros de Emprendimiento, Centros de Producción, Laboratorios y Equipamiento de última generación; financiamiento para la innovación, generación de patentes, una sólida cultura de publicaciones científicas, I+D+i. Son piezas fundamentales de una política institucional para pasar de un simple campus universitario a un verdadero ecosistema de generación y transmisión del conocimiento.
En palabras de un ex rector de la UNSA, Universidad que no investiga, no tiene nada que enseñar. Atrás deben quedar aquellos tiempos y aquellos pensamientos que siguen creyendo que las universidades son únicamente centros de producción. De títulos y grados, donde los estudiantes únicamente se limitan a escuchar a un docente y repetir todo lo oído en un examen escrito. Es hora de entender que las universidades son las instituciones más importantes que puede tener un país y sociedad que aspira a salir del atraso.
¿Dónde se encuentran, si no es en las aulas universitarias, los espacios más adecuados para avizorar el futuro mejor que todos aspiramos? ¿Quiénes, si no son los académicos, los encargados de liderar las investigaciones científicas más avanzadas para hacer de la ciencia y la tecnología instrumentos para cambiar la realidad y contribuir con una mejor calidad de vida de las personas? ¿Cómo esperar que un país avance y no se estanque o retroceda, promoviendo universidades que buscan clientelaje académico únicamente a cambio de un jugoso rédito económico? ¿Qué esperar de empresarios que utilizan el término Universidad como fachada operativa para un negocio que capitaliza pensiones y tasas a cambio de miserias reinvertidas en una “mejor calidad”; y que solo miden éxito por cantidad?
Felizmente, muchas instituciones de educación superior en el Perú se tomaron en serio este reto, tanto por su propio prestigio como por su auténtico compromiso con el país para ofrecer profesionales solventes y capaces de resolver sus principales problemas, al someterse a un exigente proceso de Licenciamiento.
Hoy, la UNSA demuestra que tomó un rumbo diferente, una ruta hacia la excelencia académica y el mejoramiento continuo; un camino que debe mantenerse y que, modestia aparte, la convierte en un importante ejemplo nacional que busca convertirse en referente a nivel latinoamericano. Algo que difícilmente podrá lograrse por otras universidades peruanas si progresa esta contrarreforma. A todas luces y con evidente interés económico, busca implantar un perverso modelo de control y supervisión de la calidad educativa universitaria; donde jueces hacen de partes interesadas –en un evidente conflicto de intereses. Y donde se pondría en grave riesgo los presupuestos operativos de la universidad pública, única opción para las grandes mayorías que no tienen cómo acceder a sistemas privados, al retirar la participación del MINEDU en dichas gestiones operativas.
El país debe ser consciente que toda vuelta al pasado tiene sus riesgos, y más cuando ese pasado era oscuro y poco transparente. Soy testigo de excepción de ver como una universidad pública ha progresado sustancialmente bajo la supervisión de SUNEDU. Y veo muy difícil, por no decir imposible, que estos cambios se hubieran generado por voluntad propia y en ausencia de un organismo como SUNEDU. Han pasado decenas de años y nunca antes se registraron cambios estructurales tan profundos y tan positivos en el sistema universitario peruano. Hoy vemos con profunda preocupación, que todo lo avanzado caiga por tierra y se inicie un retroceso académico donde cantidad se imponga a calidad; y la producción del conocimiento se haga al margen de los principios de veracidad y de una exigente rigurosidad científica.
(*) Mauricio Huaco es actual Decano de la Facultad de Arquitectura de la UNSA
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