Personas privadas de libertad, mujeres, niños, personas con discapacidad, adultos mayores, población LGBT o migrantes conforman el grupo de víctimas de tortura en Perú. Entre los presuntos agresores suelen estar funcionarios, policías y hasta cuidadores.
“La tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, constituyen una grave violación a los derechos humanos”, explica la Defensoría del Pueblo.
La vía pública no está exenta de ser escenario de tortura y tratos crueles. Así lo revela el último reporte del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) de la entidad denfensorial. Este documento muestra las cifras entre 2021 y 2022 y también datos sobre la crisis política.
Para este informe conversamos con Porfirio Barrenechea, experto de la Defensoría del Pueblo, sobre los números alarmantes que dejaron el 2021 y 2022, en los cuales Arequipa aparece entre los 10 primeros puestos de reporte de tortura y tratos crueles.
Es así que, en 2021, se registraron 309 quejas sobre hechos que podrían constituir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En 2022, el número de quejas registradas vinculadas a presuntos hechos de tortura y malos tratos fue de 357. Son 48 quejas más respecto del año anterior, lo que representa un 15.5% en aumento.
Los cinco departamentos con mayor número de quejas vinculadas a hechos de tortura y malos tratos en 2021 fueron Lima (64), Cajamarca (32), Ica (26), Áncash (25) y Cusco (19).
En 2022, Lima (70), Ica (30), Huánuco (30), Cusco (19) y Áncash (18) fueron las cinco regiones con mayor número de casos registrados.
Lima es la región que en ambos años registró más quejas sobre estos casos. Las regiones de Ica, Áncash y Cusco se han mantenido dentro de las cinco regiones que tienen un alto registro.
En 2022, en 16 de las 25 regiones (incluyendo a Callao) aumentaron los casos vinculados a hechos de tortura y malos tratos, en comparación al 2021. En las regiones de Huánuco, Tacna, Huancavelica, Madre de Dios, Callao y Amazonas, el aumento de casos fue de más del 100 % con relación al año 2021. Arequipa incrementó un 70 % y se mantiene entre los diez primeros puestos de esta preocupante lista.
“Lo que estamos haciendo es la difusión en lo mayor posible […] Se da como una situación que es normal; por ejemplo el maltrato en las escuela de formación policial o militar, o la violencia que hay en las dependencias policiales y en las detenciones”, comentó Porfirio Barrenechea sobre la gravedad de la normalización de la tortura.
Más del 80 % de presuntas víctimas de tortura pertenecen al menos a un grupo vulnerable
“La edad, el sexo, la nacionalidad, la identidad de género y orientación sexual, el tener una discapacidad o el pertenecer a una población indígena, entre otras, son condiciones que ponen a una persona en una situación de especial vulnerabilidad e indefensión”.
Reporte sobre tortura en Perú entre 2021 y 2022.
Por ejemplo, en 2021, de 327 presuntas víctimas identificadas, 284 pertenecen a un grupo vulnerable como mínimo (87.8 %). En 2022, de 389 presuntas víctimas identificadas, 343 pertenecen como mínimo a un grupo vulnerable (88.2).
Los hechos de tortura y tratos crueles afectan más a quienes pertenecen a un grupo vulnerable. Este tipo de daño se intensifica si sobre en la persona recae más de una condición de vulnerabilidad.
De acuerdo con el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, en el Perú se han identificado y se reconocen 13 grupos de especial protección.
De la sistematización de las quejas, se encontraron hasta 9 grupos vulnerables:
- Personas privadas de libertad.
- Mujeres.
- Niñas, niños y adolescentes.
- Migrantes.
- Personas con discapacidad.
- Adultos mayores
- Personas LGBTI.
- Afectados por TBC.
- Personas que viven con VIH.
Se encontraron presuntas víctimas con vulnerabilidades múltiples. Por ejemplo, mujeres privadas de libertad, adolescentes privados de libertad, personas LGBTI privadas de libertad, niñas, niños y adolescentes con discapacidad, mujeres migrantes, entre otros.
“Cuando hablamos de privación de libertad se cruzan una serie de vulnerabilidades. La persona privada de su libertad ya está vulnerada. Además de eso se suman más variables que hacen que la vulnerabilidad sea múltiple. Es el caso de mujeres privadas de su libertad, que a la vez están embarazadas, que pertenecen al colectivo LGTB, o que pertenecen a poblaciones indígenas”.
Porfirio Barrenechea, Director del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo
¿Quiénes son los agresores?
El autor del hecho de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, puede ser un funcionario o un tercero que lo hace con conocimiento de un funcionario, como suele suceder en centros de reclusión.
Para contabilizar a presuntos agresores se tomó en cuenta a quienes fueron identificados como tales en las quejas revisadas. En algunos casos podrían ser uno o varios los agresores. También se contabilizó sólo a quienes fueron señalados como responsables directos de ejercer violencia física, psicológica o sexual contra las presuntas víctimas.
En 2021 se identificaron 289 presuntos agresores, el 84.8 % de sexo masculino. En 2022, fueron 322 presuntos agresores, y el 80.7 % son de sexo masculino.
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Personas en situación de cárcel y funcionarios como presuntos agresores
En 2021, 159 funcionarios fueron señalados como presuntos agresores de los 289 identificados.
En este periodo también se observó que 124 personas privadas de libertad fueron identificados como presuntos agresores. Y otras 109 personas a cargo del cuidado o custodia de personas privadas de libertad, 34 efectivos policiales, y hasta 9 policías municipales o serenos (9).
Entre otros autores de estas torturas y tratos crueles están al menos 9 máximas autoridades de los lugares de privación de libertad. El dato más desalentador de esta cifra es que 1 era director de un centro de atención a menores de edad y otro más era director de un centro para adultos mayores. Los demás fueron 7 directores de establecimientos penitenciarios entre este último grupo.
Profesionales de la salud (2) y miembros de rondas campesinas (2) también figuran en la lista de presuntos agresores en 2021.
En 2022, de los 322 presuntos agresores, 195 eran funcionarios.
En este otro intervalo, 145 presuntos agresores fueron personas a cargo del cuidado o custodia de personas privadas de libertad y 122 personas privadas de libertad.
Se contabilizaron también a efectivos policiales (26), policías municipales o serenos (17). De las 7 máximas autoridades de los lugares de privación de libertad que aparecen en la lista de presuntos agresores, 6 eran directores de establecimientos penitenciarios y 1 director de un centro de atención a menores de edad.
En 2022, al menos 3 profesionales de la salud y 2 miembros de rondas campesinas fueron sindicados como presuntos autores de tortura o tratos crueles.
La vía pública como escenario de tortura
Pese a que la mayoría de los presuntos hechos de tortura y malos tratos ocurrieron en lugares de privación de libertad, varios también se dieron en la vía pública.
En 2021, los cinco principales lugares donde ocurrieron presuntos hechos de tortura y malos tratos fueron los establecimientos penitenciarios (223 casos), las comisarías (34 casos), la vía pública (15 casos), los cuarteles del Ejército (15 casos) y los CAR de niñas, niños y adolescentes (13 casos)
En 2022, los cinco principales lugares donde habrían acontecido hechos de tortura y malos tratos fueron los establecimientos penitenciarios (264 casos), las comisarías (35 casos), la vía pública (18 casos), los cuarteles de las Fuerzas Armadas (13 casos) –12 en cuarteles del Ejército y 1 en un cuartel de la Marina–, y los CAR de niñas, niños y adolescentes (13 casos).
¿Qué es el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT)?
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) se implementó en Perú como compromiso frente a las Naciones Unidas. El fin es prevenir actos de tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (esto último también conocido como malos tratos). El compromiso tiene vigencia desde 1988, cuando suscribió la Convención contra la Tortura. Recién en diciembre de 2015 el Congreso promulga la Ley Nº 30394, que crea un MNPT. Para ello encarga su implementación a la Defensoría del Pueblo.
En abril de 2017 el MNPT se incorporó como órgano de línea en la Defensoría del Pueblo. Actualmente tiene cuatro funciones asignadas: las de visita, asesoría, educación y cooperación:
“Uno de los temas de especial preocupación es el hacer visibles los hechos de tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que se han venido dando en el país, muchas veces normalizados por temas de prejuicio y discriminación, sobre todo hacia personas especialmente vulnerables como las mujeres, niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, personas pertenecientes al colectivo LGBTI, población indígena, con discapacidad, entre otras”, detalla el reporte último del MNPT.
La Defensoría del Pueblo ha recibido casos de los siguientes lugares de privación de libertad para realizar el reporte sobre el periodo entre 2021 y 2022. Esta entidad hace la precisión de que no se trata de una lista cerrada.
- Establecimientos penitenciarios (cárceles).
- Centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación. Dependencias policiales o de requisitorias (comisarías).
- Cuarteles de las Fuerzas Armadas.
- Centros de Atención Residencial de niñas, niños y adolescentes (CAR).
- Centros de Atención para Personas Adultas Mayores (Ceapam).
- Escuelas de formación policial y militar.
- Colegios militares.
- Instituciones psiquiátricas y comunidades terapéuticas.
- Centros de salud.
- Otros.
Para el reporte presentado se contabilizaron las quejas registradas y tramitadas por las 40 sedes desconcentradas de la Defensoría del Pueblo. También se incluyeron datos del Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios.
“No todos los casos llegan a la Defensoría del Pueblo. Es probable que con un mayor conocimiento de sus derechos las personas puedan hacer las denuncias”.
Porfirio Barrenechea, Director del MNPT
Con este dato, la Defensoría del Pueblo señala que la falta de denuncias y la normalización de conductas que constituyen tortura y/o malos tratos, evidenciaría que en Perú existe un preocupante subregistro.
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