Zoraida Ávalos Rivera, fiscal suprema inhabilitada por el Congreso, afirma: “lo que han hecho con mi inhabilitación es un acto ilegal, porque como ha reconocido el propio presidente del Congreso, lo que hice fue aplicar mi criterio jurídico en las investigaciones que sí realicé contra Vizcarra y Castillo”.
La fiscal suprema titular, quien sigue ostentando ese cargo pese a que no puede ejercer su labor, buscará justicia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esto porque es casi imposible que reciba protección en la jurisdicción nacional, a decir de sus abogados.
Según las normas internacionales, para acudir a la protección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se requiere haber agotado la jurisdicción interna. Y todo indica que sus reclamos no serán atendidos por los jueces peruanos. Por eso, podrá plantear a la Corte que dé por agotada la jurisdicción interna y empiece a analizar su caso.
Pero el actual Gobierno, podría oponerse a través del Ministerio de Justicia y la Procuraduría del Estado e insistir a que espere el pronunciamiento de los jueces peruanos.
Igualmente, en la Corte Interamericana, la admisión de un caso suele tomar un tiempo. Pero, según los abogados de Ávalos Rivera, es mejor actuar. Y a decir de algunos juristas, el reclamo de la fiscal suprema será favorable en el ámbito internacional.
Juezas expresan preocupación por falta de motivación en resolución legislativa
Por su parte, la Asociación Nacional de Juezas del Perú expresó su “profunda preocupación” por la falta de motivación de la Resolución Legislativa del Congreso, del 22 de junio último, con la cual se inhabilitó a la fiscal suprema Zoraida Ávalos.
Manifiestan que en el “texto no se advierte la motivación que debe contener, en respuesta al descargo realizado por dicha funcionaria. Ni la justificación de su decisión, como sujeción a las garantías constitucionales que el Estado está en la obligación de proteger”.
En ese sentido han exhortado al Poder Judicial y al Ministerio Público garanticen “que se tomen decisiones legítimas”.
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