Delegados provenientes de diversas bases en el Sur del Perú, que integran la Asociación Mutualista Sanitaria del Perú (AMSP), denuncian irregularidades en la administración de la entidad encargada de prever riesgos asociados al retiro, fallecimiento e invalidez de los trabajadores del sector de la salud.
Los miembros de la AMSP demandaron que el presidente de la mutual, Ángel Alberto Valdivia Concha, sea retirado del cargo. Lo acusan de haber ocupado de manera irregular la directiva de la asociación por un período cercano a los 17 años.
Representantes de mas de 19 mil trabajadores de la salud, que se reunieron en Arequipa, atribuyen a sus acciones la pérdida de un promedio anual de S/6 millones, fondos que fueron aportados por médicos de todo el país. Esta aportación tiene el objetivo de constituir un fondo de ahorro para su seguridad económica durante la vejez, tras su jubilación.
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Irregularidades en la dirección de la institución
Los delegados aseguraron que el actual presidente de la Junta Directiva no tiene vínculos laborales con el sector salud desde el año 2010. Además, no cumple con los requisitos de asociado activo ni representante de base. Señalan que su permanencia en la presidencia, por más de 17 años, contradice el estatuto de la AMSP que establece una renovación cada 3 años.
“Nos encontramos preocupados por la situación actual y consideramos que es necesario garantizar una gestión transparente y conforme a los estatutos de la institución”.
Carlos Ojeda delegado de la Base de trabajadores sanitarios del hospital Honorio Delgado.
El pronunciamiento lo hicieron delegados de bases de las regiones del sur, entre ellas, Arequipa, Tacna, Ica, Moquegua, Madre de Dios y Cusco. Expresaron su preocupación respecto a la administración de los fondos de la institución durante la presidencia de Valdivia Concha. Según señalan, los fondos que en 2006 ascendían a 72 millones de soles, actualmente se cifran en aproximadamente 24 millones de soles. Esto afectaría, según los delegados, a los 19,400 aportantes, número que se fue reduciendo en ete periodo. Antes llegaban a 79 mil socios.
Acción legal de los trabajadores de la salud
Además de las preocupaciones financieras, los delegados cuestionaron los pagos de honorarios por 380 mil soles al año a un abogado. Así como las dietas de hasta 6,400 soles mensuales que presumiblemente reciben los miembros de la directiva por asistir a las sesiones oficiales de la AMSP.
“Los asociados están indignados por la situación. Pues dejaron de entregar sus aportes pese a que se ha solicitado reiteradamente. Tenemos serios indicios que nos llevan a concluir la malversación de fondos… porque varios de los dirigentes ya no son trabajadores sanitarios o fueron destituidos.”
Karim Lino, representante legal de estos trabajadores
Se advierte sobre la posible convocatoria a una Asamblea Nacional Ordinaria por parte de la actual Junta Directiva, lo que algunos delegados ven como un intento de mantenerse en el cargo de manera indebida. “Es esencial que los asociados estén informados y participen en la toma de decisiones de la mutualidad”, mencionó el delegado durante la reunión que se llevó a cabo en el Hospital Regional Honorio Delgado. Allí se congregaron representantes de más de 2 mil trabajadores de la salud de Arequipa.
“Lamentablemente, no se ha proporcionado un resumen de cuentas, ya que durante 17 años nunca se ha presentado a nadie. No hay registros de ingresos ni egresos. A pesar de haber solicitado esta información por medios de transferencia, no se ha obtenido respuesta. Estamos evaluando la posibilidad de presentar una demanda penal por presunta malversación de fondos y fraude de persona jurídica.”
Karim Lino, representante legal de estos trabajadores
En respuesta a las inquietudes planteadas, los asociados trabajadores de la salud en Arequipa, han tomado acciones legales. Una denuncia civil por malversación de fondos ha sido presentada por parte de los asociados contra Ángel Alberto Valdivia Concha. Esta denuncia fue ingresada en el 23° juzgado de Lima bajo el expediente N°2695-2023. Aunque se anticipaba una respuesta en un período de 10 días, han transcurrido más de dos meses sin que se haya recibido aún una respuesta por parte de las autoridades judiciales.
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