El jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Puno, Jacinto Ticona Huamán, sostuvo que hay una tendencia creciente respecto a los conflictos sociales en la región. Dio a conocer que hasta agosto de 2023 se ha reportado un total de 14 conflictos.
Precisó que de este número, 12 se encuentran activos y 2 latentes. Además, en septiembre se viene evaluando el inicio de otros tres posibles nuevos conflictos que podrían presentarse con mayor tensión si las autoridades no dan una pronta solución.
Indicó que el primero de ellos se podría dar en el Centro Poblado de Inchupalla, donde la población no ha reconocido a su electo alcalde, motivo por el cual, sostuvo Ticona, se ha recomendado al alcalde provincial agilizar los trámites que correspondan para establecer una comisión de administración transitoria.
Un segundo caso es el del Colegio de Alto Rendimiento, donde existen tres municipalidades, Puno, Juliaca y Lampa, que vienen exigiendo que dicho proyecto pueda ejecutarse en su jurisdicción, “Si no se define de una vez donde va ser el COAR, puede generarse otro conflicto social mayor”, advirtió.
Y el tercero es otro conflicto podría desencadenarse en la comunidad de Itapalluni, donde la población ha advertido posibles daños ambientales, por lo cual se recomendó al municipio puneño labores de mitigación a nivel ambiental.
“Hay un cuarto que aún no está considerado como conflicto, esperamos que podamos llegar a un buen puerto porque estamos intermediando en una mesa de diálogo. Es el caso de la captación de agua de Totorani hacia Puno, en el distrito de Paucarcolla”, señaló Jacinto Ticona.
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