En votación del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec) se decidió debatir en una próxima reunión la solicitud de declaratoria de emergencia para la provincia de Arequipa, debido al aumento de casos de crimen organizado. Una medida que fue aprobada por el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (Coprosec) el pasado lunes.
En sesión extraordinaria llevada a cabo ayer, Rolando Bedregal Sanz, regidor a cargo del despacho de la alcaldía provincial de Arequipa, sustentó la solicitud en nombre del Coprosec, representando a Víctor Hugo Rivera, quien que se encuentra en Lima.
El regidor argumentó que la declaratoria de emergencia permitiría asignar recursos económicos y herramientas necesarias para recuperar la seguridad en Arequipa. Su posición fue respaldada por los alcaldes distritales de Mariano Melgar y Yura.
Sin embargo, hubo voces disidentes en la reunión. Kenneth Del Carpio Barreda, representante del Poder Judicial, y la prefecta regional Lucía Valdivia Corrales, objetaron la efectividad de esta medida. “Una declaratoria de emergencia, no es que salga y soluciona el problema. La cantidad de efectivos policiales que tenemos no va a cambiar con la declaratoria”, manifestó Del Carpio.
Oposición a estado de emergencia
Advirtió sobre las restricciones de los derechos constitucionales de las personas como la libertad de reunión y el tránsito en el territorio declarado en emergencia. Asimismo la seguridad personal, inviolabilidad del domicilio y otros. Asimismo, señaló que afectaría los ingresos que se obtiene por el turismo y el comercio en Arequipa.
Esta misma preocupación la tuvo el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez Sánchez, quien preside el Coresec. La autoridad enfatizó sobre el impacto internacional ante esta medida. Especialmente, de cara a importantes eventos como el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) y el IX Congreso Internacional de la Lengua Española.
Finalmente, el Coresec acordó dos puntos: solicitar a la Policía Nacional un informe detallado sobre la situación de inseguridad ciudadana y recabar la opinión de la sociedad civil y el sector empresarial sobre la declaratoria de emergencia.
Aunque no se programó una fecha para la evaluación de estos requerimientos, se confirmó que en esa ocasión se tomará una decisión.
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