Pese a las luchas y reformas, el camino que enfrentan las mujeres para alcanzar un espacio en el ámbito político está lleno de obstáculos. En un país machista y patriarcal como el Perú, aquellas que toman la decisión de hacer política experimentan duras realidades como la hostilidad, la exclusión y la transgresión a su privacidad.
Aun cuando la mitad de la población lo constituyen las mujeres, son pocas las que logran ascender a cargos de mando. Si bien hay un aumento progresivo en los últimos años, la realidad muestra que más del 90% de los puestos de mayor jerarquía son ocupados por varones.
Durante las últimas Elecciones Regionales y Municipales 2022, solo dos mujeres fueron elegidas gobernadoras en 25 regiones del país. A nivel de municipios, menos del 7% de las autoridades electas fueron candidatas mujeres. Esta situación pone al Perú entre los países de Latinoamérica con menor presencia femenina en la esfera de poder. ¿Qué hay detrás de ello?
Camino empinado
Mirtha Ruelas Casillas hizo historia al convertirse en la primera alcaldesa del distrito arequipeño de Yura. Ella pertenece a ese pequeño universo de 6% de mujeres autoridades electas en distritos, a nivel nacional. Ruelas ganó con un total de 32.67% de votos válidos por el movimiento Arequipa, Tradición y Futuro –ATF, imponiéndose frente a 12 candidatos varones, algunos de los cuales tenían ya experiencia política.
“Es la primera vez que tenemos a una representantes mujer en Yura. Una mujer que represente a todas las mujeres de Yura, a esas madres, que son padre y madre para sus hijos, que sufren violencia familiar”, fueron sus palabras tras ganar las elecciones.
Sin embargo, su ascenso estuvo lleno de obstáculos. Durante la campaña, su candidatura fue punto de críticas y ataques de opositores, lo que la llevó a pensar en varias ocasiones a dejar la contienda.
“Nosotros veníamos de corazón a participar en una campaña limpia, pero no fue así. Yo he sufrido tantos ataques que estaba decepcionada y decía hasta aquí no más. Me inventaron cosas, me hicieron guerra sucia, pero cada día yo decía las mujeres también podemos hacer política, no solamente los hombres”.
Ruelas manifestó que el camino de las mujeres que inician en la política es dificultoso. Para ella, fue valioso contar con el respaldo de su familia y de la población que decidió darle su confianza. Además, con su trabajo cumplirá la promesa que le hizo a su esposo antes de fallecer, dejando un mejor distrito para su comunidad.
Desde que asumió las riendas del municipio se ha dedicado a impulsar lo que ella ha denominado los tres pilares fundamentales, educación, formalización y trabajo. Esa actitud de mujer aguerrida, ha provocado cierta oposición de gente que no pertenece a su distrito. Debido a su labor, ha recibido acoso por tratar de poner orden a su distrito. Ruelas ha señalado que no se amilanará ante sus adversarios.
La violencia política contra las mujeres
El acoso político se reconoce como una forma de violencia de género, pero en el Perú aún no se imponen sanciones por ello.
Un informe de la Defensoría del Pueblo, de setiembre de 2023, revela que la institución atendió 12 casos de acoso político contra autoridades electas, entre el 2020 y 2022. Sin embargo, los procesos tenían como común denominador en ser poco claros y no brindar ninguna protección a las afectadas. A pesar que, en la mayoría de los casos, el acoso político se manifestó a través de la divulgación de imágenes falsas en redes sociales y la revelación de detalles de su vida privada.
La socióloga Adriana Cabrera indica que la violencia que se ejerce contra las mujeres que están en política menoscaba y limita sus derechos, además de perpetuar estigmas y estereotipos sobre ellas.
“Las mujeres que hacen política siempre se les va a cuestionar porque no están criando a sus hijos, si tienen o no esposo, que seguro para llegar a donde han llegado he tenido que abrir las piernas o tener que hacer favorecer sexuales. A cada momento, se duda de la capacidad de las mujeres, de su desempeño, de sus conocimientos y siempre se vincula su sexualidad, su apariencia física con su desempeño político”.
Uno de los casos de acoso político que mayor recuerda fue cuando la entonces candidata a gobernadora de Arequipa, Yamila Osorio, fue representada en una caricatura junto al líder del movimiento político, Juan Manuel Guillén, dentro de una cama. “Eso fue impactante. No es un caso lejano y pudo pasarnos a cualquier de nosotras que participamos alguna vez en política”.
Si bien el acoso político se manifiesta con efervescencia durante la época electoral, las situaciones de violencia se siguen reproduciendo con aquellas mujeres que son elegidas autoridades. Dalia Castellanos, socióloga con especialidad en género, explica que el acoso político se da muchas veces entre los propios compañeros.
“Paulina Arpasi, una de las primeras congresistas, que es campesina y quechuahablante, fue símbolo de una campaña muy dura de racismo, de discriminación, que no solamente se vinculan con el género, sino también por su procedencia étnica -cultural, entre otras cosas”.
La experta señala que la desigualdad no solamente tiene que ver con que las mujeres tienen dificultades en participar en la política, sino también con condiciones estructurales que perviven en la sociedad. “Las mujeres son las pobres, las más violentadas, las que tienen menos derechos”, añade.
Históricamente excluidas
Históricamente, el Perú ha excluido a las mujeres de la vida pública. Si miramos atrás, la participación política de las mujeres tuvo un proceso lento. La socióloga y feminista, Adriana Cabrera, indica que el voto se conquistó hace apenas 69 años. Es decir, tuvieron que pasar más de 130 años desde la Independencia para que las mujeres sean iguales que los hombres en las urnas.
“Si hacemos una revisión histórica, vemos que se ha negado el derecho de las mujeres a estar en el ámbito político del país. No solo del país, sino del continente y del mundo. El Perú ha sido el último país de Latinoamérica donde las mujeres han conseguido el voto”, asintió.
La instauración del voto femenino por fin se logró en 1955, durante el gobierno del presidente Manuel Odria. Fue en ese momento donde la mujer obtiene el derecho de poder elegir y ser elegida. Sin embargo, dicha facultad no fue otorgado libremente, sino que existió detrás una lucha de los movimientos feministas.
“Había mujeres que se movilizaron como Zoila Cáceres y María Jesús Alvarado, quienes defendían el voto universal de las mujeres y todos los derechos ciudadanos. Ellas tenían correspondencia y articulación con varias organizaciones, desde donde incidían para que se diera una agenda de lucha por la ciudadanía de las mujeres”, explicó la socióloga Dalia Castellanos, especialista en género.
Posteriormente, cuando la mujer finalmente ingresa a la vida política se enfrenta a diferentes desigualdades frente a sus compañeros hombres. “Muchas de las mujeres que ingresan a la arena política son discriminadas, son estereotipadas, sufren muchos ataques personales”, indicó Castellanos. Agregó también que las mujeres que hacen política ejercen un doble o triple trabajo ya que cumplen el rol de madres y amas de casa.
Un informe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales evidenció la enorme brecha entre hombres y mujeres al momento de financiar sus campañas políticas. En regiones como Madre de Dios, la diferentes de ingresos financieros de los hombres respecto a las mujeres supera incluso el 100%.
Tareas pendientes
El abogado especialista en temas electorales, Jorge Luis Mamani, señala que en el 2020 se emitió la Ley 31155 con el fin de prevenir y sancionar el acoso contra las mujeres que hacen política. Pues, actualmente, los casos tardan años en resolverse y en ocasiones se desestiman.
Este proceso resulta revictimizante y agotador las para las mujeres agraviadas. A ello se suma el estigma social, la creencia de que el acoso es parte de los gajes de la política. Se dice que es cosa de hombres y que las mujeres que se quejan no deberían estar allí.
No obstante, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) esta ley no contempla la aplicación de sanciones porque aún no está reglamentada. Asimismo, el Congreso de la República no ha tomado la iniciativa de aprobar el proyecto de ley enviado por el JNE y, actualmente, sigue dormido.
“Mientras no haya una facultad, una capacidad de sancionar, se tiene siempre el peligro de no cumplirse. Así que solo se queda a nivel de buenas intenciones”.
La Defensoría del Pueblo concluye que los vacíos de la norma generan la ausencia de una ruta clara para atender estos. Uno de los principales problemas es que aún no se determina de forma clara la entidad que debe estar a cargo de investigar y sancionar la violencia y el acoso.
Además, plantea que debe considerarse los casos que ocurren fuera de la contienda electoral y que atañen a las autoridades mujeres o aquellas designadas a cargos de confianza. Por lo que recomienda que debería considerarse el acoso político también como una falta disciplinaria.
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