La extorsión y el cobro de cupos se posicionan como las principales preocupaciones de seguridad en el norte del Perú, con un 74% de menciones, de acuerdo con una encuesta elaborada por Ipsos. Además, los resultados forman parte del libro Propuestas contra la inseguridad ciudadana. Este libro fue presentado en Piura por el Observatorio del […]
La extorsión y el cobro de cupos se posicionan como las principales preocupaciones de seguridad en el norte del Perú, con un 74% de menciones, de acuerdo con una encuesta elaborada por Ipsos. Además, los resultados forman parte del libro Propuestas contra la inseguridad ciudadana. Este libro fue presentado en Piura por el Observatorio del Crimen y la Violencia, iniciativa del Banco de Ideas Credicorp y del BCP, en alianza con Capital Humano y Social (CHS).
Le siguen la violencia sexual y el secuestro, ambos con 41%, mientras que la corrupción de funcionarios públicos alcanza un 38%. A nivel nacional, la extorsión y el cobro de cupos también encabezan las preocupaciones con un 76%.
Economías criminales y delitos en aumento
En el ámbito de las economías ilegales, el tráfico ilícito de drogas lidera las preocupaciones en el norte con 64%. Luego, le sigue la trata de personas (60%), la minería ilegal (54%) y el contrabando (40%). Este último tiene la cifra más alta registrada en cualquier región del país.
A nivel nacional, el tráfico ilícito de drogas y la trata de personas comparten el primer lugar entre economías criminales, ambos con 64%. Según los especialistas, estas actividades reflejan un crimen cada vez más organizado, violento y con conexiones transnacionales.
El estudio advierte que el crimen se ha vuelto más organizado y propone fortalecer la inteligencia, la coordinación institucional y la reforma del sistema de justicia. (Foto: Difusión)
Propuestas para enfrentar la inseguridad
Ricardo Valdés, coautor del libro, sostuvo que la extorsión requiere estrategias integrales basadas en inteligencia y coordinación entre operadores de justicia. También señaló que son necesarias decisiones políticas sostenidas para desarticular organizaciones criminales.
El documento recoge propuestas organizadas en siete ejes, entre ellos el fortalecimiento de la Policía Nacional y el sistema de justicia, la reducción de la extorsión y el uso de tecnología avanzada e inteligencia artificial. Además, plantea medidas como tercerizar el control en penales, potenciar la inteligencia policial con big data y mejorar la articulación entre la PNP, el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Por su parte, Carlos Basombrío destacó que el norte del país evidencia con claridad la evolución del crimen hacia estructuras más complejas y violentas. Además, en esta zona se concentra la mayor preocupación por el contrabando.
Finalmente, la ciudadanía identifica como prioridades para el próximo gobierno el combate al crimen organizado y las economías ilegales (54%). También considera la reforma del sistema de justicia (45%) y el fortalecimiento de la Policía Nacional (44%).
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La Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició un procedimiento disciplinario a Piero Corvetto Salinas en tanto fue jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Dicen que no es una medida que se esté tomando de manera apresurada.
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) abrió un concurso público de méritos para seleccionar y nombrar a un nuevo Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), para reemplazar a Piero Corvetto, quien renunció al cargo el pasado 21 de abril por los cuestionamientos a su gestión durante las Elecciones Generales 2026.
La convocatoria que estableció la JNJ está conforme a la normativa vigente, informaron. “Corresponde convocar a Concurso Público para el nombramiento de Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE”, según el acuerdo, por unanimidad, del 24 de abril de 2026.
La responsabilidad del Pleno de la Junta Nacional de Justicia, de aprobar tanto las bases como la propia convocatoria del proceso se encuentra enmarcada en el reglamento institucional.
A fin de garantizar la transparencia, la resolución adoptada establece que la publicación de la convocatoria debe publicarse “en el Boletín Oficial de la Magistratura y, por una sola vez, en el diario oficial El Peruano y en otro de mayor circulación, así como en la página web institucional”.
Poder Judicial decidirá si Corvetto va a prisión preventiva
El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria del Poder Judicial admitió el recurso del Ministerio Público de apelación a la resolución que dejó en libertad a Piero Corvetto y a tres funcionarios más de la ONPE, investigados por presuntamente direccionar un contrato de transporte electoral que superó los seis millones de soles.
Tras el rechazo judicial del 23 de abril, el Juzgado verificó que la Fiscalía cumplió con los plazos de ley para impugnar la resolución del 23 de abril, que declaró infundado el requerimiento de detención. Es así que el magistrado Manuel Chuyo Zavaleta dispuso que se eleven los actuados a la Sala Penal correspondiente, para que resuelva si los implicados enfrentan el proceso bajo restricción de libertad.
Como se informó, la Fiscalía formalizó la apelación para revocar la decisión judicial que denegó la detención de Corvetto Salinas, sustentando un peligro procesal por parte del investigado y otros tres funcionarios del organismo electoral. Esto, dentro de la investigación por presunta colusión agravada referida a las irregularidades que hubo durante las elecciones de este 12 de abril.
Asimismo, el fiscal provincial Raúl Martínez, de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, solicitó al Poder Judicial el impedimento de salida del país por 18 meses contra Corvetto y otros seis investigados. Ellos son, Samamé Blas, Phang Sánchez, Alvarado Pfuyo, Hilda Elizabeth Otoya Alvarado, William Martín García Velásquez y Lilia Flores Bancho.
Al respecto, la Fiscalía Supraprovincial anticorrupción (Primer Despacho) sustentará este jueves 30 de abril, a las 11 a. m., esta solicitud de impedimento para salir del Perú.
Renuncia abogado de Piero Corvetto y se queda sin defensa legal
Ricardo Sánchez, quien era el abogado de Piero Corvetto renunció a su defensa técnica este martes 28 de abril. Presentó un escrito al juez de investigación preparatoria Manuel Chuyo Zavaleta donde informó de su decisión.
“Por medio del presente escrito, renuncio a defensa técnica debiéndose dejar sin efecto alguno el domicilio procesal y casilla Sinoe, así como medios alternativos de comunicación”, solicitó Sánchez al magistrado.
Como se recuerda, Sánchez asumió desde el inicio la investigación la defensa de Piero Corvetto. Se le vio acudir al allanamiento del domicilio del exjefe de la ONPE por parte de miembros del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú quienes buscaban recabar pruebas en la investigación seguida al exfuncionario, quien ahora deberá designar un nuevo abogado particular, cuyos honorarios serán asumidos por la institución electoral.
Según se informó, a Corvetto Salinas se le otorgó el beneficio de defensa legal, pero, en caso se compruebe la responsabilidad penal, deberá devolver el dinero que el Estado gastó en financiar a su abogado.
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Candidato de Juntos por el Perú sí figuraba entre los seis primeros puestos, pero Carlos Álvarez y Ricardo Belmont lo superaban. ¿Deberían publicarse encuestas hasta un día antes de los comicios?
Las encuestas que se realizaron este 2026 antes del cierre de plazo para poder publicarlas, tienen una similitud en el cambio del voto durante el 'silencio electoral'. La intención del voto varía.
El 5 de abril del 2026, las últimas encuestas de IPSOS, DATUM y el IEP fueron publicadas antes de que se cierre el plazo para hacerlo y se inicie el ‘silencio electoral’, tiempo en el que no se pueden publicar más estudios. Esto es, la semana previa a las elecciones.
Los resultados, como ocurrió en las Elecciones Generales del 2021, variaron respecto a lo que decían las encuestadoras. El ‘favorito’ del segundo lugar, Carlos Álvarez y del cuarto y quinto lugar, Ricardo Belmont pasaron ambos -luego del 12 de abril- a ocupar posiciones muy diferentes.
Al igual que en las elecciones pasadas, cabe preguntarse si la no publicación de encuestas hasta el día previo a los comicios podría “confundir” a los electores sobre quién o quiénes están con mayores posibilidades de ganar, más aun, si como en este año, los candidatos a la presidencia de la República fueron 36.
IPSOS
Así, mientras IPSOS en la última encuesta realizada el 3 y 4 de abril por encargo de Perú 21 y publicada el 5 de abril, Keiko Fujimori ocupaba el primer lugar con un 15% en la “intención de votos”; en segundo lugar Carlos Álvarez, quien tenía un 8%; luego Rafael López Aliaga con un 7%; Ricardo Belmont con un 6% y recién en quinto lugar aparecía Roberto Sánchez con un 5%.
Lo seguía y empataba Alfonso López Chau con 5%, Jorge Nieto con 4% y Marisol Pérez Tello un 3% al igual que César Acuña y Fernando Olivera. Aparecía también José Luna con 2%.
DATUM
Esta encuestadora también publicó sus últimas encuestas el 5 de abril y ubicaba en primer lugar a Keiko Fujimori con un 14.5% de intención de voto, a Carlos Álvarez con 10.9%, Rafael López Aliaga un 9.9%, Jorge Nieto con un 6.0%, Ricardo Belmont con 5.5%, seguido de Roberto Sánchez con apenas un 4.9%. Unos 8 puntos de diferencia con la votación real.
Lo seguía de cerca Alfonso López Chau con 4.7%, Marisol Pérez Tello con 4.5%, César Acuña 3.2%, Carlos Espá 2.6%, Yonhy Lescano 2.4% y Fernando Olivera con 1.8%.
IEP – Instituto de Estudios Peruanos
Y aunque fue publicada el 2 de abril, antes que los otros estudios, la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), por encargo de La República, la intención de voto ponía a Keiko Fujimori un poco más cerca del que será su contendor en la segunda vuelta con un 10.0%, Rafael López Aliaga estaba en segundo lugar con 8.7%, seguido de Carlos Álvarez con 6.9% y lo seguía Roberto Sánchez quien aparecía en el cuarto lugar.
Alfonso López Chau estaba casi en empate con un 6.3%, seguido de Jorge Nieto con un 5.4%. Recién aparecía Ricardo Belmont con 5.2% y luego de Marisol Pérez Tello con 2.3%, Yonhy Lescano y César Acuña en empate con 2.2%, Mario Vizcarra con 1.9%, Carlos Espá con 1.6% y Fernando Olivera con 1.2%.
¿Qué mostraron los primeros resultados y cómo variaron a la fecha?
Sin embargo, la noche del 12 de abril, los primeros resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 10.429% de un total de actas 92,766, Rafael López Aliaga ocupaba el primer lugar con 22%, Keiko Fujimori tenía 16.67%, Jorge Nieto 16.09%, Carlos Álvarez 8.78%, Ricardo Belmont 8.32%. Alfonso López Chau 6.8% y Marisol Pérez Tello tenía un 4.59%.
Pero ya al 13 de abril, con las actas contabilizadas al 53.596% de un total de actas de 92,766, Fujimori pasaba al primer lugar con 16.96%, López Aliaga 14.53%, Nieto 12.80%, Belmont 9.84%, Álvarez 8.45%, aparecía Roberto Sánchez con un 7.98% y López Chau tenía 7.62%.
El día 14 de abril, los resultados de la ONPE comienzan a moverse al 84.722% de actas contabilizadas de un total de 92,766 actas. Fujimori llega a 16.84%, López Aliaga a 12.19%, sube Sánchez con 11.42%, seguido de Nieto con 11.36%, Belmont 10.13%. Álvarez 7.90% y López Chau con 7.49%.
Y a partir del 15 de abril, con 91,100% de actas contabilizadas y 92,766 del total de actas, Keiko Fujimori se queda en 17.01% . Roberto Sánchez pasa al segundo lugar con 12.05%, seguido de Rafael López Aliaga con 11.87%. Los siguen Jorge Nietop con 11.07%, Ricardo Belmont 10.16, Carlos Álvarez 7.84% y Alfonso López Chau con 7.37%.
Actualmente, a las 96.356 actas contabilizadas Fujimori tiene 17.075% de los votos válidos, Sánchez 12.041%, López Aliaga 11.890% y Jorge Nieto11.011%. Los siguen Belmont con 10.173%, Álvarez 7.898%, López Chau 7.329% y Pérez Tello 3.422%. Una vez más, las encuestas publicadas no acertaron con el resultado, por largo.
Primeros resultados del 12 de abril de 2026 por la noche.
Resultados del 14 de abril del 2026.
Resultados del 15 de abril del 2026. Desde entonces
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Un violento impacto frontal entre un camión cisterna y una miniván cobró la vida de 10 personas en el kilómetro 228+500 de la vía que conecta Juliaca con Arequipa. El suceso ocurrió en la tarde del 28 de abril en el sector Cerrillos, dentro del distrito de Santa Lucía, región Puno.
La miniván de placa C8U-964, presuntamente operada por la empresa Turismo Desaguadero, quedó completamente destruida tras el choque. Su conductor, Marcelino Jhonatan Sumire Zevala, falleció en el acto junto a otros cuatro ocupantes. El camión involucrado es un Volvo modelo FH 6×4 T, con matrícula VAM-793.
Dos personas más murieron cuando eran trasladadas hacia la posta médica de Santa Lucía. Con estas pérdidas, suman siete los fallecidos directamente en la zona del siniestro. Horas después, las autoridades confirmaron tres decesos adicionales, elevando la cifra total a 10 víctimas mortales.
Lista oficial de fallecidos en el accidente
Esmeralda Phala Cutipa
Benigna Quispe Pari
William Medina Huamán
Guillermo Serrano Sacari
Ninfa Isabel Flores
Miramos J. Torres Humire
Juan Carlos Rivera Cayra.
La Policía Nacional y el Ministerio Público mantienen 3 cuerpos en calidad de no identificados (NN) mientras avanzan las diligencias.
Lista de heridos:
Wilfredo Yanapa Fora (45) / chofer
Marcelino J. Zavala Sumire / chofer
Eloy Cahuaná García (42)
Berlín Frank Lanque Carita (22)
Estela Colque Colque (40)
Hipólito Cosi Ventura (36)
Julian Serapio Calsin Loayza (60)
Felipa Chipana Ccora (81)
Ancelma Condori de Chipana (75)
Herminio Esteban Paxi (49)
Yenny Gómez Mendoza
El médico legista y el fiscal de turno realizan el levantamiento de cadáveres. Las causas del choque frontal aún se investigan. Las autoridades no descartan que la cifra de heridos con pronóstico reservado pueda agravar el parte médico en las próximas horas.
Una vía peligrosa que ya suma otra tragedia
El sector Cerrillos se encuentra en una de las rutas de mayor riesgo del sur del país. Precisamente, el 23 de marzo de 2026, en el kilómetro similar de la misma carretera hacia Arequipa (sector Imata), otra colisión entre una miniván y un camión dejó 11 muertos.
La policía de carreteras confirmó que el vehículo pesado se dirigía de Juliaca a Arequipa, mientras la miniván circulaba en sentido contrario. Los peritajes continuarán en los próximos días para esclarecer la responsabilidad exacta del impacto.
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Resulta que Roger Santa Cruz, el presidente de la International Political Science Association for Students, ha decidido bajar del balcón de las teorías conspirativas a más de uno. Mientras reconoce que la ONPE tuvo más fallas que un celular sin batería el pasado 12 de abril, con negligencias operativas que ya están en manos de jueces, el politólogo suelta la joya: no, señores, la ineficiencia no es lo mismo que un fraude orquestado.
Así que, aunque algunos grupos políticos insistan en una “retórica fraudista” digna de guion de suspenso, Santa Cruz les recuerda que acusar sin pruebas es más una táctica de presión que un acto por la transparencia.
Y hablando de pruebas, las famosas actas de la “serie 900″ siguen siendo muy esquivas; mientras no aparezcan, la carga recae en quien grita “fraude”. Para cerrar, el especialista sugiere que, en lugar de pedir auditorías imposibles que solo retrasarían la segunda vuelta, mejor aceptemos que las urnas ya hablaron, así a algunos les dé alergia el resultado.
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No hay quien frene a Rafael López Aliaga en su cruzada por convencer al país de que fue víctima de una gran conspiración electoral. Y como toda buena teoría necesita respaldo, ahora decidió contratar a un “forense electoral” que, en teoría, pondrá números y sellos a su narrativa.
Mientras tanto, seguirá bombardeando al JNE con recursos de apelación. Pero eso no es suficiente. También anunció que acudirá a “instancias internacionales” para demostrar que las mesas de sufragio de la serie 900, según él, fueron creadas y distribuidas estratégicamente para favorecer al candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez.
Eso sí, evitó precisar a qué instancias recurrirá, por “estrategia”. Curioso, porque los únicos organismos que podrían escuchar algo así serían los mismos a los que ha dedicado años de puros insultos y ahora quiera ir a tocarles la puerta. Cosas de la vida.
Y para que el espectáculo esté completo, desde la Municipalidad de Lima también hay eco. El sucesor de Porky en su faceta de alcalde, dejó en pausa la gestión para lanzar una especie de mensaje a la Nación con tono pasivo-agresivo, anunciando que recurrirá al Tribunal Constitucional del Perú con una demanda para “defender el derecho al voto de miles de limeños”. Todo mientras insiste en que se reconsidere la negativa de convocar elecciones complementarias.
Ya basta Porky, hasta Víctor Andrés García Belaúnde ya explicó con manzanitas que, ni inflando los números de las supuestas actas fraudulentas, le alcanzaría para meterse en segunda vuelta.
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La propia ONPE desmintió que tenga trabajadores extranjeros. Además, precisó que todo su personal está conformado por ciudadanos peruanos plenamente identificados con DNI.
Diversas publicaciones en redes sociales aseguran que ciudadanos extranjeros, especialmente venezolanos y cubanos, trabajan actualmente en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y que ello sería prueba de un supuesto fraude electoral.
Una de las publicaciones más difundidas señala: “Confirmado, 128 venezolanos y 28 cubanos trabajan en la ONPE. Una mafia organizó las Elecciones a su antojo”. Otra incluso afirma: “128 venezolanos y 28 cubanos en la ONPE, esto es una organización criminal”.
Estas afirmaciones comenzaron a circular con mayor fuerza luego de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) solicitara formalmente a la ONPE información sobre las personas de nacionalidad extranjera que prestan servicios en dicha entidad, lo que fue interpretado erróneamente por usuarios como una supuesta confirmación de que sí existían trabajadores extranjeros dentro del organismo electoral.
ONPE desmintió que existan trabajadores extranjeros
El 20 de abril de 2026, la ONPE publicó un pronunciamiento oficial en su cuenta de X donde aclaró que no cuenta con trabajadores extranjeros dentro de su institución.
“Aclaramos que la ONPE no cuenta con trabajadores extranjeros. Esto fue verificado tras una revisión del personal realizada en atención al requerimiento de la JNJ sobre la nacionalidad de quienes integran nuestra institución”, indicó la entidad.
Asimismo, detalló que actualmente cuenta con 15,037 personas contratadas bajo la modalidad de locación de servicios, distribuidas en las 126 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) a nivel nacional y en la sede central.
Además, informó que existen 1,352 órdenes de servicio emitidas hasta el 20 de abril de 2026, junto con 143 servidores bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N.° 728 y 225 servidores bajo el régimen del Decreto Legislativo N.° 1057.
La institución remarcó que todas las personas que laboran en la ONPE son ciudadanos peruanos plenamente identificados con Documento Nacional de Identidad (DNI).
La gráfica viral no pertenece a la ONPE
Parte de la desinformación se sostiene en una imagen titulada “Datos sobre trabajadores extranjeros y asesores – último año”, donde se afirma que existirían 128 venezolanos y 28 cubanos trabajando actualmente en la ONPE. Incluso, en la parte inferior aparece la frase “Informe Anual de Recursos Humanos – ONPE”, lo que busca dar apariencia de documento oficial.
PerúCheck se comunicó directamente con la ONPE y la institución desmintió que dicha presentación forme parte de sus documentos oficiales. La entidad precisó que esa gráfica no la ha elaborado la ONPE y que no corresponde a ningún informe institucional.
Es decir, la imagen viral utiliza el nombre y el logo de la entidad para dar credibilidad a una información falsa.
¿Cómo se originó esto?
La confusión se incrementó luego de que la Junta Nacional de Justicia solicitara a la ONPE su pedido de información sobre personas extranjeras que prestan servicios en la institución.
Mediante el Oficio N.° 127-2026-P/JNJ, fechado el 22 de abril de 2026, la JNJ recordó que previamente había solicitado información detallada sobre este grupo de trabajadores, incluyendo número total, nacionalidad, identificación completa, tipo de documento, modalidad laboral y área de trabajo.
Sin embargo, este requerimiento no constituye una prueba de que existieran trabajadores extranjeros, sino una solicitud de verificación institucional.
Como respuesta, la ONPE remitió el Oficio N.° 001302-2026-SG/ONPE, fechado el 24 de abril de 2026, dirigido a la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera Vega, donde informa que realizó una revisión integral del personal contratado a nivel nacional.
En el documento, la entidad señala que la verificación incluyó al personal bajo modalidad de locación de servicios, órdenes de servicio, así como trabajadores sujetos a los regímenes laborales de los Decretos Legislativos N.° 728 y N.° 1057.
Además, en la conclusión del informe adjunto se precisa textualmente:
“De la información consolidada remitida por las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales — ODPE, así como de los reportes correspondientes a la Sede Central, se concluye que la totalidad del personal que presta servicios en la Entidad, bajo las distintas modalidades contractuales (…) es de nacionalidad peruana”.
Esto contradice directamente la narrativa viral que asegura la existencia de trabajadores venezolanos y cubanos dentro de la ONPE.
Conclusión
La propia ONPE desmintió que tenga trabajadores extranjeros. Además, precisó que todo su personal está conformado por ciudadanos peruanos plenamente identificados con DNI. Asimismo, la entidad confirmó a PerúCheck que la gráfica viral titulada “Informe Anual de Recursos Humanos” no pertenece a la institución y no corresponde a ningún documento oficial. Por ello, PerúCheck califica estas afirmaciones como falsas.
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PerúCheck está integrado por una alianza de medios asociados al Consejo de la Prensa Peruana y aliados de varias regiones del Perú que colaboran en la distribución de contenido mediante sus plataformas digitales, impresas y televisivas. El Búho es aliado de esta iniciativa.
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Ricardo Jampier Acuña Quispe (20), sobreviviente de la intervención militar del 25 de abril en Colcabamba, aseguró que miembros del Ejército lo amenazaron con armas para obligarlo a declarar que transportaba droga. Con esta nueva versión, el joven se retractó de su testimonio inicial, en el que admitía haber participado en el traslado de sustancias […]
Ricardo Jampier Acuña Quispe (20), sobreviviente de la intervención militar del 25 de abril en Colcabamba, aseguró que miembros del Ejército lo amenazaron con armas para obligarlo a declarar que transportaba droga. Con esta nueva versión, el joven se retractó de su testimonio inicial, en el que admitía haber participado en el traslado de sustancias ilícitas.
“Me amenazaron con armas diciendo que te vas a disparar, te va a matar bala, así”, declaró. Según su relato actual, no transportó droga ni armas y afirma que lo obligaron a decir lo contrario.
Acuña sostuvo que regresaba junto a sus primos cuando la camioneta en la que viajaban fue atacada a balazos. “Nosotros fuimos atacados por los militares cuando estábamos volviendo de Huallhua”, afirmó.
El joven indicó que los efectivos no estaban identificados. “No pensábamos que eran militares, pues estaban con la ropa de civil con capucha”, dijo. Según su versión, el conductor intentó escapar al creer que se trataba de delincuentes. “Habría pensado que eran rateros así”, agregó.
Acuña relató que logró bajar del vehículo en medio del ataque y se escondió por temor. Luego decidió entregarse. “Cuando vi que ha llegado una patrulla de militares, después que me sentí seguro de que ellos son militares, por eso me entregué”, explicó.
«Te voy a disparar. Te voy a meter bala».
Testimonio de Ricardo Acuña Quispe, joven sobreviviente de la intervención militar en Colcabamba: afirma que fue amenazado con armas por el personal del Ejército para declarar que camioneta trasladaba sustancias ilícitas. pic.twitter.com/Cb4ZM2Z0bW
Tras la intervención, Acuña declaró en su primera declaración que formaba parte de un grupo de unas 50 personas contratadas para trasladar droga en la zona del VRAEM. En ese momento, aseguró: “Nos contrataron para cargar droga. Éramos como 50 personas”.
También afirmó que caminó durante dos días cargando droga en una mochila y que recibió un pago en efectivo. Esa versión lo ubicaba como parte de una red de transporte ilegal.
Ahora lo niega
En su nuevo testimonio, el joven rechaza completamente esa declaración. “No hemos transportado nada, ningún droga ni armamento. Es completamente falso lo que dicen”, sostuvo.
Acuña insiste en que lo obligaron a incriminarse. “En ese momento fui amenazado, obligado para hablar esas cosas”, dijo.
La madrugada del sábado 25 de abril, una patrulla del Ejército descargó 60 tiros contra una camioneta negra, en la que viajaban ocho personas, y mató a cinco de ellas, en lo que denominó una operación antidrogas.
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La expresidenta Dina Boluarte fue blindada por la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) en una sesión virtual. Las acusaciones se referían al futuro del puerto de Matarani y los trabajadores estatales.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) aprobó declarar improcedentes las denuncias constitucionales contra la expresidenta, Dina Boluarte Zegarra, referidas al puerto de Matarani de Arequipa, en dos informes de calificación que se trataron este martes en el Congreso de la República. La sesión de este grupo de trabajo fue virtual.
En la primera Denuncia Constitucional se acusó a Boluarte Zegarra y al expresidente del Consejo de ministros, Gustavo Adrianzén Olaya, al haber limitado el derecho fundamental a la negociación colectiva de los trabajadores del sector público. Esta acusación de presunta infracción constitucional la formuló el congresista Juan Burgos Oliveros de Podemos Perú. Obtuvo 9 votos a favor, 3 votos en contra y cero abstenciones.
La segunda Denuncia Constitucional la presentó el congresista Edwin Martínez de Acción Popular. Esta también contra Dina Boluarte y los exministros de Estado Raúl Pérez Reyes y César Sandoval, “por presunta infracción constitucional y la posible comisión de los delitos de corrupción en la modalidad de colusión simple y agravada, negociación incompatible y aprovechamiento indebido de cargo”.
Se les acusó de haber aprobado el Decreto Supremo del MTC del año 2025, que aprueba el texto de la adenda 5 del contrato de concesión del Terminal Portuario de Matarani, que extiende la concesión por 30 años adicionales. Obtuvo 9 votos a favor, 3 votos en contra y cero abstenciones.
Las veces que Boluarte fue blindada por el Congreso
A Dina Boluarte, antes de ser vacada por el mismo Congreso, la blindaron en mayo de 2025 en la SAC al aprobar el archivamiento de la denuncia constitucional vinculada al denominado “caso Rolex”. El informe final fue elaborado por la congresista Nilza Chacón de Fuerza Popular, quien indicó que no existían indicios suficientes para determinar que Boluarte había cometido delitos de corrupción.
Luego en septiembre de ese mismo año, la SAC volvió a blindar a Boluarte. Decidieron no seguir con las investigaciones contra la mandataria por las más de 50 muertes registradas durante las protestas en rechazo a su gobierno entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. Los votos a favor del archivo fueron principalmente de Alianza para el Progreso (APP) y Fuerza Popular.
Otras denuncias constitucionales archivadas
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales también archivó la Denuncia Constitucional del ciudadano Percy Baldeón Ferrer. Fue presentada contra el fiscal supremo Juan Carlos Villena Campana, por presunta infracción constitucional. Y la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, encubrimiento real y prevaricato/fallo o dictamen ilegal.
También desestimaron la Denuncia Constitucional que formuló el expresidente de la república Pedro Castillo. Era contra los congresistas Patricia Juárez, Eduardo Castillo, Manuel Revilla, Alejandro Soto, Eduardo Salhuana y Jorge Montoya. También contra Alejandro Muñante, Norma Yarrow, Adriana Tudela y José Williams por presunta infracción constitucional. Y también por la posible comisión de los delitos de omisión de actos funcionales, encubrimiento real, omisión de denuncia y obstrucción de la justicia.
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Durante la inauguración de su local central en Arequipa, representantes de Fuerza Popular informaron que Keiko Fujimori podría visitar la región entre dos y tres veces en el marco de la campaña por la segunda vuelta. Precisaron que las fechas aún no están definidas y que serán comunicadas conforme avance la organización interna.
Según indicaron, estas visitas tendrían como objetivo presentar propuestas concretas para la región y sostener encuentros con ciudadanos, bases sociales y dirigentes locales. Añadieron que el enfoque de la campaña priorizará el contacto directo con la población y la exposición de proyectos vinculados a infraestructura, salud y educación.
En esa línea, mencionaron iniciativas que serían parte de la agenda, como intervenciones en instituciones educativas, proyectos hospitalarios y el impulso de obras de gran escala en la región. También señalaron que se recogerán demandas de las provincias para integrarlas en las propuestas que la lideresa presentaría durante sus visitas.
El anuncio se realizó en el marco del inicio de actividades proselitistas en la ciudad, donde participaron coordinadores regionales, provinciales y distritales del partido, así como representantes de organizaciones sociales. Durante la actividad, voceros indicaron que se encuentran a la espera de la confirmación oficial de resultados para definir estrategias específicas de campaña en la segunda vuelta.
Arequipa concentra despliegue territorial de Fuerza Popular en campaña
En el mismo evento, voceros del partido informaron que se proyecta la apertura de locales partidarios en los 109 distritos de la región Arequipa, como parte de su estrategia de fortalecimiento territorial durante la segunda vuelta.
Detallaron que las inauguraciones se desarrollarán de manera progresiva en las distintas provincias. Como parte del cronograma inmediato, indicaron que se prevé la apertura de tres locales en la provincia de Castilla y cuatro en Camaná en los próximos días, mientras que en las semanas siguientes se continuará con nuevas sedes en otros distritos.
Asimismo, señalaron que el despliegue incluye la articulación con coordinadores locales y organizaciones sociales, con el fin de consolidar la estructura partidaria en la región. Indicaron que este trabajo busca facilitar la difusión de propuestas y la organización de actividades durante el proceso electoral.
Durante la actividad también se realizó la presentación de parte del equipo regional, integrado por responsables de áreas como logística, coordinación provincial y trabajo con sectores sociales, quienes participarán en el desarrollo de la campaña en Arequipa.
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El mayor financista de su campaña es su esposo, Manuel Quispe. El empresario se ganó cuestionamientos en el Gobierno Regional de Moquegua, primero como gerente y años después como cercano a la gestión del cuestionado “Jamocho”. En Arequipa su movimiento DECIDE buscó que el inefable Luis Cáceres Velásquez, sea otra vez alcalde.
El partido Ahora Nación obtuvo la tercera preferencia en la región de Arequipa en cuanto a las elecciones para diputados. Obtuvo 69,608 votos al 90.1% de actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Aplicando la cifra repartidora, a dicha organización le correspondería la cuarta de las seis curules disponibles para la región Arequipa. Es casi irrebatible que ese cupo recaiga en Marleny Arminta Valencia.
Ella venía desempeñándose como consejera regional de esta región. La política consiguió 14,147 votos preferenciales a diferencia de los demás candidatos de su partido. Tiene una ventaja de más de 5,000 votos por encima del más cercano, Remil Paredes Angulo.
Saldría airosa de los comicios tras colocar una fuerte inversión de dinero para propaganda política y con una lista de propuestas de las que varias son demagógicas. Por ejemplo, la pena de muerte para abusadores de menores de 13 años. O legislar sobre la regulación de pasajes y del medio pasaje universitario cuando ya existe la Ley N°26271. O la muerte civil para corruptos, una idea que tiene décadas y que pasa de boca a boca de los postulantes.
Pero además, Arminta arrastra una millonaria hipoteca por un departamento que adquirió en la capital. Niega que su única intención de llegar al Parlamento, de confirmarse los resultados, sea el beneficio económico.
En portada. Quispe, esposo de Arminta, en primera plana del 20 de marzo del 2017.
La sombra del esposo
Entre los más contentos con su elección, está su esposo: Manuel Francisco Quispe Quispe. El cónyuge de la consejera siempre quiso ser autoridad. Postuló en tres ocasiones tentando el cargo de alcalde de Paucarpata y nunca obtuvo la mayoría de las preferencias. Su último intento ocurrió en las elecciones del 2010 buscando ser vicegobernador del Gobierno Regional de Arequipa con su movimiento regional DECIDE (Democracia Cívica para el Desarrollo).
Aquella camiseta política la ofreció para que el tránsfuga excongresista y corrupto, a confesión propia, José Luis Cáceres Velásquez, intente otra vez ser alcalde de Arequipa. Publicaciones periodísticas de esa época, como la de El Búho, indican que Quispe defendió la adhesión de Cáceres a DECIDE señalando que “en política todos roban y tienen doble moral”.
Quispe fue el principal financista de la campaña de Arminta, según la primera entrega de rendición de gastos e ingresos de campaña entregadas a la ONPE. Aportó S/ 31,690 de los S/ 51,490 totales. De sus contribuciones, S/ 20,000 fueron en efectivo y S/ 11 690 por servicios de transporte de su empresa constructora COPROVEIN SAC. Pero esta firma tiene la condición baja de oficio desde octubre del 2025, según consulta a la SUNAT.
A la consejera Arminta se le consultó si Quispe intervendría en su mandato como diputada, en caso se confirmaran los resultados. “Si una persona es casada, evidentemente su cónyuge es muy importante, pero en temas políticos cada quien respeta sus funciones. Particularmente la política soy yo”, declaró la virtual diputada.
Colaboradores. Mayor aportante de la campaña de Arminta es su cónyuge y su empresa.
Quispe es más recordado en Moquegua que en Arequipa. Ocupó la gerencia general del Gobierno Regional (2007-2008) durante la primera gestión de Jaime Rodríguez, quien en manifestación pública confesó que había “robado en carretilla”. Sin embargo, Quispe fue retirado por los trabajadores acusado de corrupción y cobro de cupos. El entonces funcionario se defendió indicando que bloqueó el pago de un fondo por advertencia del Ministerio de Economía y Finanzas y que por eso se ganó la antipatía de los trabajadores.
Años después (2017) el personaje fue criticado nuevamente en dicha región por participar en reuniones sin tener un cargo o función durante la segunda gestión de “Jamocho”. Según la denuncia del medio moqueguano Prensa Regional, la empresa que fundó su hija Rissy Quispe Paricaza, Antares Ipsum Group S.A.C., obtuvo sus primeros servicios con la Región coincidentemente en esa temporada.
Gastos de campaña
Otros contribuyentes de la campaña de Arminta es su hijastro Renzo Manuel Quispe Parizaca (S/3,500) y sus sobrinas Mariangela Saldaña Arminta (S/ 1,800) y Fernanda Graciela Saldaña Arminta. Esta última colaboró con 20 banderas valorizadas en S/ 1,200. Fernanda Saldaña es la familiar de la consejera que fue cuestionada el 2023. Obtuvo cuatro contrataciones consecutivas por parte del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) pese a estar impedida por ley. La norma prohíbe la contratación de familiares y parientes hasta el segundo grado de afinidad y cuarto grado de consanguinidad de autoridades o funcionarios (Ley N.º 26771).
Propaganda. Arminta tiene varias publicaciones promoviendo su candidatura en cuentas Facebook con el rótulo “Aviso”.
Mientras que, para la segunda rendición de gastos e ingresos, Arminta Valencia deberá sustentar la inversión que realizó por sus diversas actividades proselitistas desde el 14 de marzo del 2026. Entre ellos, el cierre de su campaña que se desarrolló en el distrito de Yura, contó con estrado, equipos de sonido y grupo musical.
También se promocionó en las redes sociales. La excandidata fue una de las que más las utilizó este recurso. En una búsqueda en la cuenta de Facebook se halló que por lo menos promocionó varias de sus propuestas, actividades, saludos por Miércoles de Ceniza o por el Día de la Mujer, entrevistas; hasta en cinco páginas conocidas de Arequipa. La autoridad aseguró que transparentará esos gastos. Sin embargo, muchos de los avisos publicitarios se dieron antes del 14 de marzo y debieron estar consignados en la primera rendición.
La hipoteca
De otro lado, Arminta llegaría al Hemiciclo endeudada. En 2023, ya siendo consejera regional, adquirió, bajo el régimen de separación de patrimonio, un departamento en la calle Las Acacias en el distrito limeño de Miraflores. Canceló la cantidad de US$ 412,000 a su anterior propietario Santiago Construcciones SAC, y adicionalmente US$ 10,000 y US$ 18,000 por dos cocheras, según los asientos de compra-venta inscritos en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).
Compra. Arminta adquirió costoso departamento, según registro a la SUNARP.Hipoteca. Propiedad fue puesta en hipoteca por millonario préstamo para pagar en 12 años.
Las tres propiedades fueron puestas bajo hipoteca a favor de la Banco BBVA Perú por la suma de S/ 1,365,000 ese mismo año. Por el préstamo, la virtual diputada deberá pagar el crédito en un plazo de 146 meses, lo que equivale a los siguientes doce años, en promedio hasta el 2035.
Arminta calificó de ofensiva la consulta de si su postulación al Congreso obedecería a que buscaría honrar su deuda. “Me parece muy maliciosa su pregunta (…) Cuando uno entra en política, uno entra para servir a la población. Ese es mi caso. He venido respondiendo a mi crédito hipotecario y sigo teniendo una buena referencia financiera en el banco y en todas las entidades financieras”, señaló.
Fuera del crédito hipotecario, Arminta además confirmó que solicitó un préstamo de S/ 65,000 a una entidad bancaria para financiar su campaña. Igual que la anterior ocasión, acusó de un intento “tergiversar las cosas” por la pregunta sobre si no tuvo inconvenientes por este último crédito posterior a la hipoteca. “El banco evalúa para aceptar un crédito, sea hipotecario o sea cualquier crédito. (…) En todo caso, tendría usted que preguntarle al banco por qué me han otorgado o no”, contestó.
Demanda. Arminta y su esposo son acusados de ocupación precaria por propiedad en Camaná
La candidata reportó siete propiedades en su hoja de vida ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Aparte del departamento y cocheras, tiene otros cuatro predios por el valor de S/ 316,600. En enero del 2024, ella y su esposo fueron demandados por su terreno en La Punta, en el distrito Samuel Pastor de la provincia de Camaná. El Juzgado Especializado en lo Civil, a cargo del juez Zenón Luque Céspedes, admitió a trámite la demanda formulada por desalojo por ocupación precaria.
“Vamos a esperar la resolución final del Poder Judicial. Lo que sí le voy anticipando es que nosotros hemos adquirido el inmueble debidamente sustentado ante notaría y también está ante registros públicos”, indicó sobre el caso.
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Claudia Sara Orihuela solicitó al Jurado Nacional de Elecciones mayor celeridad en su pronunciamiento respecto a la resolución que confirma la vacancia del alcalde, con el fin de evitar riesgos en la gestión municipal de Arequipa.
La falta de una notificación oficial mantiene en una situación de incertidumbre a la Municipalidad Provincial de Arequipa. A pesar de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó la vacancia del burgomaestre Víctor Hugo Rivera Chávez, este continúa ejerciendo funciones debido a un retraso en el trámite administrativo que aún no concluye.
Claudia Sara Orihuela Larico presentó un escrito ante el pleno del JNE solicitando que se acelere el proceso de notificación de la resolución que declaró fundada la apelación en contra del alcalde. Dicha audiencia se realizó el pasado 10 de abril, pero hasta la fecha el fallo no ha sido formalmente comunicado, lo que impide que la autoridad edil sea separado del cargo.
Los procesos de vacancia deben tramitarse con la mayor celeridad posible.
Orihuela advierte que esta dilación genera un “riesgo inminente” para el patrimonio de la comuna. En su demanda, señala que el alcalde de Arequipa sigue firmando resoluciones y manejando el presupuesto municipal, pese a existir un antecedente de perjuicio económico vinculado al pago de un trabajador que, en 2024, se encargaba del cuidado de la mascota del propio burgomaestre.
La solicitante subraya que los procesos de vacancia, por su naturaleza, deben resolverse con celeridad para evitar la prolongación de autoridades cuestionadas en el cargo. En ese sentido, pide que se concluya de inmediato la firma y formalización del documento pendiente, a fin de proceder con la notificación oficial y la posterior entrega de credenciales a la primera regidora, Ruccy Oscco, quien asumiría la alcaldía en calidad de sucesora.
Mientras el JNE no concrete este trámite, el actual alcalde de Arequipa continúa al frente de la institución, en medio de un clima de creciente expectativa ciudadana por el desenlace de un caso que ha puesto en tensión la estabilidad política local.
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Mineras Buenaventura, Hochschild, Crespo y Sierra Caraz no atienden pedidos de mantenimiento de la vía R-647, cuyo deterioro afecta a pobladores que dependen de la agricultura y la ganadería.
El alcalde del centro poblado de Tolconi, ubicado en el distrito de Chachas, provincia de Castilla, denunció que las empresas mineras Buenaventura, Hochschild, Crespo y Sierra Caraz utilizan a diario la vía R-647 con camiones de carga pesada desde hace más de 50 años, pero se niegan a realizar su mantenimiento.
Frente a esta situación, el alcalde de Tolconi, David Condorcahuana, señaló que el año pasado se enviaron documentos a dichas empresas solicitando el mantenimiento rutinario de la vía. Asimismo, se informó a la Municipalidad Provincial de Castilla y al distrito de Chachas, y se convocó a las compañías a una mesa de diálogo; sin embargo, no se obtuvo una respuesta favorable.
“Nuestra organización de base, el Frente de Defensa, mediante una manifestación pacífica, convocó a todas las empresas para dialogar. En esa reunión no se llegó al resultado concreto que esperábamos”, precisó la autoridad.
Estado de la vía R-647
Respecto a las condiciones en las se encuentra la vía, indicó que aproximadamente el 50% ha recibido mantenimiento, pero aún queda pendiente el tramo comprendido entre el cruce de Andagua y el cruce de Arcata. Además, precisó que las empresas mineras utilizan la vía desde hace más de cinco décadas, pero no realizan trabajos de mantenimiento desde hace 15 años.
Pobladores demandan mantenimiento periódico de la vía ante daños por transporte minero
El alcalde advirtió que la situación afecta directamente a la población de la zona, que depende principalmente de la agricultura y la ganadería, actividades que se ven perjudicadas por el tránsito constante de vehículos pesados, los cuales generan contaminación y deterioro de la vía.
Finalmente, remarcó que el pedido de la comunidad no incluye obras adicionales, sino el mantenimiento permanente de la carretera. “Lo único que hemos planteado a las empresas mineras es que realicen el mantenimiento cada seis meses y el regado permanente de la vía”, señaló. La carretera tiene aproximadamente 80 kilómetros de extensión.
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PERUANOS EN MEDIO DE UNA GUERRA | Decenas de peruanos fueron engañados por reclutadores con la promesa de un trabajo civil en Rusia, a cambio de un pago inicial de 20 mil dólares y remuneraciones mensuales. Sin embargo, al llegar al país, se enfrentaron a otra realidad: fueron enviados al frente en la guerra entre Rusia y Ucrania.
Quienes han logrado comunicarse con sus familias denuncian maltratos y aseguran que están atrapados, sin posibilidad de desertar por temor a enfrentar penas de cárcel. Ante esta situación, sus familiares piden la intervención de la Cancillería para conocer su estado y obtener información sobre posibles compatriotas que habrían fallecido en el conflicto.
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Antauro Humala y Roberto Sánchez intentan pasar por agua tibia su relación en estas elecciones de cara a una eventual segunda vuelta. Mientras Antauro asegura que Sánchez es un conocido con quien ha decidido impulsar una coalición política, el candidato de Juntos por el Perú marca distancia y evita comprometerse públicamente con esa cercanía.
Humala ha sostenido que existe una alianza basada en coincidencias políticas y en lo que considera un proceso electoral irregular que impidió la participación de su agrupación. Incluso, ha señalado que su respaldo responde a una estrategia frente a lo que denuncia como un sistema que excluyó a su partido.
Sin embargo, desde el entorno de Roberto Sánchez la versión es distinta. El propio candidato ha indicado que respeta las ideas de Antauro Humala, pero que no las comparte. Además, ha dejado claro que no contempla incluirlo en un eventual equipo de gobierno si llega al poder.
Desde Juntos por el Perú también han buscado enfriar la narrativa de alianza. Voceros del partido han señalado que Humala no forma parte oficial de la campaña y que su rol se limita, en el mejor de los casos, a ser un acompañante sin influencia directa en las decisiones políticas del candidato.
Este intento de marcar distancia contrasta con apariciones previas en las que Sánchez no dudaba en mostrarse cercano a Humala, lo que ha generado cuestionamientos sobre la coherencia de su discurso en plena campaña electoral.
Humala insiste en que la coalición existe, pero Sánchez busca desmarcarse sin romper completamente el puente, dejando una relación ambigua que parece moverse entre la conveniencia política y la cautela electoral.
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Señala que salió de su escondite recién al ver patrulleros, momento en el que, según su testimonio, fue intervenido y presionado para declarar que transportaba droga.
El ministrod e Defensa, Amadeo Flores asegura que su sector ayudará a esclarecer los hechos ocurridos en el distrito de Colcabamba en Huancavelica donde cinco jóvenes murieron en un ataque militar.
Ricardo Jampier Acuña Quispe, único sobreviviente del operativo militar en Colcabamba, ha negado su propia declaración ante la Fiscalía y asegura que fue obligado por militares a incriminarse en un caso que dejó cinco personas muertas, entre ellas tres jóvenes de entre 18 y 20 años.
El joven afirma que, tras sobrevivir al ataque, se ocultó durante horas al confundir a los efectivos con delincuentes, debido a que llevaban pasamontañas y ropa de civil. Señala que salió de su escondite recién al ver patrulleros, momento en el que, según su testimonio, fue intervenido y presionado para declarar que transportaba droga.
Acuña sostiene que lo amenazaron con enfrentar cargos penales si no aceptaba una versión previamente elaborada. Según indica, lo obligaron a afirmar que trasladaba sustancias ilícitas y que había recibido dinero por ello, versión que quedó registrada en el acta fiscal. Hoy, rechaza ese testimonio y asegura que en la camioneta solo viajaban civiles inocentes.
El acta de entrevista fiscal registrada en video muestra un relato distinto. En ese documento, se consigna que el joven se entregó voluntariamente el 25 de abril, con las manos en la nuca, ropa húmeda y signos de haber pasado la noche oculto. “Disculpen, me rindo”, habría dicho al momento de su intervención.
En esa misma declaración, Acuña admitió lo había captado por un familiar para transportar droga días antes del operativo. Incluso detalló que movilizó aproximadamente trece kilos de sustancias ilícitas a cambio de 1,300 soles. No obstante, también precisó que la droga ya se había entregado antes de abordar la camioneta intervenida, y que desconocía si en ese vehículo había armas o más cargamento.
El punto de quiebre está en la validez de esa confesión. Mientras el documento fiscal lo compromete, el propio Acuña ahora lo desmiente y denuncia que se obtuvo bajo presión.
Además, el joven reiteró que nunca utilizó armas de fuego y que, si bien vio personas armadas en traslados previos, estas no estaban necesariamente vinculadas con todos los ocupantes del vehículo. Esta afirmación refuerza la hipótesis de que no todos los abatidos tenían relación con actividades ilícitas.
Hasta el momento, no se ha reportado el hallazgo de drogas ni armamento en la escena del operativo. Pese a ello, el Ejército mantiene su versión de que actuó en legítima defensa frente a presuntos elementos del narcoterrorismo.
Las diligencias continúan, incluyendo pericias balísticas y nuevas declaraciones. Mientras tanto, las familias de las víctimas siguen exigiendo justicia, convencidas de que lo ocurrido no fue un enfrentamiento, sino una masacre contra inocentes.
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Se informó que, en las últimas semanas, los niveles de radiación UV han alcanzado valores de entre 10 y 13 unidades, cifras consideradas altas para esta temporada.
La directora de Salud Ambiental, Emilia Aro Retamozo, informó que Arequipa viene registrando niveles elevados de radiación ultravioleta, pese a encontrarse en temporada de otoño. Precisó que los valores actuales oscilan entre 10 y 13 unidades.
Explicó que estos niveles son considerados extremos a partir de 11, mientras que los valores habituales para esta estación deberían ubicarse entre 8 y 10. Indicó que, aunque se espera una disminución progresiva, las cifras actuales siguen siendo superiores a lo previsto para esta época del año.
Asimismo, señaló que los niveles más intensos de radiación se presentan durante el mediodía, especialmente entre las 12:00 y las 14:30 horas.
Añadió que esta situación también se observa en otras regiones de mayor altitud, como Puno y Ayacucho, donde la radiación ultravioleta suele alcanzar niveles más elevados debido a sus condiciones geográficas.
Radiación UV en Arequipa riesgos y medidas de prevención
Retamozo mencionó que la exposición prolongada a la radiación ultravioleta puede generar efectos negativos en la salud, como cáncer de piel y afecciones visuales. Indicó que este tipo de radiación es acumulativa en el organismo, por lo que los daños suelen manifestarse a largo plazo.
Ante esta situación, la funcionaria exhortó a la población a reducir la exposición durante las horas de mayor intensidad y a adoptar medidas preventivas, como el uso de ropa de manga larga, sombreros, lentes de protección y bloqueador solar.
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Aunque Porky no quiera admitirlo, la segunda vuelta ya comenzó. Keiko Fujimori ya se metió de lleno a la campaña y está aprovechando al máximo la coyuntura para polarizar a sus votantes.
La tarea no es difícil, en especial porque el relato fraudista de Rafael López Aliaga es terreno fértil para meter miedo a la gente. Desde Carabayllo, la china pidió a sus huestes convertirse en personeros de Fuerza Popular este 7 de junio.
A ellos les pidió defender el voto fujimorista, usando como cuco los retrasos en la instalación de mesas. Eso sí, Keiko se olvidó que en esta segunda vuelta serán las Fuerzas Armadas las que trasladarán el material electoral. Las mismas Fuerzas Armadas que se encuentran bajo el liderazgo político del Ministerio de Defensa, ese que hoy ocupa Amadeo Flores Carcagno, al que niegan desde el seno del fujimorismo pero que ha sido candidato, consultor y aportante de Fuerza Popular.
¿Será que el fraudismo no es de color verde sino de un furioso naranja? Atentos.
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No hay quien frene a Rafael López Aliaga en su cruzada por convencer al país de que fue víctima de una gran conspiración electoral. Y como toda buena teoría necesita respaldo, ahora decidió contratar a un “forense electoral” que, en teoría, pondrá números y sellos a su narrativa.
Mientras tanto, seguirá bombardeando al JNE con recursos de apelación. Pero eso no es suficiente. También anunció que acudirá a “instancias internacionales” para demostrar que las mesas de sufragio de la serie 900, según él, fueron creadas y distribuidas estratégicamente para favorecer al candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez.
Eso sí, evitó precisar a qué instancias recurrirá, por “estrategia”. Curioso, porque los únicos organismos que podrían escuchar algo así serían los mismos a los que ha dedicado años de puros insultos y ahora quiera ir a tocarles la puerta. Cosas de la vida.
Y para que el espectáculo esté completo, desde la Municipalidad de Lima también hay eco. El sucesor de Porky en su faceta de alcalde, dejó en pausa la gestión para lanzar una especie de mensaje a la Nación con tono pasivo-agresivo, anunciando que recurrirá al Tribunal Constitucional del Perú con una demanda para “defender el derecho al voto de miles de limeños”. Todo mientras insiste en que se reconsidere la negativa de convocar elecciones complementarias.
Ya basta Porky, hasta Víctor Andrés García Belaúnde ya explicó con manzanitas que, ni inflando los números de las supuestas actas fraudulentas, le alcanzaría para meterse en segunda vuelta.
Presidente de la International Political Science Association for Students indica que no hay indicios de fraude
Resulta que Roger Santa Cruz, el presidente de la International Political Science Association for Students, ha decidido bajar del balcón de las teorías conspirativas a más de uno.
Mientras reconoce que la ONPE tuvo más fallas que un celular sin batería el pasado 12 de abril, con negligencias operativas que ya están en manos de jueces, el politólogo suelta la joya: no, señores, la ineficiencia no es lo mismo que un fraude orquestado. Así que, aunque algunos grupos políticos insistan en una “retórica fraudista” digna de guion de suspenso, Santa Cruz les recuerda que acusar sin pruebas es más una táctica de presión que un acto por la transparencia.
Y hablando de pruebas, las famosas actas de la “serie 900″ siguen siendo muy esquivas; mientras no aparezcan, la carga recae en quien grita “fraude”. Para cerrar, el especialista sugiere que, en lugar de pedir auditorías imposibles que solo retrasarían la segunda vuelta, mejor aceptemos que las urnas ya hablaron, así a algunos les dé alergia el resultado.
Keiko Fujimori se aupa en el relato fraudista de López Aliaga para convocar a personeros
Aunque Porky no quiera admitirlo, la segunda vuelta ya comenzó. Keiko Fujimori ya se metió de lleno a la campaña y está aprovechando al máximo la coyuntura para polarizar a sus votantes. La tarea no es difícil, en especial porque el relato fraudista de Rafael López Aliaga es terreno fértil para meter miedo a la gente. Desde Carabayllo, la china pidió a sus huestes convertirse en personeros de Fuerza Popular este 7 de junio. A ellos les pidió defender el voto fujimorista, usando como cuco los retrasos en la instalación de mesas.
Eso sí, Keiko se olvidó que en esta segunda vuelta serán las Fuerzas Armadas las que trasladarán el material electoral. Las mismas Fuerzas Armadas que se encuentran bajo el liderazgo político del Ministerio de Defensa, ese que hoy ocupa Amadeo Flores Carcagno, al que niegan desde el seno del fujimorismo pero que ha sido candidato, consultor y aportante de Fuerza Popular.
¿Será que el fraudismo no es de color verde sino de un furioso naranja? Atentos.
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Periodista y editora audiovisual. Culminó sus estudios en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y se ha especializado en periodismo digital gracias a la formación de Google Adsense, Google News Initiative y la Fundación Gabo.
