La Comisión Permanente del Congreso aprobó, el informe que recomienda inhabilitar por diez años para ejercer la función pública al expresidente Pedro Castillo, por el presunto delito de rebelión- por infringir 18 artículos de la Constitución al perpetrar su golpe de Estado, el 7 de diciembre del 2022.
La sesión se vio interrumpida cuando el tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López, ordenó que el abogado de Castillo Terrones, Carlos Torres Caro, fuera retirado del hemiciclo por la seguridad del Parlamento.
El incidente se produjo porque la defensa legal dijo que “Jorge Luna y Ricardo Mendoza llenaron el Madison Square Garden por hablar huevadas como ustedes”, en referencia a los congresistas.
Carlos Torres Caro recién había asumido la defensa de Castillo el 21 de noviembre, por lo que afirmó que no se le había otorgado el tiempo necesario para prepararse, afectando el debido proceso.
Precisamente, esta sesión para tratar la inhabilitación previamente aprobada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), debió realizarse la semana pasada, pero el exmandatario pidió que se reprograme porque, según argumentó, no tenía abogado.
Previamente, la presidenta de la SAC, Lady Camones, sustentó el informe final y el pedido de sanción, para luego escuchar al abogado de Castillo presentando los descargos.
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La Policía Nacional desarticuló la presunta banda criminal “Los Intocables de La Tinguiña” en un operativo simultáneo realizado por la División Regional de Ica y la División de Investigación Criminal. Los intervenidos son investigados por amenazas, extorsión y la detonación de un artefacto explosivo contra una fiscal penal del distrito de Parcona. La operación se […]
La Policía Nacional desarticuló la presunta banda criminal “Los Intocables de La Tinguiña” en un operativo simultáneo realizado por la División Regional de Ica y la División de Investigación Criminal. Los intervenidos son investigados por amenazas, extorsión y la detonación de un artefacto explosivo contra una fiscal penal del distrito de Parcona.
La operación se ejecutó en horas de la mañana de ayer lunes 24 de noviembre en dos puntos del distrito de La Tinguiña, específicamente en la avenida Luna Victoria y la avenida Lambayeque. En esos lugares fueron detenidos Guillermo Jerson Huamantoma Huamaní, alias “Cabezón”, y Raúl Alex Janampa Ninahuamán, alias “Saposito”.
Según las primeras diligencias, los detenidos habrían participado en la detonación de un explosivo en una vivienda contigua a la Fiscalía Penal de Parcona, con el objetivo de intimidar a la fiscal Sara Torres Zúñiga. En el lugar también se dejó un panfleto con amenazas directas para obligarla a apartarse de un proceso penal que ella investigaba.
Detenidos están bajo detención preliminar por seis días en Ica
El jefe de la Región Policial Ica, general Leiby Huamán Daza, informó que la identificación de los presuntos autores se logró mediante técnicas especiales de investigación, lo que permitió solicitar y obtener la orden de detención preliminar del Juzgado de Investigación Preparatoria de Parcona. Ambos sujetos fueron intervenidos cuando salían de sus viviendas tras un periodo de vigilancia policial.
Durante la intervención se incautaron celulares, una mototaxi vinculada a uno de los detenidos y documentos manuscritos que serán sometidos a peritaje de grafotecnia para determinar si están relacionados con el panfleto usado en la amenaza. La Policía presume que los investigados tienen vínculos con personas actualmente procesadas por delitos graves.
Los dos detenidos permanecerán seis días en detención preliminar mientras se recaban más elementos de convicción. La Policía sostiene que esta banda tendría participación en otros hechos de intimidación en la provincia y que la investigación continuará para identificar a más implicados.
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El puente “Las Monjas” se encuentra en una situación crítica tras detectarse un pronunciado desnivel en la junta de ingreso por la vía Piura–Sullana, una falla que compromete la seguridad de cientos de vehículos y peatones que lo transitan a diario. Esta afectación obligó a colocar apoyos metálicos y de madera como refuerzo temporal para […]
El puente “Las Monjas” se encuentra en una situación crítica tras detectarse un pronunciado desnivel en la junta de ingreso por la vía Piura–Sullana, una falla que compromete la seguridad de cientos de vehículos y peatones que lo transitan a diario. Esta afectación obligó a colocar apoyos metálicos y de madera como refuerzo temporal para evitar incidentes, mientras se adoptan medidas de mayor alcance.
La inspección en campo permitió verificar que la calzada en el sentido norte–sur y parte de la estructura metálica muestran deterioro evidente. El riesgo se incrementa debido al constante flujo vehicular, por lo que las autoridades advirtieron que la zona debe ser intervenida con urgencia para impedir un posible colapso o daños mayores que puedan costar vidas.
Durante la diligencia, el fiscal provincial Armando Ortíz Zapata encabezó la supervisión de las áreas afectadas y advirtió que la transitabilidad debe mantenerse bajo estrictas medidas de mitigación hasta que se ejecute la refacción integral. La prioridad, remarcó, es proteger a la población ante un daño estructural que ya presenta signos de agravamiento.
Al final de la inspección, las entidades competentes —Provías Nacional, Sutran, la Policía de Veintiséis de Octubre, la UTSEVI y la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres— informaron que se han implementado señalización preventiva y reducción de velocidad, además de disponer reparaciones urgentes, desvíos de tránsito e iluminación nocturna que se ejecutarán en los próximos días.
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El ingeniero Max Chávez, experto en energía, afirmó que el servicio eléctrico en Iquitos atraviesa su peor momento, con 530 apagones registrados solo en 2024. Sostuvo que esta cifra supera ampliamente los promedios nacionales y refleja la precariedad del sistema aislado que abastece a Loreto. Chávez explicó que el principal problema es el contrato vigente […]
El ingeniero Max Chávez, experto en energía, afirmó que el servicio eléctrico en Iquitos atraviesa su peor momento, con 530 apagones registrados solo en 2024. Sostuvo que esta cifra supera ampliamente los promedios nacionales y refleja la precariedad del sistema aislado que abastece a Loreto.
Chávez explicó que el principal problema es el contrato vigente con Genrent, empresa que recibe el pago por 80 MW, pero solo entrega alrededor de 55 MW, lo que obliga a Electro Oriente a cubrir el déficit para evitar que la ciudad quede a oscuras.
El especialista indicó que el Gobierno Regional de Loreto y el Ministerio de Energía iniciaron medidas de corto plazo, como la instalación de grupos generadores y la reparación de equipos paralizados, además de un proyecto solar de 40 MW.
Sin embargo, remarcó que la solución estructural es la interconexión de Loreto al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, propuesta que, según dijo, debe avanzar pese a los cambios políticos. “La interconexión es la única forma de garantizar un servicio estable y terminar con años de apagones”, señaló.
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La cineasta y antropóloga visual Vania Milanovitch presentará su primer largometraje documental, “Ruta Madre: los caminos de la ayahuasca”, una obra centrada en los diversos recorridos, materiales, espirituales y simbólicos, que la planta sigue en la región amazónica. Filmado en Iquitos, el proyecto aborda la relación entre quienes cultivan, procesan y consumen la ayahuasca, y examina […]
La cineasta y antropóloga visual Vania Milanovitch presentará su primer largometraje documental, “Ruta Madre: los caminos de la ayahuasca”, una obra centrada en los diversos recorridos, materiales, espirituales y simbólicos, que la planta sigue en la región amazónica. Filmado en Iquitos, el proyecto aborda la relación entre quienes cultivan, procesan y consumen la ayahuasca, y examina las dinámicas sociales que se articulan alrededor de ella.
Según la directora, el objetivo del filme es comprender la complejidad de estas rutas: “La ayahuasca es una planta con madre, como dicen en muchas comunidades. En esta película busco comprender las rutas que atraviesa (desde la selva misma hasta el interior de las personas), para entender cómo se transforma junto con quienes la toman, preparan y distribuyen”.
Dos circuitos: local y turístico
El documental se estructura en torno a dos trayectorias principales. La primera es una ruta local representada por Doroteo, agricultor y chamán que se identifica como “vegetalista”, y Lita, dedicada al procesamiento de plantas medicinales. La segunda se vincula al turismo espiritual y está encabezada por Abraham, Elizabeth y Jhonny, quienes responden a la creciente demanda de ayahuasca por parte de visitantes extranjeros.
Esta división permite observar los distintos usos y significados de la planta, así como los intercambios económicos y culturales que se generan en ambos contextos.
Con esta gira, el documental busca acercar su propuesta a públicos diversos y ofrecer una mirada analítica sobre los circuitos que rodean a la ayahuasca en la Amazonía peruana. (Imagen: Difusión)
Una investigación a través de la cámara
Milanovitch combina cine directo, recursos experimentales y una perspectiva antropológica. La directora señala que su intención fue dejar que la cámara explorara los elementos visuales y sonoros del entorno: “Quise hacer una investigación a través de la cámara: que esta descubriera texturas, formas y tránsitos que revelen los caminos de la ayahuasca, tanto visibles como invisibles”.
La obra, resultado de dos años de investigación previa, documenta la vida cotidiana de las personas que conviven con la planta. “Quise que las personas fluyan en sus espacios reales y en su día a día”, afirma la realizadora. El enfoque busca registrar sin intervención directa la interacción entre prácticas ancestrales, actividades económicas y experiencias contemporáneas.
Calendario de estrenos en varias ciudades
Ruta Madre tendrá su estreno nacional en Iquitos el viernes 5 de diciembre en Cine Manguaré y el sábado 6 de diciembre en la Sala Vicariato. Luego se presentará en Lima el 11 y 13 de diciembre. El recorrido continuará en Trujillo (18 de diciembre), Arequipa (26 de diciembre), Cusco (9 y 10 de enero), Puno (17 de enero), Lima nuevamente (24 y 25 de enero) y Piura (1 de febrero).
Con esta gira, el documental busca acercar su propuesta a públicos diversos y ofrecer una mirada analítica sobre los circuitos que rodean a la ayahuasca en la Amazonía peruana.
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Aunque recuperó su libertad, Jhonston Reyser Montes Quispe (47) enfrenta otro encierro, cargar con la muerte de su sobrino y rezar por la supervivencia de su hijo y su hermano. El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancayo declaró infundado el pedido de prisión preventiva en su contra por nueve meses, al concluir que no […]
Aunque recuperó su libertad, Jhonston Reyser Montes Quispe (47) enfrenta otro encierro, cargar con la muerte de su sobrino y rezar por la supervivencia de su hijo y su hermano. El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancayo declaró infundado el pedido de prisión preventiva en su contra por nueve meses, al concluir que no se cumplían los presupuestos para imponer una medida coercitiva más severa.
Montes es investigado por la explosión ocurrida el 18 de noviembre en un centro de productos pirotécnicos ubicado en Sicaya, tragedia que enlutó a su familia.
“Ya está libre”
Tras la audiencia realizada el sábado 22, el imputado quedó en libertad bajo comparecencia simple. Su abogado, Alipio Tovar Bernaola, cuestionó la postura fiscal de imputarle cuatro delitos en concurso real.
«Sí, ya está libre. Lo que ha ocurrido es que la Fiscalía ha postulado cuatro delitos como concurso real, hecho que ha sido desvirtuado, ya que se trata de un solo hecho imprevisto y fortuito», señaló a Huanca York Times.
La defensa remarcó que Montes no registra antecedentes, tiene arraigo familiar y laboral, vive con su madre, hijos y nietos, y trabaja como albañil y manipulador de pirotecnia, y que colaboró con todas las diligencias desde el primer momento.
Una familia destrozada
Según el Acta de Conciliación Extrajudicial N.° 572 de 2025 CCR, la explosión ocurrió a las 13.30 del 18 de noviembre, en un predio de la avenida Colectora donde la empresa Señor de Huanca S.A.C. realizaba actividades pirotécnicas autorizadas por Sucamec.
El estallido provocó la muerte de Aldair Montes, sobrino del investigado. También dejó gravemente heridos a Eric Montes Velásquez (26), hijo de Jhonston; y a Alberto Gabriel Montes Quispe (39), hermano del imputado y papá del fallecido.
La gravedad de las quemaduras obligó a ejecutar dos evacuaciones aeromédicas a Lima al hospital Arzobispo Loayza. El primero en partir fue Alberto, con lesiones que comprometen entre el 80% y 89% de su cuerpo, según el hospital Daniel A. Carrión. Un día después despegó el vuelo que trasladó a Eric, estudiante de Ingeniería de Sistemas e Informática, con quemaduras entre el 60% y 69% de su superficie corporal, además de insuficiencia respiratoria aguda. Ambos permanecen en cuidados intensivos especializados.
Acuerdo reparatorio influyó en la decisión judicial
El 20 de noviembre, Montes alcanzó un acuerdo económico con los familiares de las víctimas, todos agraviados directos, ante el Centro de Conciliación ‘Rosacruz’. Se comprometió a pagar, S/ 15 000 a la representante del menor fallecido y S/ 5 000 a cada uno de los lesionados.
Según la defensa, este acuerdo evidencia que está asumiendo su responsabilidad civil y reduce cualquier riesgo procesal. El juez Rafael Herrera tomó en cuenta este elemento al resolver.
Con ambulancia aérea trasladaron a los heridos a Lima para recibir atención especializada. (Foto Hospital Daniel A. Carrión)
Qué causó la explosión
De acuerdo con la Fiscalía, el propio imputado declaró que ese día estaba programada una visita de Sucamec, lo que lo llevó a efectuar trabajos de mejora y movimiento de material en el local poco antes del siniestro.
El Ministerio Público sostiene que Montes trasladó insumos altamente inflamables, como pólvora con salitre y azufre, hacia un ambiente que no era un depósito autorizado y que carecía de medidas de seguridad para manipular explosivos.
En ese mismo cuarto almorzaban y veían un partido de fútbol las tres víctimas, sin conocimiento del riesgo. Acababan de llegar llevándole el almuerzo. El menor fallecido acompañó a su padre, Alberto Montes.
Montes relató que primero escuchó un estallido menor, seguido de una explosión mayor que alcanzó el depósito de carrizos y generó un incendio generalizado.
La investigación continúa
La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancayo continuará con las diligencias para determinar responsabilidades penales y esclarecer si hubo negligencia en la manipulación del material explosivo.
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La presidenta de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, Hiliana Uribe Mendoza, alertó sobre el incremento de casos de violencia en la región Puno. El reporte de seguimiento concertado evidencia que los hechos no son atendidos con celeridad por la falta de juzgados especializados en el Poder Judicial y personal capacitado. […]
La presidenta de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, Hiliana Uribe Mendoza, alertó sobre el incremento de casos de violencia en la región Puno. El reporte de seguimiento concertado evidencia que los hechos no son atendidos con celeridad por la falta de juzgados especializados en el Poder Judicial y personal capacitado. Esta situación genera que las mujeres ya no quieran denunciar o retiren sus denuncias al no encontrar justicia.
Uribe Mendoza, exigió acciones urgentes de las autoridades para enfrentar la problemática de violencia en la región. «Al existir sentencias generan un mayor mensaje y es necesario la participación de las instancias correspondientes», manifestó. La falta de celeridad judicial compromete la protección efectiva de las víctimas, quienes enfrentan barreras institucionales para acceder a la justicia en un contexto donde los casos aumentan sin respuesta oportuna.
El reporte busca llegar a las instancias para manifestar los nudos críticos encontrados. Las instituciones involucradas son la Policía Nacional, el Gobierno Regional, Ministerio Público, Poder Judicial, Defensoría del Pueblo, Medicina Legal y el Programa Warmi Ñan. La coordinación interinstitucional resulta fundamental para implementar soluciones efectivas ante la grave situación de violencia que afecta a las mujeres puneñas.
Uribe Mendoza, criticó duramente la ausencia de espacios para visibilizar las acciones contra la violencia en la región. El Consejo Regional de la Mujer se encuentra actualmente desactivado, lo que impide proponer políticas públicas con respecto a la lucha contra la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar. La reactivación de este espacio de concertación se vuelve urgente para articular una respuesta integral desde el Gobierno Regional.
Las cifras revelan la magnitud del problema en la región durante los primeros meses del año. De enero a setiembre de 2025, se atendieron 3,701 casos en los 20 Centros de Emergencia Mujer y Familia existentes, siete de los cuales funcionan en comisarías. Además, se registraron nueve casos con características de feminicidio en las provincias de Puno, Carabaya, Chucuito, Huancané y San Román, según estadísticas del Programa Warmi Ñan.
La gravedad de la situación se intensifica con ocho casos de tentativa de feminicidio ocurridos en San Román y Puno. El porcentaje de mujeres adolescentes de 15 a 19 años que ha tenido un hijo o ha estado embarazada por primera vez es de 7% en Puno, cifra que se acerca al 9.2% nacional según ENDES-INEI 2022. Las autoridades enfrentan el desafío de fortalecer la capacidad institucional para atender la violencia de género con celeridad, eficacia y justicia efectiva.
Medios informativos de diez regiones del Perú se unen e integran la Red de Medios Regionales del Perú, con el objetivo de cubrir el acontecer nacional con una visión propia.
Ayacucho registra nueve feminicidios y más de 4.000 casos de violencia atendidos en lo que va del año, según el programa regional Warmiñan. A ello se suman 14 niñas menores de 14 años que han dado a luz, lo que en todos los casos constituye violación sexual. Para el movimiento Manuela Ramos, estas cifras exponen […]
Ayacucho registra nueve feminicidios y más de 4.000 casos de violencia atendidos en lo que va del año, según el programa regional Warmiñan. A ello se suman 14 niñas menores de 14 años que han dado a luz, lo que en todos los casos constituye violación sexual. Para el movimiento Manuela Ramos, estas cifras exponen una crisis sostenida en la capacidad del Estado para prevenir y atender agresiones contra mujeres y niñas.
La coordinadora regional de Manuela Ramos, Janet Arones, afirmó que uno de los factores más graves es la normalización de la violencia. Citó datos de la Encuesta Nacional de Relaciones Sociales (Enares 2024), que registró que el 78,9 % de varones y 80% de mujeres justifican frases que legitiman la agresión.
“Cuando la mayoría cree que una mujer violada ‘tiene la culpa’ por beber o que una infidelidad merece castigo, estamos frente a un problema que va más allá de cifras: es un problema cultural”, manifestó.
Arones sostuvo que esta permisividad se reproduce porque la prevención no está plenamente instalada en las instituciones a cargo. Según dijo, aún existe poca capacitación para profesionales que atienden casos, lo que genera respuestas inadecuadas y episodios de revictimización.
“Si quienes deben proteger no reconocen señales de violencia o no aplican los protocolos, las mujeres quedan expuestas”, advirtió.
La especialista subrayó que la educación sexual integral y el enfoque de género son herramientas clave para reducir estos patrones. Sin embargo, alertó que propuestas legislativas que buscan retirarlos ponen en riesgo los avances logrados durante la última década.
“Sin enfoque de género se desprotege a la mitad del país. Ese retroceso sería devastador”, afirmó.
En un nuevo 25 de noviembre, Arones llamó a los gobiernos regionales y locales a liderar estrategias de prevención, asignar presupuesto y garantizar campañas permanentes.
“Ninguna mujer debería vivir con miedo. La violencia no es inevitable, pero requiere voluntad política y acción sostenida”, concluyó.
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«Pero viejo zorro como era Hawks (o viejo halcón, según quiera mirarse), captó de inmediato el estilo de Capra e hizo más: le infundió una dosis de humor cruel y sarcasmo del que haría gala en toda su filmografía posterior».
1934 es un año clave para la screwball comedy. En marzo se estrenaba “It Happened One Night” de Frank Capra y dos meses después se lanza “Twentieth Century” de Howard Hawks. A pesar de que “The Front Page” (Lewis Milestone, 1931) debería considerarse la protocomedia loca, en 1934 estamos asistiendo al nacimiento de un género (o de un subgénero). “It Happened One Night” y “Twentieth Century” fueron producidas por Columbia, que entonces empezaba a convertirse en el gigante que sería en la década siguiente cuando produjo toda la filmografía de Capra. Hawks haría cuatro años después su comedia loca más conocida: “Bringing Up Baby”, con Katharine Hepburn y Cary Grant, pero en 1934 todo su prestigio se apoyaba todavía en “Scarface” de 1932, y en un pasado eficiente en el cine mudo, pero un pasado, al fin y al cabo, ya algo oscurecido por la llegada del cine sonoro.
Su experiencia en el campo de la comedia debía remontarse a los años veinte, a una praxis que, una década después, había cambiado totalmente sus maneras y sus móviles. Pero viejo zorro como era Hawks (o viejo halcón, según quiera mirarse), captó de inmediato el estilo de Capra e hizo más: le infundió una dosis de humor cruel y sarcasmo del que haría gala en toda su filmografía posterior. Cuando entró al árido terreno del western, Hawks supo aplicar su viejo estilo y nos regaló una obra maestra de risas, tensión y pistoletazos como es “Rio Bravo” de 1959.
Pero volvamos a 1934. En Columbia se está pergeñando una película que sigue la estela de un género en boga en aquel entonces: la revisión de las miserias y grandezas del mundo del espectáculo. Los célebres guionistas Ben Hecht y Charles MacArthur han leído la obra de Charles Bruce Milholland, “Napoleon of Broadway”, pero mientras la leían tenían en mente la película de 1931, “The Front Page”, escrita por ellos mismos. Es buen guionista quien escribe un buen guion, pero es mejor guionista quien escribe un buen guion en el plazo justo que la productora exige y mejor todavía si el guion está listo unos días antes de que empiece el rodaje. Así que, ni cortos ni perezosos, Hecht y MacArthur deciden trasladar la trama de “The Front Page” (que narraba los sórdidos gatuperios del mundo de la prensa) a “Twentieth Century” (que nos va a narrar los tejes y manejes del mundo de Broadway).
“The Front Page” tendrá a lo largo de los años muchas reversiones, una, quizá la más famosa es la del propio Hawks, de 1940, y que se llamará “His Girl Friday”, con Cary Grant y Rosalind Russell. A mí me cupo en suerte (o en mala suerte) ver primero “His Girl Friday” y después “Twentieth Century”. Como fuere, ambas películas son dos versiones del mismo tema: el viejo mito de Svengali traicionado por su creación. Por supuesto que, a diferencia de la novela de George du Maurier, en estas comedias el tema es tratado con gran jocosidad e ingenio.
En “Twentieth Century”, el enorme John Barrymore es Oscar Jaffe, un productor y director de teatro excéntrico, apasionado y maniático de su trabajo. Encuentra a una aspirante a actriz, una tímida jovencita llamada Mildred Plotka a quien él convertirá en una gran y reconocida estrella, despojándola primero de su nombre (la llamará Lily Garland) y después de su inocente timidez. Tras vivir un romance que el histriónico Jaffe pintará con los épicos colores de un amor fatal, ella lo abandonará para hacer carrera en Hollywood. Herido en su orgullo (y acosado por las deudas), nuestro héroe partirá en busca de su amada en el famoso tren “20th Century Limited”, rumbo a Nueva York. Casualmente, ella está también a bordo y su encuentro producirá divertidos lances y equívocos a un ritmo frenético, el ritmo del tren a toda marcha.
Peligrosamente -y como sucede en “His Girl Friday”- el tono de la película podría justificar una visión masculinizante de la vida. Tanto Hildy Johnson como Lily Garland son cera en las manos de sus respectivos Svengalis y en el transcurso del metraje descubren que -a pesar de haber renunciado a ellos- no pueden vivir sin el amor que les brindan. Trasladada la trama a su tiempo y contexto se entiende perfectamente que ambos finales sean un happy end en detrimento del empoderamiento femenino.
Pero, repito, qué grande está John Barrymore en esta película. Hay que tener en cuenta que su última gran aparición había sido en “Grand Hotel” (1932) donde su elegante apostura podía equipararse y acaso sobrepasar a la de la propia Greta Garbo. Pero en 1933 empieza su declive, su memoria empieza seriamente a fallarle debido a su alcoholismo, y protagoniza estrepitosos fracasos para MGM y RKO. Incluso su belleza física (que algunos calificaron de “espiritual”) se ve deteriorada y gana peso con facilidad. Ningún estudio quería arriesgarse con él, pero Hawks siempre lo tuvo claro: Oscar Jaffe no podía ser otro sino John Barrymore y la encantadora Lily Garland tampoco podía ser otra sino Carole Lombard, ese mito rubio. No se equivocaba. Después, todos los críticos y especialistas han elogiado el papel de Barrymore y han declarado con total convencimiento que su actuación en “Twentieth Century” fue la última. Es claro que Carole Lombard no puede seguirle el juego a Barrymore, todo ese lunático rosario de soponcios, exclamaciones patéticas e impostado histrionismo no encuentra más respuesta en Lombard que unos cuantos gritos con el ceño fruncido.
La locura de la película alcanza notas de mayor frenesí en las últimas escenas a bordo del tren. Hawks, dentro del más atrevido estilo de los hermanos Marx, reúne un conjunto variopinto de personajes que entran y salen del plano con pasmosa efectividad. Vemos a un fanático religioso que pega stickers por donde pasa, a un par de actores de la Pasión de Oberammergau que insisten en llamar “maestro” a Jaffe, al pesado novio de Lily, a empleados de la compañía de trenes, a detectives tras las huellas del fugado Jaffe, a un irlandés borracho, a una criada desatada… en fin, una desmesurada caterva manejada por mano maestra y -aun cuando técnicamente sea su primera comedia- experta. Imposible no reír.
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El Concejo Provincial de Arequipa ha rechazado, por unanimidad, una modificación a la Ordenanza Municipal 927. Esta pretendía librar a los taxistas formales de la restricción del plaqueo para ingresar al Centro Histórico. Esta decisión devuelve la propuesta a la Gerencia de Transportes para un nuevo análisis, manteniendo las reglas actuales para más de ocho mil conductores.
Adolfo Paco, presidente de la Cámara de Empresas de Taxis de la Región Arequipa (Cetara), calificó el hecho como un desaire y un golpe directo al sector. Paco afirmó que la medida municipal «le dice no a la formalidad».
Además, indicó que condena a los taxistas a trabajar bajo la permanente amenaza de persecución y el traslado de sus unidades al depósito. El dirigente aseguró que la ordenanza carece de respaldo técnico y ciudadano.
Ante la falta de avances, el gremio de taxistas ha convocado una marcha rodante de protesta para este miércoles 26 de noviembre de 2025. La movilización busca presionar a la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) para que reconsidere su postura o derogue la normativa. Adolfo Paco Medina señaló que la decisión se tomó en una reunión de urgencia, producto del descontento generalizado, aunque aclaró que su preferencia es no tener que recurrir a las calles.
La concentración de vehículos iniciará a las 10:00 horas en tres puntos clave de la ciudad: la Plaza Mayta Cápac, en el distrito de Miraflores, las inmediaciones del Coliseo Arequipa y la avenida La Marina. Desde estas locaciones, los taxistas recorrerán rutas coordinadas con el objetivo de dar máxima visibilidad a sus demandas.
Entre los principales reclamos se encuentra el rechazo al sistema de plaqueo, una medida que, según los conductores, limita injustamente la operatividad del servicio formal. Argumentan que esta restricción beneficia de manera indirecta a la competencia desleal de los taxistas informales, un problema que consideran creciente y sin control.
Los manifestantes también exigen a las autoridades acciones concretas y sostenidas para frenar la informalidad en el transporte urbano de Arequipa. Solicitan, además, facilidades administrativas y económicas para la renovación del Setare vencido.
Otra demanda crucial es la implementación efectiva del taxi caracterizado, tal como establece la Resolución Ministerial 888. Los taxistas reclaman que esta iniciativa, diseñada para ordenar el servicio y ofrecer mayor seguridad a los usuarios, no ha recibido el apoyo necesario por parte de la MPA y el Gobierno para su correcta aplicación.
Finalmente, el gremio alerta sobre la crítica situación del abastecimiento de Gas Natural Vehicular (GNV) en Arequipa. La escasez y la volatilidad en los costos del combustible impactan directamente en su economía.
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La Comisión Permanente del Congreso aprobó este martes solo la inhabilitación por diez años de la función pública para la fiscal suprema Delia Espinoza, y no tomó una decisión sobre los fiscales Juan Carlos Villena, Zoraida Ávalos y Pablo Sánchez, dejándola para otra oportunidad. La sanción por presunta infracción constitucional debe ser ratificada por el pleno del Parlamento.
Con 16 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones, la Comisión Permanente sí aprobó la inhabilitación de Delia Espinoza cuando en las tres anteriores acusaciones dejó para otra ocasión decidir sobre este punto, pese a que la denuncia tenía el mismo tenor y los mismos extremos para los cuatro fiscales supremos.
La acusación constitucional es porque habrían emitido un reglamento que permite al Ministerio Público continuar con investigaciones preliminares, a pesar de que el Congreso aprobó una ley que otorga esa facultad a la Policía.
Pese a que la propia congresista Gladyz Echaíz, quien fue fiscal de la Nación, dijo que era inconstitucional esta pretensión y votó en contra en todas las oportunidades, sus colegas votaron a favor, pero solo en el caso de Espinoza Valenzuela.
El caso de la bancada Fuerza Popular fue singular dado que sus integrantes no se aparecieron en las votaciones de Villena, Sánchez o Ávalos, pero sí lo hicieron para votar a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza.
Solo aprueban acusar a Espinoza por supuestos delitos atribuidos a los cuatro fiscales supremos y le levantan el fuero
Bajo la misma modalidad, los congresistas de la Comisión Permanente votaron en abstención o en contra de los supuestos delitos de usurpación de funciones, abuso a la autoridad, prevaricato y falsedad genérica en contra de los cuatro fiscales, pero solo en el caso de Delia Espinoza sí se aprobaron por 15 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones.
Inmediatamente después, pasaron a dar lectura a una propuesta del levantamiento del fuero, para que el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, formule la denuncia a la Corte Suprema en el plazo de cinco días.
Como se informó, Delia Espinoza debía ser restituida este martes como fiscal de la Nación, pero en la Comisión Permanente, al momento de votar el informe por cada uno de los fiscales supremos, los votos de los fujimoristas y sus aliados cerronistas y otras bancadas de la coalición, aparecieron y votaron en bloque, logrando su inhabilitación.
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El Módulo Judicial Integrado de Violencia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa expuso las vías mediante las cuales la ciudadanía puede presentar denuncias por violencia familiar y casos contemplados en la Ley 30364. La jueza coordinadora, Liz Figueroa, explicó que muchas personas desconocen que, además de las comisarías, el Poder Judicial también recibe directamente estas denuncias y cuenta con un equipo especializado para atenderlas. La iniciativa busca reducir barreras de acceso y reforzar la atención temprana de víctimas.
Durante la presentación, se destacó que el desconocimiento dificulta que algunos casos ingresen oportunamente al sistema, lo que afecta la pronta evaluación de riesgos. También se informó que el módulo dispone de profesionales en psicología y trabajo social, además de espacios acondicionados para recibir denuncias de manera segura. La autoridad judicial señaló que se busca fortalecer la orientación al público para que sepa cómo canalizar los procedimientos y evitar que se abandonen por falta de información o por trámites percibidos como complejos.
Arequipa refuerza orientación y recepción de denuncias en el Módulo Judicial Integrado
El Módulo Judicial Integrado de Arequipa precisó que la recepción directa de denuncias permitirá una intervención rápida dentro de las 24 horas, tiempo en el que se evalúan las medidas de protección según los factores de riesgo. Esta atención se dirige a casos vinculados a violencia física, psicológica, sexual o económica, siempre que se enmarquen en los supuestos de la Ley 30364 y afecten a integrantes del grupo familiar o a mujeres en situaciones de especial vulnerabilidad. La institución busca que la población reconozca este canal como una vía accesible y complementaria al sistema policial y fiscal.
La implementación del número telefónico de orientación también fue presentada como un recurso para quienes no conocen el procedimiento o tienen dudas sobre los pasos a seguir. La jueza remarcó que muchas denuncias no se formalizan debido a obstáculos iniciales como tiempos de espera, responsabilidades laborales o temores derivados del entorno familiar. Desde el módulo, se indicó que una explicación adecuada del proceso puede ayudar a que las víctimas no desistan y reciban acompañamiento oportuno.
La jueza Liz Figueroa sostuvo que “lo que estamos haciendo es difundir formas alternativas para formular denuncias o dónde se puede recurrir”. También explicó que “Lo que se está habilitando también es este número telefónico, para orientar cómo se pueden canalizar estas denuncias”.
El Módulo Judicial Integrado de Arequipa continuará impulsando acciones de difusión para promover el uso de estos recursos y reforzar la protección a víctimas de violencia familiar y de género. La institución reiteró que la orientación temprana y la atención especializada buscan facilitar el acceso a medidas urgentes, así como asegurar la investigación correspondiente en el ámbito penal cuando sea necesario.
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JUGARON CON SUS SUEÑOS | El Gobierno prometió 20 mil beneficiarios de beca 18 sin tener el financiamiento asegurado. Aun así, lanzó la convocatoria y ahora miles de jóvenes de bajos recursos viven en incertidumbre. Temen perder lo que consideran su única oportunidad para acceder a la educación superior y superar la pobreza.
Piden al Congreso corregir el error antes de aprobar la Ley de Presupuesto Público 2026.
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El sindicato de docentes de la Universidad Nacional de San Agustín advierte que el recorte presupuestal debatido en el Congreso tendría un impacto directo en los servicios estudiantiles.
En Arequipa, la huelga indefinida de docentes de la Universidad Nacional de San Agustín cumple tres semanas y mantiene en suspenso a miles de estudiantes que esperan definiciones sobre el avance de las negociaciones. El secretario general del sindicato, Roger Tahua, detalla que el debate presupuestal en el Congreso es decisivo, ya que forma parte de las demandas que presentaron desde el inicio de la medida. Según afirma, el aumento salarial planteado por el Ministerio de Educación y las condiciones de financiamiento de la universidad conforman un paquete de temas que el gremio considera indispensables para sostener la calidad académica.
Situación del presupuesto y efectos en servicios universitarios
Los docentes señalan que la discusión en el Congreso sobre la redistribución del presupuesto afecta directamente a Arequipa, al tratarse de una de las universidades con mayor matrícula y demanda de servicios en el país. La preocupación se centra en áreas como movilidad académica, comedor universitario y transporte, cuyos costos operativos dependen de la asignación anual. En este contexto, se menciona que la aprobación de nuevas universidades públicas en distintas regiones influye en la disponibilidad de recursos destinados a instituciones ya consolidadas, lo que generaría presión sobre el funcionamiento regular de la UNSA.
Roger Tahua explica que la propuesta de aumento salarial debe estar respaldada por un decreto supremo y afirma que la reducción del presupuesto tendría consecuencias para estudiantes y docentes. «Si le recortan la universidad su presupuesto la universidad va a dejar de funcionar óptimamente va a funcionar así como quien dice cojeando. Y eso va a tener un impacto directo en alumnos. Comedor universitario, servicio de movilidad universitaria, movilidad académica”. Según el dirigente, la continuidad de la huelga responde a la necesidad de asegurar que el financiamiento permita sostener la operatividad de los servicios universitarios.
Avances de la huelga y preocupación por el calendario académico
El sindicato informó que una delegación de aproximadamente treinta docentes viajó a Lima para sostener reuniones y hacer visible su posición frente al debate congresal. Tahua detalla que el avance de estas gestiones será clave para determinar la continuidad o el levantamiento de la medida. Asegura que la UNSA no ha perdido años académicos en más de una década y recuerda que en huelgas anteriores se realizaron recuperaciones mediante vacaciones, actividades en fines de semana o clases virtuales como recurso de apoyo. Para los docentes, la prioridad es evitar perjuicios para los estudiantes.
Además, señaló que parte del profesorado mantiene labores virtuales debido a su condición contractual, aunque el sindicato comprende esa situación. «Ellos tienen fragilidad laboral. Entonces nosotros entendemos que ellos tienen que cumplir con un contrato porque la universidad también los amenaza”. El gremio considera que las próximas decisiones del Congreso serán determinantes para definir si estas semanas de suspensión académica podrán ser reprogramadas sin afectar el cierre del semestre previsto para diciembre.
El sindicato de docentes de la UNSA reafirma que su posición se centra en la defensa de la universidad pública y en la necesidad de garantizar recursos suficientes para su funcionamiento. Mientras la huelga avanza hacia una tercera semana, la comunidad estudiantil en Arequipa permanece a la espera de las resoluciones del Congreso, las cuales definirán el rumbo del año académico y el alcance de los servicios universitarios durante los próximos meses.
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El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, Carlos Fernández, informó que en un plazo máximo de 90 días se convocará a una licitación internacional para la remodelación y asignación del Hotel Presidente, ubicado en una zona estratégica del centro histórico. Señaló que este proceso busca seleccionar de manera más estricta a los participantes, priorizando a empresas con trayectoria en el sector hotelero y con capacidad financiera suficiente para asumir el proyecto.
Fernández explicó que la inversión estimada para la reconstrucción oscila entre 30 y 50 millones de dólares, por lo que no podrá ser asumida por cualquier compañía. Resaltó que el futuro concesionario deberá contar con amplia experiencia en turismo, debido a las características del inmueble, que posee 12 pisos, más de 250 habitaciones, salas de exposición, salas de conferencias, cine, cocheras y un conjunto de tiendas en el nivel inferior.
Según la Cámara de Comercio, el proyecto permitiría convertir el área en un hub turístico y comercial de primer nivel, impulsando el desarrollo de negocios complementarios en la zona. Como parte de la propuesta, se considera articular el proyecto con la construcción de un estacionamiento de cuatro o cinco niveles en el Parque Duhamel, así como potenciar la oferta gastronómica y comercial en los alrededores.
Proyección urbana y comercial en torno al proyecto
Fernández sostuvo que la remodelación del Hotel Presidente forma parte de un plan más amplio para dinamizar el sector turístico y comercial del centro de la ciudad. Indicó que se busca convertir la zona en un espacio integrado que potencie servicios hoteleros, restaurantes y tiendas, aprovechando la ubicación estratégica del inmueble y su capacidad general para atraer visitantes y generar actividad económica sostenida.
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Los mineros del centro poblado Secocha, en Camaná, aprobaron en asamblea general iniciar un paro indefinido para exigir una normativa propia para la minería artesanal y la ampliación del “reinfo”, instrumento legal que les permite operar. Durante la reunión dominical, dirigentes y trabajadores señalaron que enfrentan lo que consideran una “caída de la reforma minera”, por lo que optaron por adoptar medidas de fuerza “hasta lograr una ley” que ampare su actividad.
En las intervenciones, se planteó que la protesta se realizaría desde el día siguiente, con disposición total para movilizarse hacia zonas como Ocoña, Atico o La Joya, dependiendo de la coordinación interna. Parte de los oradores insistió en que la presión social es necesaria para que el Congreso avance con la discusión de la norma pendiente en la Comisión de Energía y Minas, donde —según indicaron— aún falta una firma para que el dictamen pase al pleno.
Los mineros también afirmaron que existe un riesgo de que la actividad artesanal sea eliminada si no se concreta la ampliación del instrumento legal que utilizan. Recordaron que en años previos realizaron paralizaciones prolongadas y sostuvieron que, ante el escenario actual, “esta es la última lucha” para resguardar su fuente de trabajo. La asamblea concluyó con el acuerdo de conformar un comité de lucha y un comité de disciplina para organizar el paro.
Dirigencia señala presión política en el Congreso
En el debate interno, dirigentes advirtieron que la discusión legislativa se encuentra estancada por “presión política y económica”, lo que —aseguraron— impide que el dictamen se agende para votación. Indicaron que representantes del gremio se encuentran en Lima a la espera de que la bancada que falta suscriba el documento, y señalaron que sin una movilización nacional no se avanzará. También expresaron preocupación por los presuntos intereses de grandes empresas en limitar la actividad de los mineros artesanales, según manifestaron durante la sesión
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ESTÁN FURIOSOS | Trabajadores CAS del sector Salud y Educación expresaron su indignación contra el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, y Fuerza Popular, por el incumplimiento de las promesas relacionadas con la segunda votación del dictamen que les otorgaría el pago de dos gratificaciones y la CTS al 100%.
Durante una dramatización, los trabajadores cuestionaron a Rospigliosi, insinuando que prioriza aumentos salariales para sus “amigos” diplomáticos y miembros del TC, mientras les da la espalda a quienes laboran en el Estado.
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Editora audiovisual. Ha trabajado como productora, locutora y redactora digital en medios de comunicación. Realizó su formación profesional en la Universidad Nacional de San Agustín. Sus áreas de interés incluyen la cultura y la promoción de los derechos humanos.
Una nueva joya quiere sumarse a la larga lista de propuestas legislativas que nuestros padrastros de la patria intentan aprobar a como dé lugar. La última llega por iniciativa de Wilson Soto, quien, en un acto casi heroico por intentar frenar todo el rechazo que les cae desde las redes, ha propuesto una ley para que los creadores de contenido o influencers estén obligados a contar con un título relacionado con la materia sobre la que producen videos.
Una clara señal hacia quienes emiten información o análisis, como los podcasts Habla Good, Ouke y, sobre todo, personajes como Víctor Caballero (Curwen), entre otros, quienes suelen abordar contenido político. Para disimular, Wilson Soto declaró en Canal N que su ley no solo alcanza a los que hacen periodismo, sino a cualquier materia que se presente, y que para nada pretende limitar la libertad de expresión, porque —según él— en países como China se regula su “maravillosa” propuesta.
Ah, pero cuando se le cuestionó que, siguiendo ese mismo razonamiento, los congresistas también deberían modificar la Constitución para que solo expertos profesionalmente en materia legislativa o constitucional puedan ser congresistas —porque precisamente ellos hacen las normas—, la cosa cambió. Incapaz de defender su planteamiento, Soto ha recibido numerosas críticas de diferentes creadores de contenido, quienes, con o sin título, han dicho que seguirán difundiendo sus opiniones o análisis, para evidente disgusto de nuestros inspirados hacedores de leyes.
Fernando Rospigliosi decidió ser realista con propuestas de José Jerí
Parece que al primer vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, le ha entrado un ataque de realismo sobre el gobierno de José Jerí. Como un baldazo de agua fría, ha recordado a todos que este es un gobierno “transitorio”, un eufemismo elegante para decir “inquilino de paso” que, en unos pocos meses, no va a resolver una crisis penitenciaria que tiene la decoración de una lata de sardinas: es decir un 140% de sobrepoblación. Con un entusiasmo que Rospigliosi tilda de excesivo, el gobierno promete seguridad y resocialización, metas tan ambiciosas como querer escalar el Everest en chanclas.
El problema de fondo, nos ilustra, es que hay pocas cárceles y menos guardias: unos 11 mil, cuando en realidad se necesitarían 33 mil. Para rematar el cuadro idílico, los salarios de estos guardianes de la moral oscilan entre lo justo y lo precario (1 800 a 3 300 soles), un sueldo que, irónicamente, parece diseñado para fomentar un máster en corrupción acelerado. En resumen, un panorama desolador que ningún gobierno de paso podrá arreglar.
Caso Frigoinca: Llamada telefónica alertó a Oscar Acuña de detención cuando estaba el local partidario de APP
El hermano de César Acuña sigue prófugo. Óscar Acuña, involucrado en el caso Frigoinca, iba a ser detenido preliminarmente, pero sospechosamente desapareció. Ahora, trascendió que el hermano de la raza distinta recibió una llamada de último minuto que lo alertó de la captura cuando estaba en el local partidario de Alianza Para el Progreso. De acuerdo con fuentes policiales a las que accedió Diario La República, el chivatazo llegó la noche del 18 de noviembre.
Tras la llamada, “Osquitar” coordinó que un vehículo lo recoja, luego de lo cual desapareció del radar de los agentes del orden que le seguían el rastro. Más informaciones del diario señalan que otros detenidos también tuvieron conocimiento de la intervención, pero habrían sido convencidos por gente del partido para que se dejen capturar. La dinastía Acuña tiene impunidad como cancha.
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Periodista y editora audiovisual. Culminó sus estudios en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y se ha especializado en periodismo digital gracias a la formación de Google Adsense, Google News Initiative y la Fundación Gabo.
El proyecto minero Tía María de Southern se encuentra en desamparo según la PNP. A pesar de contar con un contingente de miembros de seguridad privada de la empresa Liderman, la institución policial decidió ampliar el convenio por dos años, hasta el 2027, sacándole la vuelta a una sentencia del TC.
La concesión de beneficio, Tía María, es una de las zonas mineras más resguardadas del país. Sus 5 mil 678 hectáreas, asentadas en el distrito Cocachacra, provincia arequipeña de Islay, no solo cuenta con un pelotón de seguridad privada, sino también con una veintena de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP). La PNP, junto al Ministerio del Interior (MINITER), decidieron meses atrás ampliar el convenio con Southern Perú Copper Corporation y seguir cuidando su proyecto minero que busca explotar cobre.
Antes de dejar la Comandancia General de la PNP, obligado por una decisión judicial de suspensión preventiva por posibles actos de corrupción, el general PNP Víctor Zanabria Angulo firmó la renovación del acuerdo con la transnacional. El 20 de mayo del 2025, el oficial colocó su rúbrica en el documento al lado de la de Óscar González Rocha, el directivo mayor de la minera en Perú.
Es la segunda adenda al convenio de cooperación institucional que suscribe la PNP, y que prorroga por dos años más los servicios policiales extraordinarios en Tía María; es decir, hasta el 20 de mayo del 2027. El convenio entre ambas instituciones inició hace más de 4 años, con la publicación de la Resolución Ministerial N°0087-2021-IN de febrero del 2021 y por un lapso de dos años. Luego se aprobó una primera adenda que ya venció en mayo del 2025. Los agentes en vacaciones, franco o permiso, pueden realizar esta labor remunerada.
Herencia. Ex comandante de la PNP, Víctor Zanabria, suscribió segunda adenda con Southern (Foto: Mininter)
La decisión se tomó con un conflicto social en medio. La oposición de pobladores del valle de Tambo, zona agrícola, al proyecto, por miedo a daños ambientales, sigue siendo considerado activo por la Defensoría del Pueblo. Y podría escalar. El Ministerio de Energía y Minas otorgó el permiso para que Southern inicie la explotación de los yacimientos. En respuesta, defensores del valle interpusieron una medida cautelar ante el Juzgado Constitucional de la Corte de Lima para suspender la autorización.
Los preparativos
Los trámites de la renovación del servicio policial empezaron con la carta del 14 de marzo que Guillermo Fajardo Ccama, gerente de Asuntos Internos de Southern, envió a Zanabria Angulo con la intención de continuar recibiendo los servicios policiales. Un punto resaltante es que pidió incrementar los efectivos asignados de 15 a 20 “por encontrarse el proyecto en etapa de construcción”.
Las negociaciones empezaron una semana después en las oficinas del MININTER. Se reunieron Fajardo y el jefe del Departamento de Convenios de la PNP, Alcides Coronado Pietro. Para declarar viable la negociación era necesaria la opinión de la Región Policial Arequipa, que tiene actualmente como jefe al general PNP Olger Benavides Ponce de León.
La Región Policial Arequipa contestó con el informe técnico N°24-2025. El documento concluyó que es “factible y viable” la propuesta de Southern. En el razonamiento institucional hay una “incidencia delictiva latente” en los distritos aledaños al terreno de la concesión “por actividad comercial y densidad poblacional”. Pero no incluyó información estadística para sustentarlo. Tampoco existe un análisis del conflicto social por la oposición de pobladores del valle de Tambo.
Más efectivos. Se modifica número de efectivos a 20 en segunda adenda con Southern.
Más bien, esta dependencia policial destaca el beneficio institucional que obtendrán. Por ejemplo, que elevarán su imagen para con los trabajadores de la minera, que se reducirán los niveles de inseguridad en la zona y que se mejorará los ingresos económicos de los agentes para cubrir sus necesidades personales y familiares.
Pero no solo mejorará los ingresos de los guardias, la PNP también sacará una ganancia con la prórroga. Su Departamento de Convenios formuló un cálculo del monto que la empresa les depositaría. Por los 20 efectivos diarios que cuidarán su concesión en dos turnos por dos años, incluidos feriados y domingos, estimó que facturarán S/ 3,563,700.
Los montos considerados para el cálculo fueron: los S/13.23 por hora a cada agente, los S/ 10.54 por hora la logística policial, los que pernoctarán diariamente en el campamento (4 horas) y una hora adicional al jefe de grupo. Solo por resguardar Tía María, la PNP ya venía percibiendo más de S/ 4 millones (entre 2021-2015). Mientras que por otras unidades de Southern, como Cuajone (Moquegua), Toquepala (Tacna) y Los Chancas (Apurímac) más de S/ 15 millones aproximadamente.
Monto total. PNP realizó cálculo de cuanto recibirían sus efectivos y como institución.
“Si sumamos estos convenios, tenemos una fuerte cantidad de efectivos policiales que están más dedicados a esa labor, a resguardar a una entidad privada, dejando de lado el papel que deben cumplir por la ciudadanía”, cuestionó el congresista arequipeño Jaime Quito. El legislador subrayó estar en contra de los alcances de estos acuerdos.
¿Tía María en desamparo?
Para que se pudiera ampliar el convenio, la PNP también debía cumplir con lo dispuesto por el Tribunal Constitucional (TC) en su sentencia N°00009-2019-PI/TC. Pero le sacó la vuelta. Este fallo dispuso restricciones para que la Policía las tenga en cuenta. Una trascendental es que la minera acredite que no pudo contratar servicios de seguridad privada. Y además, que la institución policial examine si realmente realizaron todo trámite posible.
Beneficio. Efectivos que brindan servicio extraordinario reciben S/ 13.23 por cada hora. (Foto: Elmer Mamani)
Sin embargo, la Policía consideró a la concesión de Tía María en desamparo, a pesar de que J&V Resguardo SAC, que tiene como nombre comercial Liderman, presta servicios de seguridad al proyecto minero desde tiempo atrás. Incluso, la Región Policial Arequipa detalló, en abril último, que 67 hombres de Liderman resguardaban los terrenos ubicados a un lado de la Panamericana Sur.
Si Tía María cuenta con un seervicio de seguridad privado, ¿cómo es que la PNP la consideró en desamparo? Liderman, en carta enviada a Southern el 26 de marzo, informó que por disposición de la Ley de Servicios de Seguridad Privada (N°28879) no puede brindar seguridad externa, sino solo al interior de las instalaciones. Una interpretación antojadiza del artículo 11 del reglamento que indica que la seguridad privada “se circunscribe al perímetro o ámbito interno del lugar donde se realiza el servicio”.
Con esa jugada, tanto el Departamento de Convenios de la PNP como la Oficina General de Asesoría Jurídica del MININTER, consideraron que Tía María está desamparada en la zona externa de sus instalaciones y que se cumple con lo dispuesto por el TC. La sentencia no hace ninguna diferenciación entre desprotección interna o externa en minas, por lo que la maniobra utilizada va en contra del mismo fallo.
Análisis. Dependencias de la PNP y Mininter consideran a Tía María en desamparo pese a contar con empresa de seguridad.
Más bien, en su punto 111 indica claramente: “solo cuando, de manera evidente, se acredite que no sea posible obtener servicios de resguardo por parte del sector privado, se encontrará facultada la Policía Nacional del Perú de poder brindar, de manera excepcional, los ‘Servicios Policiales Extraordinarios’, y ello con la exclusiva finalidad de no generar una situación de desamparo”. Situación que, claramente, no se ajusta al de Tía María.
El congresista Quito advirtió que la PNP está perdiendo neutralidad, sobre todo en situaciones de conflicto social con la firma de estos convenios. “Cuando hay conflictos sociales, como lo que pasó en el valle de Tambo, vimos a decenas de policías enfrentándose a la población. Pero cuando la población requiere del servicio de seguridad, ponen como excusa que no hay efectivos”, declaró.
La imagen de la Policía se ha venido desmoronando por años. Este 2025 alcanzó su peor descalabro, con solo 14% de la población confiando en la institución, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). La dura represión de protestas en el país es una de las causas. La manera en que suscribió este convenio con Southern podría empeorarla.
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Elmer Mamani Quispe, egresado de la Universidad Nacional de San Agustín, es periodista de investigación con más de 10 años de experiencia, habiendo laborado en los medios La República y El Búho, principalmente. También practica la cronica y la entrevista como géneros periodísticos.
Con esta gira, el documental busca acercar su propuesta a públicos diversos y ofrecer una mirada analítica sobre los circuitos que rodean a la ayahuasca en la Amazonía peruana. (Imagen: Difusión)
