El arzobispo de Trujillo y administrador apostólico del vicariato de Jaén, Monseñor Alfredo Vizcarra Mori, advirtió sobre la crítica situación que enfrentan las provincias de Jaén y San Ignacio debido al avance incontrolado de la minería ilegal. En una reciente entrevista, describió un panorama alarmante donde esta actividad ilícita ha comenzado a imponerse por la fuerza, generando conflictos sociales y poniendo en riesgo la vida y el entorno de las comunidades locales.

Vizcarra señaló que, uno de los hechos más preocupantes ocurrió recientemente en el distrito de San José de Lourdes, en la provincia de San Ignacio, donde un grupo de ronderos fue interceptado por mineros ilegales armados cuando se dirigía hacia la ciudad. El enfrentamiento no terminó en tragedia solo porque los dirigentes comunales alzaron pañuelos blancos para evitar una escalada de violencia. Sin embargo, hubo heridos y un ambiente de creciente tensión.

“Todo Jaén y San Ignacio están invadidos por la minería ilegal”, señaló Monseñor Vizcarra, quien aseguró que esta expansión ocurre ante la mirada indiferente de las autoridades. Según dijo, no se trata solo de un problema ambiental o económico, sino de una amenaza directa al tejido social de la región. El ingreso de estas mafias mineras va acompañado de violencia, prostitución, drogas y tráfico de personas, trastocando el modo de vida tradicional de las comunidades rurales.

El 5 de marzo pasado, más de seis mil personas provenientes de distintos distritos de Jaén y San Ignacio marcharon en defensa del territorio agrícola y exigieron a las autoridades medidas concretas. Aunque se firmaron acuerdos para regular la actividad extractiva, estos no se han traducido en acciones efectivas. Vizcarra cuestionó duramente la falta de voluntad política y el poder del dinero detrás de la expansión minera.

A pesar de haber asumido hace pocos meses como arzobispo de Trujillo, Vizcarra señaló que mantiene un fuerte vínculo con la región de Jaén, donde ha trabajado por años. Ha iniciado contactos con colegios profesionales y autoridades locales, y expresó su intención de articular esfuerzos para hacer frente a esta amenaza. No obstante, advierte que, si no se actúa pronto, el conflicto podría escalar.

“Es como si un delincuente entrara en nuestra casa y nos dijera qué hacer. Esta es una bomba de tiempo que puede estallar en cualquier momento”, advirtió.

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Los estudiantes de Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional del Altiplano en Puno tomaron el campus universitario para exigir condiciones básicas que afectan su formación. La protesta derivó en enfrentamientos y dejó heridos. El rector Paulino Machaca Ari no se presentó ni habló públicamente sobre la crisis, lo que aumentó la tensión entre los jóvenes.

Los universitarios reclaman la falta de laboratorios, aulas adecuadas, equipos y espacios dignos para sus clases. Señalan que estas carencias afectan directamente su aprendizaje y ponen en riesgo la acreditación de su carrera. La situación se ha vuelto insostenible para quienes estudian Ingeniería Agrícola.

Uno de los pedidos más urgentes es la asignación de un terreno dentro de la ciudad universitaria para construir infraestructura especializada. Los estudiantes exigen un área de al menos 800 metros cuadrados para desarrollar un proyecto técnico y presupuesto que permita mejorar sus condiciones.

Además, solicitan la instalación de laboratorios con equipos modernos. Actualmente, trabajan con computadoras en mal estado y aparatos de topografía obsoletos. Los laboratorios están vacíos y sin tecnología, lo que limita su formación profesional y pone en duda su futuro laboral.

Durante la protesta, la seguridad universitaria intentó desalojar a los estudiantes, lo que provocó un enfrentamiento. Varios jóvenes resultaron heridos y se registraron incluso agresiones entre algunos universitarios, reflejando la falta de coordinación en medio del conflicto.

El rector Paulino Machaca Ari no apareció en el lugar ni emitió declaraciones. Esta ausencia fue interpretada por los estudiantes como una muestra de indiferencia frente a un problema que crece y afecta a toda la comunidad universitaria.

La Asamblea y el Consejo Universitario, a través del Tercio Estudiantil, emitieron un apoyo oficial a la protesta. Reconocieron que las demandas son legítimas y urgentes para garantizar condiciones académicas justas en la carrera de Ingeniería Agrícola.

El Tercio Estudiantil pidió a las autoridades atender de inmediato los reclamos. Entre ellos, destacan la firma de convenios, la asignación de espacios, la dotación de movilidad para salidas de campo y la reposición de maquinaria agrícola. También exigieron la creación de una mesa de diálogo con participación directa de los estudiantes.

Finalmente, los representantes estudiantiles rechazaron el uso de la fuerza por parte de la seguridad universitaria, enviada por la rectoría. Solicitaron que se investigue y sancione a los responsables. Hicieron un llamado a la unidad y solidaridad entre todas las escuelas profesionales para lograr una universidad pública inclusiva y justa para todos.

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La empresa Libmar S.A.C. informó que cubrirá todos los costos relacionados con el traslado, velorio y sepelio de los 13 agentes de seguridad asesinados el 26 de abril en Pataz, La Libertad. Los trabajadores victimados brindaban servicios de resguardo a mineros artesanales de esta empresa cuando fueron emboscados y ejecutados por una organización criminal dirigida por un sujeto identificado como “Cuchillo”.

Los atacantes no solo asesinaron a los trabajadores, sino que también los torturaron. Ante ello, Libmar denunció el hecho como un crimen grave y pidió respuestas claras a las autoridades. La empresa expresó su pesar por lo ocurrido, pero también exigió acciones concretas frente a la violencia que afecta a quienes laboran en actividades mineras legales.

Las víctimas trabajaban en concesiones de la Compañía Minera Poderosa S.A., bajo un contrato formal con Libmar. El ataque evidenció la falta de garantías mínimas de seguridad en zonas donde operan mafias vinculadas a la minería ilegal. «Dichos trabajadores de resguardo se encontraban prestando servicios de seguridad a los mineros artesanales de Libmar S.A.C., quien realiza trabajos mineros en concesiones de titularidad de Compañía Minera Poderosa S.A. al amparo del contrato vigente de exploración y explotación suscrito con Compañía Minera Poderosa S.A.», explicaron en el comunicado.

Libmar ha solicitado públicamente a la Policía Nacional y al Ministerio del Interior que tomen medidas inmediatas. Exige que se refuercen las políticas de seguridad en zonas mineras, no con discursos, sino con operativos reales que enfrenten a los grupos armados que actúan sin control en estas regiones. «Cumplan con su obligación impostergable de implementar políticas eficientes destinadas a prevenir actos criminales que atentan contra la vida de las personas, su seguridad, el orden interno, el orden público, la seguridad y la paz social», agrega el comunicado.

La empresa afirmó que continuará operando dentro del marco legal, apoyando la formalización de la minería artesanal. Sin embargo, advirtió que sin una intervención estatal efectiva, la violencia seguirá afectando a quienes intentan trabajar legalmente. El caso de Pataz evidencia la urgencia de una estrategia integral contra la criminalidad en el sector minero.

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A inicio del quinto mes del año, 10 de los once municipios provinciales de la región de Ayacucho, no lograron ejecutar el 20 % de sus presupuestos financieros para proyectos de inversión pública, pese alas múltiples necesidades y demandas de la población, que cada una de estas provincias. 

La Municipalidad Provincial de Páucar del Sara Sara se encuentra en el último lugar de ejecución presupuestal y presenta un avance de apenas 1.7 %, que equivale a un gasto de 184 mil 501 soles de una asignación presupuestal de 11 millones 26 mil 664 soles. La sigue la Municipalidad provincial de Vilcas Huamán, pese a tener una asignación de más de 31 millones de soles, solo ha ejecutado un presupuesto de 2.6 %, es decir un total de 654 mil 450 soles. 

En la misma situación se encuentra la Municipalidad Provincial de Sucre también con 5.0 % de ejecución presupuestal, con un gasto solo de 475 mil 593 soles, de una asignación de 9 millones 606 mil 648 soles. Otro municipio que presenta dificultades para ejecutar sus recursos es Víctor Fajardo que a la fecha solo ha ejecutado el 7.8 % de sus recursos, es decir 1 millón 570 mil 129 soles, de una asignación de 20 millones 156 mil 308 soles. 

La Municipalidad Provincial de La Mar, tiene un gasto financiero de 8.5 %, lo que significa un gasto de 2 millones 504 mil 356 soles, de una asignación presupuestal de 29 millones 850 mil 627 soles El municipio provincial de Parinacochas tiene un avance presupuestal de 8.6 % que equivale a un gasto de 774 mil 442 soles de una asignación modificada de 9 millones 767 mil 427 soles. La Municipalidad Provincial de Cangallo presenta un gasto financiero de 11 %, con un gasto de 1 millón 765 mil 944 soles, de una asignación modificada de 16 millones 263 mil 148 soles. 

Otro municipio con baja ejecución presupuesta es de la provincia de Huanca Sancos, con una inversión financiera de 13.8 %, es decir un gasto de 1 millón 301 mil 846 soles de una asignación presupuestal de 9 millones 492 mil 658 soles. La Municipalidad Provincial de Lucanas presenta un gasto financiero de 15.5 %, con un gasto de 3 millones 180 mil 807 soles, de una asignación modificada de 20 millones 823 mil 235 soles. 

La Municipalidad Provincial de Huamanga con un gasto financiero de 18.2 %, que representa una inversión de 4 millones 471 mil 29 soles de una asignación presupuestal de 27 millones 11 mil 449 soles. Mientras que la provincia de Huanta lidera el ranking a nivel regional, con una inversión de 23.2 %, que representa un gasto 3 millones 821 mil 799 soles.

La región de Ayacucho, recibió una asignación presupuestal modificada, a favor de los gobiernos locales de 1262 millones 151 mil 61 soles.

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Una lata de conserva con un presunto gusano fue hallada por un padre de familia en la I.E. José Olaya Balandra, en el distrito de San Juan, Iquitos. La denuncia activó la intervención conjunta de la Fiscalía, la Municipalidad, la Gerencia Regional de Salud y la Dirección Regional de Educación, quienes constataron que se distribuyeron alimentos que estaban bajo orden de no consumo. 

Según las autoridades, el director del colegio reconoció estar al tanto del pronunciamiento que prohibía repartir conservas de pescado, pollo y pavita, pero argumentó que prestó la llave del almacén a miembros del comité el fin de semana para un inventario. 

Se presume que en ese momento se realizó la entrega. La DREL reiteró el llamado a los padres a no consumir estos productos y, de ser posible, devolverlos.

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El Ministerio del Ambiente (Minam) implementa tecnología satelital para el monitoreo permanente de los bosques amazónicos, como parte de sus estrategias de conservación. A través de la plataforma GeoBosques, se procesan imágenes para detectar alertas tempranas de deforestación en todo el territorio nacional.

El sistema, gestionado por el Programa Nacional de Conservación de Bosques y Mitigación al Cambio Climático del Minam, utiliza imágenes satelitales Landsat para generar estas alertas. Según la institución, la plataforma está disponible de forma ininterrumpida, todos los días del año, y puede ser consultada desde cualquier punto del país. Las alertas se actualizan aproximadamente cada 21 a 26 días.

Para verificar las alertas generadas, el Minam emplea imágenes Sentinel, que permiten una visualización más detallada de las zonas afectadas. “El Perú mantiene activas sus capacidades técnicas para la detección de cambios en la cobertura de bosques. Utilizamos imágenes satelitales Landsat para generar alertas tempranas sobre la deforestación, y de manera complementaria, las imágenes Sentinel para su verificación visual”, indicó Daniel Castillo, especialista del Programa Bosques.

Las imágenes Landsat cuentan con una resolución espacial de 30 metros, mientras que las Sentinel alcanzan los 10 metros. La combinación de ambas fuentes de información y el uso de algoritmos especializados permiten un análisis más preciso, incluso en áreas de difícil acceso.

Acceso libre y utilidad para la gestión pública

GeoBosques es una herramienta de acceso público que ofrece información actualizada a comunidades locales, gobiernos regionales, municipalidades y organizaciones de la sociedad civil. Su uso facilita la toma de decisiones informadas y la planificación de acciones para la conservación forestal.

El Minam también trabaja en la generación de información sobre actividad, usos y cambios de uso del suelo, que servirá como base para reportes técnicos nacionales e internacionales. Entre ellos se encuentran el Nivel de Referencia de Emisiones Forestales, el Reporte Bienal de Transparencia, el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero y procesos asociados a REDD+.

Limitaciones recientes en el monitoreo satelital

Sin embargo, el 4 de mayo, un informe de OjoPúblico reveló que el Minam ha perdido el acceso a imágenes satelitales de alta resolución proporcionadas por la empresa Planet, utilizadas durante los últimos cuatro años para mejorar la precisión en la detección de deforestación. Esta pérdida se debe a que el gobierno de Noruega decidió no renovar el contrato del proyecto NICFI, que financiaba el acceso gratuito a estos datos. Como consecuencia, la plataforma GeoBosques ha vuelto a depender únicamente de imágenes Sentinel, cuya menor resolución limita la capacidad de identificar cambios sutiles en la cobertura forestal.

Esta situación también afecta el cumplimiento de compromisos internacionales. Según el mismo informe, Perú ha tenido retrasos en la entrega de reportes sobre deforestación exigidos por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Expertos advierten que la falta de información actualizada pone en riesgo el acceso del país a financiamiento climático, al dificultar la demostración de avances concretos en la reducción de la pérdida de bosques.

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Durante una reciente intervención en Arequipa, el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, defendió la remuneración de Dina Boluarte. Indicó que la presidenta de la República tiene una remuneración que está señalada en la Constitución.

Agregó que «lo que se está haciendo es cumpliendo con la Constitución Política del Estado», en referencia a los criterios legales que rigen los salarios de altos funcionarios.

Sin embargo, un informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) propone aumentar el sueldo de Boluarte de S/ 16,000 a S/ 35,568 (125%). Argumentan que «la presidenta gana un sueldo por debajo de otros altos funcionarios de menor jerarquía del Estado». El documento, solicitado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), podría aprobarse próximamente.

Adrianzén niega haber ignorado a los familiares de mineros asesinados (VIDEO)

Ministro defiende sueldo de Dina Boluarte

Maurate vinculó el tema salarial con la productividad del país: «Básicamente, depende mucho de que el Perú sea mucho más productivo. Si es un país más productivo, hay dinero para todo». Defendió su posición indicando que también hubo un incremento de 105 soles en la remuneración mínima. También aseguró que hay aumentos generales «por encima de 130 soles».

Sobre críticas al sueldo presidencial, el ministro respondió: «No se trata de la justificación. Se trata de cumplir con la Constitución». El ministro recordó que «en los 80, cuando el país no era elegible, cuando el país tenía hiperinflación», los sueldos «no les alcanzaba«, pero aseguró que «todo eso está cambiando».

Pese a ello, reconoció que «siempre va a haber crítica», especialmente ante cifras como el costo de la canasta básica familiar.

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La Policía Nacional del Perú (PNP) logra capturar en el distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima a un presunto implicado en la brutal matanza de 13 trabajadores de seguridad, ocurrida en la provincia de Pataz, región La Libertad. El crimen, relacionado con el violento conflicto entre minería formal e informal, ha conmocionado al país por la crudeza de los hechos.

El comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, confirmó la detención del sujeto, quien portaba una pistola registrada a nombre de una de las víctimas. “Se ha detenido a una persona que portaba una pistola aquí en Lima, lo cual indicó que era para fines de venta. La pistola está registrada a nombre de uno de los fallecidos en este hecho lamentable”, declaró el alto mando policial.

Según fuentes de Noticias Trujillo, el detenido, conocido con el alias de “Piscis”, habría sido jefe de grupo de los trabajadores asesinados, lo que incrementa las sospechas sobre su posible rol dentro de la estructura criminal o, al menos, sobre su conocimiento de los hechos.

Hallazgo de los cuerpos confirma la masacre

Los cuerpos sin vida de los trece trabajadores de seguridad fueron hallados en el interior de una bocamina del distrito de Pataz, días después de haber sido reportados como desaparecidos desde el pasado 26 de abril. Todos ellos trabajaban para la empresa contratista R&R, que presta servicios de seguridad a la Compañía Minera Poderosa, uno de los principales operadores formales de oro en el norte del país.

Videos difundidos en redes sociales, muestran cómo los trabajadores fueron ejecutados con disparos a quemarropa, presuntamente por sus captores. Las imágenes revelan un nivel de violencia alarmante, y exponen la peligrosidad de las mafias que operan en zonas mineras en disputa.

Identificación parcial de las víctimas

Hasta el momento, las autoridades han identificado a nueve de las trece víctimas. Ellos son:

1. Nilver Joel Pérez Chuquipoma
2. César Rospigliosi Arellano
3. Frank Jesús Monzón Valeriano
4. Jhon Cristian Facundo Inga
5. Franklin Vicente Facundo Inga
6. Josué Carbonell Beltrán
7. Alexander Domínguez
8. Juan Ñaupari Salva
9. Darwin Javier Coveñas Panta

Los cuerpos están siendo trasladados a la morgue de Trujillo para su identificación oficial y posterior entrega a sus familias.

Violento contexto: minería ilegal y enfrentamientos armados

La tragedia se enmarca en el creciente conflicto entre operadores mineros legales y bandas criminales vinculadas a la minería ilegal en la sierra liberteña. El secuestro ocurrió cuando el grupo de seguridad privada R&R se dirigió a desalojar a mineros ilegales en una bocamina ubicada en el anexo de Pueblo Nuevo.

Durante la operación, se desató un enfrentamiento armado, tras el cual los 13 trabajadores fueron capturados por sujetos armados. Las primeras versiones señalaban un presunto pedido de rescate por cuatro millones de soles; sin embargo, la PNP ha descartado dicha hipótesis, afirmando que no hubo solicitud de rescate.

Banda criminal liderada por “Cuchillo” bajo la lupa

Las autoridades han identificado como principal sospechoso a Miguel Rodríguez Díaz, alias “Cuchillo”, quien estaría al mando de una organización criminal que controla zonas mineras en conflicto. De acuerdo con testimonios de allegados a las víctimas, el secuestro habría sido orquestado por esta banda, que operaría en una mina de propiedad de un individuo conocido como “Galindo”.

La PNP, en coordinación con el Ejército, ha intensificado la búsqueda de Rodríguez Díaz, quien actualmente se encuentra en la clandestinidad. Las investigaciones apuntan a desmantelar una red criminal que estaría involucrada no solo en el asesinato de los trabajadores, sino también en una serie de delitos relacionados con la explotación ilegal de recursos mineros.

Clamor por justicia

La masacre de Pataz ha generado un profundo impacto en la opinión pública y ha reavivado el debate sobre la inseguridad en las zonas mineras del país. Organizaciones de derechos humanos, gremios de seguridad privada y la ciudadanía en general exigen justicia y una intervención decidida del Estado para erradicar las mafias que han convertido las regiones mineras en territorios sin ley.

Mientras tanto, los familiares de las víctimas, en medio del dolor, aguardan respuestas. La captura del sujeto en Lima con un arma perteneciente a una de las víctimas abre una nueva línea de investigación y podría ser clave para esclarecer el crimen.

 

 

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La Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso realizó una sesión descentralizada en Cusco donde el viceministro de Transportes, Ismael Sutta, intentó calmar los ánimos respecto a la demanda por la conclusión del aeropuerto internacional de Chinchero. El funcionario del gobierno de Dina Boluarte presentó un nuevo cronograma para la conclusión del megaproyecto. Pero las promesas no lograron despegar. ‘Nos siguen aplazando’, advirtieron desde el Gobierno Regional de Cusco.

Edward Álvarez, gerente general del Gobierno Regional del Cusco, respondió con claridad. Mostró un profundo escepticismo ante las nuevas fechas presentadas. “Creo que el pueblo de Cusco es testigo que nos siguen aplazando, ¿no? Ellos dicen que es prioridad, pero nosotros nos damos cuenta de que no es una prioridad”, expresó. Según Álvarez, la construcción del centro de control del terminal aéreo aún no se paquetiza. Apenas han anunciado que están elaborando los estudios para lanzar esa etapa crítica de la obra. En tono directo, recordó que esta no es la primera vez que prometen lo mismo. “Ya es la tercera o cuarta vez que nos dicen que se va a concluir”, afirmó. La nueva promesa es para diciembre de 2026. Una fecha que, según Álvarez, ni siquiera cumpliría el actual gobierno de Dina Boluarte.

El aeropuerto que sigue sin despegar

Actualmente, solo hay un 32% de avance en la obra, según informó el mismo viceministro. Y ese avance solo cubre el cerco perimétrico y un terminal de pasajeros. Pero no dijo nada concreto aún sobre la construcción de la pista de aterrizaje o el centro de control. Tampoco existe un acceso vial definido. Solo anunció que están redactando el expediente técnico para ello. En ese sentido, Álvarez subrayó que el aeropuerto internacional de Chinchero necesita plazos reales y medibles. Propuso cronogramas serios como los usados en la Vía Expresa o en el Hospital Antonio Lorena. Cronogramas que puedan revisarse mensualmente o por trimestres. “Yo prefiero que nos digan la verdad”, insistió. “Que no jueguen al populismo ni a forzar fechas”. La frustración no solo viene del Gobierno Regional. Marleny Portero, congresista y presidenta de la Comisión de Transportes, también mostró dudas. Se sumó al sentir de la población cusqueña. “El desazón es muy grande que hasta ahora todavía no se ha perdido, a veces ya no creen en las cosas porque como dicen ‘papelito manda’”, expresó. La promesa de reiniciar los estudios y lanzar nuevas fases “justo ahora”, con la visita congresal, dejó un sabor amargo. Para Álvarez, el patrón ya se repite demasiado. “Estamos hablando de un cerco perimétrico y un terminal de pasajeros. No hay pista, no hay centro de control. Faltan muchas cosas”. Desde 2021, el consorcio avanza lentamente. Y cuando aparece la presión política, reaparecen las promesas y los cronogramas reciclados. Este martes, una visita ‘in situ’ mostrará el verdadero avance. Estarán presentes autoridades locales y comunales. Verán lo mismo que ya existe: un muro y una estructura básica. “Esperamos que el equipo sea sincero”, dijo el gerente. “Y que presente un cronograma técnico real. No uno para salir del paso”. Los cusqueños, según Álvarez, ya no se tragan excusas. Exigen compromisos con plazos firmes. La paciencia regional ya llegó al límite. La megaobra prometida como motor económico del sur sigue en pista… pero aun sin despegar.

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Ante los constantes reclamos por la falta de agua potable en diversos sectores de la ciudad de Puno, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), en ejercicio de su función fiscalizadora, inició tres procesos de atención de denuncia contra la empresa Emsapuno S. A.

“Hemos recibido diversos reportes sobre la falta de agua potable en zonas como Vallecito, Alto Bellavista, Alto de la Luna, entre otros sectores. Por tratarse de problemas de alcance general, hemos iniciado las atenciones de denuncia correspondientes, a fin de que la empresa solucione la situación dentro de los plazos que establece la normativa”, señaló Javier Pineda, jefe de la Sunass en Puno.

Indicó que se solicitó a Emsapuno S. A. información sobre las acciones realizadas frente a estos incidentes. “Desde la Sunass estamos realizando verificaciones en campo y haremos el seguimiento correspondiente hasta que se resuelva el problema”, agregó.

Pineda recordó que, de acuerdo con la normativa vigente, cuando la interrupción agua potable supera las 18 horas, la empresa está obligada a abastecer a la población afectada mediante camiones cisterna u otros mecanismos que aseguren la calidad y cantidad mínima del servicio.

Precisó que Emsapuno S. A. tiene la responsabilidad de comunicar oportunamente a los usuarios cualquier interrupción del agua potable o alcantarillado, a través de todos sus canales de información disponibles.

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Un trágico accidente ocurrió la tarde del lunes 5 de mayo en el distrito de Chongos Alto, provincia de Huancayo, cuando un minero perdió la vida al caer con su vehículo a un abismo de más de 90 metros de profundidad, en la carretera que conecta la localidad con la mina Corihuarmi.

La víctima, identificada como Wilmer Ameli Beltrán Castillo, de 48 años, conducía un Toyota Corolla de color guinda, con placa de rodaje V1O-092. El accidente se produjo alrededor de la 1:00 de la tarde, cuando, por razones que aún se investigan, el conductor perdió el control y se precipitó al barranco.

Fue su hijo, Smit Wuilly Beltrán Huamanlazo (28), quien alertó a las autoridades. Indicó que su padre viajaba acompañado por tres personas más, cuya identidad y paradero todavía se desconocen.

Al llegar al lugar del accidente, el personal policial halló el cuerpo sin vida de Wilmer Beltrán a unos 50 metros de la vía, en posición de decúbito ventral. Se presume que durante la caída fue aplastado por el vehículo, que quedó completamente destrozado.

A pesar de los esfuerzos, la camioneta station wagon no pudo ser retirado del fondo del barranco debido a las condiciones del terreno. Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del accidente e identificar a los demás ocupantes.

Trascendió que Wilmer Beltrán trabajaba en la mina Corihuarmi. Sus compañeros, al enterarse del trágico hecho, velaron sus prendas de trabajo en señal de duelo.

Por disposición del fiscal Luis Cárdenas Moreno, de la Quinta Fiscalía Corporativa de Huancayo, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para las diligencias correspondientes.

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La región Arequipa enfrenta una inminente paralización en el sector educativo, luego de que la FENTASE anunciara un paro regional de 24 horas para el 7 de mayo. Esta medida surge en respuesta al incumplimiento de compromisos laborales por parte del Ministerio de Educación (MINEDU) y del Gobierno Regional, que afecta directamente a cerca de 2500 trabajadores administrativos.

“Para este 7 de mayo, a nivel de la región de Arequipa tenemos los puntos del pago de 1560 soles, un bono del Convenio Colectivo 23 – 24. Asimismo, tenemos el pago del bono de 300 soles que es a nivel nacional, que es un bono por el Ministerio de Educación”, explicó Rosa Laime, secretaria de FENTASE Arequipa.

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Personal administrativo de Arequipa exige cumplimiento de acuerdos laborales

El paro anunciado busca presionar al Gobierno Regional de Arequipa, que hasta la fecha no ha emitido la resolución necesaria para conformar la mesa de negociación colectiva presentada el 9 de enero. La protesta tiene como eje central el reclamo por el pago de un bono de 1560 soles acordado, además del bono nacional de 300 soles, ambos pendientes.

La movilización afectará la operatividad de instituciones educativas de todos los niveles. Desde el personal de limpieza y seguridad, hasta oficinistas, laboratoristas, bibliotecarios y secretarias, todos suspenderán sus funciones. La atención escolar en Arequipa se verá comprometida, ya que estos trabajadores son responsables de labores esenciales para el funcionamiento diario de los colegios.

“Nosotros el 9 de enero hemos presentado nuestro proyecto de negociación colectiva, y a la fecha, mira ya estamos mayo, no emiten la resolución conformando la mesa negociadora”, reclamó Laime, quien además subrayó que esta será una medida previa a la huelga nacional indefinida programada para el 19 de mayo.

Las demandas también incluyen la defensa de la autonomía del CAFAE y SUBCAFAEs, fondos que tradicionalmente brindan apoyo económico, médico y social a los trabajadores del sector. Ante la falta de avances en la negociación y la ausencia de voluntad política, se genera incertidumbre sobre la continuidad de los servicios educativos en Arequipa.

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Dina Boluarte culpó al Ministerio Público y al Congreso por la tragedia de los mineros asesinados en Pataz. A la Fiscalía la responsabilizó por haber liberado, en su momento, al presunto autor del macabro crimen; mientras que al Congreso lo señaló por no aprobar su proyecto de ley sobre terrorismo urbano y por censurar a sus ministros. La presidenta aseguró que la ciudadanía le agradece por su gestión y afirmó que los proyectos que viene ejecutando no los ha hecho “ningún presidente en la historia de la República del Perú”.

Boluarte también anunció toque de queda en Pataz y la creación de un puesto militar. Las declaraciones de Boluarte han sido recibidas con escepticismo por parte de las autoridades locales. El alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariño, responsabilizó al gobierno central por la falta de acción efectiva. Mariño también denunció la falta de comisarías y patrulleros en la provincia, lo que, según él, evidencia un abandono por parte del Estado.

El video “NO ES MI CULPA”|Dina Boluarte se lava las manos descaradamente tras asesinato de mineros en Pataz se publicó en YouTube en este enlace

La biblioteca personal que Mario Vargas Llosa decidió legar a Arequipa, la ciudad que lo vio nacer hace casi 90 años, más allá de ser una simple colección de libros, es un testimonio, una memoria viva de su formación como ser humano y escritor.

ANC revoca suspensión de José Domingo Pérez y lo regresa como fiscal del equipo especial Lava Jato

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El video ¡Y SE QUIERE SUBIR EL SUELDO! | Tragedia en Pataz, la prueba más evidente del fracaso del Gobierno se publicó en YouTube en este enlace

La provincia de Pataz, en La Libertad, se ha convertido en el escenario de una violenta disputa entre mineros legales e ilegales. Atentados, emboscadas y tiroteos son parte del panorama cotidiano. El reciente asesinato de 13 vigilantes evidenció la ferocidad de la guerra por el oro y la indiferencia del Gobierno. No fue sino hasta esta tragedia que la presidenta Dina Boluarte y otras autoridades comenzaron a prestar atención al problema de la minería ilegal en la sierra liberteña.

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El video RESPONDIERON MUY TARDE | Pataz: Las señales de alerta que el gobierno no escuchó antes de la masacre se publicó en YouTube en este enlace

El cirujano Mario Cabani, quien operó a Dina Boluarte, confirmó que la presidenta se sometió no a una, sino a cinco intervenciones quirúrgicas al mismo tiempo. Solo una de ellas fue para mejorar su función respiratoria; las demás fueron estrictamente estéticas.

Además, reveló que la mandataria quedó sedada y somnolienta tras la operación, y que recomendó un descanso exclusivo, ya que necesitaba ayuda incluso para sentarse. Según declaró Cabani, Boluarte le aseguró que, como presidenta, «gana poco» y ni siquiera pudo completar el pago por las cirugías.

El video TERRIBLE MENTIROSA|Cirujano confirma cirugías plásticas de Dina: ni siquiera pagó porque «gana poco» se publicó en YouTube en este enlace

ANC revoca suspensión de José Domingo Pérez y lo regresa como fiscal del equipo especial Lava Jato a cargo del caso de Keiko Fujimori

Desde que fue suspendido, José Domingo Pérez no perdió ni una sola oportunidad para aparecer en cuanta entrevista pudo, aprovechando que —por primera vez en años— podía hablar sin restricciones. Y vaya que habló: denunció atropellos, cuestionó decisiones y puso en evidencia el circo interno del Ministerio Público. Todo esto mientras el jefe de la Autoridad Nacional de Control, Juan Antonio Fernández Jerí se volvía una verdadera molestia para quienes sí tienen que dar la cara públicamente, como la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.
Pero lo que realmente habría hecho estallar a la titular del Ministerio Público fue que ni siquiera le permitieran a Pérez sacar sus cosas de la oficina. Eso bastó para que la fiscal presentara una denuncia por presunto abuso de autoridad y usurpación de funciones contra Fernández Jerí. Sin embargo algo pasó en los pasillos del Ministerio Público, porque la Autoridad Nacional de Control terminó dándole parcialmente la razón y anuló su suspensión. ¿Un intento de calmar las aguas? Tal vez. Porque ahora que Domingo Pérez vuelve al equipo especial Lava Jato desde este martes, ya no podrá declarar públicamente como lo hizo durante su suspensión.

Silencio obligado… aunque todos sabemos que Pepe Sunday no se queda callado por mucho tiempo.

Padre de una de las víctimas de Pataz, increpa a gobierno y premier

Enrique Carbonell, padre de una de las 13 víctimas de la masacre en la mina Poderosa (La Libertad), le increpó al premier Gustavo Adrianzén sobre su ‘ignorancia selectiva’. Con lágrimas y furia, Carbonell desmontó la versión del gobierno, que primero negó el secuestro de los mineros, recordando que la denuncia se presentó el 29 de abril a las 10 p.m., mientras Adrianzén, en su mundo paralelo, declaraba el miércoles «no tener información». El padre exigió que se rectifique ante medios. Y no es para menos: en Pataz ni siquiera hay un puesto policial (¿Base militar?), pese al estado de emergencia y los 800 policías desplegados, que, al parecer, solo sirvieron de paisaje. La minera Poderosa ya había alertado del caos, pero el gobierno de Boluarte prefirió dudar antes que actuar. Ahora, las familias claman justicia mientras el Congreso evalúa una moción de censura. Moraleja: Cuando el Estado juega al «yo no fui» en zonas rojas, la tragedia se asoma.

Dina Boluarte anuncia suspensión de minería en Pataz y toque de queda

La masacre de Pataz ha sido la prueba más evidente del fracaso del gobierno en la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, la respuesta de Dina Boluarte y sus ministros no deja de ser más de lo mismo. La tía tuvo que dar la cara este lunes, donde anunció que se suspendía toda la actividad minera en Pataz por 30 días tras el asesinato de los 13 trabajadores de seguridad. La medida llega acompañada del anuncio de la exclusión de todos los permisos de Reinfo que se encuentren suspendidos. De concretarse, alrededor de 760 reinfos de los 1291 entregados quedarían anulados. Además, se dispuso un toque de queda en Pataz entre 6 pm y 6 am. ¿Se viene huelga de los mineros informales en Lima?

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Lambayeque Familiares de asesinados en Pataz exigen justicia
La Libertad Capturan en Lima a sujeto con pistola que pertenece a una de las 13 víctimas en matanza en Pataz
Cusco Gerente regional sobre Aeropuerto de Chinchero señala que nos siguen meciendo porque no somos prioridad para este gobierno
Puno Cesantes y jubilados anuncian paro nacional de 48 horas
Loreto Autoridades no atienden a pobladores inundados
Ayacucho Expertos promueven la biofertilización como alternativa urgente frente al colapso silencioso de los suelos agrícolas
Arequipa Prisión preventiva para conductor

Pasó en el Perú | Noticiero desde regiones – 05 mayo 2025 – Programa de la Red de Medios Regionales del Perú

El video Familiares de as3sinad0s en Pataz exigen justicia | Pasó en el Perú: noticiero regional se publicó en YouTube en este enlace

Pasó en el Perú | Lambayeque. Los familiares de los trabajadores lambayecanos asesinados en Pataz por el crimen organizado vinculado a la minería ilegal, exigieron justicia, pues señalan que hasta el momento no han recibido información precisa sobre las condiciones en las que se produjeron los hechos.

César Augusto Rospigliosi Arellano, Josué Carbonel Beltrán y los hermanos Jhon Cristian y Franklin Vicente Facundo Inga son los cuatro lambayecanos que fueron asesinados junto a otras nueve personas en la Pataz, cuyos cuerpos fueron encontrados este domingo, informó Semanario Expresión.

La Libertad: Capturan en Lima a sujeto con pistola de una de las 13 víctimas en matanza en Pataz

Pasó en el Perú | La Libertad. La Policía Nacional del Perú (PNP) logra capturar en el distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima a un presunto implicado en la brutal matanza de 13 trabajadores de seguridad, ocurrida en la provincia de Pataz, región La Libertad.

El comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, confirmó la detención del sujeto, quien portaba una pistola registrada a nombre de una de las víctimas. “Se ha detenido a una persona que portaba una pistola aquí en Lima, lo cual indicó que era para fines de venta. La pistola está registrada a nombre de uno de los fallecidos en este hecho lamentable”, declaró el alto mando policial.

Según fuentes de Noticias Trujillo, el detenido, conocido con el alias de “Piscis”, habría sido jefe de grupo de los trabajadores asesinados, lo que incrementa las sospechas sobre su posible rol dentro de la estructura criminal o, al menos, sobre su conocimiento de los hechos.

Sin embargo, desde la Fiscalía se descartó esta versión que también hizo suya el premier Gustavo Adrianzén quien indicó que un sujeto fue capturado con una pistola Glock en su poder, la cual pertenecería a “uno de los compatriotas asesinados” en la provincia liberteña.

El vocero del Ministerio Público aseguró que aún falta mayor información para determinar la implicancia del detenido en la matanza en Pataz. “No tenemos personas detenidas por el hecho, lo que tenemos es hallazgo de los 13 cuerpos. No hay detenidos, por el momento”. Noticias Trujillo.

Cusco: Gerente regional sobre Aeropuerto de Chinchero señala que nos siguen meciendo porque no somos prioridad para este gobierno

Pasó en el Perú | Cusco. La Comisión de Transportes del Congreso sesionó en el gobierno regional con el viceministro de Transportes como invitado especial, quien llegó a anunciar que el aeropuerto de Chinchero ahora sí por fin estaría listo… pero en diciembre de 2026.

En respuesta, el gerente regional de Cusco respondió sin rodeos y aseguró que una vez más el Gobierno de Dina Boluarte está aplazando a los cusqueños.

Aseguró que no se está cumpliendo el cronograma planteado meses atrás y que el avance real de la obra más esperada por los cusqueños apenas llega al 32%, y solo consta del cerco perimétrico y parte del terminal de pasajeros.

¿Y la pista? ¿El centro de control? ¿Hasta cuándo estarán en estudios? Según el gerente, el aeropuerto de Chinchero, no parece prioridad para este gobierno, informó CuscoPost.

Puno: Cesantes y jubilados anuncian paro nacional de 48 horas

Pasó en el Perú | Puno. Nuevamente, los cesantes y jubilados de la región, emprenderán una jornada de lucha en las calles para exigir el pago de la deuda social y el incremento de sus pensiones.

Al respecto, el secretario de defensa de la Asociación Provincial de Cesantes y Jubilados de la Educación Peruana (APCIJEP) Puno, Hugo Flores, indicó que la medida de protesta se realizará a nivel nacional, los días 6 y 7 de mayo.

El dirigente reveló que sus socios se sienten marginados por el gobierno central, ya que desde hace años vienen exigiendo pensiones dignas, que cubran los gastos de la canasta básica familiar.

A su vez, pidió al congreso unificar los seis proyectos de ley que contemplan el incremento de sus remuneraciones, informó El Objetivo.pe.

Loreto: Autoridades no atienden a pobladores inundados | Pasó en el Perú

Pasó en el Perú | Loreto. Elva Maritza Angulo Macahuachi, secretaria general del asentamiento humano Munich, alertó que la creciente del río cubrió viviendas en su zona y que muchas familias intentan resistir elevando sus casas con los pocos recursos que tienen.

Según indicó, Defensa Civil ha realizado visitas, pero aún no llega apoyo concreto para levantar viviendas.

“El agua está a punto de tapar más casas y no hay ayuda para ampliarlas. Estamos esperando que vengan, pero solo prometen”, declaró.

También cuestionó la atención en salud. Señaló que muchas personas presentan fiebre y síntomas compatibles con dengue, pero no hay atención ambulatoria ni medicamentos.

Además, afirmó que cedieron su local comunal para la posta de salud, pero no se ven mejoras.

“Nos quedamos sin local y tampoco hay un buen servicio. Solo han hecho una posta con lo mínimo y nada ha cambiado”, sostuvo. ProyContra.

Ayacucho: Expertos promueven la biofertilización como alternativa urgente frente al colapso silencioso de los suelos agrícolas

Pasó en el Perú | Ayacucho. En medio de una crisis silenciosa que afecta a miles de agricultores del país, la biofertilización emerge como una alternativa eficaz, sostenible y económica frente al uso excesivo de fertilizantes químicos.

Así lo afirma el ingeniero agrónomo Kenji Quispe, quien advierte que la salud del suelo en el Perú está en deterioro constante y nadie lo está viendo.

“La mayoría de productores fertiliza sin saber si el suelo realmente lo necesita. Están dañando su tierra, contaminando y gastando más de lo necesario. Lo peor es que están empobreciendo sus propios alimentos”, sostiene Quispe, quien impulsa el uso de biofertilizantes a base de microorganismos.

A diferencia de los fertilizantes sintéticos, los biofertilizantes están compuestos por microorganismos vivos que enriquecen el suelo de forma natural. “Viven poco tiempo, pero en ese ciclo activan nutrientes retenidos, liberan hormonas beneficiosas para las plantas y, al morir, se transforman en alimento directo para las raíces”, explica.

Para el especialista, el desconocimiento sobre la biofertilización está atrasando el desarrollo agrícola del país. “No se trata solo de producir más, sino de producir mejor. Un cultivo bien nutrido desde la raíz tiene más micronutrientes, más sabor, más vida útil. Y eso también impacta en la lucha contra problemas como la anemia”, afirma. Jornada.

Arequipa: Prisión preventiva para conductor que atropelló menor | Pasó en el Perú

Pasó en el Perú | Arequipa. El juez Juan Carlos Benavides del Carpio dictó ocho meses de prisión preventiva contra Zenón Jaramillo Condori, conductor implicado en el atropello y muerte de Ariana Fernanda Yana Peralta, una niña de 9 años, en el distrito de Paucarpata, Arequipa.

El acusado enfrenta cargos por homicidio culposo, fuga del lugar del accidente y omisión de socorro, luego de que su vehículo impactara a la menor y a su madre, Rosa María Peralta Gómez, en la Av. Miguel Grau.

Según las investigaciones, Jaramillo manejaba con 1.48 gramos de alcohol por litro de sangre (casi tres veces el límite legal) y intentó huir, poniendo en riesgo a más personas antes de chocar contra un árbol.

Además, se reveló que su licencia estaba suspendida desde 2019 por conducir ebrio. La medida cautelar busca asegurar su presencia durante el proceso judicial mientras la familia de la víctima exige justicia, informó El Búho.

“Pasó en el Perú”, noticiero nacional desde las regiones, se emite de lunes a viernes por todas nuestras plataformas.

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